4A La Prensa Panamá, sábado 7 de junio de 2025 Panorama En febrero pasado, el presidente José Raúl Mulino y su canciller, Javier Martínez Acha, autorizaron aumentar el gasto de alquiler de locales y oficinas de la Embajada de Panamá en España, de $5 mil a $10 mil al mes, mientras que el gasto de funcionamiento pasó de $14 mil 500 a $37 mil mensuales. Esto representa un aumento de $330 mil al año. Las ¿casualidades? no pueden ser más incómodas, considerando que el embajador de Panamá en España es el abogado Héctor Infante, hijo, socio de la firma Infante & Pérez Almillano, en la que también laboró –¡qué sorpresa!–MartínezAcha. No hay registros públicos sobre los ingresos del flamante embajador, pero lo que sí se sabe es que nuestra embajada en España está en el barrio de Almagro, que en el pasado fue un enclave aristocrático, con palacetes y majestuosas residencias que lo convirtieron en una de las zonas de Madrid más codiciadas, de gran demanda entre compradores de residencias de lujo. O sea, la plata no es para todos, ya quehayprioridadesyPRIORIDADES. Hace dos semanas, Mulino y Martínez Acha también autorizaron aumentos de gastos de alquiler y funcionamiento de la Misión Permanente de Panamá en la Unesco, ubicada en París. Ambos gastos representan un aumento de unos $80 mil al año. Pero no fue todo, pues la lista de aumentos también va en aumento, justo cuando el país es sacudido por huelgas y un profundo descontento, provocado en gran parte porque el prometido chen chen no le ha llegado a todo el mundo, salvo para unos cuantos elegidos. Ello sin contar el nombramiento de “diplomáticos” que son una vergüenza por su notoria inutilidad frente a los ataques de Trump a Panamá y la supina ignorancia, falta de méritos y actitudes cuestionables demostradas durante sus respectivas ratificaciones en la Asamblea Nacional. Fue el pasado 2 de junio, cuando Mulino y Martínez Acha autorizaron los más recientes aumentos para otras embajadas. A la de Bélgica, alquiler y funcionamiento pasaron de unos $223 mil a $306 mil al año; lo mismo en la embajada panameña en Honduras, donde estos gastos aumentaron de unos $70 mil a $108 mil anuales. La de Israel también: de $140 mil a $300 mil al año. La Embajada de Panamá en México también le tocó una rebanada del pastel: esos gastos subieron de unos $150 mil a $258 mil anuales. El embajador Abraham Martínez Montilla fue de las filas del PRD, pero en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) lo dejó, así como su bancada legislativa para refugiarse a la sombra del entonces oficialista Cambio Democrático. Y solo por ¿casualidad?, el hoy exdiputado creó una fundación poco antes de convertirse en tránsfuga que sirvió para comprar dos apartamentos valorados en $712 mil. No en vano, la fundación tiene por objeto “dedicarse a favorecer y lograr una mejor calidad de vida duradera para el señor Abraham Martínez, sus hijos, hijas y esposa”. Un perfecto fracasado político premiado por Mulino con una importante embajada. Por último, la embajada de Panamá en Portugal, donde brilla otro flamante embajador: José Javier Mulino Quintero, hermano del presidente. Pues resulta que su carnal también le aprobó aumentos, solo que las proporciones son envidiables: Pasó de $150 mil al año a casi $400 mil anuales. Esas siete embajadas representan $1.1 millones al año en aumentos. De esa cantidad, los más favorecidos –¡qué casualidad!– fueron el socio del canciller y el hermano del presidente. Las promesas de austeridad fueron, como siempre, hierba tan seca que casi es ceniza. Recordemos las promesas de Mulino en su discurso inaugural: “No habrá dinero público para botellas y gastos indiscriminados”, (pero sí para hermanos y socios); “sacaremos a Panamá del atolladero por excesos y malas decisiones”, o sea que ¿el aumento de estos gastos es justificado y una buena decisión? Mulino y su ministro no pueden ser más insensatos. Aprueban estos gastos cuando ellos dejan en libertad a un delincuente que nos ha robado decenas de millones de dólares… y todavía contando; que se burla de la justicia y de todo el país y que hace gala de una riqueza que ha sido en parte mal habida. Todo, en medio de un país convulsionado, iracundo y que cuestiona a un gobierno que no ha sido otra cosa que un desvergonzado hipócrita. ¿Acaso se puede ser más inoportuno? Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas. Cortesía El MOP recupera 173 vigas perdidas y prepara otra denuncia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] INVESTIGACIÓN POR PECULADO Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, se han recuperado 173 vigas y 342 retazos, de un total de 600 que se extraviaron durante el gobierno anterior. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que se han logrado recuperar 173 vigas y 342 retazos, de un total de 600 que se extraviaron durante el gobierno anterior. “Hemos recuperado 173 vigas de las que se perdieron”, precisó ante las interrogantes del diputado Betserai Richards. También anticipó nuevas acciones legales: “Espera unos 10 días y verás otra denuncia que vamos a interponer”, advirtió, sin ofrecer mayores detalles. Richards también interrogó a Andrade sobre cuántas personas estaban involucradas en el caso, pero el funcionario respondió que ese era un tema que estaban manejando las instancias judiciales. Las investigaciones De hecho, recientemente el juez de garantías, Óscar Carrasquilla, imputó cargos y ordenó la detención de tres personas, entre ellas un funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), un colaborador de la Junta Comunal de Veracruz y la hermana del exrepresentante de esa comunidad, Ronald González, por los delitos de peculado, debido a la sustracción de 600 vigas tipo H, valoradas en 3 millones de dólares. Durante una audiencia celebrada el pasado 24 de abril en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste (SPA), el juez Carrasquilla acogió la imputación presentada por las fiscales Azucena Aizpurúa y Tania Degracia y ordenó la detención de los tres imputados, al considerar que se trata de un delito grave y que existe riesgo de fuga. Los procesados fueron aprehendidos una semana antes, durante una serie de allanamientos realizados en Pacora y Veracruz, en los que también se ubicaron documentos relacionados con el caso. Entre los detenidos figura Alberto Ábrego, quien laboraba como agente de seguridad del MOP y quien, según la fiscalía, recibió dinero en sus cuentas bancarias procedentes de la venta de las vigas. Otro de los detenidos es Bayron Pineda, voluntario en la Junta Comunal de Veracruz, a quien se le atribuye haber recibido un cheque de 3,000 dólares de una empresa recicladora a la que se vendieron algunas de las vigas. También se ordenó la detención de Brenda González, hermana del exrepresentante Ronald González, a quien la fiscalía señala por haber participado en la compra de un camión con el dinero obtenido de la venta ilegal de las estructuras metálicas. Los imputados Por este caso, la fiscalía ha imputado cargos a ocho personas: una de ellas alcanzó un acuerdo de pena, seis permanecen detenidas y otra mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario. Las vigas desaparecidas tienen un peso de 2,854 libras cada una. Según información bancaria en manos de las autoridades, una recicladora pagó 38,050 dólares y otra 13,704 dólares por las vigas. El pasado 2 de marzo, un juez de garantías declaró como causa compleja esta investigación y concedió a la fiscalía un plazo de un año para concluirla. No obstante, como ya lo anunció el ministro del MOP, en los próximos días se presentará una nueva denuncia por la pérdida de estas vigas que serían utilizadas para obras en el puente de Las Américas. Redacción de La Prensa [email protected] Raúl Pineda. Archivo Diputado Pineda intenta desvincularse de desvío de fondos de contratista de la UP INVESTIGACIÓN El diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), busca desligarse del caso que lo vincula a los pagos realizados al consorcio HCG, responsable de la construcción del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito. El contratista desvió fondos a sociedades y cuentas ligadas al diputado Pineda, a su hijo Abraham Rico Pineda y a dos personas más detenidas como parte de la Operación Jericó. Pineda reaccionó al tema luego de que La Prensa revelara los nexos y publicara que el Ministerio Público solicitó información a la Universidad de Panamá (UP) sobre los pagos realizados al consorcio HCG. “La Prensa, en notas sesgadas y malintencionadas, pretende vincular a mi hijo y a mí con supuestos pagos indebidos relacionados con uno de los proyectos más importantes para San Miguelito: el Centro Regional Universitario (CRU). Rechazo categóricamente tales insinuaciones, que son totalmente falsas”, dijo en su cuenta de X. Antes de que este diario publicara la primera nota sobre este tema, se intentó obtener la versión de Pineda, pero el diputado no atendió los mensajes que se dejaron con su asistente en la Asamblea Nacional. Ahora, mientras intenta tomar distancia del caso, el Ministerio Público indaga sobre los pagos realizados al consorcio por parte de la Universidad de Panamá. El contrato original era por $65.9 millones, pero, tras seis adendas, ha escalado a casi $85 millones. El proyecto está a cargo del consorcio liderado por el empresario costarricense Juan José Zonta, quien desde 2020 preside el club de fútbol Sporting San Miguelito, anteriormente dirigido por el diputado Pineda.
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