2A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito está en construcción desde abril de 2020, cuando recibió la orden de proceder. La obra debió entregarse en 2022. Isaac Ortega Fiscalía investiga el contrato del CRU de San Miguelito Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El rector de la UP, Eduardo Flores, confirmó que la fiscalía anticorrupción solicitó ‘hace dos o tres semanas’ copia del contrato de 2019 y sus seis adendas, así como el desglose de los pagos a favor de HCG. El Ministerio Público solicitó información a la Universidad de Panamá (UP) sobre los pagos realizados al consorcio HCG, responsable de la construcción del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, tras conocer que el contratista desvió fondos a sociedades y cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y dos personas más detenidas como parte de la Operación Jericó. La UP, a su vez, ha solicitado a la Contraloría General de la República que revise la última adenda al contrato con HCG, que incrementó el costo del proyecto en casi $15.5 millones, en reconocimiento al principio de equilibrio contractual. El rector de la UP, Eduardo Flores, confirmó a La Prensa que la fiscal anticorrupción, Lilia Bonome González solicitó “hace dos o tres semanas” copia del contrato de 2019 y sus seis adendas, así como el desglose de los pagos a favor de HCG, información que ya fue entregada. Flores aseguró que no tenía conocimiento de las transacciones irregulares ligadas al consorcio. “Si el dueño de la empresa tiene algún vínculo con un diputado que está siendo investigado, eso no es culpa de la universidad”, expresó. El Consorcio HCG está dirigido por el costarricense Juan José Zonta y su socio Luis Alberto Gaitán. Desde 2020, Zonta figura como accionista y presidente del club Sporting San Miguelito, anteriormente presidido por el diputado Pineda. En esa misma sociedad figuraba como secretario Rico Pineda, hoy detenido por presunto blanqueo de capitales. Según informes de inteligencia a los que accedió La Prensa, desde cuentas del consorcio se habrían realizado transferencias a tres sociedades vinculadas a los Pineda. Una de ellas, Servicios Múltiples Rama, SA, recibió por lo menos $433 mil entre junio de 2023 y abril de 2024. Esta empresa, dedicada a de servicios de limpieza y vinculada a Rico Pineda, fue allanada como parte de la Operación Jericó. Zonta aseguró que los informes manejados por el Ministerio Público “contienen mucha información manipulada”. Indicó que prefiere esperar “el criterio” de sus abogados, antes de ampliar sus declaraciones. Un equilibrio que desequilibra El rector reveló que solicitó al contralor Anel Bolo Flores revisar la adenda que elevó el monto del contrato de $69.1 millones a casi $85 millones. El monto originalmente pactado en el contrato fue de $65.9 millones. Tanto el contrato como las seis adendas fueron firmadas por el rector Flores y refrendadas por la Contraloría, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 6 de septiembre de 2024. En representación del consorcio (integrado por Healthcare Products Centroamérica y Construcciones y Mantenimiento General, SA) firma Zonta; solo una adenda lleva la firma de Gaitán. La mayoría de las adendas (las número 1, 2, 3 y 5) concedieron más tiempo para el desarrollo de la obra. En la cuarta adenda, se ajustó el precio a $69,1 millones; en la sexta, se levantó a casi $85 millones. Según Flores, con la última adenda, HCG recuperó un incremento de $28 millones, alegando pérdidas ocasionadas por la pandemia respiratoria y la guerra entre Rusia y Ucrania. Ante la falta de experiencia técnica de la universidad para evaluar este tipo de reclamos, se solicitó asesoría a la Contraloría General y a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Gracias a esa “orientación”, dó que los pagos se hacían conforme avanzaba la obra. Flores sostiene que, hasta ahora, se ha desembolsado el 82% del total, equivalente a unos $56 millones. Calculó que el avance físico del proyecto supera el 90%, aunque la universidad aún no tiene una fecha definida de inauguración. La entrega estaba prevista para octubre, pero “no la vamos a poder recibir o no la van a tener lista para recibir”, advirtió. “Nosotros queremos que todo se haga con transparencia y con base en la ley”, dijo el rector. Añadió que no se opone a que el caso sea revisado por una fiscalía especializada o por la Oficina de Anticorrupción, y que la institución está dispuesta a colaborar plenamente con las investigaciones. Zonta, en entrevista telefónica con La Prensa desde República Dominicana — donde atiende otros negocios—, confirmó que la abogada Odila Castillo le fue recomendada por “muchas constructoras”, por su experiencia en el manejo del principio equilibrios contractuales. Aseguró que el proceso se hizo siguiendo los lineamientos de la Contraloría de ese entonces y confirmó que el monto aprobado fue la mitad de lo solicitado originalmente. El empresario costarricense también formó parte de una comitiva que, en junio de 2019, acompañó al entonces presidente electo Laurentino Cortizo en su primer viaje oficial al extranjero. En ese viaje, supuestamente organizado para “conocer de cerca programas exitosos sobre medicamentos accesibles”, participaron Rafael Sabonge y José Alejandro Rojas, quienes ejercieron como ministro de Obras Públicas y ministro