1A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 6 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15039 Hoy por hoy La Universidad de Panamá quedó en el centro de una trama que combina opacidad, sobrecostos y posibles delitos financieros. El contrato para construir el Centro Regional Universitario de San Miguelito, firmado por el rector Eduardo Flores y modificado con seis adendas, terminó beneficiando a un consorcio cuyos fondos habrían sido desviados a cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y otros implicados en la Operación Jericó. Flores ahora se deslinda: dice que desconocía lo ocurrido y reconoce que la principal universidad del Estado no tiene capacidad técnica para evaluar los reclamos que justificaron elevar el costo del proyecto de $65.9 millones a casi $85 millones. La adenda que validó ese aumento fue elaborada por la firma de una exasesora del contralor Gerardo Solís. Pero una universidad no puede escudarse en su fragilidad institucional para convalidar decisiones que comprometen recursos públicos. Si no se robustece su capacidad de gestión y fiscalización, seguirá siendo presa fácil de intereses externos. La educación superior no se salva con discursos. Transparencia, rigor y control: eso también se enseña, y sobre todo, se practica. Ellas.pa Keytlin de la Fressange: hay que ser feliz 6B El método futbolístico de Jorge Dely Valdés 10A Deportes Sindicalistas esperan resultado de la audiencia. Isaac Ortega Casa por cárcel para Genaro; usará brazalete y no podrá salir del país CRU no estará listo en 2025 RED FROG Juan Manuel Díaz [email protected] El exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, Genaro López, ganó una batalla judicial: logró que un juez le cambiara la medida cautelar de detención provisional por arresto domiciliaro. Sin embargo, el dirigente investigado por la supuesta comisión de delitos como blanqueo de capitales, deberá portar brazalete electrónico y no podrá salir del país. Los magistrados Fernando Alonso, Frank Torres y Yoles Pittí consideraron que la decisión adoptada es suficiente para mantener al imputado arraigado al proceso. VEA 8A Fiscal rastrea nexos entre consorcio HCG y los Pineda Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Eduardo Flores firmó el contrato y sus adendas; HCG recibió millones, parte de los cuales habrían sido desviados a cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda. El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, admitió haber firmado una adenda que elevó el contrato del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito de $69.1 millones a casi $85 millones, bajo el principio de equilibrio contractual. Según explicó, el consorcio HCG —a cargo del proyecto— alegó pérdidas, lo que motivó un reclamo de $28 millones. Con asesoría externa y respaldo de la Contraloría de entonces, el monto se redujo a $15.5 millones. Flores reconoció que la solicitud fue preparada por la firma de Odila Castillo, exasesora del contralor Gerardo Solís. Aunque refrendó el ajuste, hoy considera que el monto “sigue siendo alto” y pidió una nueva revisión. El caso dio un giro tras revelarse que el Ministerio Público investiga pagos al consorcio, en el marco de la operación Jericó. Se indaga si fondos públicos fueron desviados a sociedades ligadas al diputado Raúl Pineda y su hijo, Abraham Rico Pineda, hoy detenido por presunto blanqueo. VEA 2A Senén Briceño: ‘La huelga en Bocas fue financiada políticamente’ ENTREVISTA Eliana Morales Gil [email protected] Senén Briceño, abogado y periodista bocatoreño, sostiene que la huelga banane- Senén Briceño. Cortesía Vencerá concesión eléctrica: empieza la transición En octubre de 2028 vence la concesión de las distribuidoras eléctricas. La ASEP inició pasos preliminares para definir la licitación que determinará quién controlará la distribución de energía en Panamá. VEA 1B Contraloría endurece control del gasto de la Universidad de Panamá La Contraloría eliminó la facultad de refrendo descentralizado en la Universidad de Panamá, centralizando los controles de gasto. La UP advirtió que la medida retrasa pagos y afecta su capacidad operativa y académica. VEA 8A ra en Bocas del Toro no es solo una protesta laboral, sino una estrategia política financiada por sectores vinculados al PRD. Según Briceño, existe una estrecha relación entre Francisco Smith, líder de Sitraibana, y el diputado Benicio Robinson, presidente del partido, quien habría impulsado acciones para proyectar a los diputados como salvadores del conflicto y reforzar su influencia política en la provincia a través de la movilización sindical. VEA 6A UI UNIDAD INVESTIGATIVA Isaac Ortega
2A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito está en construcción desde abril de 2020, cuando recibió la orden de proceder. La obra debió entregarse en 2022. Isaac Ortega Fiscalía investiga el contrato del CRU de San Miguelito Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El rector de la UP, Eduardo Flores, confirmó que la fiscalía anticorrupción solicitó ‘hace dos o tres semanas’ copia del contrato de 2019 y sus seis adendas, así como el desglose de los pagos a favor de HCG. El Ministerio Público solicitó información a la Universidad de Panamá (UP) sobre los pagos realizados al consorcio HCG, responsable de la construcción del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, tras conocer que el contratista desvió fondos a sociedades y cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y dos personas más detenidas como parte de la Operación Jericó. La UP, a su vez, ha solicitado a la Contraloría General de la República que revise la última adenda al contrato con HCG, que incrementó el costo del proyecto en casi $15.5 millones, en reconocimiento al principio de equilibrio contractual. El rector de la UP, Eduardo Flores, confirmó a La Prensa que la fiscal anticorrupción, Lilia Bonome González solicitó “hace dos o tres semanas” copia del contrato de 2019 y sus seis adendas, así