3A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 Panorama En nombre de Barrio Norte llovieron millones, pero la realidad social es de abandono. Archivo AND denuncia a representante de Barrio Norte; Bolota marca distancia Rolando Rodríguez [email protected] La Autoridad de Descentralización denunció por peculado al representante Javier Lynch, tras detectar faltas de respaldo en $14.1 millones recibidos vía el PDIS. El diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar dice ahora que es un asunto de la junta comunal. Una denuncia por supuesto peculado fue presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) contra Javier Lynch Hurtado, el reelecto representante del corregimiento de Barrio Norte, en la provincia de Colón. La denuncia está relacionada con irregularidades e inconsistencias en proyectos comunitarios nanciados por el Programa de Interés Social (PDIS), el cual transrió dinero estatal a juntas comunales y municipios de todo el país durante el quinquenio del expresidente Laurentino Cortizo (2019–2024). En las elecciones de 2019 y 2024, el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del PRD, fue electo representante de Barrio Norte. Sin embargo, en ambas ocasiones optó por ejercer el cargo de diputado, por lo que Lynch quedó al frente de la junta comunal. Salazar, quien arma desconocerelmanejodelosfondos porque no está a cargo de ese gobierno local, advirtió que “los representantes pueden gastarse los dineros como les plazca”, ya que así lo establece el manual de gastos de las juntas comunales. Para que eso cambie, advirtió que hay que modi- car la ley de descentralización. Los fondos La junta comunal de Barrio Norte recibió más de $14.1 millones durante los años 2021, 2022 y 2023 a través del PDIS, sin “justi- caciones ni documentos sustentadores que acrediten la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos”, según un informe de gastos de la AND. La denuncia, presentada por la abogada Ana Mae Jiménez, detalla que Roxana Méndez —quien asumió como directora general de la AND en julio pasado— envió a Lynch una nota fechada el 13 de agosto de 2024, informándole sobre la falta de documentación que respalde el uso de los $14.1 millones transferidos por el Gobierno Central, a través del PDIS, a su junta comunal. Esos fondos fueron depositados en una cuenta a nombre de la Junta Comunal de Barrio Norte en el estatal Banco Nacional de Panamá (BNP), a solicitud de Lynch. Para recibir el dinero, Lynch presentaba únicamente una copia de su cédula y la credencial de representante de corregimiento. Cuando el dinero se destinaba a la supuesta “implementación de iniciativas sociales y comunitarias”, anexaba un perl de los proyectos. Según la denuncia, el presunto uso que Lynch daba a estos fondos incluía, entre otros: asistencia social; compra de materiales de construcción; suministro de insumos y enseres (colchones, estufas, etc.); medicamentos para asilos, hogares de niños y personas de escasos recursos; centros de atención a población en riesgo, e insumos para “el control de la salubridad”. En algunos casos —describe la denuncia— solo existe un “acta de compromiso” sobre el supuesto uso del dinero. En estos documentos, se responsabiliza del “manejo adecuado y exclusivo” de los recursos a la junta comunal o a la inexistente “Alcaldía de Barrio Norte”. La respuesta de Lynch a la carta de Méndez fue enviada el 7 de octubre de ese año y se limitó a detallar los montos que recibió del Gobierno de Cortizo. Lynch solo hizo correcciones menores a los datos de la Autoridad de Descentralización. Por ejemplo, armó que en 2021 y 2022 recibió $127 mil y $1 millón 140 mil menos de lo reportado por la entidad, respectivamente. En cambio, en 2023 admitió haber recibido $1 millón 150 mil adicionales. Los hallazgos de la AND revelan una seria deciencia documental que dio origen a la denuncia contra Lynch, extensiva a todos aquellos “que resulten responsables”. La auditoría Un examen practicado por la Ocina de Auditoría Interna de la Autoridad Nacional de Descentralización a los gastos de la junta comunal —y a la documentación que los respalda— evidenció irregularidades, como la ausencia de copias de cheques girados, de copias de cédulas de los supuestos beneciarios y de las solicitudes y actas de recibido conforme. Según la AND, los hallazgos sugieren la posible comisión de delitos contra la administración pública, especícamente peculado, cuya pena es de cuatro a diez años de prisión. La condena podría ser de ocho a quince años si la cuantía —como en este caso— supera los $100 mil y si ese dinero debía destinarse a nes asistenciales, programas de desarrollo o apoyo social. Junto con la denuncia, la AND adjuntó copia de 49 expedientes relacionados con las transferencias de fondos. Solicitudes de fondos Lynch comenzó a solicitar fondos el 5 de mayo de 2021 —durante la pandemia de la covid-19— con una petición de $198 mil. Curiosamente, la cuenta en el BNP donde se depositaron estos fondos fue abierta un día antes, el 4 de mayo de 2021. Una semana después — el 11 de mayo— solicitó al Órgano Ejecutivo cuatro transferencias adicionales, que sumaron $930 mil. Posteriormente, se realizaron otras 16 transacciones durante ese mes, que totalizaron $1.7 millones, lo que representa la mitad de todo lo que recibió su junta comunal en 2021. La denuncia también detalla un supuesto peculado de al menos $3.3 millones en 2022, año en que Lynch recibió 14 transferencias. Las más relevantes fueron en febrero ($500 mil), septiembre ($1 millón) y diciembre ($1 millón 150 mil). En 2023 se realizaron 12 transferencias por casi $5 millones, según la denuncia. Destacan dos del 27 de febrero por $1.5 millones; una del 3 de marzo por $1 millón; dos más en abril por $1 millón, y otras dos en julio y septiembre por $450 mil cada una. Bolota intenta alejarse El diputado Salazar intenta desligarse del manejo de los fondos de la junta comunal de Barrio Norte y responsabiliza a Lynch. “Yo no puedo hablar de los $14 millones, porque yo no soy representante”, dijo en una entrevista en el programa radial 180 Minutos, que conduce Álvaro Alvarado, en mayo pasado. “No manejé ni un centavo de ese dinero... Yo me río de eso”, armó, añadiendo que fue auditado durante los mandatos de los expresidentes Ricardo Martinelli (2009–2014), quien es su amigo personal, y Juan Carlos Varela (2014–2019). En aquella época, Salazar sí ejercía como representante de Barrio Norte, ya que todavía no había dado el salo a la Asamblea. Aunque asegura no conocer el uso de los fondos aportados en el gobierno de Cortizo, dijo estar dispuesto a colaborar. “Estamos dispuestos a que nos auditen en estos momentos... Aunque yo no manejé esos $14 millones”, insistió el diputado. En su opinión, justicar esos millones es fácil, aunque los ejemplos que mencionó estaban relacionados con el pago de planillas, lo cual no forma parte de la presente denuncia contra Lynch. Se intentó contactar a Lynch, pero no respondió los mensajes enviados a su celular. El Órgano Judicial solicitará 395 millones 28 mil dólares para el año 2026, de los cuales 366 millones 671 mil se destinarán a funcionamiento y 28 millones 356 mil a inversión. Durante una revisión presupuestaria en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la magistrada María Eugenia López presentó el monto requerido para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia en ese año. En su exposición, López destacó los avances recientes, entre ellos la resolución de 290 mil casos en el bienio 2022-2023, lo que representó un incremento del 9% con respecto a 2021. Solo en 2024 se resolvieron 156 mil 327 casos, con un índice de resolución del 97%, tras la instalación de 18 nuevas dependencias judiciales a nivel nacional. La magistrada subrayó que la institución tiene como prioridad adecuar espacios físicos, fortalecer la infraestructura tecnológica y mejorar los modelos de gestión, con el n de alinearse al desarrollo económico y social del país. “Estos cambios e innovaciones dinámicas repercuten en los niveles de litigiosidad”, armó. La mayor parte de los recursos solicitados estarán dirigidos a la jurisdicción civil, donde se implementará el nuevo Código Civil, se promoverá la digitalización de expedientes y se continuará con la construcción de sedes propias. Además, se trabaja en la habilitación de más de 300 salas para audiencias orales, en el marco del nuevo sistema civil. Según datos del propio Órgano Judicial, la implementación del expediente judicial electrónico ha reducido los tiempos de trámite de 254 a 222 días. Para el año 2025, se le Órgano Judicial pedirá $395 millones de presupuesto para el 2026 FONDOS PÚBLICOS asignaron 351 millones 234 mil dólares, de los cuales 344 millones 285 mil correspondieron a funcionamiento y 6 millones 949 mil a inversión. También continúa la liquidación del sistema mixto inquisitivo, del cual aún quedan procesos pendientes, en su mayoría relacionados con personas prófugas o recursos en tribunales superiores y la Sala Penal de la Corte Suprema. Actualmente, todos los nuevos casos ingresan al sistema a través del Sistema Penal Acusatorio (SPA), cuya implementación se inició en 2011 y se completó a nivel nacional en 2016. Aún se desconoce cuánto solicitarán el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal como parte del sistema de administración de justicia para el presupuesto de 2026. Juan Manuel Díaz [email protected] Jairo Salazar. Archivo UI UNIDAD INVESTIGATIVA Roxana Méndez. Archivo
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