1A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 9 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15042 Hoy por hoy Entre 2021 y 2023, la Junta Comunal de Barrio Norte recibió más de $14 millones del Programa de Interés Social. Los fondos públicos fueron girados a una cuenta en el Banco Nacional, abiertos con solo una cédula y una credencial. No hay copias de cheques, ni solicitudes formales, ni actas de recibido. Aun así, el dinero uyó. Aunque el diputado Jairo “Bolota” Salazar no ejerció el cargo de representante, se presentó durante años ante la Comisión de Asuntos Municipales como vocero de Barrio Norte, dando la impresión de que manejaba la representación local. Hoy se deslinda. No puede ser tan cómodo ahora. Él y su equipo deben responder. Decir que los representantes pueden gastarse los dineros como les plazca es una declaración que retrata todo un modelo de gestión pública basado en la informalidad y el reparto. La descentralización, sin controles ni reglas claras, no es descentralización: es clientelismo institucionalizado. Y mientras tanto, la comunidad sigue esperando respuestas, obras y servicios. Portugal se impone sobre la victoriosa escuadra española 10A Deportes Economía Gobierno corporativo contra la corrupción 1B Panorama Los 54 años de la desaparición física de Héctor Gallego 4A Sin agua y sin clases: la crisis hídrica interrumpe la educación en Azuero La contaminación del río La Villa forzó el cierre de cuatro potabilizadoras en Azuero, dejando sin agua a varias comunidades. El Meduca suspendió las clases presenciales en Los Santos, Guararé y Las Tablas a partir de hoy 9 de junio. VEA 6A Barrio Norte: ¿qué pasó con los $14 millones? Rolando Rodríguez [email protected] Ahora que existe una denuncia formal por peculado ante el Ministerio Público, el principal protagonista se deslinda y el responsable legalmente guarda silencio. La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) denunció a Una denuncia por peculado involucra $14.1 millones transferidos a la junta comunal de Barrio Norte. El diputado Salazar se deslinda y Javier Lynch, su encargado, no ha dado explicaciones. Javier Lynch Hurtado, reelecto representante de Barrio Norte (Colón), por el presunto uso irregular de más de $14.1 millones del Programa de Interés Social (PDIS) entre 2021 y 2023. Los fondos, depositados a solicitud de Lynch en una cuenta del Banco Nacional, no cuentan con justicaciones ni documentos que respalden su uso. El diputado Jairo Bolota Salazar —electo representante en 2019 y 2024, — arma que no manejó “ni un centavo” y que todo recayó en Lynch. Una auditoría de la AND halló deciencias graves: sin copias de cheques, ni actas de recibido. La entidad entregó 49 expedientes con solicitudes de fondos y per- les de proyectos asistenciales sin sustento. Lynch no ha respondido. La investigación sigue abierta. VEA 3A Jairo Salazar Archivo Esta vez la Iglesia no asumirá un rol activo como mediadora de la crisis Mario De Gracia [email protected] La propia Arquidiócesis de Panamá lo dejó claro en un comunicado emitido el 6 de junio, donde señaló que no emitirá declaraciones públicas ni comentarios adicionales sobre la carta que el arzobispo José Domingo Ulloa entregará a Francisco Smith, dirigente de Sitraibana. El gesto — aclararon— responde a la “disposición histórica de la Iglesia de ser puente de diálogo”, pero no implica un rol activo en la mediación entre el Gobierno y el sindicato. Esto marca una diferencia clara con lo ocurrido en 2022, durante la “mesa única de diálogo” en Penonomé, cuando la Iglesia sí facilitó negociaciones entre el Ejecutivo y sectores sociales. Aquel proceso, que tuvo como protagonistas a varios de las guras que hoy lideran las protestas, terminó con críticas y fracturas. VEA 2A CRISIS DE BOCAS Hacienda La Esmeralda; Panamá lidera con su café Hacienda La Esmeralda rompió récords en el Best of Panamá, rearmando que el café panameño lidera el mundo por su calidad, aroma y sabor excepcionales. VEA 4B THE BEST OF PANAMÁ Violencia política en Colombia Temen el regreso del terror Cientos de personas participan ayer en una caminata por la paz y en apoyo al senador Miguel Uribe Turbay, en Bogotá (Colombia). La condena al atentado —emitida por varios gobiernos, incluido el de Panamá— se entrelaza con el miedo a un regreso a los años más oscuros de la violencia política en Colombia, cuando las balas silenciaron a candidatos presidenciales y el terror de la era Escobar marcó generaciones. EFE / Mauricio Dueñas Castañeda Carlos Abadía: ‘La democracia no se construye con bloqueos’ En un análisis, el exviceministro de Salud Carlos Abadía deende la vigencia de la Ley 462 de 2025 sobre la Caja de Seguro Social y advierte que derogar normas legítimas por presión callejera pone en riesgo la institucionalidad del país. VEA 8A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Los bloqueos en Changuinola persisten desde principios de mes. La empresa bananera Chiquita Panamá anunció la liquidación de miles de trabajadores. Alexander Arosemena La Iglesia Católica y la Asamblea buscan acercamiento con Sitraibana Mario De Gracia [email protected] BLOQUEO EN BOCAS DEL TORO La Iglesia entregará una carta del presidente Mulino al dirigente bananero Francisco Smith, buscando reabrir Bocas del Toro tras semanas de protestas. No habrá mediación formal. Smith también fue citado a la Asamblea Nacional este lunes. La esperanza de un n de nitivo a los cierres de calles en Bocas del Toro llega de la mano de la Iglesia Católica, a solicitud del propio presidente de la República, José Raúl Mulino. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, aceptó entregar una carta del mandatario a Francisco Smith, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana); diligencia que podría concretarse este martes 10 de junio. La entrega se concretaría, pero Ulloa no ejercería un papel de mediador entre el Gobierno y Sitraibana, según informó la Arquidiócesis de Panamá. Asimismo, la misma instancia de la Iglesia señaló el pasado 6 de junio que “no se emitirán declaraciones públicas ni comentarios adicionales” sobre la carta del Gobierno que Ulloa llevará a Smith, asegurando que el gesto responde a la “disposición histórica” de la Iglesia de ser “puente de diálogo” en contextos de conictos. Al mismo tiempo, Smith fue convocado a la ciudad de Panamá este lunes 9 de junio para reunirse con diputados de la Asamblea Nacional, luego de enviar una carta solicitando la intervención del Legislativo para resolver las peticiones del sindicato, en torno a una revisión de Ley 45 de 2017, que rige las pensiones de los trabajadores bananeros. El dirigente no ha con rmado su asistencia al Legislativo. Dependerá de él, también, que el encuentro con Ulloa se concrete, en la ciudad de Panamá o en Bocas del Toro. En tanto, Ulloa estará este lunes 9 de junio en Santa Fe, provincia de Veraguas, en el 54.