como el desglose de los pagos a favor de HCG, información que ya fue entregada. Flores aseguró que no tenía conocimiento de las transacciones irregulares ligadas al consorcio. “Si el dueño de la empresa tiene algún vínculo con un diputado que está siendo investigado, eso no es culpa de la universidad”, expresó. El Consorcio HCG está dirigido por el costarricense Juan José Zonta y su socio Luis Alberto Gaitán. Desde 2020, Zonta figura como accionista y presidente del club Sporting San Miguelito, anteriormente presidido por el diputado Pineda. En esa misma sociedad figuraba como secretario Rico Pineda, hoy detenido por presunto blanqueo de capitales. Según informes de inteligencia a los que accedió La Prensa, desde cuentas del consorcio se habrían realizado transferencias a tres sociedades vinculadas a los Pineda. Una de ellas, Servicios Múltiples Rama, SA, recibió por lo menos $433 mil entre junio de 2023 y abril de 2024. Esta empresa, dedicada a de servicios de limpieza y vinculada a Rico Pineda, fue allanada como parte de la Operación Jericó. Zonta aseguró que los informes manejados por el Ministerio Público “contienen mucha información manipulada”. Indicó que prefiere esperar “el criterio” de sus abogados, antes de ampliar sus declaraciones. Un equilibrio que desequilibra El rector reveló que solicitó al contralor Anel Bolo Flores revisar la adenda que elevó el monto del contrato de $69.1 millones a casi $85 millones. El monto originalmente pactado en el contrato fue de $65.9 millones. Tanto el contrato como las seis adendas fueron firmadas por el rector Flores y refrendadas por la Contraloría, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 6 de septiembre de 2024. En representación del consorcio (integrado por Healthcare Products Centroamérica y Construcciones y Mantenimiento General, SA) firma Zonta; solo una adenda lleva la firma de Gaitán. La mayoría de las adendas (las número 1, 2, 3 y 5) concedieron más tiempo para el desarrollo de la obra. En la cuarta adenda, se ajustó el precio a $69,1 millones; en la sexta, se levantó a casi $85 millones. Según Flores, con la última adenda, HCG recuperó un incremento de $28 millones, alegando pérdidas ocasionadas por la pandemia respiratoria y la guerra entre Rusia y Ucrania. Ante la falta de experiencia técnica de la universidad para evaluar este tipo de reclamos, se solicitó asesoría a la Contraloría General y a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Gracias a esa “orientación”, dó que los pagos se hacían conforme avanzaba la obra. Flores sostiene que, hasta ahora, se ha desembolsado el 82% del total, equivalente a unos $56 millones. Calculó que el avance físico del proyecto supera el 90%, aunque la universidad aún no tiene una fecha definida de inauguración. La entrega estaba prevista para octubre, pero “no la vamos a poder recibir o no la van a tener lista para recibir”, advirtió. “Nosotros queremos que todo se haga con transparencia y con base en la ley”, dijo el rector. Añadió que no se opone a que el caso sea revisado por una fiscalía especializada o por la Oficina de Anticorrupción, y que la institución está dispuesta a colaborar plenamente con las investigaciones. Zonta, en entrevista telefónica con La Prensa desde República Dominicana — donde atiende otros negocios—, confirmó que la abogada Odila Castillo le fue recomendada por “muchas constructoras”, por su experiencia en el manejo del principio equilibrios contractuales. Aseguró que el proceso se hizo siguiendo los lineamientos de la Contraloría de ese entonces y confirmó que el monto aprobado fue la mitad de lo solicitado originalmente. El empresario costarricense también formó parte de una comitiva que, en junio de 2019, acompañó al entonces presidente electo Laurentino Cortizo en su primer viaje oficial al extranjero. En ese viaje, supuestamente organizado para “conocer de cerca programas exitosos sobre medicamentos accesibles”, participaron Rafael Sabonge y José Alejandro Rojas, quienes ejercieron como ministro de Obras Públicas y ministro consejero, respectivamente, en el gobierno de Cortizo. Desde hace varios días, La Prensa intenta obtener la versión del diputado Raúl Pineda, sin obtener respuesta. Su asistente en la Asamblea Nacional confirmó que Pineda recibió los mensajes en los que se le pide una entrevista. el monto del reclamo por equilibrio contractual se reduce de $28 millones a $15 millones. El rector confirmó que la solicitud de incremento de costos que presentó el consorcio fue preparada por la firma de la abogada Odila Castillo, exasesora de Gerardo Solís, que en aquella época era el contralor. Aunque su firma está en la adenda que reconoce un incremento de $15 millones “para mantener el equilibrio económico del contrato”, Flores piensa ahora que el monto “sigue siendo alto”, así que ahora pide una nueva revisión a Anel Flores, quien reemplazó a Solís al frente de la Contraloría en enero pasado. “Aún no hemos pagado un centavo”, aseguró. En el contrato se acorUI UNIDAD INVESTIGATIVA Yaritza Mojica [email protected] Vista parcial de las estructuras en construcción del CRU de San Miguelito. Isaac Ortega Retrasos y auditorías complican entrega de las nuevas estructuras El proyecto de construcción del nuevo Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, ubicado en la entrada de Chivo Chivo, en la comunidad de Las Cumbrecitas, corregimiento de Las Cumbres, en Panamá norte, ha quedado en medio de auditorías por parte de la Contraloría General de la República (CGR) e investigaciones judiciales de alto perfil, situación que preocupa a los docentes y a la comunidad estudiantil. El actual CRU, que se ubica en dos plantas del centro comercial La Gran Estación —una alquilada y la otra adquirida en 2016— presenta serias deficiencias, como infraestructuras inadecuadas, hacinamiento, falta de salones y baños y filtraciones de agua. Un recorrido por estas instalaciones dejó en evidencia que los 6,000 estudiantes que asisten en horarios