1A La Prensa Panamá, viernes 13 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 13 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15046 Hoy por hoy El contralor general ha levantado una alerta grave: en la Universidad de Panamá operan clanes familiares que controlan cargos y recursos. La denuncia, lejos de ser anecdótica, pone en entredicho la integridad de una institución que debería ser ejemplo de pensamiento crítico, excelencia y ética pública. Con más de $300 millones anuales del presupuesto nacional, lo que ocurre allí nos concierne a todos. El nepotismo, el desvío de funciones y el uso indebido del cargo no son simples irregularidades: son síntomas de un deterioro institucional que se repite en otras universidades estatales. Lo que se denuncia hoy en la Universidad de Panamá tiene ecos en la Unachi y Udelas, donde se han normalizado redes de favores y lealtades personales por encima del mérito. Esta traición al legado de Octavio Méndez Pereira exige una reacción firme. La comunidad universitaria y la sociedad deben exigir una transformación profunda. Si la universidad nacional no lidera con el ejemplo, pierde autoridad moral para formar a los líderes del mañana. Ellas.pa Komarkas, moda de talento interiorano 6B La Roja enfrentará a Surinam, El Salvador y Guatemala 9A Deportes De la Ley 462 al fuego: así estalló la inconformidad en Arimae, Darién El 5 de junio, Arimae vivió un violento enfrentamiento entre indígenas emberá y Senafront por el rechazo a la Ley 462. Heridos, represión y una comunidad aún envuelta en indignación. Un reportaje que documenta tensiones entre autoridad, protesta y territorio. VEA 6A ‘Clanes familiares en la Universidad de Panamá’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El contralor general de la República, Anel Flores, afirmó que en la Universidad de Panamá existen “clanes familiares” y que esa situación debe investigarse. Sus declaraciones surgen tras conocerse que la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a 11 funcionarios por nepotismo, uso indebido del cargo y desvío de funciones. ENTREVISTA En entrevista con La Prensa, el contralor Anel ‘Bolo’Flores , pone en duda el manejo administrativo de la principal universidad del Estado. Flores consideró positivo que se revisen los vínculos de parentesco dentro de la institución, que cuenta con unos 9 mil empleados. La Universidad de Panamá recibe más de $300 millones anuales del presupuesto general del Estado. Por su parte, el rector Eduardo Flores, reportó que en el último mes y medio se han acumulado 1,450 trámites pendientes de refrendo, de los cuales 700 reposan en la Coordinación Regional y 750 en la sede central de la Contraloría. VEA 4A Pedro Sittón LP Mónica Palm [email protected] El presidente José Raúl Mulino destituyó al embajador de Panamá en Jamaica, Pedro Sittón, tras denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de visas de tránsito. De acuerdo con múltiples testimonios, en la sede diplomática se solicitaban pagos de hasta $1,000 por visas cuyo costo oficial es de $60. La Cancillería confirmó la separación del cargo el 7 de junio y abrió una investigación administrativa. Funcionarios diplomáticos denunciaron que Sittón controlaba personalmente el sistema de citas y los correos institucionales, restringiendo el acceso a otras autoridades consulare. También señalaron el uso de fondos de la misión para costear viajes personales y otros gastos no justificados. VEA 7A Destituyen embajador por ‘cobro irregular de visas’ Mulino: mano dura contra los cierres en Bocas En su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino anunció una línea dura contra los cierres de vías en Bocas del Toro, tras considerar que se agotó la paciencia del Gobierno. Ordenó a la Policía y al Senafront reabrir todos los puntos bloqueados y advirtió que no habrá más contemplaciones con quienes impidan la libre circulación. “Se acabó el relajo”, afirmó. VEA 2A Israel lanza ataque contra Irán Israel declaró un estado de emergencia interna tras lanzar un “ataque preventivo” contra Irán, anticipando una inminente respuesta con misiles y drones. El Ministerio de Defensa alertó a la población civil y el Ejército restringió actividades en todo el país, liEl contralor Anel ‘Bolo’ Flores. Richard Bonilla UI UNIDAD INVESTIGATIVA mitándolas solo a sectores esenciales. Un funcionario del Pentágono confirmó mediante un correo electrónico que Estados Unidos está al tanto de los ataques israelíes sobre Irán, en los cuales aseguró que “no hubo participación ni asistencia estadounidense”.
2A La Prensa Panamá, viernes 13 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mario De Gracia [email protected] El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y el presidente José Raúl Mulino.. LP Presidente a la embajada de EUA: ‘Absténganse de opinar’ TORRES DE HUAWEI El presidente de la República, José Raúl Mulino, pidió a la Embajada de Estados Unidos en Panamá que se abstenga de hacer pronunciamientos públicos sobre decisiones que le competen al gobierno panameño, este jueves 12 de junio en conferencia de prensa. La reacción ocurre luego de que la Embajada publicara un comunicado anunciando la remoción de torres de comunicaciones de la empresa china Huawei en 13 puntos de la geografía nacional el miércoles 11 de junio, una acción que Mulino calificó de “unilateral”. El gobierno panameño no se pronunció al respecto hasta 24 horas después del anuncio de la Embajada, a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública. Serían 7 nuevas torres que se van a instalar en 4 provincias, con una inversión de $8 millones de Estados Unidos. Mulino señaló que supervisaría “personalmente” la instalación. El mandatario también se refirió a la tensión entre Estados Unidos y China, que ha escalado tanto en el plano comercial como geopolítico. “Peleen sus problemas en Washington o en Pekín, pero no en el patio panameño”, dijo. Panamá ha quedado en medio del forcejeo entre las potencias, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya sostenido que existe una supuesta “influencia de China” en el istmo, incluso sobre las operaciones del Canal de Panamá. El discurso lo ha replicado el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, desde que presentó sus credenciales el pasado 5 de mayo. Precisamente, la Embajada etiquetó las torres de Huawei como “influencia maligna” de China en el territorio nacional, algo a lo que el presidente Mulino se ha referido como “falsedad”“. En tanto, el embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, aseguró que ellos no están cambiando las antenas solos. “Todas las decisiones que estamos tomando, sea esto o el memorándum de entendimiento, es con la autorización de Panamá”, señaló Marino Cabrera. Pueblo Nuevo, Chiriquí Grande en