2A La Prensa Panamá, sábado 14 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Bernardo Meneses. Archivo Tribunal revoca detención provisional y concede casa por cárcel a caciques DARIÉN El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial revocó la detención preventiva aplicada a los caciques de las Tierras Colectivas de la provincia de Darién, Elivardo Mambeche, Lucrecia Caisamo e Isaías Caisamo, y en su lugar, les aplicó la medida cautelar de retención domiciliaria. Esto es dentro del proceso que se les sigue por los delitos de privación de libertad y lesiones personales, en perjuicio de la cabo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Inés Guainora Durante una audiencia de apelación que tuvo lugar ayer, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones estimaron que, en este caso, la medida de retención domiciliaria cumple con los nes de mantener a los imputados arraigados al proceso. El tribunal también dispuso levantar la medida de retención domiciliaria aplicada para Inelda Salazar y Luciana Caisamo, y les aplicó la medida cautelar de noticación los días 15 y 30 de cada mes ante el Sistema Penal Acusatorio ubicado en Santa Fe, Darién. Héctor Huertas, abogado de los imputados, reveló que las medidas aplicadas son justas, ya que permiten a los procesados estar en sus residencias y hacer frente al proceso sin desatender sus obligaciones. A los cinco se les acusa de haber retenido por la fuerza a la cabo del Senafront, Inés Guainora, el pasado 20 de mayo, en la comunidad de Arimae, Darién, mientras realizaban protestas en contra de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Huertas también anunció la presentación de una denuncia contra el Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Senafront. Huertas aseguró que, durante los enfrentamientos entre los residentes y las unidades del Senafront estas últimas hicieron uso excesivo de la fuerza al lanzar bombas lacrimógenas dentro de las residencias de los habitantes de la comunidad de Arimae que no participaban en las protestas. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Contraloría remite expediente contra exdirector del Ifarhu al Ministerio Público La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un expediente por presunto enriquecimiento injusticado contra Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Según informó el contralor Anel Flores, el caso documenta un incremento patrimonial superior a los 400 mil dólares, cuya procedencia no ha sido justi- cada por el exfuncionario. El expediente fue entregado al Ministerio Público con la expectativa de que se actúe con celeridad, en medio de crecientes exigencias ciudadanas de justicia frente al uso indebido de fondos públicos. “El lunes entregamos al procurador [Luis Carlos Gómez Rudy] el expediente por más de 400 mil dólares, valuados al señor Bernardo Meneses”, declaró el contralor. Agregó que ya es responsabilidad del Ministerio Público darle curso a ese expediente y a otros similares. “Yo exhorto al procurador a que trabaje con el mismo ahínco con que lo hacemos nosotros aquí”, reclamó. Movimiento bancario Meneses habría recibido fondos de al menos 82 personas que obtuvieron jugosos auxilios económicos mientras estuvo al frente del Ifarhu. La Prensa pudo conocer que el Ministerio Público maneja información que indica que, entre los años 2021 y 2024, ingresó un poco más de $400,000 a tres cuentas bancarias vinculadas a Meneses, pero casi el 70% de esos fondos (unos $277,000) no ha podido ser justicado razonablemente. Ese dinero, cuya procedencia es incierta, habría sido captado en efectivo, mediante transferencias bancarias automáticas y a través de Yappy. Los movimientos fueron advertidos en su momento por las propias entidades bancarias, dado que no concordaban con el perl del exfuncionario. De hecho, hay constancia de que, en 2023, poco después de su salida del cargo, el Ministerio Público obtuvo reportes que ya daban cuenta de irregularidades en las cuentas a nombre de Meneses. Datos reportados por la Presidencia de la República precisan que el Ifarhu repartió $380,833,655 en auxilios económicos no reembolsables y otros programas entre 2014 y 2024. La defensa de Meneses ha señalado que la investigación contra su cliente por los auxilios económicos no tiene fundamento, ya que durante su gestión se otorgaron de acuerdo con los criterios del Ifarhu. El Ministerio Público investiga a Meneses por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado contra la administración pública, relacionados con los programas de ayuda económica que ofrece el Ifarhu. “Nosotros nunca nos hemos escondido; siempre hemos estado a disposición, y es por eso que estamos aquí respondiendo todas las preguntas que el Ministerio Público tenga a bien”, armó Meneses el pasado mes de mayo en