6A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 Panorama Entre las medidas, las autoridades suspendieron las operaciones de porquerizas por daño ambiental en el río La Villa. Cortesía/Mida Río La Villa: sin agua, sin clases y con porquerizas cerradas Aleida Samaniego C. [email protected] AMBIENTE Y SALUD La contaminación del río La Villa obligó al Idaan a suspender la operación de cuatro plantas potabilizadoras en Azuero, dejando sin agua a miles de residentes. La crisis hídrica en la región de Azuero se agrava. La contaminación del río La Villa — principal fuente de agua potable para la zona— obligó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a suspender, el pasado n de semana, la operación de cuatro plantas potabilizadoras debido a los altos niveles de turbiedad y materia orgánica en el agua. Según con rmó el Idaan, las plantas afectadas son las de Chitré, Los Santos, Macaracas y Llano de Piedra. A pesar de los esfuerzos constantes por analizar la calidad del agua, los técnicos del Idaan aún no han logrado restablecer el servicio, lo que pone en evidencia la gravedad del problema. Sin embargo, la crisis no se limita a la incapacidad de las plantas potabilizadoras de operar. En la región existe un grave problema de contaminación hídrica, provocado por desechos de porquerizas, el uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos, entre otros contaminantes, que requieren una atención urgente por parte de las autoridades. Estudios cientí cos sobre la contaminación de fuentes hídricas en la región de Azuero han señalado que estos agentes contaminantes no solo afectan la calidad del agua, sino que también tienen implicaciones directas sobre la biodiversidad y la salud humana. Según estudios publicados, la contaminación de los ríos de Azuero con residuos de la industria agropecuaria ha incrementado la presencia de metales pesados y patógenos en el agua, lo que pone en riesgo tanto el consumo humano como los ecosistemas acuáticos. Suspensión de clases y medidas preventivas La falta de agua potable ha generado repercusiones en otros sectores. El Ministerio de Educación (Meduca) decidió suspender las clases presenciales en todos los centros educativos o ciales y privados ubicados en los distritos de Los Santos, Guararé y Las Tablas, a partir de este 9 de junio de 2025, hasta nuevo aviso. Esta medida responde a los altos niveles de contaminación detectados en los ríos que abastecen las plantas potabilizadoras de la región de Azuero, lo que ha provocado la interrupción del suministro de agua potable en varias comunidades. Durante esta suspensión temporal, el proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo bajo la modalidad virtual. El Meduca solicitó a los docentes coordinar con sus comunidades educativas para garantizar la continuidad del servicio educativo, en un contexto que deja al descubierto la vulnerabilidad de las infraestructuras públicas ante emergencias de esta magnitud. Además, un operativo interinstitucional llevado a cabo en el distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos, culminó con la paralización temporal de actividades en cuatro establecimientos vinculados directamente a la contaminación de la cuenca del río La Villa. Este operativo fue liderado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), con el apoyo de la Policía Nacional, la Policía Ambiental Rural y Turística, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (Minsa). Los establecimientos notificados con órdenes de cierre fueron: Porcinaland, propiedad de Orlando De Gracia. Finca La Ceiba, propiedad de Albino Muñoz. Finca Paja Verde, propiedad de Azael Moreno. Vertedero Municipal de Macaracas, noti cado al alcalde del distrito. El cierre se hizo de manera preventiva, con el objetivo de frenar las actividades que estarían afectando la calidad del recurso hídrico. Las autoridades otorgaron un plazo a los responsables para tomar acciones correctivas. Es relevante señalar que, según información no o - cial, una de las ncas clausuradas, Porcinaland, pertenece al padre del diputado Ronald De Gracia, del partido Realizando Metas (RM). Otras tres ncas que también formaban parte del operativo no pudieron ser noti cadas porque estaban cerradas en el momento de la inspección. Las visitas fueron reprogramadas para el domingo 8 de junio. Investigación en curso: ¿culpables de la contaminación? La contaminación del río La Villa ha generado preocupación no solo entre la población, sino también en el ámbito judicial. La Fiscalía Regional de Delitos contra el Medio Ambiente de Herrera y Los Santos ha iniciado investigaciones sobre