Bocas del Toro. Cortesía Mulino ordena reabrir Bocas del Toro: ‘Se acabó el relajo’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONFERENCIA SEMANAL Durante las últimas seis semanas Mulino había tratado Bocas del Toro con cautela, incluso no envió a la Policía ni al Senafront, como sí lo hizo en el resto de los cierres en el país. A pesar del acuerdo con los bananeros firmado en la Asamblea Nacional para el levantamiento de los cierres en Bocas del Toro, más de 20 puntos de la provincia seguían bloqueados la mañana de ayer, según denunció el presidente José Raúl Mulino. “Esa es la realidad al día de hoy”, dijo el mandatario al señalar, en una conferencia de prensa, que en sectores como Almirante y Chiriquí Grande los cierres están siendo sostenidos por educadores, no por obreros bananeros, y que estos han desconocido el compromiso suscrito por el dirigente Francisco Smith. Mulino anunció que el Gobierno procederá a reabrir todos los puntos de bloqueo, con apoyo de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). “Se acabó el relajo aquí”. Bocas del Toro no va a seguir secuestrada ni por Smith ni por los educadores”, advirtió. Aseguró que el operativo se ejecutará con “la mayor cautela del mundo” para evitar confrontaciones, pero fue claro en que no se permitirá que los bloqueos se mantengan tras los acuerdos alcanzados. El presidente también anunció la decisión de custodiar las instalaciones de la empresa Chiquita, tras recibir información sobre posibles intentos de ocupación por parte de manifestantes. “No podemos permitir eso”, afirmó con énfasis. Recordó que las empacadoras y tierras de producción aún pertenecen legalmente a la empresa, bajo una concesión otorgada por el Estado, y que cualquier intento de tomar esas instalaciones constituye un delito que no será tolerado. Con un tono más enérgico que en apariciones previas, Mulino recalcó que el país ha sido testigo de la paciencia del Gobierno frente al prolongado conflicto. “Ya está bueno. Hemos demostrado paciencia, mesura y consideración”, subrayó, al tiempo que insistió en que Bocas del Toro no puede quedar al margen del proceso de reapertura que se ha iniciado en otras regiones del país, incluyendo Darién. “Ya se echaron la provincia en un mes, acabaron con la provincia y todavía quieren terminar de acabar con lo que queda. No, señor, ya está bueno.” El mandatario también respondió a quienes podrían acusarlo de actuar con dureza. “A lo mejor ahora yo soy el represor”, ironizó. “Pero nadie puede quitarle al Gobierno Nacional la capacidad de espera y de contemplación con este señor Smith, que ha delinquido y ha cometido delitos tipificados en el Código Penal, y aun así se le ha tolerado como vocero importante”, sostuvo. Recordó que Smith firmó los acuerdos, y que la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ya presentó un proyecto de ley para atender los reclamos del sector bananero, el cual está siendo considerado por la Asamblea. Futuro con Chiquita Además, Mulino descartó cualquier tipo de negociación entre su Gobierno y la empresa Chiquita Brands para reincorporar a los trabajadores despedidos en Bocas del Toro, en medio de la crisis generada por bloqueos y protestas en esa provincia. “No tenemos ninguna intención, ni se está haciendo ninguna gestión con Chiquita para que vuelvan a emplear a los trabajadores destituidos”, expresó el mandatario durante una declaración pública. También negó que el Estado vaya a asumir las pérdidas millonarias que ha enfrentado la empresa por la paralización de actividades. Mulino criticó duramente a quienes, según él, propiciaron el caos con la expectativa de que el Gobierno interviniera económicamente a favor de los afectados. “Este no es el momento de hacer esas reflexiones, y si se rifaron acabar con Bocas del Toro, como en efecto ha pasado, se equivocaron de Gobierno”, advirtió. ‘Al final ya se cansarán de coger aguaceros’ El presidente José Raúl Mulino calificó de “una irresponsabilidad” la huelga docente que ha paralizado el sistema educativo panameño por más de 40 días. Afirmó que algunos gremios, en lugar de buscar transformar la educación, han optado por detener el sector. Mulino negó que la Ley 462 —motivo principal de las protestas— afecte a los docentes. “Llevamos más de 40 días de huelga por una causa que no tiene justificación. La Ley 462 no afecta a los maestros de este país, ni los perjudica de ninguna manera”, declaró. El mandatario aseguró que detrás de la huelga hay intereses políticos ajenos a las verdaderas necesidades del sistema educativo, y expresó su desdén por los métodos de presión utilizados por algunos sectores. “Al final, los huelguistas ya se cansarán de marchar y de coger aguaceros”, comentó. En un mensaje directo, advirtió que el Estado no pagará los días no laborados. “El que quiere huelga, que la pague de su bolsillo” . La crisis educativa se mantiene como uno de los retos más urgentes para el nuevo gobierno. Aunque no mencionó medidas concretas para restablecer las clases, Mulino dejó claro que no cederá ante presiones que, según él, no responden al interés de los estudiantes. Mientras tanto, miles de alumnos siguen sin clases en distintas regiones del país. HUELGA DOCENTE Aleida Samaniego C. [email protected]
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4A La Prensa Panamá, viernes 13 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DIPUTONTOS. Las cosas que se escuchan de la boca de algunos diputados son tan insólitas, que ya no se sabe si algunos son así o se hacen... Esta semana, el pleno de la Asamblea ratificó a Diego Herrera como miembro de la junta directiva de la ACP, a pesar de que su designación no fue avalada por la Comisión de Credenciales. Aunque varios diputados advirtieron sobre esta situación, Shirley Castañeda (presidenta de la referida comisión) tomó la palabra para señalar que a Credenciales le corresponde únicamente “examinar” y “recomendar”, pero que es el pleno legislativa el que ratifica. Entonces, ¿por qué mejor no cierran la Comisión de Credenciales? Si ni siquiera ponen una boleta, mejor que sean tongos botados. BIPOLARES. Si la Comisión de Credenciales no tiene la facultad para rechazar ningún nombramiento del Ejecutivo, ¿por qué, durante el quinquenio de Varela (2014-2019), esa instancia bloqueó la designación de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como magistradas? Y hay más ejemplos así. En marzo pasado, esa comisión tampoco respaldó las designaciones de Joao Vieira y Javier Visuetti como directivos de la ARAP. Cuando les da la gana, sí tienen funciones. Y cuando no, reniegan hasta de ellos mismos. SEGUIDORES. El pasado lunes, los gremios magisteriales entregaron una carta en la Asamblea en la que solicitan un diálogo con los diputados. Y este viernes, supuestamente, tendrán