º aniversario de la muerte del sacerdote Héctor Gallego, a la espera de la con rmación de Smith. Sin mediación de la Iglesia En esta ocasión, la Iglesia se distancia de una mediación en la actual coyuntura. Ya hubo una experiencia en la mesa única de diálogo nacional en Penonomé, Coclé, del año 2022. En aquella ocasión, el diálogo se propició luego de un mes de manifestaciones de distintos sectores por el alto costo de la vida, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2022). La mesa no estuvo exenta de descontento. Algunos de los representantes de esa mesa denunciaron supuestos “acuerdos de recámara” entre el Ejecutivo y la Iglesia. Finalmente, la Iglesia terminó reiterándose como facilitadora y, consecuentemente, la mesa se desintegró, tras una segunda etapa con pocos resultados, más allá de un congelamiento traibana. Las paralizaciones en la provincia han continuado a pesar de que una comisión de alto nivel del Ejecutivo fue enviada para negociar la revisión de la Ley 45, e incluso crear una nueva ley especial. No obstante, Mulino condicionó resolver las peticiones de Sitraibana al levantamiento de los cierres. Consecuentemente, Smith solicitó a la Asamblea Nacional que mediara, sin con rmarse todavía el encuentro de este lunes. De momento, los diputados no viajarían a Changuinola, como fue solicitado por Sitraibana. El sindicato informó de la reapertura de vías de forma temporal en la provincia mientras se negocia el diálogo. ¿Diálogo nacional? Una mesa de diálogo nacional como la de hace tres años no es una posibilidad para Mulino. Al menos así lo ha sostenido durante la coyuntura y lo reiteró el pasado viernes 6 de junio durante su conferencia de prensa semanal. “Sobre la Ley 462 no hay diálogo nacional, ni provincial, ni ninguno. Esa es una ley importantísima que se pasó utilizando los métodos democráticos del país”, dijo el mandatario. La Universidad de Panamá (UP) se ofreció como facilitadora de un diálogo nacional el pasado 28 de mayo, con el llamado urgente al Gobierno de que acoja la invitación. Sin embargo, no hay avances en esa dirección. El colectivo Sal de las Redes garantizó su respaldo al diálogo, pero no hay anuncios de otros sectores interesados en sumarse a la propuesta de la UP. Por su parte, la solicitud ad hoc del Gobierno a la Iglesia no estaría relacionada con un diálogo nacional. Mantendría su enfoque en reabrir la provincia de Bocas del Toro. temporal a los precios del combustible. Tampoco fue posible incorporar nuevos sectores a la mesa. Camino a la Asamblea Esta semana se cumplen más de 45 días desde que iniciaron manifestaciones de distintos sectores a nivel nacional en contra de la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) y otras peticiones. Particularmente, la Ley 462 y la solicitud de revisión de la Ley 45 han mantenido en las calles a Si- ¿Cuántas clases han perdido los niños? Frentiao José Alejandro Rodríguez [email protected] recuperar, pero no fue muy efectivo en las evaluaciones. Con esto acumulamos 405 días. A nales del 2023, entre octubre y diciembre, debido a las protestas por el contrato minero que luego fue declarado inconstitucional, se perdieron hasta 45 días de clases. Ya vamos por 450 días perdidos. En el 2024 no hubo interrupciones escolares. En el 2025, por las protestas relacionadas con la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social y hasta la fecha, se pueden contar hasta 40 días de clases perdidos. En total, se han perdido 490 días de clases, lo que hace que Panamá sea el país que más ha perdido clases en el mundo en los últimos años. De 6 años que un niño o niña pudo ir a la escuela, perdió casi 2 años y medio. ¿Y por qué es importante? Porque tiene un impacto directo en todas las etapas. Tendrá más di cultad para aprender a leer y escribir, comprender textos, matemática básica, comportarse y trabajar en equipo. También tendrá más obstáculos para transicionar a secundaria, mantenerse en ella y explorar posibles carreras. Además, es más probable que dejen la escuela por completo, lo que les cierra puertas a mejores ingresos, di culta conseguir un trabajo formal y los empuja a la informalidad. Incluso el informe detalla que, desde el 2023, Panamá tiene mil nuevos ninis todos los meses. Nini es alguien que ni trabaja ni estudia. La mayoría son mujeres. Adicional, mientras más reducidos sean tus ingresos y más vulnerable sea tu condición socioeconómica, estos efectos serán mayores. El que menos tiene, es el que más le afecta. Este Frentiao no es para decir si está bien o mal protestar. Todos los panameños tenemos el derecho a hacerlo. Pero cuando los niños y jóvenes dejan de ir a la escuela, eso tiene consecuencias reales y directas en nuestra juventud y, por consiguiente, en nuestra sociedad. Sería imposible imaginar un futuro donde los doctores dejaran de curar, los prácticos dejaran de pasar barcos por el Canal, o los profesionales del aseo dejaran de recolectar la basura. Pues lo mismo pasa, aunque más silencioso, cuando una generación se queda sin clases. El daño no hace bulla enseguida, pero va creciendo lento. Por los nuestros y por Panamá, hay que volver a sembrar lo perdido y enmendar esta herida. Un abrazo, y nos vemos en clase y en el siguiente Frentiao. Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Educativo y Social de Panamá (Fudespa) lanzaron un estudio en el cual se detalla la cantidad de días que hemos perdido de clases en los últimos 6 años. En el 2020 y el 2021, perdimos el 100 % de las clases presenciales debido a la pandemia. Cada año escolar tiene 190 días de clases, así que ya acumulamos 380 días de clases perdidas. Se impartieron clases a distancia, pero no tienen la misma calidad que las clases presenciales. En el 2022, justo después de la reapertura de clases presenciales tras la pandemia, se dieron huelgas por el descontento social y político, lo cual representó hasta 25 días de clase perdidos. Cabe destacar que el calendario se extendió para intentar
