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4A La Prensa Panamá, viernes 13 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DIPUTONTOS. Las cosas que se escuchan de la boca de algunos diputados son tan insólitas, que ya no se sabe si algunos son así o se hacen... Esta semana, el pleno de la Asamblea ratificó a Diego Herrera como miembro de la junta directiva de la ACP, a pesar de que su designación no fue avalada por la Comisión de Credenciales. Aunque varios diputados advirtieron sobre esta situación, Shirley Castañeda (presidenta de la referida comisión) tomó la palabra para señalar que a Credenciales le corresponde únicamente “examinar” y “recomendar”, pero que es el pleno legislativa el que ratifica. Entonces, ¿por qué mejor no cierran la Comisión de Credenciales? Si ni siquiera ponen una boleta, mejor que sean tongos botados. BIPOLARES. Si la Comisión de Credenciales no tiene la facultad para rechazar ningún nombramiento del Ejecutivo, ¿por qué, durante el quinquenio de Varela (2014-2019), esa instancia bloqueó la designación de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como magistradas? Y hay más ejemplos así. En marzo pasado, esa comisión tampoco respaldó las designaciones de Joao Vieira y Javier Visuetti como directivos de la ARAP. Cuando les da la gana, sí tienen funciones. Y cuando no, reniegan hasta de ellos mismos. SEGUIDORES. El pasado lunes, los gremios magisteriales entregaron una carta en la Asamblea en la que solicitan un diálogo con los diputados. Y este viernes, supuestamente, tendrán una reunión con el arzobispo José Domingo Ulloa. Este es el segundo acto de la misma obra de teatro que montaron los bananeros. IMPUNIDAD. Ayer, en su conferencia de prensa semanal, el presidente Mulino reconoció que algunos dirigentes bananeros han cometido “una serie de delitos” tipificados en el Código Penal. Eso es preocupante. Todo el que comete un delito debeContralor Anel Flores Richard Bonilla Flores vs Flores: Contralor acusa a rector de proteger violentos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ENTREVISTA El contralor Anel Flores acusó al rector de la UP, Eduardo Flores, de encubrir a personas violentas y de permitir prácticas de nepotismo. Retiró fiscalizadores del campus y advirtió sobre serias irregularidades financieras. El contralor, Anel Flores, arremetió contra la administración de la Universidad de Panamá (UP), encabezada por el rector Eduardo Flores Castro, a quien acusó de proteger a manifestantes violentos, encubrir prácticas de nepotismo y tolerar irregularidades financieras dentro del campus universitario. Las declaraciones se dieron durante una entrevista con La Prensa, en la que justificó el traslado de los fiscalizadores de la Contraloría desde la sede universitaria hasta una oficina alterna en Plaza Edison. “Decidimos en mayo retirar a nuestros fiscalizadores por la seguridad propia de ellos”, afirmó Flores. “No vamos a ser cómplices de esa actitud”, dijo en referencia a los actos de protesta que, según él, ponen en riesgo la integridad de ciudadanos y funcionarios. El contralor acusó directamente a la administración del rector Flores de brindar cobijo a quienes protagonizan disturbios. “Cuando usted ve que hay una cerca que protege a esos delincuentes […] ese rector Flores debe llevar a cabo una buena práctica en esa universidad, y lo que pareciera estar haciendo es protegiendo a delincuentes que están contra la paz social del país”, denunció. Según el jefe de la Contraloría, el campus universitario ha sido convertido en un refugio para agresores que utilizan incluso “tubos y cohetes de fuego artificial” para atacar a la policía. “Construyen bazucas para pegarle a los policías, y todos han parado bajo una cerca y una autonomía”, dijo, en alusión a la protección que otorga la figura legal de autonomía universitaria. Más allá de la seguridad, Flores también cuestionó la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “La Universidad cuesta $300 millones al año, y usted va a las instalaciones […] dan desvergüenza, los baños cayéndose. Es una desgracia”, expresó. En su opinión, no se justifica que una institución con semejante presupuesto exhiba un deterioro tan notorio. El contralor reveló que, como parte del control trasladado a Plaza Edison, han detectado datos preocupantes. “Hay 96,000 estudiantes y hemos constatado que hay más de 20,000 que tienen más de 15 años de ser estudiantes. Gente de 50 y 60 años de edad que jamás se ha graduado de nada”, señaló. A su juicio, esas personas no califican como estudiantes reales: “Esos no son estudiantes, esos son facinerosos”. Las familias y las auditorías Además de los cuestionamientos a la gestión académica, Flores apuntó a lo que denominó “clanes familiares” dentro de la universidad. “La universidad se ha convertido en una finca de alguien o de varias [personas]. Hay varias familias que heredan los puestos y tienen a todos los parientes ahí: los yernos, las nueras, los hijos, las hijas. Eso no puede ser”, sentenció. También mencionó que están en curso auditorías que podrían develar irregularidades en el uso de fondos públicos. “Creo que las cosas más interesantes van a salir del Centro Regional de San Miguelito”, advirtió. Según dijo, ese proyecto pasó de costar unos $50 millones a más de $90 millones, sin justificación clara. Flores comparó la situación de la UP con la de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), implicando que ambas comparten patrones de nepotismo y clientelismo. “Unachi aprendió muy rápidamente de esta gente”. Pese a sus duras críticas, el contralor reconoció que dentro de la Universidad de Panamá hay estudiantes y docentes valiosos. “La Escuela de Medicina siempre ha sido muy buena […] y hay muy buenas personas trabajando ahí”, dijo. Sin embargo, enfatizó que es necesario “sacar el elemento” que sabotea la misión educativa de la institución. Hace poco, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información detectó al menos 11 casos de nepotismo. La resolución Recientemente, una resolución firmada por el contralor modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá. Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos de hasta 50 mil dólares. Esto implica que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría. Debido a ello, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, subrayó que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dificultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República. Según datos proporcionados por la casa de estudios, en el último mes y medio se han acumulado 1,450 trámites pendientes de refrendo, de los cuales 700 reposan en la Coordinación Regional y 750 en la sede central de la Contraloría. El nuevo procedimiento obliga a que casi todos los documentos —excepto los provenientes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina— deban pasar primero por la Coordinación Regional y luego ser remitidos a la sede central, duplicando los tiempos de gestión. Ante este panorama, la Universidad de Panamá ha solicitado formalmente al contralor que restablezca la Oficina de Control Fiscal en su campus, eleve el monto de refrendo directo a $50,000 y acelere la validación de los trámites en curso, a fin de evitar mayores afectaciones operativas. Juan Manuel Díaz [email protected] Megáfono en mano, Diógenes Espinoza, dio un ultimátum al gobierno el 2 de junio, para que le cumplieran su reclamos. LP Se entregó el dirigente del Suntracs que amenazó con la toma de oficinas públicas JUSTICIA El Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) rechazó un recurso de habeas corpus preventivo presentado por el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) en Bocas del Toro, Diógenes Espinoza, quien enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito de apología del delito, luego de que el pasado 2 de junio amenazara públicamente con tomar las oficinas públicas en esa provincia. Espinoza, quien se entregó ayer al Ministerio Público, presentó el recurso tras conocer que se había iniciado una investigación en su contra por los mismos hechos. Los magistrados Bernalis Batista, Admiralda Miller y Ezequiel Calvo declararon ilegal el recurso de habeas corpus presentado por Espinoza y consideraron que no era viable. Por su parte, Antonio Vargas, del equipo de abogados del Suntracs, precisó que se encuentran a la espera de que el Ministerio Público solicite la audiencia ante la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Bocas del Toro. Vargas dijo desconocer con exactitud los cargos que se le imputan a Espinoza, pero aseguró que el equipo legal del sindicato enfrentará el proceso, como lo ha hecho con otros dirigentes de la organización. Actualmente, los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez, Jaime Caballero y Erasmo Cerrud (prófugo) enfrentan procesos penales por la presunta comisión de diversos delitos. En el caso de López, Méndez y Cerrud, se encuentran bajo investigación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad y asociación para delinquir. El proceso se remonta al año 2006, cuando surgió un conflicto laboral entre trabajadores afiliados al Suntracs —que desarrollaban el proyecto Red Frog Beach Club en la isla Bastimentos, Bocas del Toro— y la empresa Pillar Construction S.A., responsable de la obra. Según la versión del Ministerio Público, en 2012 los dirigentes Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud firmaron un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction para recibir únicamente $3 millones, sin notificar de esa decisión a un grupo de 412 trabajadores beneficiarios de los fondos. Por este caso, a López se le impuso retención domiciliaria, impedimento de salida del país y uso de brazalete electrónico. Mientras que Méndez se encuentra en la Embajada de Bolivia en Panamá desde el pasado 21 de mayo, tras saltar la cerca de esa delegación diplomática por ser objeto de seguimiento. En el caso de Cerrud, quien se encuentra en la lista de los más buscados, las autoridades ofrecen una recompensa de $10 mil por su captura. En tanto, Jaime Caballero enfrenta un proceso judicial por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales. A Caballero, aprehendido el pasado 14 de mayo, se le acusa de haberse apropiado de fondos de la cuota sindical de los obreros del Suntracs para beneficio propio y pagar un préstamo para la adquisición de varias fincas en la provincia de Chiriquí. ría responder ante la justicia. Y todo funcionario que, en el ejercicio del cargo, tenga conocimiento de la comisión de un delito, debería denunciarlo. Para colmo, en este país pareciera que no hay procurador; por lo menos, no uno que actúe. No se puede permitir que dirigentes sindicales crean que pueden hacer lo que les da la gana. Ya bastante grave es tener a un expresidente que piensa que, por tener mucho dinero, puede cometer delitos y salirse con la suya.

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