una reunión con el arzobispo José Domingo Ulloa. Este es el segundo acto de la misma obra de teatro que montaron los bananeros. IMPUNIDAD. Ayer, en su conferencia de prensa semanal, el presidente Mulino reconoció que algunos dirigentes bananeros han cometido “una serie de delitos” tipificados en el Código Penal. Eso es preocupante. Todo el que comete un delito debeContralor Anel Flores Richard Bonilla Flores vs Flores: Contralor acusa a rector de proteger violentos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ENTREVISTA El contralor Anel Flores acusó al rector de la UP, Eduardo Flores, de encubrir a personas violentas y de permitir prácticas de nepotismo. Retiró fiscalizadores del campus y advirtió sobre serias irregularidades financieras. El contralor, Anel Flores, arremetió contra la administración de la Universidad de Panamá (UP), encabezada por el rector Eduardo Flores Castro, a quien acusó de proteger a manifestantes violentos, encubrir prácticas de nepotismo y tolerar irregularidades financieras dentro del campus universitario. Las declaraciones se dieron durante una entrevista con La Prensa, en la que justificó el traslado de los fiscalizadores de la Contraloría desde la sede universitaria hasta una oficina alterna en Plaza Edison. “Decidimos en mayo retirar a nuestros fiscalizadores por la seguridad propia de ellos”, afirmó Flores. “No vamos a ser cómplices de esa actitud”, dijo en referencia a los actos de protesta que, según él, ponen en riesgo la integridad de ciudadanos y funcionarios. El contralor acusó directamente a la administración del rector Flores de brindar cobijo a quienes protagonizan disturbios. “Cuando usted ve que hay una cerca que protege a esos delincuentes […] ese rector Flores debe llevar a cabo una buena práctica en esa universidad, y lo que pareciera estar haciendo es protegiendo a delincuentes que están contra la paz social del país”, denunció. Según el jefe de la Contraloría, el campus universitario ha sido convertido en un refugio para agresores que utilizan incluso “tubos y cohetes de fuego artificial” para atacar a la policía. “Construyen bazucas para pegarle a los policías, y todos han parado bajo una cerca y una autonomía”, dijo, en alusión a la protección que otorga la figura legal de autonomía universitaria. Más allá de la seguridad, Flores también cuestionó la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “La Universidad cuesta $300 millones al año, y usted va a las instalaciones […] dan desvergüenza, los baños cayéndose. Es una desgracia”, expresó. En su opinión, no se justifica que una institución con semejante presupuesto exhiba un deterioro tan notorio. El contralor reveló que, como parte del control trasladado a Plaza Edison, han detectado datos preocupantes. “Hay 96,000 estudiantes y hemos constatado que hay más de 20,000 que tienen más de 15 años de ser estudiantes. Gente de 50 y 60 años de edad que jamás se ha graduado de nada”, señaló. A su juicio, esas personas no califican como estudiantes reales: “Esos no son estudiantes, esos son facinerosos”. Las familias y las auditorías Además de los cuestionamientos a la gestión académica, Flores apuntó a lo que denominó “clanes familiares” dentro de la universidad. “La universidad se ha convertido en una finca de alguien o de varias [personas]. Hay varias familias que heredan los puestos y tienen a todos los parientes ahí: los yernos, las nueras, los hijos, las hijas. Eso no puede ser”, sentenció. También mencionó que están en curso auditorías que podrían develar irregularidades en el uso de fondos públicos. “Creo que las cosas más interesantes van a salir del Centro Regional de San Miguelito”, advirtió. Según dijo, ese proyecto pasó de costar unos $50 millones a más de $90 millones, sin justificación clara. Flores comparó la situación de la UP con la de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), implicando que ambas comparten patrones de nepotismo y clientelismo. “Unachi aprendió muy rápidamente de esta gente”. Pese a sus duras críticas, el contralor reconoció que dentro de la Universidad de Panamá hay estudiantes y docentes valiosos. “La Escuela de Medicina siempre ha sido muy buena […] y hay muy buenas personas trabajando ahí”, dijo. Sin embargo, enfatizó que es necesario “sacar el elemento” que sabotea la misión educativa de la institución. Hace poco, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información detectó al menos 11 casos de nepotismo. La resolución Recientemente, una resolución firmada por el contralor modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá. Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos de hasta 50 mil dólares. Esto implica que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría. Debido a ello, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, subrayó que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dificultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República. Según datos proporcionados por la casa de estudios, en el último mes y medio se han acumulado 1,450 trámites pendientes de refrendo, de los cuales 700 reposan en la Coordinación Regional y 750 en la sede central de la Contraloría. El nuevo procedimiento obliga a que casi todos los documentos —excepto los provenientes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina— deban pasar primero por la Coordinación Regional y luego ser remitidos a la sede central, duplicando los tiempos de gestión. Ante este panorama, la Universidad de Panamá ha solicitado formalmente al contralor que restablezca la Oficina de Control Fiscal en su campus, eleve el monto de refrendo directo a $50,000 y acelere la validación de los trámites en curso, a fin de evitar mayores afectaciones operativas. Juan Manuel Díaz [email protected] Megáfono en mano, Diógenes Espinoza, dio un ultimátum al gobierno el 2 de junio, para que le cumplieran su reclamos. LP Se entregó el dirigente del Suntracs que amenazó con la toma de oficinas públicas JUSTICIA El Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) rechazó un recurso de habeas corpus preventivo presentado por el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) en Bocas del Toro, Diógenes Espinoza, quien enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito de apología del delito, luego de que el pasado 2 de junio amenazara públicamente con tomar las oficinas públicas en esa provincia. Espinoza, quien se entregó ayer al Ministerio Público, presentó el recurso tras conocer que se había iniciado una investigación en su contra por los mismos hechos. Los magistrados Bernalis Batista, Admiralda Miller y Ezequiel Calvo declararon ilegal el recurso de habeas corpus presentado por Espinoza y consideraron que no era viable. Por su parte, Antonio Vargas, del equipo de abogados del