matutino, vespertino y nocturno, así como los 80 administrativos y 280 docentes, necesitan con urgencia las nuevas instalaciones. De los 62 salones que han logrado habilitar —incluso en los estacionamientos de la planta principal— varios no están operativos porque, cuando llueve, se inundan. Incluso, en los pasillos del centro regional universitario, recientemente se filtró una gran cantidad de agua que tuvo que ser recogida con tanques, afectando un salón contiguo, explicó Miguel Delgado, catedrático del CRU de San Miguelito. Tanto Delgado como el director del CRU, Luis Acosta, coinciden en que existe una necesidad urgente de que el proyecto de la nueva sede sea entregado sin más retrasos. Actualmente, la obra — que reporta un avance del 95.6%— está siendo construida por el Consorcio HCG. A pesar de que la obra ya tiene edificados sus 12 edificios, un muro perimetral, estacionamientos, vías internas de acceso y canchas deportivas, un auditorio y de que se están realizando los trabajos menores denominados “obra muerta”, el proyecto no podrá ser entregado en octubre de 2025, como lo estipula el contrato entre la Universidad de Panamá (UP) y el Consorcio HCG. Eduardo Flores Castro, rector de la UP, confirmó que al proyecto del nuevo CRU de San Miguelito se le debe incluir una planta de tratamiento de aguas. Para ello se incorporó una adenda por un monto de $3.5 millones, pero aún no ha sido refrendada por la Contraloría de la República, lo que retrasa la entrega final del proyecto. La adenda se dio porque, en el diseño original, se había previsto que el sistema de aguas residuales se conectaría a los ductos de la planta de tratamiento del proyecto Saneamiento de la Bahía, siempre que se permitiera el paso de las tuberías por debajo de los terrenos del nuevo CRU. Esto permitiría la conexión a las tuberías existentes. Sin embargo, “después de año y medio se informó a la UP que no podrían hacer la conexión, ya que las tuberías eran demasiado pequeñas, por lo que debieron buscar otra solución”, dijo Flores. Ahora, la UP está a la espera de que el contralor Anel Flores refrende la adenda, para que el consorcio avance con la planta de tratamiento. Hasta este momento, el costo de la obra asciende a $69 millones. El rector informó que, a pesar de que el proyecto tiene un avance del 95.6 %, solo se ha pagado el 82 % del total, es decir, unos $56 millones. Se informó que hay cuentas pendientes por pagar, relacionadas con avances de obra que aún no han sido refrendadas por la Contraloría. La UP estima que alrededor de un millón de dólares en obras realizadas está pendiente de pago. Otro aspecto que ha generado demoras son las verificaciones y auditorías que realiza la Contraloría en el proyecto, tras una solicitud de la UP a la nueva administración, que revisará la solicitud del Consorcio HCG por $28 millones, como parte del equilibrio contractual, debido a demoras e incrementos de precios por el covid-19 y la inflación causada por la guerra en Ucrania. Actualmente, en el proyecto se mantiene un número mínimo de personal realizando labores de pintura, limpieza, instalación de baldosas, resane de paredes, entre otras tareas menores. Mientras tanto, los universitarios —procedentes en su mayoría del distrito especial de San Miguelito, Panamá norte y el sector de la 24 de Diciembre— siguen a la espera de un centro regional digno.
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4A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] FRIQUEO. Desde la semana pasada, la bancada de Vamos repartió las comisiones legislativas entre sus miembros. Betserai Richards, quien participó en esa reunión, no quedó ni en la Comisión de Presupuesto ni en la de Credenciales. Eso podría justificar su estampida. PACES. Parece que Anel Flores y Dana Castañeda han declarado una especie de armisticio. Hace dos meses, cuando los auditores de la Contraloría se instalaron en la Asamblea, se recriminaban mutuamente: ella lo acusó de pretender “cogobernar” y “humillar” al personal del Legislativo; él replicó que ella misma promovía el “acoso” de los auditores y la acusó directamente de haber nombrado a 721 funcionarios desde que asumió el cargo. Ahora, en cambio, el contralor anunció que Castañeda está colaborando con la instalación de relojes de marcación, para que cada funcionario del Legislativo los utilice tres veces al día: al iniciar su jornada, al retirarse para almorzar y al salir. Y todos felices. No está mal que hayan entendido el sistema de pesos y contrapesos en la administración pública. Ojalá esas señales se hagan visibles en todas las instancias. MALA NOTA. El secretario general de la AEVE, Luis Sánchez, reconoció que ha cobrado puntualmente su quincena desde que se declaró la huelga, el pasado 23 de abril, a diferencia de muchos de sus colegas educadores, que ahora “se comen un cable”. Pero Sánchez sostiene que ese no es su problema y hasta culpó a la Contraloría, alegando que quiere que cobre para así indisponerlo y generar contenido para las conferencias de prensa de Anel Flores. ¿Estas son las mentes disfuncionales que dictan clases a nuestros estudiantes? Con razón. FUERA. Hay un movimiento en Arraiján que promete recolectar firmas para solicitar la revocatoria del curul del diputado independiente Manuel Cheng. Incluso solicitan el apoyo de Juan Diego Vásquez, ya que algunos sostienen que votaron por Cheng por ser el candidato de la coalición Vamos. El Código Electoral le otorga ese derecho a la ciudadanía, y alLos docentes protestan al ritmo de un tamborito. Alexander Arosemena Dirigentes magisteriales desmienten acusaciones Aleida Samaniego C. [email protected] SECTOR OFICIAL Docentes en huelga rechazan acusaciones de cobros irregulares en medio de paro indefinido y denuncian manipulación por parte del contralor de Panamá. Una lista que circula en redes sociales ha generado polémica al señalar a dirigentes magisteriales de cobrar sin trabajar. Los gremios, sin embargo, han reaccionado enérgicamente, desmintiendo las acusaciones y asegurando que la información es falsa. El listado comenzó a circular poco después de que el contralor, Anel Flores, revelara que 82 dirigentes que aún permanecen en paro siguen cobrando sus salarios. “Esto indica que alguien está registrando su asistencia en su lugar, lo que representa una irregularidad grave que estamos investigando”, señaló Flores. Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), es uno de los nombres que figura en la lista. Sánchez aclaró que hace más de un mes no se presenta en el Instituto José Dolores Moscote, por lo que no ha recibido ningún pago. Asimismo, explicó que la firma de asistencia en su institución se realiza mediante huella dactilar, lo que garantiza la veracidad de su asistencia. “En el reloj digital del colegio debe constar si registré mi huella dactilar. Si encuentran mi huella allí, les concedo la razón. Sin embargo, eso es falso. He visto nombres de compañeros que ya están jubilados y ni siquiera laboran como docentes. También he notado que figuran en la lista colegas que están con licencia sin salario en el Ministerio de Educación (Meduca), y aún así aparecen en el listado”, afirmó. Por su parte, Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), quien también figura en la lista, manifestó que en ella se incluyen educadores que no están en huelga y que no están cobrando, mientras que otros, que sí están en huelga, figuran en ella. “Que nos digan quiénes son esos dirigentes que marcan asistencia y van a huelga.Leretamos”,afirmóSánchez. Aseguró que las acusaciones forman parte de una “maniobra sucia” por parte del contralor Flores y la ministra Lucy Molinar, quienes, de manera selectiva, han optado por no tomar medidas respecto al salario de ciertos dirigentes magisteriales, como es su caso. Tanto Diógenes Sánchez como Luis Sánchez coincidieron en que la estrategia del contralor Flores parece tener como objetivo dividir a los educadores y generar desconfianza dentro de los gremios. Otro dirigente que aparece en la lista es Humberto Montero, del Frente Nacional de Educadores Independientes, quien también desmintió los señalamientos del contralor. Según Montero, las acusaciones que circulan en redes sociales son infundadas y carecen de fundamento. “Eso es falso. Eso es falso”, expresó con firmeza el dirigente, quien comentó que la lista proviene de una plataforma no oficial y que cualquier nombre podría figurar en ella sin que corresponda a la realidad. Montero cuestionó la veracidad de la información proporcionada y destacó que el contralor debería aclarar quiénes son los dirigentes realmente involucrados en cobros indebidos. Además, Montero expresó: “Estamos luchando por nuestros derechos, y el contralor debería aclarar si algún dirigente ha recibido estos pagos mientras está en huelga. Eso es lo que realmente queremos que se aclare”. Los docentes están en paro indefinido desde el pasado 23 de abril, en rechazo a la Ley 462 de marzo de 2025, que reformó, entre otros aspectos, el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Mientras, los estudiantes están en espera del regreso a las aulas de clases. Este prolongado paro ha tenido un impacto significativo en el calendario escolar. Un estudio realizado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá reveló que, además de los efectos de la pandemia de covid-19, las dificultades sociales y económicas han causado una pérdida acumulada de entre 490 y 550 días lectivos presenciales. Yaritza Mojica [email protected] Ángela Laguna, nueva rectora. Cortesía Angela Laguna, nueva rectora de la UTP, según datos extraoficiales ELECCIONES La ingeniera civil Ángela Laguna se perfila extraoficialmente como la ganadora de las elecciones para la rectoría de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), para el periodo 2023-2028. En los comicios realizados el pasado 4 de junio en todas las regiones y extensiones de la UTP, votaron unas 32 mil personas, entre estudiantes, docentes y administrativos. En estas elecciones también competía por el cargo de rectora la catedrática Marcela Paredes. Extraoficialmente se conoce que el 60% de los votos los obtuvo Laguna, mientras que un 38.8% Paredes. Laguna se graduó de ingeniera civil en la UTP y es catedrática con más de 35 años de experiencia en el ámbito profesional y en la docencia universitaria. Ha colaborado en temas de salud y medio ambiente con el Ministerio de Salud. Fue vicerrectora académica y, posteriormente, rectora encargada de la UTP durante el año 2025, tras el fallecimiento del rector Omar Aizprúa. Dejó ese cargo para postularse oficialmente como candidata en estas elecciones. Durante su campaña, la ingeniera civil se comprometió a fortalecer la oferta académica mediante la creación, revisión y actualización de carreras, así como a continuar invirtiendo en infraestructura y equipamiento tecnológico en las sedes universitarias. Por su parte, Paredes en un comunicado reconoció el triunfo de Laguna en estas elecciones rectorales. Además, aprovechó la ocasión para hacer un llamado al desarrollo de una gestión en un ambiente de paz y tranquilidad, tal como lo contemplaba en su propuesta. Destacó que “se debe luchar juntos para que la UTP alcance mejores escenarios, destacándose como la mejor universidad del país, y para ello cuenta con su mejor recurso: su gente”. Estas elecciones fueron organizadas por el Gran Jurado de Elecciones de la UTP, entidad encargada de este proceso electoral, al que corresponderá oficializar, en las próximas horas, el triunfo de Laguna a la rectoría de esta casa de estudios superiores. La proclamación oficial tendrá lugar el 4 de julio. gún día habrá que aprender a ejercerlo. ¿Por qué no ahora? RECONOCIMIENTO. El presidente Mulino tenía compromisos la mañana de ayer, jueves, pero en lugar de cancelar su conferencia de prensa habitual, la pospuso para hoy. Hay que reconocer que, desde que comenzaron estas conferencias, las únicas que no se han llevado a cabo han sido aquellas que coincidieron con un viaje. Mulino no será perfecto, pero ahí está, dando la cara, aunque sea una vez a la semana.