3A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 Panorama En nombre de Barrio Norte llovieron millones, pero la realidad social es de abandono. Archivo AND denuncia a representante de Barrio Norte; Bolota marca distancia Rolando Rodríguez [email protected] La Autoridad de Descentralización denunció por peculado al representante Javier Lynch, tras detectar faltas de respaldo en $14.1 millones recibidos vía el PDIS. El diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar dice ahora que es un asunto de la junta comunal. Una denuncia por supuesto peculado fue presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) contra Javier Lynch Hurtado, el reelecto representante del corregimiento de Barrio Norte, en la provincia de Colón. La denuncia está relacionada con irregularidades e inconsistencias en proyectos comunitarios nanciados por el Programa de Interés Social (PDIS), el cual transrió dinero estatal a juntas comunales y municipios de todo el país durante el quinquenio del expresidente Laurentino Cortizo (2019–2024). En las elecciones de 2019 y 2024, el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del PRD, fue electo representante de Barrio Norte. Sin embargo, en ambas ocasiones optó por ejercer el cargo de diputado, por lo que Lynch quedó al frente de la junta comunal. Salazar, quien arma desconocerelmanejodelosfondos porque no está a cargo de ese gobierno local, advirtió que “los representantes pueden gastarse los dineros como les plazca”, ya que así lo establece el manual de gastos de las juntas comunales. Para que eso cambie, advirtió que hay que modi- car la ley de descentralización. Los fondos La junta comunal de Barrio Norte recibió más de $14.1 millones durante los años 2021, 2022 y 2023 a través del PDIS, sin “justi- caciones ni documentos sustentadores que acrediten la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos”, según un informe de gastos de la AND. La denuncia, presentada por la abogada Ana Mae Jiménez, detalla que Roxana Méndez —quien asumió como directora general de la AND en julio pasado— envió a Lynch una nota fechada el 13 de agosto de 2024, informándole sobre la falta de documentación que respalde el uso de los $14.1 millones transferidos por el Gobierno Central, a través del PDIS, a su junta comunal. Esos fondos fueron depositados en una cuenta a nombre de la Junta Comunal de Barrio Norte en el estatal Banco Nacional de Panamá (BNP), a solicitud de Lynch. Para recibir el dinero, Lynch presentaba únicamente una copia de su cédula y la credencial de representante de corregimiento. Cuando el dinero se destinaba a la supuesta “implementación de iniciativas sociales y comunitarias”, anexaba un perl de los proyectos. Según la denuncia, el presunto uso que Lynch daba a estos fondos incluía, entre otros: asistencia social; compra de materiales de construcción; suministro de insumos y enseres (colchones, estufas, etc.); medicamentos para asilos, hogares de niños y personas de escasos recursos; centros de atención a población en riesgo, e insumos para “el control de la salubridad”. En algunos casos —describe la denuncia— solo existe un “acta de compromiso” sobre el supuesto uso del dinero. En estos documentos, se responsabiliza del “manejo adecuado y exclusivo” de los recursos a la junta comunal o a la inexistente “Alcaldía de Barrio Norte”. La respuesta de Lynch a la carta de Méndez fue enviada el 7 de octubre de ese año y se limitó a detallar los montos que recibió del Gobierno de Cortizo. Lynch solo hizo correcciones menores a los datos de la Autoridad de Descentralización. Por ejemplo, armó que en 2021 y 2022 recibió $127 mil y $1 millón 140 mil menos de lo reportado por la entidad, respectivamente. En cambio, en 2023 admitió haber recibido $1 millón 150 mil adicionales. Los hallazgos de la AND revelan una seria deciencia documental que dio origen a la denuncia contra Lynch, extensiva a todos aquellos “que resulten responsables”. La auditoría Un examen practicado por la Ocina de Auditoría Interna de la Autoridad Nacional de Descentralización a los gastos de la junta comunal —y a la documentación que los respalda— evidenció irregularidades, como la ausencia de copias de cheques girados, de copias de cédulas de los supuestos beneciarios y de las solicitudes y actas de recibido conforme. Según la AND, los hallazgos sugieren la posible comisión de delitos contra la administración pública, especícamente peculado, cuya pena es de cuatro a diez años de prisión. La condena podría ser de ocho a quince años si la cuantía —como en este caso— supera los $100 mil y si ese dinero debía destinarse a nes asistenciales, programas de desarrollo o apoyo social. Junto con la denuncia, la AND adjuntó copia de 49 expedientes relacionados con las transferencias de fondos. Solicitudes de fondos Lynch comenzó a solicitar fondos el 5 de mayo de 2021 —durante la pandemia de la covid-19— con una petición de $198 mil. Curiosamente, la cuenta en el BNP donde se depositaron estos fondos fue abierta un día antes, el 4 de mayo de 2021. Una semana después — el 11 de mayo— solicitó al Órgano Ejecutivo cuatro transferencias adicionales, que sumaron $930 mil. Posteriormente, se realizaron otras 16 transacciones durante ese mes, que totalizaron $1.7 millones, lo que representa la mitad de todo lo que recibió su junta comunal en 2021. La denuncia también detalla un supuesto peculado de al menos $3.3 millones en 2022, año en que Lynch recibió 14 transferencias. Las más relevantes fueron en febrero ($500 mil), septiembre ($1 millón) y diciembre ($1 millón 150 mil). En 2023 se realizaron 12 transferencias por casi $5 millones, según la denuncia. Destacan dos del 27 de febrero por $1.5 millones; una del 3 de marzo por $1 millón; dos más en abril por $1 millón, y otras dos en julio y septiembre por $450 mil cada una. Bolota intenta alejarse El diputado Salazar intenta desligarse del manejo de los fondos de la junta comunal de Barrio Norte y responsabiliza a Lynch. “Yo no puedo hablar de los $14 millones, porque yo no soy representante”, dijo en una entrevista en el programa radial 180 Minutos, que conduce Álvaro Alvarado, en mayo pasado. “No manejé ni un centavo de ese dinero... Yo me río de eso”, armó, añadiendo que fue auditado durante los mandatos de los expresidentes Ricardo Martinelli (2009–2014), quien es su amigo personal, y Juan Carlos Varela (2014–2019). En aquella época, Salazar sí ejercía como representante de Barrio Norte, ya que todavía no había dado el salo a la Asamblea. Aunque asegura no conocer el uso de los fondos aportados en el gobierno de Cortizo, dijo estar dispuesto a colaborar. “Estamos dispuestos a que nos auditen en estos momentos... Aunque yo no manejé esos $14 millones”, insistió el diputado. En su opinión, justicar esos millones es fácil, aunque los ejemplos que mencionó estaban relacionados con el pago de planillas, lo cual no forma parte de la presente denuncia contra Lynch. Se intentó contactar a Lynch, pero no respondió los mensajes enviados a su celular. El Órgano Judicial solicitará 395 millones 28 mil dólares para el año 2026, de los cuales 366 millones 671 mil se destinarán a funcionamiento y 28 millones 356 mil a inversión. Durante una revisión presupuestaria en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la magistrada María Eugenia López presentó el monto requerido para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia en ese año. En su exposición, López destacó los avances recientes, entre ellos la resolución de 290 mil casos en el bienio 2022-2023, lo que representó un incremento del 9% con respecto a 