Suntracs, precisó que se encuentran a la espera de que el Ministerio Público solicite la audiencia ante la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Bocas del Toro. Vargas dijo desconocer con exactitud los cargos que se le imputan a Espinoza, pero aseguró que el equipo legal del sindicato enfrentará el proceso, como lo ha hecho con otros dirigentes de la organización. Actualmente, los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez, Jaime Caballero y Erasmo Cerrud (prófugo) enfrentan procesos penales por la presunta comisión de diversos delitos. En el caso de López, Méndez y Cerrud, se encuentran bajo investigación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad y asociación para delinquir. El proceso se remonta al año 2006, cuando surgió un conflicto laboral entre trabajadores afiliados al Suntracs —que desarrollaban el proyecto Red Frog Beach Club en la isla Bastimentos, Bocas del Toro— y la empresa Pillar Construction S.A., responsable de la obra. Según la versión del Ministerio Público, en 2012 los dirigentes Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud firmaron un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction para recibir únicamente $3 millones, sin notificar de esa decisión a un grupo de 412 trabajadores beneficiarios de los fondos. Por este caso, a López se le impuso retención domiciliaria, impedimento de salida del país y uso de brazalete electrónico. Mientras que Méndez se encuentra en la Embajada de Bolivia en Panamá desde el pasado 21 de mayo, tras saltar la cerca de esa delegación diplomática por ser objeto de seguimiento. En el caso de Cerrud, quien se encuentra en la lista de los más buscados, las autoridades ofrecen una recompensa de $10 mil por su captura. En tanto, Jaime Caballero enfrenta un proceso judicial por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales. A Caballero, aprehendido el pasado 14 de mayo, se le acusa de haberse apropiado de fondos de la cuota sindical de los obreros del Suntracs para beneficio propio y pagar un préstamo para la adquisición de varias fincas en la provincia de Chiriquí. ría responder ante la justicia. Y todo funcionario que, en el ejercicio del cargo, tenga conocimiento de la comisión de un delito, debería denunciarlo. Para colmo, en este país pareciera que no hay procurador; por lo menos, no uno que actúe. No se puede permitir que dirigentes sindicales crean que pueden hacer lo que les da la gana. Ya bastante grave es tener a un expresidente que piensa que, por tener mucho dinero, puede cometer delitos y salirse con la suya.
5A La Prensa Panamá, viernes 13 de junio de 2025
6A La Prensa Panamá, viernes 13 de junio de 2025 Panorama Dirigentes de Arimae, mostraron municiones supuestamente detonadas en la comunidad indígena de Arimae, territorio colectivo Arimae-Embera Puru, provincia de Darién. Alexander Arosemena Arimae: La furia en tierras colectivas Eliana Morales Gil [email protected] PROTESTAS EN DARIÉN Arimae estalló entre gases y piedras, pero el conflicto va más allá de una protesta: es el reflejo de una herida abierta entre el Estado y los pueblos originarios. El jueves 5 de junio, la carretera Panamericana a la altura de Arimae, comunidad indígena emberá del Darién, se vivió un choque entre inconformidad y autoridad. Por ocho horas, jóvenes encapuchados lanzaron piedras, palos y bombas molotov contra efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que respondió con furia: gases lacrimógenos, proyectiles de goma y un cerco cerrado que se extendió incluso dentro de la comunidad. El enfrentamiento dejó heridos de ambos bandos, una casa quemada, ancianos y niños afectados por la exposición a gases y la comunidad envuelta en una nube de indignación que aún no se disipa. Pero la furia de Arimae tiene raíces más hondas que el humo que impregnó sus montes ese día. El no a la Ley 462 Sentados frente a una mesa en el salón comunal, a pocos pasos del congreso de la comunidad, los dirigentes de Arimae, una de las 45 comunidades indígenas que viven en tierras colectivas fuera de la Comarca Emberá Wounaan, explican que la protesta del 5 de junio no surgió de la nada. Aquí es importante aclarar que los dirigentes indígenas entrevistados para esta nota solicitaron que sus nombres fueran omitidos por temor a represalias por parte de las autoridades. “La Ley 462 es una ley que no responde a las aspiraciones del pueblo. Obliga a cotizar a trabajadores independientes sin garantizarles nada”, señala Jorge, uno de los líderes comunitarios, rodeado por un grupo de hombres adultos y jóvenes que escuchan en silencio. La norma, que reforma el sistema de seguridad social, ha generado rechazo en diversos sectores del país. Pero en Arimae, la oposición se convirtió en acción desde el pasado 15 de mayo, cuando cerraron por primera vez la carretera. “Nosotros analizamos esa ley artículo por artículo. La comunidad decidió colectivamente salir a protestar. Aquí no hay decisiones impuestas desde arriba”, explican. “Tenemos jóvenes formados, tenemos opinión. No somos ignorantes como quieren hacer creer”, explica. Desde entonces, organizaron cinco cierres de carretera. En cada uno, dicen, actuaron con orden: anunciaron la hora de inicio y fin, permitieron el paso de ambulancias, combustible y fallecidos. Pero, aseguran, la represión aumentó con cada manifestación. La oficial emberá, la retención y el estallido La tensión escaló días antes del enfrentamiento del 5 de junio, cuando circuló un video en redes sociales donde se observa a una oficial del Senafront, también miembro de la etnia emberá y residente de Arimae, cuando era retenida contra su voluntad por la comunidad. “Ella salió uniformada en pleno momento de represión. La gente se alarmó. Temimos por su seguridad, por eso se le pidió que no saliera”, explica uno de los dirigentes. “Nunca fue secuestrada. Solo se le pidió que no cruzara por el medio del conflicto”, dice. La reacción fue inmediata. Cinco líderes indígenas fueron procesados. Tres están detenidos: Lucrecia Caisamo, segunda cacique general de las tierras colectivas, fue trasladada al Centro Femenino de Rehabilitación, otros dos están en La Mega Joya. El resto tiene arresto domiciliario. “No hay elementos suficientes, sólo una persecución contra quienes alzan la voz”, acusan los dirigentes. ‘Yo tuve que correr con mis hijos al río’ Martira, madre de tres hijos pequeños, revive lo que vivió ese jueves. “El humo no dejaba respirar. Salí corriendo con los niños al otro lado del río. El agua estaba crecida, pero no había otra opción. Cuando regresé, mi rancho estaba en llamas”, cuenta. El incendio de su vivienda fue atribuido por las autoridades a una bomba molotov lanzada por manifestantes. Pero Martira asegura que fue provocada por un artefacto lanzado por las fuerzas del orden. “Ellos dicen que fue molotov, pero eso no explotó como molotov. Fue un fuego que cayó y comenzó a humear antes de prender”, dice, señalando un puñado de casquillos metálicos recolectados tras el enfrentamiento. “Cuando quisieron ayudar a apagar el fuego, ya era tarde. Todo estaba perdido”, narró. La versión oficial: seguridad en tiempos de migración A unos 50 kilómetros de Arimae, en el cuartel del Senafront en Metetí, el ambiente contrasta con la calma de las comunidades indígenas. Es un complejo militar amplio, rodeado de cercas altas y banderas ondeando al viento. En su interior, hombres y mujeres vestidos con uniformes camuflados se desplazan con paso firme entre vehículos todoterreno, jeeps de color verde oliva y camuflado, alineados con precisión. Algunos agentes revisan equipos tácticos; otros se preparan para salir de patrullaje. El aire huele a tierra húmeda y gasolina. Desde una oficina en uno de los edificios administrativos, el subcomisionado Héctor De Sedas, jefe de la Brigada Oriental del Senafront, explica con tono mesurado lo que, desde su perspectiva, también ha detonado el descontento en Arimae. Para él, el tema es más complejo. Empieza por decir que, para ellos, los acontecimientos de los últimos días no representan una situación cómoda. “La razón principal de nosotros para mantener el orden es la prevención antes que el control territorial o la represión del delito como tal. Entonces, este tipo de acciones contundentes que debemos hacer nos ponen como el brazo ejecutor del Estado para recuperar el orden público”, narra. “Los cierres de vías son una medida extrema. Nuestra misión es mantener el orden. La nuestra es una función constitucional’, agrega. El jefe del Senafront explica que el uso de la fuerza por parte de la institución se rige por principios muy específicos: debe ser diferenciada, progresiva y siempre en respuesta a una acción concreta por parte de los ciudadanos. Argumenta que esta lógica se basa en estándares internacionales y que recientemente han actualizado sus políticas de derechos humanos, para reafirmar su compromiso “con una intervención proporcional”. Al referirse a las protestas, indica que, en situaciones donde grupos de manifestantes —de 200 a 300 personas— cierran la vía pública, el primer paso es acercarse al diálogo. Sin embargo, sostiene que muchas veces esta intención se ve interrumpida cuando reciben agresiones como pedradas, lo que obliga a cambiar el enfoque. Distingue entre dos tipos de manifestantes: los pacíficos, que buscan ejercer presión sobre el Estado, y los violentos, que acuden con palos, piedras y, en algunos casos, bombas molotov. Desde la perspectiva de los dirigentes indígenas, lo que ocurre en sus comunidades es represión. En cambio, para el jefe del Senafront, las acciones de la fuerza pública responden a la necesidad de restablecer el orden y garantizar el derecho al libre tránsito del resto de la población. Después de la migración irregular por Darién También introduce un elemento adicional a la ecuación: la frustración social provocada por el fin del fenómeno migratorio irregular por la selva de Darién, que durante años alteró y sostuvo la economía informal local. “Una de las consideraciones que nuestra institución ha analizado como efecto post migratorio son las problemáticas sociales que se dan no solamente en las comunidades que estaban adyacentes a los ríos sobre la ruta humanitaria, sino también a lo largo del resto de las comunidades indígenas”, afirmó el subcomisionado del Senafront en entrevista con este medio. “Estas comunidades tienen una relación directa de familiaridad entre ellas y eran partícipes de actividades comerciales informales relacionadas a la migración: traslado de personas, venta de zapatos, medicinas, bebidas, ropa... Todo eso generaba ingresos”, afirma. La migración irregular masiva por la selva del Darién entre 2015 y 2024 dio lugar a una economía paralela que se insertó profundamente en las dinámicas cotidianas. “Ahora que el fenómeno ha disminuido considerablemente, muchas personas se han quedado sin qué hacer”, añade el jefe del Senafront. “Eso ha generado frustración, resentimiento, y la necesidad de adaptarse nuevamente a actividades que habían dejado, como la agricultura”, complementa. Para el alto mando del Senafront, esta transición abrupta está provocando cambios en la dinámica social, algunos con enfoque criminal. Reconoce que el Estado debe ahora generar una “sinergia gubernamental” para atender los efectos negativos de esa migración, tal como lo hizo durante la crisis. “Ya estamos presentando planes y proyectos con otras instituciones e incluso con Naciones Unidas, para atender esta nueva realidad desde la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad humana”, adelanta. De comprobarse la teoría de la autoridad de Senafront, el caso de Arimae, entonces, no solo refleja una crisis local. También funcionaría como espejo de una región que experimentó los beneficios inmediatos, aunque informales, de la migración, y ahora enfrenta el desafío de reconstruirse sin ese motor económico temporal. Pero, rechazan que su protesta esté motivada por la frustración social derivada del fin de la economía informal vinculada al flujo migratorio. Aseguran que la razón central de su lucha es su firme oposición a la Ley 462, que reformó el sistema de seguridad social. ¿Quién quema el país? Lo cierto es que en Arimae persiste el olor a gas lacrimógeno. En las conversaciones, entrecortadas por la lluvia, se cuela una mezcla de rabia, miedo y orgullo. “No somos delincuentes. Somos panameños que pensamos en el futuro”, insisten los dirigentes. Rechazan los señalamientos que los vinculan con partidos políticos o sindicatos como Suntracs. “Aquí no hay ni izquierda ni derecha. Solo hay comunidad”, afirma otro. Mientras el Ministerio Público investiga la quema del rancho y se analiza la legalidad de las detenciones, la comunidad no descarta nuevas acciones. “Siempre analizamos antes de actuar”, dicen. La tensión en Arimae no ha desaparecido. Aunque ya no hay humo en el aire ni gritos en la carretera, la desconfianza entre la comunidad y el Estado persiste. Las autoridades sostienen que actuaron para restablecer el orden; los dirigentes indígenas insisten en que solo defendían su derecho a protestar. Es el desencuentro quebrado de dos actores que antes se entendían. Durante años, Senafront y Arimae compartieron una convivencia que muchos en la comunidad recuerdan con respeto: ayuda mutua, vigilancia compartida, incluso afecto. Hoy, ese vínculo atraviesa su momento más tenso. “Volveremos a ser amigos”, dice el jefe del Senafront. Mientras tanto, entre las ruinas del rancho incendiado y el eco de las detenciones, queda una verdad más compleja: un país que aún no logra integrar plenamente a sus pueblos originarios en las decisiones que los afectan, y comunidades que exigen ser escuchadas. El camino a la reconciliación, por lo pronto, se torna difícil. Cerca al rancho quemado durante protesta en la comunidad indígena de Arimae. Alexander Arosemena Cartuchos o restos de municiones en la comunidad de indigena en Arimae. Alexander Arosemena