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6A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 Panorama La empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud) aclaró que la suspensión de los servicios de recolección de desechos en las escuelas del distrito de San Miguelito, prevista para el 30 de junio de 2025, fue comunicada con la debida anticipación como parte de una medida responsable y preventiva. Esta decisión surgió tras los recientes señalamientos de la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, quien puso en duda la legalidad y el cumplimiento del contrato entre la empresa y las autoridades municipales. Revisalud explicó que dicha suspensión tiene como objetivo generar el espacio necesario para atender los factores que actualmente limitan la renovación del acuerdo interinstitucional entre el Municipio de San Miguelito y el MinisSuspensión de recolección en San Miguelito: Revisalud responde a la alcaldesa Hernández terio de Educación (Meduca). Ante las declaraciones de Hernández, Revisalud subrayó que tanto la empresa como el Meduca han presentado reiteradas solicitudes formales al Municipio de San Miguelito para avanzar en el proceso de renovación del acuerdo. Sin embargo, hasta la fecha, no se han concretado acciones efectivas que permitan una solución viable y sostenible para asegurar la continuidad del servicio de recolección. En este sentido, pidió al Municipio establecer de inmediato las mesas de trabajo propuestas hace más de un mes. Revisalud también enfatizó que el principal obstáculo sigue siendo la falta de avances en el proceso de diálogo interinstitucional, que es esencial para alcanzar una solución sostenible y oportuna que beneficie a la comunidad educativa. En relación con las acusaciones de Hernández sobre la adenda al contrato, Revisalud desmintió rotundamente que el propósito de la modificación fuera pactar un valor adicional en beneficio de la empresa. Según un comunicado de la empresa, dicha afirmación carece de fundamento técnico y jurídico, y distorsiona el propósito real de la modificación. Una niña ngäbe cruza a pie el nuevo puente sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Guabito, Bocas del Toro. Alexander Arosemena Crisis en Bocas: el caos, la huelga y la sombra del dirigente del PRD Eliana Morales Gil [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA La crisis en Bocas del Toro, agravada por al menos 30 días de huelga y bloqueos, expone presuntos vínculos políticos entre el dirigente sindical Francisco Smith y el diputado Benicio Robinson, según denuncias del abogado Senén Briceño. La provincia de Bocas del Toro enfrenta una de sus crisis más agudas luego de más de 30 días de huelga bananera y bloqueos de vías que han paralizado la economía local. Senén Briceño, abogado y periodista bocatoreño, en una entrevista concedida a este medio, denunció que detrás de las protestas hay un entramado político que apunta directamente al presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD): Benicio Robinson. De acuerdo con Briceño, Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) y rostro visible de la pugna con el gobierno por la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), mantiene una estrecha relación con el presidente del PRD. Según Briceño, Robinson contactó a Smith para pedirle que, junto con otros dirigentes y grupos de apoyo, se trasladen a la Asamblea en Panamá para solicitar la reactivación de la discusión de una ley para reformar la normativa de la Caja de Seguro Social, con el fin de aparentar que están resolviendo la huelga iniciada en Bocas del Toro y responder a las demandas de educadores y sindicatos como el Suntracs. Para Briceño, se trata de una estrategia política destinada a proyectar la imagen de que los diputados son los salvadores del conflicto. Interes políticos Briceño fue más allá al afirmar que la huelga y los bloqueos de carreteras en Bocas del Toro no solo responde a demandas laborales, sino también a intereses políticos. “Yo me reitero en que la huelga ha sido financiada políticamente”, aseguró. Estas declaraciones se producen en un momento crítico, luego de que la empresa Chiquita Panamá liquidara a toda la planilla sindical, generando lo que Briceño denomina “una desnaturalización jurídica del sindicato”, porque “ya no hay pago de cuota sindical a la cuenta del sindicato. Eso implica que el sindicato pierde su naturaleza jurídica porque ya no es sindicato”. El abogado sostiene que el vínculo entre Smith y Robinson “no es de ahora” y que ambos “han estado moviendo recursos y beneficios” desde hace años, con una maquinaria política que trasciende las huelgas bananeras. Sin embargo, Smith niega tener algún vínculo con Benicio Robinson. Asegura que su lucha es exclusivamente sindical y que carece de cualquier componente político. Incluso afirma que mantiene “cero” contacto con el diputado a quien muchos le atribuyen la concentración del poder en la provincia. La denuncia La crisis en Bocas del Toro ha escalado al punto de que la movilidad se ha vuelto una odisea. En toda la provincia, según Briceño, hay alrededor de 40 vías bloqueadas. Por esta razón, el abogado y periodista denunció a Smith para que se le investigue por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, delitos comunes, contra los medios de transporte, apología del delito y delitos contra la personalidad interna del Estado. “El panameño de a pie tiene que caminar largas distancias para moverse de un punto a otro porque el transporte ha triplicado el costo del pasaje”, señaló Briceño. “Estamos hablando de que, si se van o se fueron ya cinco mil trabajadores, hasta dentro de dos años podríamos tener nuevamente circulación económica”, dijo, refiriéndose al cierre de Chiquita. “Con la denuncia, yo obligo al Ministerio Público a activar la acción penal”, explicó. Sin embargo, hasta el