2021. Solo en 2024 se resolvieron 156 mil 327 casos, con un índice de resolución del 97%, tras la instalación de 18 nuevas dependencias judiciales a nivel nacional. La magistrada subrayó que la institución tiene como prioridad adecuar espacios físicos, fortalecer la infraestructura tecnológica y mejorar los modelos de gestión, con el n de alinearse al desarrollo económico y social del país. “Estos cambios e innovaciones dinámicas repercuten en los niveles de litigiosidad”, armó. La mayor parte de los recursos solicitados estarán dirigidos a la jurisdicción civil, donde se implementará el nuevo Código Civil, se promoverá la digitalización de expedientes y se continuará con la construcción de sedes propias. Además, se trabaja en la habilitación de más de 300 salas para audiencias orales, en el marco del nuevo sistema civil. Según datos del propio Órgano Judicial, la implementación del expediente judicial electrónico ha reducido los tiempos de trámite de 254 a 222 días. Para el año 2025, se le Órgano Judicial pedirá $395 millones de presupuesto para el 2026 FONDOS PÚBLICOS asignaron 351 millones 234 mil dólares, de los cuales 344 millones 285 mil correspondieron a funcionamiento y 6 millones 949 mil a inversión. También continúa la liquidación del sistema mixto inquisitivo, del cual aún quedan procesos pendientes, en su mayoría relacionados con personas prófugas o recursos en tribunales superiores y la Sala Penal de la Corte Suprema. Actualmente, todos los nuevos casos ingresan al sistema a través del Sistema Penal Acusatorio (SPA), cuya implementación se inició en 2011 y se completó a nivel nacional en 2016. Aún se desconoce cuánto solicitarán el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal como parte del sistema de administración de justicia para el presupuesto de 2026. Juan Manuel Díaz [email protected] Jairo Salazar. Archivo UI UNIDAD INVESTIGATIVA Roxana Méndez. Archivo
4A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] CÁSCARA. Mientras el presidente Mulino se encomienda a la mediación del arzobispo José Domingo Ulloa y del rabino Gustavo Kraselnik, los dirigentes del sindicato bananero han decidido reunirse primero con los jefes de bancada y la junta directiva de la Asamblea Nacional. No obstante, anoche estaba la duda si Francisco Smith aparecerá o no a la reunión (supuestamente agendada para hoy) con los diputados. Esta claro que ya no se le puede creer nada. Después de todo, si la principal empresa bananera de la provincia ya casi cerró, ¿de qué son los trabajadores de este sindicato? ¿De una industria casi inexistente? TERRATENIENTE. Es asombroso el grado casi criminal con el que se conducen algunos diputados, siempre bajo el manto de la impunidad. Por eso no extraña que algunos sean reincidentes. Benicio Robinson fue querellado en 2005 por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica y estafa, por un caso de supuestas irregularidades en la titulación de unas tierras en Chiriquí Grande. La Corte archivó la denuncia en 2014, por considerar que el caso había prescrito. Ahora nos enteramos que, en plena pandemia respiratoria, el poco escarmentado señor feudal de Bocas acaparó más tierras en Chiriquí Grande y Almirante. Y, no conforme con eso, solicitó la entrega de 132.8 hectáreas adicionales. ¿Quién le pondrá el cascabel a este felino? S.O.S. Menos mal que este fin de semana volvimos a ver a Bruno. El pobre ha podido caer por la cubierta del White Shark y nadie se habría dado cuenta, ya que se cumplieron los deseos de su amo y este no necesita (por ahora…) ganarse la empatía de los demás a través de la imagen de un tierno e inocente perrito. Ahora el amo puede dejar ver el rostro de la impunidad en todo su esplendor. ALETA. A propósito del White Shark, según la fiscalía de Nueva York que encausó a los dos príncipes, estos utilizaron $1.7 millones de las coimas de Odebrecht, para abonar la compra del yate. La transacción fue posteriormente reconocida por Luis Enrique, cuando pedía clemencia al juez Raymond Dearie. El yate nunca pudo ser incautado, como sí ocurrió con otros bienes, como un apartamento en Brickell, títulos, fondos y dos fianzas que consignaron cuando fueron detenidos en Miami, en 2018, por carecer de estatus legal en Estados Unidos. Y, ¿quién vendió la embarcación? ¿No hay sanciones por ventas como esa? Y después vieLa Policía Municipal es la encargada de los operativos. Cortesía Mayer, molesto por liberación de ‘cuidadores’ de autos en la vía pública Aleida Samaniego C. [email protected] ESPACIO PÚBLICO El alcalde Mayer Mizrachi expresó su molestia luego de que varios ciudadanos retenidos en un operativo fueran liberados sin sanción, pese a las normativas vigentes. El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, manifestó su indignación tras conocerse que varios individuos conocidos como “bien cuidados” fueron liberados sin recibir sanciones, pese a haber sido retenidos durante un operativo sorpresa realizado el jueves 5 de mayo por la noche. Durante una declaración enérgica, Mizrachi criticó el actuar de los jueces de paz, a quienes señaló por no aplicar las sanciones estipuladas en la normativa vigente, que incluyen multas de hasta $1,000 o trabajos comunitarios por un periodo de hasta 90 días. “Estoy bien cabreado ahorita mismo. Los ”bien cuidados” que recogimos anoche, a todos les dieron calle. Los jueces de paz no les aplicaron ninguna sanción, entonces dime: ¿para qué uno legisla aquí? ¿Qué mensaje están mandando?”, cuestionó el alcalde. El alcalde advirtió que esta omisión envía un mensaje negativo a la ciudadanía, fomentando la impunidad y afectando el bienestar público. “Estás mandándole a la ciudadanía un mensaje de: ‘no me importas, no me importan tus derechos ni tu bienestar’. Y al ”bien cuidado” le estás diciendo: ‘roba celular, extorsiona, pide plata a cambio de no romper una ventana de carro, que no te va a pasar nada’”, expresó con preocupación. Mizrachi recordó que el Concejo de Panamá aprobó sanciones claras para estos casos, e insistió en la necesidad de que los jueces de paz cumplan con su rol sancionador. También destacó que el operativo fue realizado en conjunto con la Policía Municipal, reiterando su compromiso con la seguridad ciudadana. El alcalde finalizó su intervención haciendo un llamado firme a las autoridades correspondientes para que se apliquen las medidas legales y se garantice la tranquilidad de los panameños. nen a darnos lecciones de compliance. REPARTO. En la bancada Vamos, ya hubo elecciones para definir la composición de algunas comisiones legislativas. Todo parece indicar que en la de Presupuesto estarán Janine Prado, Carlos Saldaña, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego. Habrá que ver si cuatro golondrinas seguirán haciendo verano… En cuanto a Betserai Richards, aspiraba a mantener su puesto