7A La Prensa Panamá, viernes 13 de junio de 2025 Panorama Agua envenenada, Estado fracasado Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] cadas ha fracasado en evitar y castigar la contaminación de los ríos. Y es que durante varios gobiernos las muchas instituciones estatales responsables de proteger las fuentes de agua no han tenido la capacidad o la voluntad para poner la salud de todos por encima de los intereses de algunos. El presidente José Raúl Mulino dio en el blanco cuando aseguró que “a costa de la salud del pueblo, no se puede seguir produciendo irresponsablemente” , lo que lo llevó a calificar la contaminación de los ríos como un hecho “criminal”. Estas palabras son una excelente oportunidad para recordar principios básicos de una economía de mercado y un Estado de derecho. Las empresas privadas buscan el lucro, mientras que el Estado debe regular y fiscalizar sus actividades de modo que prevalezca el bien común. Cuando el Estado renuncia a ese rol y se convierte en cómplice de quienes -como en esta ocasión- contaminan los ríos, la sociedad queda expuesta a todo tipo de daños. Si queremos que esta emergencia no se repita en unos meses (o se replique en otras industrias que requieren de una fiscalización mucho más estrictacomolamineríaacielo abierto) tenemos que exigir que las instituciones del EstaPanamá es el quinto país más lluvioso del mundo. Hay más de 500 ríos en 52 cuencas hidrográficas. ¿Cómo explicamos entonces que haya más de 100 mil panameños que por dos semanas no han recibido agua potable en sus grifos? La emergencia sanitaria y ambiental en Azuero tiene una explicación de fondo: un Estado que por dédo cumplan con su rol. En el caso de Azuero ( y de laproteccióndelasfuentesde agua en todo el país) las autoridades deben comenzar por recuperar la confianza ciudadanía haciendo públicas las respuestas a preguntas como estas: ¿Cuánto estamos gastando en botellas de agua y carros cisternas ? ¿Cómo se seleccionó a las empresas que proveen estos servicios? ¿Cuáles son los nombres de las fincas cerradas y de las personas sancionadas por esta contaminación criminal? ¿Qué multas fueron impuestas? ¿Hay sanciones más severas para los reincidentes? ¿Qué medidas correctivas harán estas fincas? ¿Quién supervisará su cumplimiento? ¿El IDAAN dará a conocer los informes de calidad de agua cotidianamente? ¿El Minsa certificará el daño a la salud de los afectados? ¿Cómo se les compensará? No hay que ser mal pensado para exigir esta información. Basta con estar mediamente informado. Por ejemplo, esta semana el diputado del partido RM Ronald De Gracia, cuya finca ha sido señalada por presunta contaminación de los ríos, utilizó su curul para agradecer públicamente a los ministros de Salud, del MIDA, del Canal, de Vivienda y al director del IDAAN por acompañarlo en una reunión con otros porcinocultores. Nadie afirma que por cuenta de esa lisonja colectiva, el diputado será exculpado de sus responsabilidades como porcinocultor. No obstante, son este tipo de conflicto de intereses, tan comunes en nuestra fauna política, los que evidencian por qué es tan importante que se le ponga fin a la impunidad. Y es que el descaro del diputado no es una anécdota más. Es un recordatorio de las lealtades divididas que pueden tener quienes ocupan cargos públicos. ¿Puede el Estado regular efectivamente a las empresas, si los fiscalizadores comparten intereses con los fiscalizados? En un país con una extendidaculturadeopacidad,privilegios y corrupción esa aspiración se torna remota. El agua contaminada de Azuero es un espejo turbio donde se refleja la debilidad institucional del país. Pedro Sittón Archivo Destituyen a embajador de Panamá en Jamaica Mónica Palm [email protected] SERVICIO EXTERIOR La medida contra Pedro Sittón obedece a denuncias de cobros irregulares de visas de tránsito. El embajador de Panamá en Jamaica, Pedro Sittón, ha sido cesado de su cargo por el presidente José Raúl Mulino, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en la emisión de visas de tránsito. Según la información obtenida, la embajada en Jamaica habría estado exigiendo pagos de $1,000 por cada trámite de visa de tránsito, a pesar de que el costo oficial es de $60. Además, se han desarrollado prácticas que afectan el ambiente laboral y la prestación de los servicios consulares. La resolución de destitución fue firmada por Mulino y por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, en funciones de canciller encargado, ya que el titular Javier Martínez Acha está en misión oficial. Personal de la embajada informóalaCancilleríasobre estas anomalías, afirmando que todas las instrucciones provenían de Sittón, quien asumió el control de esa sede diplomática en diciembre pasado, cuando recibió el beneplácito del gobierno de Jamaica. El personal reportó que Sittón, quien también fungía como encargado de asuntos consulares, estableció un nuevo “sistema” para tramitar las visas de tránsito, lo que le permitía mantener un férreo control sobre todo el proceso. La Prensa tuvo acceso a una nota enviada al canciller Martínez Acha el pasado 10 de junio, firmada por la asistente administrativa, la asistente consular y el conductor de la embajada. A este último se le impidió ingresar a la sede diplomática; él piensa que la medida obedece a que no acató una instrucción para entregar el vehículo oficial al embajador. En dicha nota se mencionan varias “prácticas que podrían considerarse irregulares o incluso ilegales”, como el cobro de $1,000 por la gestión de la visa de tránsito. “Estas solicitudes solo son procesadas por medio de contactos cercanos al embajador, principalmente abogados que entregan los documentos directamente al embajador o los envían al nuevo correo consular: [email protected]. pa”, se indica en la nota. Además de tener un estricto control sobre ese correo electrónico, Sittón -siempre según la versión del personal- agenda las citas, elimina las solicitudes que no le interesan, imprime personalmente los documentos, elabora los recibos oficiales de cobro y luego los entrega a la asistente consular, quien se limita a escanearlos y enviarlos al Servicio Nacional de Migración (SNM “Este control excesivo ha eliminado la transparencia del proceso”, se destaca en la nota dirigida al canciller. En relación con el SNM, también se habrían cambiado los sellos que se estampan en las visas, sin notificar a las autoridades migratorias.
