9A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 Opinión nido, que cubría a quienes estaban próximos a jubilarse, con edades fijadas en 57 años para mujeres y 62 para hombres. Esta ley surgió como respuesta a indicadores actuariales y económicos que preveían una crisis inminente. Luego se intentó aprobar la Ley 17, con reformas que buscaban garantizar la sostenibilidad del sistema, pero fue rechazada por sindicatos y gremios que se oponían a aumentar la edad de jubilación. La Ley 51 incluyó una advertencia: debía revisarse en un plazo no mayor a diez años, debido a cambios demográficos y avances en salud que incrementarían la cantidad de jubilados. Muchos no se retirarían formalmente, al seguir trabajando y recibir simultáneamente pensión estatal, lo que frenaría el relevo generacional, incrementando el desempleo y deteriorando las condiciones laborales. A lo largo de los años, el sistema ha sido vulnerado por múltiples factores: el envejecimiento poblacional, casos de corrupción y una mala administración. Actores en pugna • Un sindicato de la construcción, con intereses políticos en instaurar un nuevo modelo económico, que aprovecha el descontento social para avanzar su agenda. • Gremios docentes, influenciados por dicho sindicato, aunque no afecLa corrupción está en el aire Política Hace algunos días, una diputada de la bancada independiente Vamos, durante una entrevista en un medio televisivo, manifestó su desconcierto ante el cambio de actitud mostrado por algunos diputados que prometieron transparencia y una cultura política distinta a la practicada por los partidos tradicionales décadas durante en la Asamblea. En ese instante, la diputada no existía otra explicación más acertada que a rmar que en la Asamblea la corrupción parecía “estar en el aire”, actuando como una especie de virus que contagiaba a los llamados independientes. La realidad, para infortunio de una sociedad que exige un cambio en la forma de hacer política, es que la cultura del “¿qué hay pa’ mí?” sigue fuertemente impregnada en el órgano legislativo, al punto de que muchos candidatos miran el hecho de ganar una diputación como si fuera un premio personal para asegurar bienestar económico. He conocido a algunos diputados muy de cerca durante su campaña, en especial al del circuito 9-2 (Soná-La Mesa-La Palma), que prometió bienestar para su circuito, pero que tampoco descartó la posibilidad de acomodar económicamente a casi toda su familia, como en efecto ocurrió. Al nal, cuando dicho diputado ganó, su conducta cambió drásticamente: pasó de ser un hombre humilde del campo a uno que se consiguió un auto nuevo con chofer y dejó de atender las llamadas de quienes con aron en él ya quienes les prometió algún tipo de ayuda. En el ambiente parece rondar el espectro del “juega vivo” si acaso llegan a ganar algún cargo por voto popular, ya que hay antecedentes y leyendas urbanas de que fulano o sutano se hicieron millonarios en tan solo cinco años y nunca más necesitaron trabajar. La imagen de quienes robaron millones y devolvieron una pequeña parte como parte de acuerdos de pena trastocó la virtud de los buenos políticos. El discurso politiquero y cargado de falsas promesas sigue siendo la constante de la mayoría de los aspirantes a algún cargo de elección popular, en especial el de presidente, que parece ser el más codiciado para hacer negocios millonarios con las élites económicas, a espaldas de los miles de votantes que los eligieron. La ausencia de valores y la doble moral de muchos diputados sigue estando presente en su ADN político. Esto puede explicar el salto dado de manera dramática por los diputados Betserai Richards y Manuel Cheng, ambos fervientes cristianos. Ambos con un discurso anticorrupción. Ambos simpatizantes de la propuesta independiente, pero —al menos en los hechos— vacía de consistencia. También habría que agregar que los dos siempre mantuvieron la ambición al margen de las directrices de la coalición Vamos. Aclaro, además, que el diputado Manuel Cheng es mi hermano, pero pensamos muy diferente. Es muy probable que tanto Betserai Richards, Manuel Cheng como otros que le digan en la mala práctica del “¿qué hay pa’ mí?” puedan ofrecer una justi cación parecida a sus acciones. Sin embargo, las malas asesorías de los “lobos viejos” que pululan en la Asamblea desde hace décadas podrían haberlos desviado del rumbo original, llevándolos a buscar su bene cio personal por encima de los circuitos que los eligieron creyendo en algo distinto. Los virus como el de la inuenza se pegan muy rápido, y aun con vacunas se sienten los síntomas. El virus de la corrupción, que está en el ambiente de la Asamblea —como bien lo señaló la diputada de Vamos—, se contagió con mayor celeridad porque va de la mano con la ambición, la codicia y la falta de memoria histórica de lo que fuimos y dejamos de ser… por unos dólares más. ¿Reconstrucción o ruina? La justicia al filo de la percepción Estado de Derecho ño. Existe una percepción generalizada de que la justicia es ineficaz, selectiva e incluso corrupta. Que el sistema está tan dañado que ya nada sorprende ni escandaliza, y que, llegado este punto, nadie pierde si colapsa. Incluso hay quienes creen que el colapso es la única vía para empezar desde cero, con algo nuevo y mejor. Pero ese pensamiento, además de equivocado, es profundamente peligroso. El sistema de justicia no es perfecto. Pero de ahí a pensar que su derrumbe traerá una oportunidad de mejora hay un abismo que espero no crucemos como país. Solo si rechazamos la falsa promesa de la destrucción como solución, podremos reconstruir lo que tenemos. El sistema puede mejorar, pero no lo hará mientras vivamos en apatía, resignación o cinismo. No hay sociedad sin justicia ni libertad sin Estado de Derecho. Y esto no es retórica. Tomemos como referencia el Índice de Libertad Económica, que evalúa factores como la expresión, el movimiento y la propiedad privada, pero también el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. En estos dos