5A La Prensa Panamá, jueves 12 de junio de 2025 Panorama Momentos en que investigados en el caso Damasco llegan a la sala de audiencias del Primer Distrito Judicial, del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora. Tomada de @PGN_PANAMA Alias el Científico tenía historial delictivo Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN El 2 de julio de 2010, Harold Segura fue condenado a 20 años de prisión por homicidio, tras un intento de robo a un camión de valores en Chitré en 2006. Harold Segura (alias el Científico), identificado por las autoridades como el cerebro del secuestro de la estudiante universitaria Dayra Caicedo, fue asesinado a tiros el pasado 9 de abril en Tataré, Pacora, provincia de Panamá. Mantenía un amplio prontuario policial, en el que figuraban delitos como homicidio, intento de robo y blanqueo de capitales. El 2 de julio de 2010, Segurafuecondenadoa20añosde prisión por su participación en el homicidio de Raúl Amado Flores, ocurrido el 21 de noviembre de 2006 durante un fallido intento de robo a un camióndelaempresadevalores Brinks en el aeropuerto de Chitré, provincia de Herrera. Por este caso también fueron condenados Abdiel Cabuyales, Gilmar Jackson, Máximo Mosquera, Jerónimo Richards y Víctor Small. El grupo poseía información de que la agencia Brinks movería una fuerte suma de dinero desde el aeropuerto de Chitré. Durante el intento de robo se registró un tiroteo en el que el agente de seguridad privada Raúl Flores recibió un impacto de bala que le ocasionó la muerte. En 2017, cuando Segura se encontraba en prisión, fue vinculado a una investigación por actos de corrupción en la Dirección del Sistema Penitenciario. En ese caso, tanto él como Jean Carlos Valencia fueron beneficiados con una rebaja de pena, a pesar de que no les correspondía legalmente. La investigación demostró que funcionarios penitenciarios recibieron pagos de hasta $4 mil por parte de allegados a los sancionados. Desde 2020, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) mantenía reportes que vinculaban a Segura con la pandilla Humildad y Pureza (HP), liderada por Carlos Roberto Aguilar (alias Robert), actualmente prófugo de la justicia. Aguilar es señalado por las autoridades como una persona con vínculos con el Clan del Golfo, grupo criminal colombiano dedicado al tráfico de drogas y migrantes. Según las pesquisas, la pandilla HP prestaba servicios al Clan del Golfo para la custodia de cargamentos de drogas procedentes de Colombia, que eran transportados por distintos puntos de las provincias de Darién y Panamá (Chepo). En 2018, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada inició la operación Damasco, en la que se recabaron evidencias contra varias personas presuntamente involucradas en actividades delictivas vinculadas a Carlos Roberto Aguilar. En noviembre de 2021 se ordenó la aprehensión de 24 personas, entre ellas Aguilar, como supuesto líder de la organización, y Segura, como un colaborador clave. Segura fue detenido en el marco de esta operación, peroposteriormentefuebeneficiado con una medida cautelar de reporte periódico. Marcha del Suntracs en vía España. Richard Bonilla El Ejecutivo y el Suntracs llevan sus diferencias a evento de la OIT ORGANISMO Henry Cárdenas P. [email protected] La Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza en Ginebra (Suiza), fue escenario de otro episodio de las diferencias que sostienen el Ejecutivo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). En el encuentro, organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el vocero del Suntracs en la conferencia, Albert Yuson, calificó de arbitrarias las detenciones de los dirigentes del gremio panameño y que el cierre de cuentas bancarias son actos para desmantelar los sindicatos independientes. “Instamos a que esta CIT mande un mensaje firme al Gobierno de Panamá, que elimine todas las detenciones contra los líderes del Suntracs, que libere a aquellos detenidos y que restablezca completamente los derechos de los sindicatos”, afirmó Yuson, representante internacional de los trabajadores de la construcción y la madera. La respuesta del gobierno panameño se dio por intermedio de la directora nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo de Panamá, Ana Gabriela Soberón, quien denunció que el país enfrenta una situación delicada en materia social, producto de las acciones sistemáticas de desestabilización lideradas por el Suntracs. Según expuso, dicha organización ha promovido paros ilegales, afectando el normal desarrollo de obras públicas y privadas, así como el funcionamiento del servicio público de empleo y la ejecución de programas esenciales de intermediación laboral, con un impacto particular en jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. “Nuestro país, que se esfuerza en seguir recuperándose de sus niveles de desempleo pospandemia, también se ve afectado producto de estos paros ilegales desde el 2022 al presente. Y, peor aún, se ha vulnerado el derecho a la educación y al libre tránsito mediante acciones que no responden a causas laborales, sino a agendas de confrontación políticas al margen del Estado de Derecho”, afirmó Soberón.
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