en la Comisión de Presupuesto, pero en Vamos lo querían asignar a la de Comunicación y Transporte, pero comunicó bien clarito que ahí no. Y colorín colorado. Juan Manuel Díaz [email protected] Durante 54 años la Iglesia Católica ha exigido en repetidas ocasiones justicia para Gallego. Archivo Iglesia recuerda los 54 años de la desaparición de Gallego JUSTICIA Al cumplirse 54 años de la desaparición física de Héctor Gallego, organizaciones campesinas de Santa Fé, provincia de Veraguas, realizarán este lunes 9 de junio una serie de actividades en memoria del sacerdote colombiano. La jornada iniciará con una caminata en la comunidad de Las Trancas y, posteriormente, a las 9:30 a.m., se celebrará una eucaristía en la iglesia San Pedro Apóstol. Gallego desapareció la noche del 9 de junio de 1971, cuando miembros de la Policía Nacional llegaron a su residencia y se lo llevaron a la fuerza, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. El sacerdote había desarrollado una intensa labor en defensa de los campesinos de la región, que vivían en condiciones de extrema pobreza. Según un informe de la Comisión de la Verdad, que recoge testimonios de exmilitares y detenidos durante el régimen militar (1968–1990), Gallego fue visto en el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen. En ese lugar se hallaron varios restos humanos, uno de los cuales fue identi- cado como perteneciente a Heliodoro Portugal, también desaparecido en 1971. Sin embargo, hay quienes sostienen que dichos restos podrían corresponder en realidad al sacerdote colombiano, por lo que deberían ser sometidos a nuevas pruebas de ADN. El pasado 2 de mayo, fue detenido Eugenio Magallón, condenado a 15 años de prisión por la desaparición de Gallego. Magallón evadió la justicia durante 30 años, hasta que fue capturado por la policía en una residencia en David, Chiriquí. Por este caso también fueron condenados los militares Melbourne Walker y Nivaldo Madriñán. El 11 de diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó la reapertura de la investigación, que ahora tramita la Fiscalía Regional de Veraguas. Ese despacho practicó el pasado 6 de mayo una diligencia de inspección en los terrenos del Instituto Nacional de Agricultura, ubicado en Divisa, provincia de Veraguas, en busca de restos que podrían corresponder al sacerdote. El turismo es uno de los sectores más afectados. Alexander Arosemena Cciap sobre la situación de Bocas: ‘No aguanta un día más de inacción’ BLOQUEOS Getzalette Reyes [email protected] “La crisis en Bocas del Toro ya no es una advertencia: es una realidad dolorosa y urgente”. Así lo planteó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), al cumplirse más de un mes de una huelga bananera indenida y un masivo bloqueo de carreteras. Como resultado de esta crisis, la provincia enfrenta “el colapso de su actividad económica, el desabastecimiento de alimentos, medicinas y gas”, advirtió el gremio, que además subrayó el impacto directo en miles de familias tras la salida de la principal empresa generadora de empleo en la región. Se trata de Chiquita Panamá, que cesó completamente sus operaciones administrativas en el distrito de Changuinola, luego de más de un mes de paralización. “El retiro de una empresa ancla en la economía local no solo afecta a sus empleados directos; es un golpe durísimo al comercio, a los proveedores, a los servicios, al transporte y a todas las personas que dependen de estas actividades. Es un golpe a la estabilidad social de toda la provincia”, manifestó la Cciap. En su columna La Cámara Opina, el gremio también se pronunció sobre la agresión y retención de una turista, hecho que fue grabado en video y se viralizó en redes sociales. “Este episodio pone en riesgo otro de los grandes motores económicos de la provincia: el turismo. El daño a la imagen de Panamá es devastador, y las consecuencias para uno de los destinos más emblemáticos del país son profundas”, remarcó. En el marco de la búsqueda de soluciones, Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), sostuvo un encuentro con el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, quien, junto al rabino Gustavo Kraselnik, ha sido designado como intermediario por el presidente José Raúl Mulino para mediar en la crisis social que afecta a Bocas del Toro. Panorama
5A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025
6A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 Panorama Entre las medidas, las autoridades suspendieron las operaciones de porquerizas por daño ambiental en el río La Villa. Cortesía/Mida Río La Villa: sin agua, sin clases y con porquerizas cerradas Aleida Samaniego C. [email protected] AMBIENTE Y SALUD La contaminación del río La Villa obligó al Idaan a suspender la operación de cuatro plantas potabilizadoras en Azuero, dejando sin agua a miles de residentes. La crisis hídrica en la región de Azuero se agrava. La contaminación del río La Villa — principal fuente de agua potable para la zona— obligó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a suspender, el pasado n de semana, la operación de cuatro plantas potabilizadoras debido a los altos niveles de turbiedad y materia orgánica en el agua. Según con rmó el Idaan, las plantas afectadas son las de Chitré, Los Santos, Macaracas y Llano de Piedra. A pesar de los esfuerzos constantes por analizar la calidad del agua, los técnicos del Idaan aún no han logrado restablecer el servicio, lo que pone en evidencia la gravedad del problema. Sin embargo, la crisis no se limita a la incapacidad de las plantas potabilizadoras de operar. En la región existe un grave problema de contaminación hídrica, provocado por desechos de porquerizas, el uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos, entre otros contaminantes, que requieren una atención urgente por parte de las autoridades. Estudios cientí cos sobre la contaminación de fuentes hídricas en la región de Azuero han señalado que estos agentes contaminantes no solo afectan la calidad del agua, sino que también tienen implicaciones directas sobre la biodiversidad y la salud humana. Según estudios publicados, la contaminación de los ríos de Azuero con residuos de la industria agropecuaria ha incrementado la presencia de metales pesados y patógenos en el agua, lo que pone en riesgo tanto el consumo humano como los ecosistemas acuáticos. Suspensión de clases y medidas preventivas La falta de agua potable ha generado repercusiones en otros sectores. El Ministerio de Educación (Meduca) decidió suspender las clases presenciales en todos los centros educativos o ciales y privados ubicados en los distritos de Los Santos, Guararé y Las Tablas, a partir de este 9 de junio de 2025, hasta nuevo aviso. Esta medida responde a los altos niveles de contaminación detectados en los ríos que abastecen las plantas