3A La Prensa Panamá, martes 10 de junio de 2025 Como tácticas dilatorias cali có la Fiscalía de Drogas las acciones emprendidas por algunos abogados defensores, que llevaron a un tribunal a suspender hasta el 5 de abril de 2027 el juicio a 18 imputados por delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el trá - co de drogas, detenidos en la operación Fisher. El scal de drogas, José Leyva, aseguró que la posposición del juicio se produjo luego de que algunos abogados defensores decidieran renunciar al poder otorgado por sus clientes. Al quedar estos en estado de indefensión, el tribunal de juicio dispuso reprogramar la audiencia para abril de 2027. Leyva explicó que, en este caso, dos abogados defensores desistieron del poder otorgado para representar a dos de los imputados. El tribunal decidió suspender el juicio al considerar que los acusados no podían continuar el proceso sin representación legal, ya que esto constituiría una violación a sus derechos fundamentales. La O cina Judicial del Sistema Penal Acusatorio noti có al tribunal que, para lo que resta de 2025 y durante todo 2026, existe una multiplicidad de operaciones antidrogas programadas para juicio, lo que complica la reprogramación de este proceso. El scal también advirtió que esta situación implica que los procesados bajo detención preventiva podrían solicitar la sustitución de dicha medida cautelar por otras, como el reporte periódico o incluso la excusa de comparecencia, lo que pone en riesgo la efectividad del proceso judicial. Durante el juicio, el tribunal impuso una multa de $500 al abogado Rolando Kennedy por renunciar a la defensa de Rigoberto Quintero sin ofrecer una explicación. Asimismo, se dispuso remitir un informe sobre su actuación al Colegio Nacional de Abogados para que este organismo determine las acciones correspondientes. El juez Fernando Bazurto manifestó que, en este caso, Kennedy debió advertir previamente a su cliente sobre su decisión de abandonar la representación y no dejarlo en indefensión. La Fiscalía de Drogas tenía previsto solicitar al tribunal la aplicación de la pena máxima de 28 años de prisión para los cabecillas de la red criminal y sus colaboradores más cercanos. La mayoría de los procesados, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario La Joya, siguieron el juicio de forma virtual. Suspensión de juicio en caso Fisher abre puerta a cambio de medidas cautelares BLANQUEO DE CAPITALES Por su parte, los abogados defensores Modesto Brown y Ricardo Valencia sostuvieron que todo imputado tiene el derecho fundamental de contar con un abogado que lo represente. Brown alegó que algunos defensores no han tenido tiempo su ciente para analizar los 120 tomos del expediente y recordó que es obligación de los abogados prepararse adecuadamente para asistir a un juicio. En este caso, la Fiscalía logró acuerdos de pena de 84 y 48 meses de prisión con 33 de los procesados, quienes aceptaron haber operado como testaferros de la red criminal liderada por Jorge General y Francisco Córdoba. Según los acuerdos, los sancionados recibían fuertes sumas de dinero con las que adquirían bienes muebles e inmuebles, además de depositarlas en cuentas bancarias. Durante la fase de investigación, la Fiscalía logró incautar la suma de $10 millones en efectivo en una residencia ubicada en la Costa Abajo de Colón, y otros $4 millones distribuidos en apartamentos, autos de alta gama y cuentas bancarias. Entre los bienes decomisados se encuentra una casa de playa ubicada en Río Hato, provincia de Coclé, propiedad de Jorge General. Se presume que dicha residencia era utilizada para reuniones de coordinación de la red criminal. La mansión en Río Hato cuenta con dos piscinas, canchas deportivas y terrazas. En su interior, valorado por la Policía en cerca de $1 millón, había varias salas de reuniones. Según las pesquisas, el inmueble frente al mar era frecuentemente utilizado por los miembros del grupo. La llamada Operación Fisher, realizada el 1 de diciembre de 2021, desarticuló una supuesta red criminal integrada por 51 personas, dedicada al trasiego de drogas y al blanqueo de capitales al servicio del Clan del Golfo. La operación contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la Fiscalía General de Colombia. Julia Suira, secretaria general de la Central Obrera Casa Sindical. Elysée Fernández ‘Yo le pido a los que están cerrando las calles que abran’: Julia Suira José González Pinilla [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] BOCAS DEL TORO La dirigente de la Central Obrera Casa Sindical, que representa a unos 30 sindicatos, entre ellos seis de Bocas del Toro, a rma que lo que más daño le hace ahora mismo al país son las calles cerradas. Julia Suira, secretaria general de la Central Obrera Casa Sindical, hizo ayer un llamado urgente