posibles delitos ambientales, en particular en relación con dos empresas dedicadas a la cría de cerdos en el corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Macaracas. Se han tomado muestras del agua, se ha analizado el sistema de manejo de desechos y aguas usadas por las porquerizas, y se ha veri cado la validez de los permisos de operación. Biólogos y químicos del Ministerio Público están trabajando en la elaboración de un informe sobre la calidad del agua y la posible presencia de agentes contaminantes. En lo que respecta al río La Villa, se han identi cado al menos siete empresas que podrían estar contribuyendo a la contaminación de este importante auente. Un problema que se arrastra desde hace años La situación en Azuero no es nueva. En 2014, ya se reportaron posibles casos de contaminación en el río La Villa, especialmente debido a las actividades de las porquerizas en la región. En 2025, la crisis parece haberse intensi cado, lo que pone de mani esto la falta de medidas efectivas para frenar la contaminación del agua. El río La Villa, que recorre 32 kilómetros de longitud desde la cordillera del cerro Canajagua, atraviesa diversas comunidades de Azuero como Mogollón, Llano de Piedra, Macaracas, El Cedro, El Guásimo y La Colorada, y sigue siendo una de las fuentes de agua más importantes de las provincias de Herrera y Los Santos. La crisis hídrica en Azuero va más allá de los problemas inmediatos de abastecimiento de agua potable. Es un reejo de la contaminación sistemática y del deterioro de los ecosistemas acuáticos, lo que pone en peligro la salud pública y la sostenibilidad de la región a largo plazo. Un total de 28 de los 51 imputados por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, detenidos durante la Operación Fisher, han alcanzado acuerdos de pena. Fuentes ligadas al proceso revelaron que muchos de los imputados han optado por estos acuerdos con el n de obtener sentencias reducidas ante una eventual condena dictada por el tribunal. En el juicio, que se reanuda este lunes 9 de junio, está prevista la evacuación de 600 pruebas documentales y 100 testimoniales presentadas por los abogados defensores. Por su parte, a la Fiscalía de Drogas le fueron admitidas 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales, que serán evacuadas en el juicio jado para el 26 de mayo de 2025. En este caso, la scalía logró incautar 10 millones de dólares, encontrados en una residencia ubicada en el área de la Costa Abajo, provincia de Colón. Según las investigaciones, este dinero pertenecía a miembros del Clan del Golfo, quienes lo mantenían oculto ante la ofensiva desplegada por Colombia contra esa organización criminal. Las autoridades identi- caron a Jorge Luis General como el presunto cabecilla de la red. Según las pesquisas, era el encargado de la logística para el trasiego de drogas y dinero. Además, era propietario de la empresa Magna Pesca, utilizada para justi car el movimiento de fondos provenientes del narcotrá co. De acuerdo con el Registro Público, esta compañía tiene como presidente al propio Jorge Luis General. En su residencia se encontraron 44 mil dólares en Operación Fisher: 28 acuerdos de pena en red de blanqueo ligada al Clan del Golfo INVESTIGACIÓN efectivo, mientras que cuatro embarcaciones vinculadas a él, valoradas en 400 mil dólares, también fueron decomisadas. Las autoridades sostienen que estas eran utilizadas para movilizar drogas y dinero. La red criminal usaba residencias en la comunidad de Nueva Providencia, Colón, colindantes con el mar, como centros de recepción de droga y dinero. En una de estas casas se hallaron tres escondites (caletos) con más de 10 millones de dólares. Las otras residencias, también vinculadas al trá co de drogas, fueron encontradas vacías. Las investigaciones también revelaron que el grupo contaba con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para ubicar con precisión los cargamentos. Además, los integrantes cambiaban frecuentemente los chips de sus teléfonos y usaban sistemas de encriptación para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas. El juicio comenzó el 26 de mayo, pero la ausencia de algunos imputados y la designación de nuevos abogados defensores obligaron al tribunal a suspender la audiencia, que será reanudada este lunes 9 de junio. Se prevé que otros imputados puedan alcanzar acuerdos de pena antes de que concluya el juicio. Juan Manuel Díaz [email protected] Decomiso de dinero tras la ejecución de acciones policiales. Cortesía Las autoridades distribuyen agua embotellada. Cortesía
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