potabilizadoras de la región de Azuero, lo que ha provocado la interrupción del suministro de agua potable en varias comunidades. Durante esta suspensión temporal, el proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo bajo la modalidad virtual. El Meduca solicitó a los docentes coordinar con sus comunidades educativas para garantizar la continuidad del servicio educativo, en un contexto que deja al descubierto la vulnerabilidad de las infraestructuras públicas ante emergencias de esta magnitud. Además, un operativo interinstitucional llevado a cabo en el distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos, culminó con la paralización temporal de actividades en cuatro establecimientos vinculados directamente a la contaminación de la cuenca del río La Villa. Este operativo fue liderado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), con el apoyo de la Policía Nacional, la Policía Ambiental Rural y Turística, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (Minsa). Los establecimientos notificados con órdenes de cierre fueron: Porcinaland, propiedad de Orlando De Gracia. Finca La Ceiba, propiedad de Albino Muñoz. Finca Paja Verde, propiedad de Azael Moreno. Vertedero Municipal de Macaracas, noti cado al alcalde del distrito. El cierre se hizo de manera preventiva, con el objetivo de frenar las actividades que estarían afectando la calidad del recurso hídrico. Las autoridades otorgaron un plazo a los responsables para tomar acciones correctivas. Es relevante señalar que, según información no o - cial, una de las ncas clausuradas, Porcinaland, pertenece al padre del diputado Ronald De Gracia, del partido Realizando Metas (RM). Otras tres ncas que también formaban parte del operativo no pudieron ser noti cadas porque estaban cerradas en el momento de la inspección. Las visitas fueron reprogramadas para el domingo 8 de junio. Investigación en curso: ¿culpables de la contaminación? La contaminación del río La Villa ha generado preocupación no solo entre la población, sino también en el ámbito judicial. La Fiscalía Regional de Delitos contra el Medio Ambiente de Herrera y Los Santos ha iniciado investigaciones sobre posibles delitos ambientales, en particular en relación con dos empresas dedicadas a la cría de cerdos en el corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Macaracas. Se han tomado muestras del agua, se ha analizado el sistema de manejo de desechos y aguas usadas por las porquerizas, y se ha veri cado la validez de los permisos de operación. Biólogos y químicos del Ministerio Público están trabajando en la elaboración de un informe sobre la calidad del agua y la posible presencia de agentes contaminantes. En lo que respecta al río La Villa, se han identi cado al menos siete empresas que podrían estar contribuyendo a la contaminación de este importante auente. Un problema que se arrastra desde hace años La situación en Azuero no es nueva. En 2014, ya se reportaron posibles casos de contaminación en el río La Villa, especialmente debido a las actividades de las porquerizas en la región. En 2025, la crisis parece haberse intensi cado, lo que pone de mani esto la falta de medidas efectivas para frenar la contaminación del agua. El río La Villa, que recorre 32 kilómetros de longitud desde la cordillera del cerro Canajagua, atraviesa diversas comunidades de Azuero como Mogollón, Llano de Piedra, Macaracas, El Cedro, El Guásimo y La Colorada, y sigue siendo una de las fuentes de agua más importantes de las provincias de Herrera y Los Santos. La crisis hídrica en Azuero va más allá de los problemas inmediatos de abastecimiento de agua potable. Es un reejo de la contaminación sistemática y del deterioro de los ecosistemas acuáticos, lo que pone en peligro la salud pública y la sostenibilidad de la región a largo plazo. Un total de 28 de los 51 imputados por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, detenidos durante la Operación Fisher, han alcanzado acuerdos de pena. Fuentes ligadas al proceso revelaron que muchos de los imputados han optado por estos acuerdos con el n de obtener sentencias reducidas ante una eventual condena dictada por el tribunal. En el juicio, que se reanuda este lunes 9 de junio, está prevista la evacuación de 600 pruebas documentales y 100 testimoniales presentadas por los abogados defensores. Por su parte, a la Fiscalía de Drogas le fueron admitidas 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales, que serán evacuadas en el juicio jado para el 26 de mayo de 2025. En este caso, la scalía logró incautar 10 millones de dólares, encontrados en una residencia ubicada en el área de la Costa Abajo, provincia de Colón. Según las investigaciones, este dinero pertenecía a miembros del Clan del Golfo, quienes lo mantenían oculto ante la ofensiva desplegada por Colombia contra esa organización criminal. Las autoridades identi- caron a Jorge Luis General como el presunto cabecilla de la red. Según las pesquisas, era el encargado de la logística para el trasiego de drogas y dinero. Además, era propietario de la empresa Magna Pesca, utilizada para justi car el movimiento de fondos provenientes del narcotrá co. De acuerdo con el Registro Público, esta compañía tiene como presidente al propio Jorge Luis General. En su residencia se encontraron 44 mil dólares en Operación Fisher: 28 acuerdos de pena en red de blanqueo ligada al Clan del Golfo INVESTIGACIÓN efectivo, mientras que cuatro embarcaciones vinculadas a él, valoradas en 400 mil dólares, también fueron decomisadas. Las autoridades sostienen que estas eran utilizadas para movilizar drogas y dinero. La red criminal usaba residencias en la comunidad de Nueva Providencia, Colón, colindantes con el mar, como centros de recepción de droga y dinero. En una de estas casas se hallaron tres escondites (caletos) con más de 10 millones de dólares. Las otras residencias, también vinculadas al trá co de drogas, fueron encontradas vacías. Las investigaciones también revelaron que el grupo contaba con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para ubicar con precisión los cargamentos. Además, los integrantes cambiaban frecuentemente los chips de sus teléfonos y usaban sistemas de encriptación para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas. El juicio comenzó el 26 de mayo, pero la ausencia de algunos imputados y la designación de nuevos abogados defensores obligaron al tribunal a suspender la audiencia, que será reanudada este lunes 9 de junio. Se prevé que otros imputados puedan alcanzar acuerdos de pena antes de que concluya el juicio. Juan Manuel Díaz [email protected] Decomiso de dinero tras la ejecución de acciones policiales. Cortesía Las autoridades distribuyen agua embotellada. Cortesía
7A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025