últimos, Panamá obtiene históricamente sus Alexis Martínez S. La lucha por salvar las pensiones Ley 462 La ley que regula la Caja de Seguro Social (CSS) puede considerarse una política pública de salud, dada la diversidad de servicios que brinda a la población asegurada: pensiones, atención médica y hospitalaria, programas de riesgos profesionales, maternidad, invalidez, vejez, viudez y muerte. La legislación sobre seguridad social en Panamá debió haberse revisado hace décadas, debido a los precarios servicios médicos ofrecidos y las bajas pensiones entregadas. Es un tema que ha generado un estallido social por la tardanza en abordarlo a nivel nacional y por los intereses sociales y políticos que lo rodean. Hoy, los servicios de la CSS están en estado crítico, debido a múltiples fallas: carencia de instalaciones adecuadas, falta de personal e insumos, ausencia de profesionales calificados, atención deshumanizada y gestiones administrativas deficientes. Identificación del problema El problema principal radica en la negativa de un sindicato y de ciertos dirigentes magisteriales a aceptar que el sistema de seguridad social —especialmente el pago de las pensiones actuales— está en crisis. Esta situación amenaza con volverse insostenible sin endeudar al Estado o recortar inversiones en obras públicas y educación. La antigua Ley 51 establecía dos subsistemas: uno de beneficio defitados directamente por la reforma, dado que se rigen por una ley especial de jubilación. • Grupos del sector salud, también influenciados, pero con menor capacidad de movilización. La CSS, a través de sus actuarios, auditores y equipos de comunicación, debe garantizar información clara, coherente y confiable sobre los beneficios del nuevo sistema. Para ello puede valerse de medios de comunicación, redes sociales y debates televisados. Un posible indicador de aceptación de la Ley 462 será la disminución de protestas y el regreso de los docentes a las aulas. Uno de los principales retos es comunicar a la población que la ley propone mejores beneficios, frente a la narrativa negativa promovida por los sectores en oposición. La historia reciente de las pensiones —Ley 17 en 2005, luego sustituida por la Ley 51— muestra que cualquier intento de solución definitiva ha enfrentado fuerte resistencia. Las consultas realizadas hasta ahora no reflejan una aceptación mayoritaria. No obstante, el desgaste ha mermado la fuerza de los movimientos sociales, que han perdido respaldo urbano y se concentran en zonas rurales, donde el sindicato ha establecido su base. Hoy, como en el pasado, los mismos actores se enfrentan. Aunque el gobierno parece ganar terreno, el costo es alto: regiones con economías debilitadas, un año escolar casi perdido y cientos de empleos perdidos o en riesgo, como resultado de la intransigencia de un sindicato con motivaciones políticas. EL AUTOR es sociólogo y docente. EL AUTOR es diputado de la República por el circuito 13-2 (Arraiján). LA AUTORA es integrante de la Fundación Libertad. Jaime Cheng Peñalba peores calificaciones. No sorprende. Si las instituciones encargadas de proteger los derechos están debilitadas, todo lo demás se degrada: la libertad, la democracia y el bienestar común. Este año, con la implementación del nuevo Código Procesal Civil, tendremos una oportunidad concreta —como la que representó en su momento el Sistema Penal Acusatorio (SPA)— para mejorar nuestro sistema de administración de justicia. Pero, como entonces, el cambio no llegará por arte de magia con una ley. Esta es solo el inicio. Porque incluso con una normativa buena (aunque siempre perfeccionable), si no hay compromiso, transformación ética y participación activa, nada funcionará. Se trata de una oportunidad para que los ciudadanos accedan a un sistema más cercano, menos cargado de formalismos innecesarios y que prometa respuestas en un plazo razonable. Pero todos debemos poner de nuestra parte: jueces, operadores de justicia, ciudadanía y, sobre todo, los abogados. Nos corresponde despojarnos de viejas prácticas antiéticas y dilatorias, donde se abusa del litigio como medio de presión o extorsión. La justicia puede dignificarse. Y cuando lo haga, no solo mejorará el sistema: nos devolverá algo aún más valioso, la esperanza de que todavía es posible vivir en un país donde las reglas valgan para todos. A veces, lo más peligroso no es lo que ocurre, ni siquiera la realidad en sí, sino la percepción que la sociedad tiene sobre ella. Por ejemplo, a la mayoría de los panameños no les importa cuál es la cali - cación crediticia del país ni la pérdida del grado de inversión, sino si su salario les alcanza para llegar a n de mes. Partiendo de esta lógica, reflexioné sobre dos teorías. La primera es la falacia de los cristales rotos, planteada por Frédéric Bastiat. La segunda, la teoría de las ventanas rotas, propuesta por James Q. Wilson y George Kelling. Bastiat sostiene que es un error pensar que de la destrucción —especialmente de aquello que no debía ser destruido— puede surgir un beneficio. La segunda teoría plantea que los signos visibles de desorden y deterioro generan más caos. Al conectarlas, concluyo que cuando la sociedad percibe que algo está mal y nadie lo corrige, no lo arregla: lo termina de romper, convencida de que así será mejor. Pero no lo es. Esa utilidad es ficticia. No hay ganancia alguna cuando se destruye lo que debíamos sostener. Traigo esto a colación porque, a mi juicio, eso es lo que ocurre hoy con el sistema de justicia panameLa historia reciente de las pensiones —Ley 17 en 2005, luego sustituida por la Ley 51— muestra que cualquier intento de solución definitiva ha enfrentado fuerte resistencia. Manuel Cheng Peñalba El sistema de justicia no es perfecto. Pero de ahí a pensar que su derrumbe traerá una oportunidad de mejora hay un abismo que espero no crucemos como país. Solo si rechazamos la falsa promesa de la destrucción como solución, podremos reconstruir lo que tenemos.
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