las afueras del Sistema Penal Acusatorio, adonde llegó para pedir que se realizara una audiencia de imputación. Anel Flores, contralor general de la República. Richard Bonilla Anel Flores: ‘El Ministerio Público, quisiéramos que fuera más rápido’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FISCALIZACIÓN El contralor general informó que remitió a esa entidad informes y expedientes relacionados con casos como los auxilios económicos del Ifarhu, la concesión portuaria a Panama Ports y la descentralización paralela. Entre pilas de expedientes que huelen a tinta fresca y papeles que delatan el desorden del poder, el contralor Anel Flores alzó la voz con cierta urgencia. En su despacho, rodeado de informes que revelan cómo se esfumaron millones del erario en los últimos años, pidió al Ministerio Público mayor celeridad en las investigaciones. No era una súplica, sino un llamado directo: que se aceleren las investigaciones sobre casos relacionados con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la concesión portuaria a Panama Ports Company (PPC) y la descentralización paralela. Porque —según él— ya hicieron su parte; ahora, el turno es de los scales. En una entrevista concedida a La Prensa, el jefe de la Contraloría fue claro: “El Ministerio Público, quisiéramos que fuera más rápido”. “Nosotros ya hicimos nuestro trabajo; ahora corresponde al Ministerio Público actuar”, subrayó. Entre las auditorías destacadas gura el caso del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, sobre quien la Contraloría envió un expediente por presunto enriquecimiento injusticado. Unas 500 auditorías Flores también se rerió a la auditoría a Panama Ports Company, un informe entregado hace más de mes y medio. “Estamos esperando resultados de parte de la Procuraduría. Ese informe ya fue público. Ya fue entregado”, enfatizó. De hecho, en abril pasado, tras una exhaustiva revisión de la situación nanciera y contractual de la empresa Panamá Ports Company (PPC), el contralor anunció que Panamá debió haber recibido 1,337 millones de dólares por concepto de concesiones portuarias durante los últimos 24 años, pero solo ingresaron 483 millones. Durante la entrevista, Flores mostró evidencias físicas de sus diligencias desde que llegó a la entidad: “Usted tome la foto de esa carretilla… allí hay seis, llenas de auditorías concluidas. En la administración pasada fueron 60 auditorías en total. Nosotros ya vamos por encima de 500, y apenas tengo cinco meses aquí”. El contralor reconoció que las velocidades entre su despacho y el Ministerio Público son distintas. “La justicia tiene sus procedimientos, posiblemente más elaborados que los míos. Pero yo sí quiero que aceleremos, por el bien del país”, manifestó. gobierno anterior (20192024). Durante el gobierno pasado, la Autoridad de la Descentralización distribuyó 300 millones de dólares entre las juntas comunales, sin ningún tipo de control ni scalización. La gran mayoría de los beneciados eran ediles y alcaldes del PRD. Sobre el caso de Senén Mosquera, edil de Curundú, uno de los mayores beneciados en el distrito de Panamá con la descentralización (3 millones de dólares) y actual presidente del Concejo de Panamá, Flores conrmó que está siendo investigado. “Sí, se está investigando”, respondió. Sin embargo, aprovechó para criticar el sistema de justicia panameño, al que calicó de “demasiado garantista”. A su juicio, hay “demasiados recursos y articios” que permiten a los acusados eludir la justicia. “La justicia panameña es muy transparente, pero eso a veces la hace ineciente”, sostuvo. Indicó que muchos procesos se dilatan innecesariamente, incluso cuando hay condenas. “Tenemos varios representantes que han sido condenados, pero siguen sin cumplir sus sanciones”, lamentó. Cuando se le preguntó por el mayor escándalo que ha descubierto en sus primeros meses como contralor, Anel Flores no se detuvo en nombres ni cifras. Miró al vacío unos segundos y soltó una metáfora que dibujó un país herido: “Este país es como la luna: lleno de cráteres. Tú no sabes si el que viene es más grande que el anterior”. Su voz no tembló, pero sí dejó entrever cierto malestar de quien escarba todos los días en la mugre burocrática. “Hoy me sorprendo con una cosa, pero mañana aparece otra peor”, confesó, como quien camina en una mina de escándalos. Descentralización paralela Consultado sobre el caso de la descentralización paralela, Flores adelantó que se espera entregar nuevas auditorías en los próximos días. “Si Dios lo permite, al nal de la otra semana comenzarán a salir unas muy importantes, como las de Colón y otras de la ciudad capital”, reveló. Mencionó que actualmente investigan 16 casos, de los cuales seis o siete son “emblemáticos”, relacionados con personeros del
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