8A La Prensa Panamá, lunes 9 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. todegobiernocomodeoposición.Ylasdossolicitudes más insistentes, presentadas tanto en la mesa de discusión como por las más de 400 personas que participaron, —no aumentar la edad de jubilación y no privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social— fueron tomadas en cuenta. Después de un proceso democrático y transparente de más de cinco meses, pedir la derogación de esta ley es un mensaje claro: esos grupos no buscan mejorarla, quieren imponer su visión o incendiar el país. El que no lo quiera ver es porque comparte sus intenciones. Derogar la Ley 462, tras haber sido discutida como lo fue, es desconocer al principal órgano del Estado, la Asamblea Nacional, y con ello socavar los pilares de nuestra democracia. Equivale a clausurar la Asamblea y dejar el país en manos del caos, promovido por grupos de izquierda radical que no creen en la vía democrática. Comprendo que muchos estemos cansados de los abusos de los gobernantes, de la corrupción,delamalaadministracióndelEstado,de los problemas estructurales del sistema de salud y del de ciente servicio de agua —especialmente en los últimos tres gobiernos. Entiendo que el estilo del actual presidente moleste a muchos. Pero de ahí a caer en el juego de destruir la democracia, hay una gran distancia. Además, quien dice luchar por el pueblo y al mismo tiempo afecta directamente a los más vulnerables no es honesto y tiene otras intenciones. Los más perjudicados han sido los estudiantes. Por eso resulta incomprensible que padres de familia apoyen esa aberración que es cerrar las escuelas. También han secuestraLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Simulacros de consulta ciudadana… Participación En días pasados se intentó realizar una consulta ciudadana sobre un cambio de zoni cación que afectaría a residentes de Boca la Caja. El intento, fallido, me recordó la morisqueta de consulta que organizó el anterior alcalde del Municipio de Panamá: en esta ocasión, debían ser consultadas más de 61 mil personas del corregimiento de San Francisco, pero fueron convocadas en un salón de la casa club del Parque Omar, con capacidad para apenas 200. Esta situación evidenció el vacío legal que persiste en la Ley 6 de 2002 sobre el procedimiento para realizar consultas ciudadanas. Aún se convocan sin padrones electorales y en espacios que no guardan proporción con la magnitud del proceso. Primero, debemos recordar que las consultas ciudadanas son mecanismos de participación democrática utilizados en muchos países para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Estas fortalecen la gobernanza, la rendición de cuentas y el control ciudadano; además, promueven la justicia social al orientar políticas y recursos hacia los temas que afectan a los sectores más vulnerables. En América Latina, países como México, Argentina, Perú y Colombia han implementado exitosamente consultas ciudadanas en diversas áreas, desde políticas públicas hasta proyectos locales. La clave de su éxito ha sido el uso del padrón electoral como instrumento esencial para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso. Este permite que solo participen quienes tienen derecho a hacerlo, en el área especí ca objeto de la consulta, y de forma ordenada. ¿Cuáles son los beneficios de incorporar el padrón electoral? Garantía de legitimidad: Asegura que el resultado reeje la voluntad de quienes tienen derecho a participar. Transparencia: Permite veri car quiénes votan y contribuye a la credibilidad del proceso. Prevención del fraude: Di culta la participación de personas no autorizadas. En Panamá, la falta de regulación especí ca en esta materia obliga a comparar con países como Colombia, donde las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 exigen, por ejemplo, una publicidad mínima de cuatro meses antes de realizar una consulta ciudadana. En conclusión, mientras no se reglamente o reforme la Ley 6 de 2002 para establecer normas claras sobre cómo llevar a cabo una consulta —incluyendo la obligación de padrones electorales, una publicidad seria y anticipada, y espacios adecuados para garantizar el aforo— seguiremos obteniendo resultados pobres y frustrantes. La ciudadanía común, sin inuencias, quedará a merced de intereses particulares y de monopolios que afectan comunidades enteras en bene cio de unos pocos. Panamá y la décima cumbre de la AEC Multilateralismo eventuales crisis políticas. El último factor que debe tenerse en cuenta en el ámbito internacional es la consideración, por parte de la administración de Estados Unidos, del Caribe como un mar interior, circunstancia que se inició a mediados del siglo XIX, cuando fue un espacio de conexión de las dos costas oceánicas en el proceso de conquista y poblamiento del territorio occidental de Estados Unidos, que se consolidó más tarde, desde el inicio del siglo XX, con la construcción del canal de Panamá. Un escenario que dio pie a numerosas intervenciones de Estados Unidos en la región. A inicios de 2023, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la elevación del nivel del mar amenazaba con “un éxodo masivo de dimensiones bíblicas” — algo que ya se ha empezado a producir en el archipiélago de San Blas—, y que las previsiones del cambio climático anticipan situaciones agónicas en el corto plazo. Paralelamente, la redenominación imperial del golfo de México por la del golfo de América revalida la vocación de hegemonía de Estados Unidos sobre la región y revitaliza el destino mani esto de hace más de un siglo. Sendos aspectos con guran retos evidentes para la AEC, cuyo devenir a lo largo de sus tres décadas de existencia ha languidecido, en consonancia con los muy escasos éxitos de otros procesos de integración regional del continente. Los 25 estados miembros y los 10 asociados apuestan por la soberanía, el multilateralismo y la unidad en la diversidad, en un momento especialmente crítico. Los temas estratégicos que conforman la agenda de la AEC, como la integración económica, la conectividad regional, la transformación digital, la justicia climática, la protección del mar Caribe y la economía azul, que deben ser tutelados por un proceso más institucionalizado para canalizar la rme voluntad política de los actores, se ven ahora complementados con la incorporación a la agenda de la comunidad de la soberanía del canal, puesta en el orden del día por el presidente Mulino. El carácter “inalienable” del mismo y su condición de estar al “servicio del comercio mundial” fueron aspectos subrayados por el presidente panameño. A este punto, de vital importancia para Panamá, en la agenda política inmediata, los EsManuel Alcántara Sáez Quieren derogar la democracia Ley 462 Digamos las cosas por su nombre: los dirigentes de Suntracs y algunos dirigentes magisteriales tienen