momento, dice no haber recibido respuesta de la fiscalía. “Yo la presenté el miércoles a las 10 de la mañana, y hasta la fecha de hoy (jueves) no he recibido una llamada de nadie”. Peor que en 2023 Para Briceño, la situación en la provincia es peor que la vivida durante las protestas mineras de 2023. “Aquí hay un nivel de pobreza muy elevado en el grupo de la etnia Ngäbe Buglé, muy elevado. Esto sería como la cereza del dulce, esto es ya para vivir un ambiente en la provincia desastroso”, lamentó. El abogado hizo un llamado al presidente Mulino: “La Constitución no se aplica selectivamente en este país. Él, desde el primer día, debió agotar todo lo que ha sido posible para que esto no llegara a los niveles que hemos vivido y al daño que se ha ocasionado”, sentenció. Mientras tanto, la huelga continúa, y la pugna entre el sindicato y el gobierno se mezcla con las acusaciones de un trasfondo político que, según Briceño, beneficia a quienes buscan consolidar su poder en la provincia. Tres agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) resultaron heridos al registrarse nuevos enfrentamientos en la comunidad de Arimae, provincia de Darién. En un comunicado, el Senafront informó que un subcomisionado, un teniente y un cabo segundo fueron trasladados hacia un centro médico tras resultar heridos en la protesta. Se informó que los hechos se registraron cuando los agentes del Senafront procedían a abrir la vía durante una protesta en Arimae. “Estas unidades fueron agredidas por manifestantes que les arrojaron piedras; incluso una de ellas fue cortada en una de sus manos con un machete”, se plasma en un comunicado del Senafront. Por otro lado, la entidad afirma que, en medio de la situación, un rancho fue incendiado con una bomba de fabricación casera, conocida como molotov. El Senafront resalta que, desde que iniciaron las manifestaciones en Arimae, se han decomisado bombas molotov. De igual forma, se ha reportado a manifestantes Nuevos enfrentamientos en Arimae, Darién; tres agentes resultan heridos TENSIÓN heridos, pero hasta el momento ni las autoridades policiales ni de salud han confirmado la cantidad de heridos ni la magnitud. En este sector del país se han registrado protestas y la situación es tensa, luego que una agente del Senafront fue agredida y privada de su libertad. Hay cerca de cinco personas investigadas por el Ministerio Público por este hecho. En Arimae están protestando grupos indígenas. También en las inmediaciones de la Universidad de Panamá se reportaron ayer enfrentamientos entre manifestantes que bloquearon la Transísmica y agentes antidisturbios de la Policía Nacional que intentan despejar la vía. He nry Cárdenas P. [email protected] Un agente del Senafront es atendido tras resultar herido en Arimae, Darién. Cortesía Senén Briceño. Cortesía Benicio Robinson. Isaac Ortega Francisco Smith Archivo
7A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 Panorama Azuero tienesed de justicia Sabrina sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Una vez más los ríos La Villa y Estibaná son el centro de un desastre ambiental que ha dejado por más de una semana a miles de personas sin agua potable. Tras la detección de materia fecal, agroquímicos y metales pesados en estos afluentes, el Idaan suspendió las operaciones de dos plantas potabilizadoras mientras el gobierno reparte agua en botellas y cisternas. Científicos han alertado por años sobre los efectos devastadores de los excrementos, plaguicidas y basura que terminan en estos ríos. Los residentes curtidos por esta tragedia recurrente, susurran los nombres de empresas y personas que incumplen las normas sanitarias y ambientales. Anhelan que esta vez si se derrumben los obstáculos que impiden solucionar el problema de raíz: la falta de conciencia de una parte de la sociedad, la negligencia de las autoridades y la impunidad. En una visita reciente, el Ministerio de Ambiente identificó 16 focos de contaminación principalmente en fincas agropecuarias y presentó denuncias ante el Ministerio Público. El ministro Navarro aseguró que “todos los responsables enfrentarán cargos penales ante la justicia, sin importar afiliaciones políticas ni influencias”. Y aquí está el punto medular del asunto: ¿Se castigará finalmente a quienes ponen en riesgo la salud de miles de ciudadanos en Azuero? La pregunta es pertinente pues el gobierno ha mandado señales contradictorias. En su gira por el área, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, visitó tres fincas de porcicultores. El detalle, como lo muestra esta foto (ver video) de Landa S.A., propiedad de la familia del diputado Ronald De Gracia del partido RM, es que se trató de “visitas guiadas” en las que los anfitriones enseñan solo lo que les conviene. Tratándose de una emergencia sanitaria en la que caben investigaciones por daños ambientales, lo apropiado sería hacer auditorías de gestión como lo ordena la ley. ¿Podemos esperar certeza del castigo con tanta cercanía y cordialidad? Solo el tiempo lo dirá. En lo que sí tiene razón el ministro Boyd Galindo es que la contaminación de los ríos es un asunto de vieja data en el que se conjugan muchos factores. El manejo de los desechos en el vertedero, el uso industrial de las tierras al lado de los ríos, la utilización de agroquímicos que envenenan las aguas subterráneas y la nula fiscalización por parte de las autoridades. Tras el escándalo por el uso del herbicida atrazina en 2014, estudios científicos indagaron sobre las consecuencias en la salud pública de la contaminación. En el agua de los ríos se encontró arsénico, plomo, cromo y cadmio, en niveles que superan lo permitido. Los investigadores mostraron su preocupación por la posible relación entre la toxicidad de las fuentes de agua y la alta incidencia de cáncer en las provincias de Herrera y Los Santos. Por más de un década el Estado ha fallado en la protección de la salud de miles de ciudadanos. Azuero es un espejo en el que se debe mirar todo Panamá: la paradoja de un país rico en agua, en el que sus habitantes no tienen acceso garantizado al recurso más básico para una vida sana. Si el gobierno quiere recuperar la confianza ciudadana, el desastre en Azuero es una oportunidad para mostrar que en Panamá las leyes se aplican a todos por igual, sin importar apellidos, cargos, partidos o donaciones de campaña. Las promesas de sanciones administrativas, civiles y penales por la contaminación deben convertirse en una realidad. No se puede seguir permitiendo que los intereses de algunos desborden el cauce de la salud de todos, con total impunidad. A soluciones temporales, crisis recurrentes. CSS pone en uso unmamógrafo con inteligencia artificial La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha un nuevo mamógrafo digital en el Centro de Imagenología Avanzada de la Ciudad de la Salud,diseñadoparamejorar la precisión en la detección de cáncer de mama y realizar biopsias con mayor exactitud y menos dolor. Este mamógrafo permite obtener imágenes en 3D, procesadas mediante inteligencia artificial (IA). La IA marca en rosado los nombres de los pacientes con diagnósticos complejos, lo que permite al médico avanzar rápidamente en el diagnóstico y determinar el tratamiento adecuado. Edghar Van Vega, radiólogo de la CSS, aclaró que, aunque la IA no está aprobada para operar de manera independiente, contribuye significativamente a identificar a las pacientes de mayor riesgo en el momento en que se procesan las imágenes. “Este sistema nos permite detectar casos potenciales de manera más eficiente, lo que facilita la toma de decisiones”. Para acceder a los servicios de este mamógrafo, el paciente debe ser referido desde la red de salud periférica, ya sea por la presencia de lesiones sospechosas o por la necesidad de una evaluación más detallada mediante mamografía 3D o contrastada. También pueden ser derivados los que requieran la programación de una biopsia. Aleida Samaniego C. [email protected]
8A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 Panorama La comparecencia del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional estuvo marcada por los cuestionamientos de los diputados independientes Betserai Richards y Jorge González, quienes pusieron en duda la capacidad de esa entidad para ejecutar los recursos asignados para el año fiscal 2025. Andrade solicitó un traslado por $20 millones correspondiente a la Resolución de Gabinete 107, emitida entre noviembre de 2024 y enero de 2025, para afrontar la emergencia ambiental. Además, pidió otro por $8.5 millones destinado a cubrir el servicio de alquiler de horas-máquina. En el caso de González, cuestionó que se redujeron Ministro de Obras Públicas enfrenta críticas por manejo de fondos y obras pendientes PRESUPUESTO El contralor Anel Flores y el rector Eduardo Flores Archivo Contraloría aprieta control del gasto universitario; rector reclama celeridad en refrendos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS Antes, los jefes de fiscalización de la universidad podían refrendar compras y contratos hasta por 50,000 dólares. Ahora, toda compra, contrato o reparación requiere aprobación directa de la Dirección de Fiscalización de la Contraloría, sin límite de monto. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, subrayó que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dificultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República. ¿La razón? Una nueva resolución de la entidad fiscalizadora que endurece el control del gasto universitario. Según el académico, los atrasos afectan contratos como los de las cafeterías, hasta gestiones menores, como el reembolso de cajas menudas utilizadas para fumigación. “Estamos teniendo dificultades con algunos refrendos en la Contraloría, no solamente para las cafeterías, que son vitales, sino también para otros temas como el Centro de Orientación Infantil”, afirmó Flores, quien advirtió que la falta de reembolsos está entorpeciendo servicios fundamentales para estudiantes, docentes y administrativos. El rector explicó que, a pesar de que se ha gestionado el 65% del presupuesto asignado en inversiones, la ejecución real apenas alcanza el 2%. Esto se debe, en su opinión, al cuello de botella que representan los procesos centralizados en la Contraloría. “Sabemos que tienen un gran volumen de trabajo, pero le solicitamos al contralor, Anel Flores, que haga un esfuerzo por agilizar estos trámites”, dijo. Los retrasos se dan justo cuando los estudiantes protestan por las reformas a la Caja de Seguro Social y se dan enfrentamientos entre estudiantes y policías. Flores descarta que este sea el motivo de la lentitud en los proceso. “No creo que el contralor esté mezclando un tema con otro. Su función es garantizar el buen uso de los fondos públicos, y creo que está actuando en esa dirección”, dijo. Actualmente, la Universidad de Panamá tiene cerca de 300 documentos a la espera de refrendo en la Contraloría, incluyendo contratos, compras y reparaciones. La nueva medida La resolución firmada por el contralor modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá. Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida de detención provisional aplicada al dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, y en su lugar le impuso las medidas cautelares de depósito domiciliario, impedimento de salida del país y porte de brazalete electrónico. Durante una audiencia celebrada desde las 2:00 p.m. de ayer, los magistrados Fernando Alonso, Frank Torres y Yiles Pittí consideraron que la decisión adoptada es suficiente para mantener al imputado arraigado al proceso. Genaro López está imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos, en perjuicio de un grupo de obreros afiliados al Suntracs. Los abogados César Ruiloba y Javier Quintero alegaron que la medida de detención provisional aplicada a López era excesiva, y destacaron que su cliente se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales. Por su parte, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada, Isis Tribunal Superior de Apelaciones revoca detención provisional de Genaro López RED FROG Soto, consideró necesario mantener la detención provisional. A López se le investiga a raíz de una querella presentada en 2022 por extrabajadores de un proyecto de construcción ubicado en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, quienes se encontraban afiliados al Suntracs. Este caso se remonta al año 2006, cuando surgió un conflicto laboral entre trabajadores afiliados al Suntracs —que desarrollaban el proyecto Red Frog Beach Club en la isla Bastimentos, Bocas del Toro— y la empresa Pillar Construction S.A., responsable de la obra. El conflicto culminó en un acuerdo mediante el cual Pillar Construction se comprometió a pagar $5.7 millones en prestaciones y $1.3 millones en costas judiciales a los trabajadores. Según la versión de la fiscalía, en 2012 los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud firmaron un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction para recibir solo $3 millones, sin haber notificado de esa decisión a un grupo de 412 trabajadores beneficiarios de los fondos. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, se pudo establecer que unos 310 trabajadores, que alcanzaron finiquitos como parte de la compensación pactada con la empresa, no recibieron los montos que les correspondían. “Es una primera y pequeña victoria que hemos logrado. Creemos en la inocencia de nuestro compañero”, afirmó el secretario de Organización del sindicato, Yamir Córdoba, a las afueras de la oficina judicial. “¡La pelea es peleando!” gritaban obreros del Suntracs reunidos en el tribunal ubicado en Plaza Fortuna, distrito de San Miguelito. Juan Manuel Díaz [email protected] hasta por 50 mil dólares. Esto significa que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría. Esa misma dirección puede refrendar “sin límite de cuantía” los pagos de planilla, siempre que los documentos cumplan con las disposiciones legales vigentes. La resolución establece una excepción importante: las facultades de Medicina y de Ciencias Agropecuarias no estarán sujetas a esta nueva medida. En esos casos, los actos de manejo de fondos y bienes públicos solo podrán ser refrendados hasta el límite de 50 mil dólares. El documento se sustenta en el artículo 55 de la Ley 32 de 1984, reformada por la Ley 351 de 2022, que otorga al contralor la facultad de delegar algunas de sus atribuciones. La resolución fue firmada por el contralor Anel Flores y el secretario general Ventura E. Vega, y ordena su publicación en la Gaceta Oficial para su entrada en vigencia. Las secuelas El rector evitó dar una cifra exacta sobre el monto pendiente de refrendo, pero estimó que podría superar el medio millón de dólares Solo el presupuesto anual destinado a las cafeterías universitarias —que benefician a miles de estudiantes en ocho sedes— ronda el millón de dólares, principalmente en la compra de proteínas. Flores también respondió a declaraciones recientes del presidente José Raúl Mulino, quien tildó de “vándalos” a algunos universitarios. “Es un error calificar a 90 mil estudiantes por el comportamiento de 10 o 15 personas, cuya identidad ni siquiera está clara”, replicó el rector. Además, reiteró su llamado al contralor para que acelere la aprobación de los documentos pendientes. “Es fundamental para el normal funcionamientodelainstitución. No podemos operar con eficacia si los recursos están congelados en trámites burocráticos”, concluyó. Profesores se pronuncian Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, José Álvaro, advirtió que los retrasos en el refrendo de documentos por parte de la Contraloría General están afectando el funcionamiento diario de la institución. Aunque el presupuesto está aprobado, explicó que el traslado de los trámites a la sede central de la Contraloría ha generado un “letargo” en la etapa de fiscalización, lo que mantiene paralizadas solicitudes clave para la operación de cafeterías, la compra de equipos de laboratorio y el pago de compensaciones a docentes que viajan a zonas apartadas. “Hay documentos con más de 30 días sin refrendo”, aseguró. Álvaro expresó su preocupación por el impacto directo en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mencionó que la falta de insumos y reparaciones, como las pendientes en el anexo del Centro Femenino, limita las funciones académicas y administrativas. cerca de $2 millones de los proyectos de Panamá Norte —correspondientes a su circuito electoral— para destinarlos a otras obras; mientras que Betserai centró sus críticas en el elevado monto asignado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) frente a su baja ejecución. Richards inició su intervención señalando que, de los $710 millones asignados al MOP en el presupuesto para 2025, unos 660 millones corresponden a inversión real, mientras que 40 millones son gastos de funcionamiento. Puso especial énfasis en que, a pesar de los refuerzos presupuestarios aprobados, la ejecución sigue rezagada. Según el corte de abril presentado por el diputado, el MOP recibió más de $200 millones adicionales al presupuesto original aprobado por ley, de los cuales 120 millones fueron destinados a emergencias. El diputado también llamó la atención sobre el bajo nivel de ejecución del presupuesto de inversiones. Al mes de abril, apenas se había utilizado el 19%, y para mayo el porcentaje subió al 29%, es decir, unos $200 millones. Con ese ritmo, advirtió Richards, sería improbable que el MOP lograra ejecutar siquiera lo aprobado por ley para fin de año. Andrade intentó justificar la situación con una explicación técnica: gran parte del presupuesto de inversión está comprometido en proyectos bajo la modalidad “llave en mano”, cuyos pagos están programados para el último trimestre del año, lo que retrasa su ejecución contable. El ministro explicó que más de $380 millones —el 65% del presupuesto— están comprometidos en estos proyectos. