8A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 Panorama La comparecencia del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional estuvo marcada por los cuestionamientos de los diputados independientes Betserai Richards y Jorge González, quienes pusieron en duda la capacidad de esa entidad para ejecutar los recursos asignados para el año fiscal 2025. Andrade solicitó un traslado por $20 millones correspondiente a la Resolución de Gabinete 107, emitida entre noviembre de 2024 y enero de 2025, para afrontar la emergencia ambiental. Además, pidió otro por $8.5 millones destinado a cubrir el servicio de alquiler de horas-máquina. En el caso de González, cuestionó que se redujeron Ministro de Obras Públicas enfrenta críticas por manejo de fondos y obras pendientes PRESUPUESTO El contralor Anel Flores y el rector Eduardo Flores Archivo Contraloría aprieta control del gasto universitario; rector reclama celeridad en refrendos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS Antes, los jefes de fiscalización de la universidad podían refrendar compras y contratos hasta por 50,000 dólares. Ahora, toda compra, contrato o reparación requiere aprobación directa de la Dirección de Fiscalización de la Contraloría, sin límite de monto. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, subrayó que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dificultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República. ¿La razón? Una nueva resolución de la entidad fiscalizadora que endurece el control del gasto universitario. Según el académico, los atrasos afectan contratos como los de las cafeterías, hasta gestiones menores, como el reembolso de cajas menudas utilizadas para fumigación. “Estamos teniendo dificultades con algunos refrendos en la Contraloría, no solamente para las cafeterías, que son vitales, sino también para otros temas como el Centro de Orientación Infantil”, afirmó Flores, quien advirtió que la falta de reembolsos está entorpeciendo servicios fundamentales para estudiantes, docentes y administrativos. El rector explicó que, a pesar de que se ha gestionado el 65% del presupuesto asignado en inversiones, la ejecución real apenas alcanza el 2%. Esto se debe, en su opinión, al cuello de botella que representan los procesos centralizados en la Contraloría. “Sabemos que tienen un gran volumen de trabajo, pero le solicitamos al contralor, Anel Flores, que haga un esfuerzo por agilizar estos trámites”, dijo. Los retrasos se dan justo cuando los estudiantes protestan por las reformas a la Caja de Seguro Social y se dan enfrentamientos entre estudiantes y policías. Flores descarta que este sea el motivo de la lentitud en los proceso. “No creo que el contralor esté mezclando un tema con otro. Su función es garantizar el buen uso de los fondos públicos, y creo que está actuando en esa dirección”, dijo. Actualmente, la Universidad de Panamá tiene cerca de 300 documentos a la espera de refrendo en la Contraloría, incluyendo contratos, compras y reparaciones. La nueva medida La resolución firmada por el contralor modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá. Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida de detención provisional aplicada al dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, y en su lugar le impuso las medidas cautelares de depósito domiciliario, impedimento de salida del país y porte de brazalete electrónico. Durante una audiencia celebrada desde las 2:00 p.m. de ayer, los magistrados Fernando Alonso, Frank Torres y Yiles Pittí consideraron que la decisión adoptada es suficiente para mantener al imputado arraigado al proceso. Genaro López está imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos, en perjuicio de un grupo de obreros afiliados al Suntracs. Los abogados César Ruiloba y Javier Quintero alegaron que la medida de detención provisional aplicada a López era excesiva, y destacaron que su cliente se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales. Por su parte, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada, Isis Tribunal Superior de Apelaciones revoca detención provisional de Genaro López RED FROG Soto, consideró necesario mantener la detención provisional. A López se le investiga a raíz de una querella presentada en 2022 por extrabajadores de un proyecto de construcción ubicado en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, quienes se encontraban afiliados al Suntracs. Este caso se remonta al año 2006, cuando surgió un conflicto laboral entre trabajadores afiliados al Suntracs —que desarrollaban el proyecto Red Frog Beach Club en la isla Bastimentos, Bocas del Toro— y la empresa Pillar Construction S.A., responsable de la obra. El conflicto culminó en un acuerdo mediante el cual Pillar Construction se comprometió a pagar $5.7 millones en prestaciones y $1.3 millones en costas judiciales a los trabajadores. Según la versión de la fiscalía, en 2012 los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud firmaron un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction para recibir solo $3 millones, sin haber notificado de esa decisión a un grupo de 412 trabajadores beneficiarios de los fondos. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, se pudo establecer que unos 310 trabajadores, que alcanzaron finiquitos como parte de la compensación pactada con la empresa, no recibieron los montos que les correspondían. “Es una primera y pequeña victoria que hemos logrado. Creemos en la inocencia de nuestro compañero”, afirmó el secretario de Organización del sindicato, Yamir Córdoba, a las afueras de la oficina judicial. “¡La pelea es peleando!” gritaban obreros del Suntracs reunidos en el tribunal ubicado en Plaza Fortuna, distrito de San Miguelito. Juan Manuel Díaz [email protected] hasta por 50 mil dólares. Esto significa que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría. Esa misma dirección puede refrendar “sin límite de cuantía” los pagos de planilla, siempre que los documentos cumplan con las disposiciones legales vigentes. La resolución establece una excepción importante: las facultades de Medicina y de Ciencias Agropecuarias no estarán sujetas a esta nueva medida. En esos casos, los actos de manejo de fondos y bienes públicos solo podrán ser refrendados hasta el límite de 50 mil dólares. El documento se sustenta en el artículo 55 de la Ley 32 de 1984, reformada por la Ley 351 de 2022, que otorga al contralor la facultad de delegar algunas de sus atribuciones. La resolución fue firmada por el contralor Anel Flores y el secretario general Ventura E. Vega, y ordena su publicación en la Gaceta Oficial para su entrada en vigencia. Las secuelas El rector evitó dar una cifra exacta sobre el monto pendiente de refrendo, pero estimó que podría superar el medio millón de dólares Solo el presupuesto anual destinado a las cafeterías universitarias —que benefician a miles de estudiantes en ocho sedes— ronda el millón de dólares, principalmente en la compra de proteínas. Flores también respondió a declaraciones recientes del presidente José Raúl Mulino, quien tildó de “vándalos” a algunos universitarios. “Es un error calificar a 90 mil estudiantes por el comportamiento de 10 o 15 personas, cuya identidad ni siquiera está clara”, replicó el rector. Además, reiteró su llamado al contralor para que acelere la aprobación de los documentos pendientes. “Es fundamental para el normal funcionamientodelainstitución. No podemos operar con eficacia si los recursos están congelados en trámites burocráticos”, concluyó. Profesores se pronuncian Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, José Álvaro, advirtió que los retrasos en el refrendo de documentos por parte de la Contraloría General están afectando el funcionamiento diario de la institución. Aunque el presupuesto está aprobado, explicó que el traslado de los trámites a la sede central de la Contraloría ha generado un “letargo” en la etapa de fiscalización, lo que mantiene paralizadas solicitudes clave para la operación de cafeterías, la compra de equipos de laboratorio y el pago de compensaciones a docentes que viajan a zonas apartadas. “Hay documentos con más de 30 días sin refrendo”, aseguró. Álvaro expresó su preocupación por el impacto directo en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mencionó que la falta de insumos y reparaciones, como las pendientes en el anexo del Centro Femenino, limita las funciones académicas y administrativas. cerca de $2 millones de los proyectos de Panamá Norte —correspondientes a su circuito electoral— para destinarlos a otras obras; mientras que Betserai centró sus críticas en el elevado monto asignado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) frente a su baja ejecución. Richards inició su intervención señalando que, de los $710 millones asignados al MOP en el presupuesto para 2025, unos 660 millones corresponden a inversión real, mientras que 40 millones son gastos de funcionamiento. Puso especial énfasis en que, a pesar de los refuerzos presupuestarios aprobados, la ejecución sigue rezagada. Según el corte de abril presentado por el diputado, el MOP recibió más de $200 millones adicionales al presupuesto original aprobado por ley, de los cuales 120 millones fueron destinados a emergencias. El diputado también llamó la atención sobre el bajo nivel de ejecución del presupuesto de inversiones. Al mes de abril, apenas se había utilizado el 19%, y para mayo el porcentaje subió al 29%, es decir, unos $200 millones. Con ese ritmo, advirtió Richards, sería improbable que el MOP lograra ejecutar siquiera lo aprobado por ley para fin de año. Andrade intentó justificar la situación con una explicación técnica: gran parte del presupuesto de inversión está comprometido en proyectos bajo la modalidad “llave en mano”, cuyos pagos están programados para el último trimestre del año, lo que retrasa su ejecución contable. El ministro explicó que más de $380 millones —el 65% del presupuesto— están comprometidos en estos proyectos. Según Andrade, si se suman al 29% ya ejecutado, se alcanzaría el 94% del total.
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