como único objetivo acabar con nuestra democracia. La bandera que han enarbolado para alcanzar esa meta ha sido la derogación de la Ley 462. Señores, no sean ingenuos ni aprovechen una coyuntura política: por querer corregir deformaciones en el árbol, están dispuestos a quemar el bosque. Y después, no tendremos tierra fértil para rehacerlo. Empiezo explicando. En 25 años de democracia, no he visto un proceso más participativo y transparente que el que resultó en la aprobación de la Ley 462. Hubo una amplia participación ciudadana a lo largo y ancho del país, sin objeciones en cuanto al derecho de intervenir. La transparencia con la que actuaron los diputados y el Órgano Legislativo fue ejemplar. Se sesionó de lunes a viernes, sin extenderse más allá de las 11 de la noche. Incluso los feriados de Carnaval y Semana Santa se respetaron. El proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, recibió decenas de reformas. Fue aprobado por 48 diputados de distintas bancadas, tando una provincia, acabando con su principal fuente de empleo y afectando otra gran fuente de riqueza: el turismo. En Isla Colón —uno de los tres destinos más visitados por turistas extranjeros— llegaron incluso al extremo de intentar secuestrar a una turista. El micro, pequeño y mediano empresario — responsable del 85% de las plazas de trabajo— está siendo gravemente afectado. Ese empresario de saco y corbata que tanto denigran, y que representa menos del 10%, tiene los recursos para irse a otro país cuando todo colapsa. Pero el pueblo se quedará sin empleo. ¿Ese es el verdadero objetivo? ¿Quemar el bosque? Estristevercómomuchosdirigentespolíticos han guardado silencio ante estos desmanes, por temor a que se les acuse de apoyar al gobierno. No, señores políticos —o politiqueros—, el gran perdedor es el ciudadano, a quien mañana le pedirán el voto. Señores diputados, les exhorto a que salgan a defender la institución que representan. Jugaron un papel digno en la aprobación de esta ley. Hoy guardan un silencio incomprensible, mientras un grupo que quiere acabar con la democracia busca desconocer su actuación. No guarden silencio. Aprendan de los dirigentes sindicales responsables y de los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas que sí han salido a pronunciarse, exigiendo respeto por Panamá. Ellos no están defendiendo a un gobierno; están defendiendo a la patria. Ojalá los dirigentes políticos pronto vean la luz. Opinión LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es odontólogo. EL AUTOR es director del Cieps. Clarissa Florez Varela tados del Caribe tienen otros cuatro retos que, en mi opinión, deben confrontar. El primero se re ere a la consolidación de su proceso de institucionalización como asociación, con una permanente y sólida estructura de gobernanza que cuente con mecanismos de toma de decisiones ágiles y con un modelo representativo de los asociados, equilibrado, que no deje de tener en cuenta, mediante una adecuada ponderación, el tamaño de cada país miembro. El segundo se vincula a la defensa y promoción del credo democrático en un espacio en el que, en situaciones diferentes, los dos países más poblados —Cuba y Haití— no solo no lo abrazan, sino que son, sobre todo el primero, tipos empeñados en exportar su modelo. El tercero tiene que ver con la confrontación desigual que impone la relación actual con Estados Unidos y sus deseos de restaurar el destino mani esto en el área. Finalmente, su inequívoca apuesta por el multilateralismo debe servir para abrir puertas de colaboración y cooperación con instancias similares, que abarquen no solo el ámbito geográ co próximo. La naturaleza insular, en conjunción con un tamaño relativamente similar, de una gran mayoría de sus estados miembros, es sin duda un acicate para abordar estas líneas de cooperación, que requieren decisiones urgentes y enérgicas. También lo es su heterogéneo pasado, así como el avance del credo democrático. El hecho de no darse un liderazgo claro es, asimismo, un factor que facilita un diálogo horizontal que puede hacer más sencillo el proceso de toma de decisiones. En este escenario, la Cancillería panameña tiene un papel de extraordinaria relevancia que desempeñar, al haber asumido Panamá, por un año, la presidencia pro tempore del organismo. No solo se trata, como señaló el presidente Mulino en su intervención, de afrontar los puntos anteriormente señalados, sino también de potenciar el Centro Logístico Humanitario, dispuesto a intervenir e cientemente en cualquier emergencia. También se refuerza el compromiso en pro de una migración ordenada, con respeto a los derechos humanos de las personas desplazadas en una región especialmente sensible. La décima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), celebrada el pasado día 30 en Montería (Colombia), a la que no asistió el presidente del país an trión, Gustavo Petro, ha supuesto para Panamá un encuentro más, concluido con declaraciones retóricas carentes de compromisos reales. Todo ello, sin embargo, permite abrir una ventana de oportunidades para desarrollar el multilateralismo, ya que Panamá asume institucionalmente el liderazgo de la Asociación. Conviene recordar que el momento actual está dominado por un escenario de (des)orden internacional que sigue alcanzando cotas insólitas. La disrupción trumpista instaurada a partir del pasado 20 de enero ha traído consigo el socavamiento del orden internacional establecido desde 1945, cuando el multilateralismo se fue asentando paulatinamente en un universo que, además, dio cabida a la oración de un número importante de nuevos estados, consecuencia del proceso generalizado de descolonización. El pasado colonial caribeño diverso confrontaba a los países previamente con gurados, de origen fundamentalmente español, con los nuevos, cuyos agentes colonizadores eran Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos. Ello establecía un crisol cultural de una enorme riqueza que, no obstante, contrastaba la peculiaridad continental con la insular. En ese sentido, el carácter isleño, por sí mismo, ha supuesto una nota diferenciadora que no debe dejarse de tener en cuenta. A esta circunstancia debe añadirse, en términos institucionales, que la tradición estableció dos modelos de régimen político que siguieron los patrones del presidencialismo y del parlamentarismo, más asentado en las antiguas colonias británicas, con sus clásicos efectos con relación a la separación de poderes, la personalización del poder y la mayor o menor exibilidad a la hora de confrontar Carlos Abadía Abad 7A LaPrensa Panamá, jueves 16 de enero de 2025 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. 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Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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