8A La Prensa Panamá, viernes 13 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. que contribuiría a recuperar la credibilidad institucional. Para los mercados, en cambio, el mensaje gira en torno a la disciplina fiscal necesaria para conservar el grado de inversión, el cual dependerá del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que establece un déficit máximo del 4% del PIB para 2025, 3.4 puntos porcentuales menos que en 2024. Hasta ahora, los números no muestran un panorama alentador para ninguno de los dos destinatarios. No se ha presentado a la opinión pública un plan concreto de contención del gasto, pese a problemas ampliamente conocidos, como las mal denominadas “botellas” o los salarios y gastos estratosféricos en ciertos niveles del Estado. De hecho, se ha anunciado que el recorte de la planilla no es una prioridad, debido al posible impacto en el desempleo. Estas rigideces, aunque heredadas, requieren atención inmediata. Es probable que los recortes provengan de una menor inversión pública, así como de un efecto estadístico derivado de un gasto considerable que no se repetirá este año: las cuentas por pagar, que en 2024 representaron un desembolso cercano a los $870 millones. Una parte de la estrategia para equilibrar las finanzas públicas se ha Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Río La Villa: alternativa para agua y riego Reservorio multipropósito En el marco del contrato de consultoría N.° 026, la Autoridad del Canal de Panamá llevó a cabo en el año 2020 los Estudios de factibilidad para establecer reservorios multipropósitos en la cuenca del río La Villa. Este río, que recorre 121 kilómetros desde su nacimiento en la Reserva Forestal El Montuoso hasta su desembocadura en la bahía de Parita, abarca una superficie de 1,297 kilómetros cuadrados y representa una fuente hídrica crucial para las provincias de Los Santos y Herrera. El objetivo principal del estudio fue evaluar el potencial hídrico de esta cuenca y analizar la viabilidad de construir reservorios multipropósitos para garantizar el suministro de agua potable y su uso en actividades agropecuarias en estas provincias, donde el déficit hídrico es notorio, especialmente en la estación seca. Además, el estudio abordó problemáticas como inundaciones, erosión y sedimentación, que afectan la calidad del agua durante la época lluviosa. El proyecto, desarrollado entre 2017 y 2020, incluyó un análisis exhaustivo a nivel de factibilidad que abarcó áreas como hidrología e hidráulica, geología y geotecnia, impacto ambiental, diseño de estructuras, sistemas eléctricos y mecánicos, vías y drenajes, así como estimaciones de costos y presupuestos. También se elaboró un diseño conceptual de la presa y las obras necesarias, considerando aspectos técnicos y económicos. El estudio recopiló datos fundamentales sobre las necesidades de agua para consumo humano, actividades agropecuarias e industriales, además de información sobre el desarrollo sostenible en la región. Incluyó una estrategia de comunicación comunitaria, así como monitoreo y análisis de suelos, estudios topográficos y modelaciones hidrológicas y geotécnicas. Asimismo, se evaluaron las posibles zonas de afectación y los beneficios para la población. Aunque la fase de ejecución de las obras no se llevó a cabo, este esfuerzo constituye un paso importante en la planificación de soluciones a los problemas hídricos de la región, al permitir reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y la creciente demanda de agua. En conclusión, los estudios de factibilidad para reservorios multipropósitos en el río La Villa buscan abordar los desafíos relacionados con el suministro y la calidad del agua en las provincias de Los Santos y Herrera, sentando las bases para futuros proyectos que beneficien a sus comunidades. Calenturas por las fiebres (II) Salud ticos en todo el cuerpo: cuello, axilas, codos, regiones inguinales. Este es un crecimiento esperado, como así también crecen longitudinalmente los niños. Por ello, amígdalas crecidas o hipertróficas no son señal de infección respiratoria ni amigdalina. Claro que, infecciones de ellas, las aumentan de tamaño por edema, porque se hinchan transitoriamente, pero ya ellas, en esas edades, son grandes normalmente. La inmensa mayoría de las fiebres en los niños escolares son el producto de infecciones virales. Los virus producen infecciones. Hay no pocas personas que cuando se les dice que un paciente tiene una infección, lo traducen como que tiene una infección por bacterias y que necesita antibióticos. Hay otras personas que desconocían que los virus infectan. Los catarros comunes son infecciones virales, hay neumonías virales y hasta meningitis virales. A ellas no se les dan antibióticos por el solo hecho de ser infecciones. Las infecciones bacterianas se tratan con antibióticos, y, preferiblemente con antibióticos específicos o de primera elección para una bacteria conocida –por ejemplo, la amoxicilina para el Estreptococo del grupo A- ese es el antibiótico a recetar. No es infrecuente encontrarnos con la dificultad de distinguir por solo sus síntomas, el origen viral o bacteriano de una infección. Y, cuando esta dificultad se suma a la fiebre en un niño de cortísima edad como el que tiene 28 días de vida o menos, optamos por hospitalizar y dar antibióticos mientras se aclara el origen de la infección. Esta terapia se le conoce como “anticipatoria” y no es infrecuente en las salas de recién nacidos, donde demorarnos en iniciar un antibiótico puede producir la muerte de un bePedro Ernesto Vargas Consolidación fiscal: sumas, restas y desinformación Cuentas públicas Durante la última semana de mayo, la agencia Moody’s publicó una revisión periódica sobre Panamá que fue malinterpretada —o simplemente no leída— por los medios de comunicación y el propio Ministerio de Economía. Se asumió que se trataba de una decisión que ratificaba el grado de inversión, a pesar de que el documento indicaba claramente que su propósito no era emitir una calificación, sino explicar las razones por las cuales Panamá mantiene su calificación actual. Al margen de lo anterior, un punto clave señalado en la revisión es el gran reto que, a la luz de las cifras, el gobierno no ha logrado concretar: la consolidación fiscal. El Sector Público No Financiero (SPNF) continúa