consejero, respectivamente, en el gobierno de Cortizo. Desde hace varios días, La Prensa intenta obtener la versión del diputado Raúl Pineda, sin obtener respuesta. Su asistente en la Asamblea Nacional confirmó que Pineda recibió los mensajes en los que se le pide una entrevista. el monto del reclamo por equilibrio contractual se reduce de $28 millones a $15 millones. El rector confirmó que la solicitud de incremento de costos que presentó el consorcio fue preparada por la firma de la abogada Odila Castillo, exasesora de Gerardo Solís, que en aquella época era el contralor. Aunque su firma está en la adenda que reconoce un incremento de $15 millones “para mantener el equilibrio económico del contrato”, Flores piensa ahora que el monto “sigue siendo alto”, así que ahora pide una nueva revisión a Anel Flores, quien reemplazó a Solís al frente de la Contraloría en enero pasado. “Aún no hemos pagado un centavo”, aseguró. En el contrato se acorUI UNIDAD INVESTIGATIVA Yaritza Mojica [email protected] Vista parcial de las estructuras en construcción del CRU de San Miguelito. Isaac Ortega Retrasos y auditorías complican entrega de las nuevas estructuras El proyecto de construcción del nuevo Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, ubicado en la entrada de Chivo Chivo, en la comunidad de Las Cumbrecitas, corregimiento de Las Cumbres, en Panamá norte, ha quedado en medio de auditorías por parte de la Contraloría General de la República (CGR) e investigaciones judiciales de alto perfil, situación que preocupa a los docentes y a la comunidad estudiantil. El actual CRU, que se ubica en dos plantas del centro comercial La Gran Estación —una alquilada y la otra adquirida en 2016— presenta serias deficiencias, como infraestructuras inadecuadas, hacinamiento, falta de salones y baños y filtraciones de agua. Un recorrido por estas instalaciones dejó en evidencia que los 6,000 estudiantes que asisten en horarios matutino, vespertino y nocturno, así como los 80 administrativos y 280 docentes, necesitan con urgencia las nuevas instalaciones. De los 62 salones que han logrado habilitar —incluso en los estacionamientos de la planta principal— varios no están operativos porque, cuando llueve, se inundan. Incluso, en los pasillos del centro regional universitario, recientemente se filtró una gran cantidad de agua que tuvo que ser recogida con tanques, afectando un salón contiguo, explicó Miguel Delgado, catedrático del CRU de San Miguelito. Tanto Delgado como el director del CRU, Luis Acosta, coinciden en que existe una necesidad urgente de que el proyecto de la nueva sede sea entregado sin más retrasos. Actualmente, la obra — que reporta un avance del 95.6%— está siendo construida por el Consorcio HCG. A pesar de que la obra ya tiene edificados sus 12 edificios, un muro perimetral, estacionamientos, vías internas de acceso y canchas deportivas, un auditorio y de que se están realizando los trabajos menores denominados “obra muerta”, el proyecto no podrá ser entregado en octubre de 2025, como lo estipula el contrato entre la Universidad de Panamá (UP) y el Consorcio HCG. Eduardo Flores Castro, rector de la UP, confirmó que al proyecto del nuevo CRU de San Miguelito se le debe incluir una planta de tratamiento de aguas. Para ello se incorporó una adenda por un monto de $3.5 millones, pero aún no ha sido refrendada por la Contraloría de la República, lo que retrasa la entrega final del proyecto. La adenda se dio porque, en el diseño original, se había previsto que el sistema de aguas residuales se conectaría a los ductos de la planta de tratamiento del proyecto Saneamiento de la Bahía, siempre que se permitiera el paso de las tuberías por debajo de los terrenos del nuevo CRU. Esto permitiría la conexión a las tuberías existentes. Sin embargo, “después de año y medio se informó a la UP que no podrían hacer la conexión, ya que las tuberías eran demasiado pequeñas, por lo que debieron buscar otra solución”, dijo Flores. Ahora, la UP está a la espera de que el contralor Anel Flores refrende la adenda, para que el consorcio avance con la planta de tratamiento. Hasta este momento, el costo de la obra asciende a $69 millones. El rector informó que, a pesar de que el proyecto tiene un avance del 95.6 %, solo se ha pagado el 82 % del total, es decir, unos $56 millones. Se informó que hay cuentas pendientes por pagar, relacionadas con avances de obra que aún no han sido refrendadas por la Contraloría. La UP estima que alrededor de un millón de dólares en obras realizadas está pendiente de pago. Otro aspecto que ha generado demoras son las verificaciones y auditorías que realiza la Contraloría en el proyecto, tras una solicitud de la UP a la nueva administración, que revisará la solicitud del Consorcio HCG por $28 millones, como parte del equilibrio contractual, debido a demoras e incrementos de precios por el covid-19 y la inflación causada por la guerra en Ucrania. Actualmente, en el proyecto se mantiene un número mínimo de personal realizando labores de pintura, limpieza, instalación de baldosas, resane de paredes, entre otras tareas menores. Mientras tanto, los universitarios —procedentes en su mayoría del distrito especial de San Miguelito, Panamá norte y el sector de la 24 de Diciembre— siguen a la espera de un centro regional digno.
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