a liberar las vías cerradas en Bocas del Toro, especialmente en sectores críticos como Changuinola y Chiriquí Grande, donde los bloqueos han generado graves afectaciones a trabajadores y comunidades de la región. En entrevista concedida a La Prensa previo a una reunión que sostendrán dirigentes bananeros con diputados, Suira expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones laborales y económicas a raíz de los cierres, que cali - có como insostenibles. “Yo le pido a los que están cerrando las calles que abran, porque están afectando a todos los trabajadores del país, no solo a los de Bocas del Toro. Cuando un productor no puede transportar su mercancía, eso también es un trabajador afectado”, aseguró la dirigente. Suira recordó que Casa Sindical representa a unos 30 sindicatos del país con fuerte presencia en provincias como Panamá, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, donde agrupan a seis sindicatos locales. Destacó que la defensa del empleo debe ser una prioridad para todo líder sindical: “Un sindicato no es un sindicato si todos sus trabajadores están despedidos”, sostuvo. Suira también lamentó el impacto directo que los bloqueos han tenido en sectores vulnerables, como el transporte acuático, el comercio agrícola y la atención médica. “Tengo compañeros que no pueden llevar mercancía en lancha, otros no pueden exportar cacao ni vegetales y trabajadores que no logran llegar al hospital o asistir al sepelio de un familiar por falta de transporte”, relató. En referencia al recienEn un recorrido al proyecto de construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, el presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó que el cambio unilateral en el concepto original del puente, sin plani cación, habría generado un perjuicio de unos $1,800 millones para el Estado. Los cambios a la idea original del cuarto puente fueron realizados durante la administración pasada, en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), bajo la dirección de Rafael Sabonge. El presidente Mulino recorrió el área de trabajo del proyecto, que registra un avance físico del 21.23% y cuya inversión total asciende ahora a $2,137 millones. Durante el recorrido, Mulino reveló que el gobierno anterior —a cargo de Laurentino Cortizo— causó un perjuicio al Estado al haber modi cado unilateralmente, y sin ningún tipo de plani cación, el concepto original del proyecto. Informó que, próximamente, el MOP presentará un informe completo al Ministerio Público. “Aquí se malbarataron $1,800 millones del pueblo panameño, pero pronto el ministro Mulino denunció sobrecostos de $1,800 millones en el cuarto puente PROYECTO DE ESTADO de Obras Públicas entregará ese informe al Ministerio Público”, dijo Mulino. “Lo vamos a terminar, pero esos son los costos de rescatar obras abandonadas sin ningún tipo de plani cación ni organización. Solo querían hacer los contratos, cobrar, y dejar al país engrampado”, manifestó el Presidente, recordando que el argumento del gobierno anterior fue que se cambiaría el diseño original del puente para ahorrar entre $500 y $600 millones. “Pero terminamos gastando $1,800 millones de más. Esto no tiene nombre”, adujo. Se prevé que el cuarto puente sobre el Canal sea inaugurado en agosto de 2028. Yaritza Mojica [email protected] Momento en que el presidente Mulino recorre el proyecto. Cortesía Una casa de playa ubicada en Río Hato, Coclé, valorada en $1 millón fue decomisada en la operación. Cortesía te despido de unos 7,000 trabajadores por parte de la empresa Chiquita, Suira dijo: “Si estuviéramos defendiendo a esos trabajadores, no los hubieran botado. Yo no conozco ningún sindicato de desempleados”. La líder sindical pidió que las negociaciones con el gobierno y representantes de la Iglesia avancen hacia soluciones concretas que incluyan la reapertura de vías como paso esencial. “Después de la leche derramada no se puede recoger. Yo no creo que Chiquita regrese, pero aún podemos evitar que más empresas cierren”, advirtió. Frente a versiones que hablan de persecución sindical, Suira respondió que no se siente víctima de represión y apeló a la responsabilidad legal y ética de los dirigentes. “Yo siempre he trabajado dentro de la ley. Si alguien se siente perseguido, que denuncie”, agregó. Cree que todo lo que está pasando en los movimientos sindicales tiene también su tinte político. “Bueno, haciendo un análisis de todo lo que está pasando, yo pienso que sí está metida la política”, indicó. Reiteró su llamado a la unidad del movimiento sindical para defender al país y evitar que los trabajadores sigan siendo los más afectados. “Panamá no es de un sector, es de todos. Y lo que más daño le hace ahora mismo no es el gobierno: son las calles cerradas”, dijo.
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