mostrando un desbalance entre ingresos y gastos, dado que el déficit del primer trimestre del año ascendió al 1.56% del PIB ($1,441 millones), es decir, $180 millones más que en el mismo período de 2024. El control efectivo del déficit enviaría dos mensajes contundentes a destinatarios distintos: la población y los mercados internacionales. Para la ciudadanía, una reducción del déficit se relaciona con el control del gasto superfluo por parte del gobierno y con una mayor eficiencia en el recaudo, lo centrado en los ingresos. Aunque hasta abril se registró un incremento del 14% en los ingresos corrientes, se observa una caída del 7.6% en el recaudo del ITBMS, lo que contrasta con la eficiencia esperada de la Dirección General de Ingresos. En esta ecuación también se incluye un apartado que pasó desapercibido, pero es muy relevante: el saldo de las cuentas de ahorro individual que, antes de la reforma a la CSS, no se contabilizaban dentro del balance fiscal del SPNF y que ahora se registrarán como ingresos extraordinarios, contribuyendo contablemente al cumplimiento del déficit tope de este año. Bajo un escenario que combina ingresos extraordinarios y recortes en rubros específicos, es plausible acercarse a la meta fiscal anual. La pregunta, sin embargo, es si ese cumplimiento será sostenible, considerando los desafíos estructurales de las finanzas públicas: en la última década, los gastos han crecido a una tasa promedio anual del 5.4%, mientras que los ingresos lo han hecho apenas al 2.9%. Además, según el CIAT (2025), Panamá es el país de la región cuyo gasto tributario —es decir, los ingresos que se dejan de percibir por exenciones— representa la mayor proporción del recaudo potencial. En otras palabras, somos el país que “más ingresos deja sobre la mesa”. Será necesario realizar evaluaciones de impacto que permitan determinar si todas las exenciones actuales son costo-eficientes y justificables en el contexto fiscal que enfrentamos. Veremos si, al final, las cuentas terminan por “cuadrar”. Opinión EL AUTOR es consultor y exvicepresidente de Ambiente, Agua y Energía de la ACP. EL AUTOR es economista. EL AUTOR es médico. Carlos A. Vargas P. bé, porque en esa edad del recién nacido, las infecciones bacterianas son fulminantes y los signos y síntomas de infección varían a lo que estamos acostumbrados a ver en niños mayores. Algunos de estos bebés tienen infecciones muy graves y ni siquiera tienen fiebre. Entre 8% y 12% de niños de muy corta edad con fiebre tienen una infección bacteriana seria. Por ello, el bebé de 28 días de vida o menos con fiebre de 38ºC o superior, obliga a una cuidados evaluación para decidir su hospitalización y el uso de antibióticos administrados por alguna de sus venas, mientras se esperan resultados de exámenes. A estos niños se les estudia como muchos exámenes que incluyen cultivos de sangre, orina, heces y líquido espinal, que se obtiene por una punción lumbar estrictamente aprobada, esa que se hace insertando una aguja en un punto preciso de la espalda, parar obtener líquido que viene del cerebro, líquido céfalo raquídeo. Finalmente, es de suma importancia confirmar la presencia de fiebre en una enfermedad en los niños para dirigir mejor su evaluación y manejo inicial. La ropa ceñida al cuerpo o su exceso, la temperatura ambiental del clima y de las habitaciones, la ingestión reciente de alimentos y la poca ingesta de agua o líquidos, todas ellas, aumentan la temperatura corporal sin que ello indique fiebre por infección. Las fiebres se miden con termómetro, no se asumen por palpación. Donde hay niños debe haber disponibilidad de termómetros y conocer estrictamente cómo usarlos. Si cree que su niño tiene fiebre, tómele la temperatura. Y antes de irme, calcule la dosis del antitérmico así: acetaminofeno o paracetamol en gotas: 2 gotas por cada kilogramo de peso y el jarabe: el peso en kilogramos dividido entre 2. Para el ibuprofeno asegúrese cuál concentración tiene. Así, p.ej., Ibuprofeno al 2%: el peso en kilogramos dividido entre 2. Ibuprofeno al 4%: el peso en kilogramos dividido entre 4. Cópielo y téngalo donde lo vea. Las gargantas rojas necesitan antibióticos. ¡no! Hay no pocos médicos que mandan antibióticos para “infecciones de amígdalas”, cuando visualizan amígdalas grandes y rojas en los niños de cualquier edad. Algunas amígdalas cubiertas o emparchadas con exudados blancos. Esta presentación es una manifestación propia de una infección viral y, si con fiebres muy altas, ¡más viral todavía! Los parches blancos o exudados tonsilares que cubren las amígdalas son pus por acúmulos de bacterias fagocitadas (masticadas y digeridas) por glóbulos blancos o leucocitos. Para eso sirven las amígdalas y las glándulas adenoides, porque, como los ganglios linfáticos, son tejido esencial para la función de filtrar un líquido blanquecino, la linfa, rico en células del sistema inmune para pelear las infecciones y remover las bacterias y virus. Por eso los pediatras peleamos por conservarlas, pero cuando hay que extraerlas, hay que extraerlas. Esos exudados indican inflamación aguda. Ese material es inerte, detritus o basura, después de la recolección de ella. Hubo una época en la historia de la medicina que los médicos las raspaban con unas curetas para arrancarle los parches. Eso ya no se hace. En mononucleosis infecciosa los exudados de las amígdalas son extensos y grandísimos y no se le trata con antibióticos. Las personas han aprendido erróneamente que los parches blancos en las amígdalas necesitan antibióticos, como también creen que una infección es solo de origen bacteriano y por eso “todas las infecciones necesitan antibióticos”. ¡no! En los primeros 10 años de vida las amígdalas crecen como crecen los ganglios linfáSe ha anunciado que el recorte de la planilla no es una prioridad, debido al posible impacto en el desempleo. Estas rigideces, aunque heredadas, requieren atención inmediata. Danilo Rivera Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón La inmensa mayoría de las fiebres en los niños escolares son el producto de infecciones virales. Los virus producen infecciones. Hay no pocas personas que cuando se les dice que un paciente tiene una infección, lo traducen como que tiene una infección por bacterias y que necesita antibióticos.
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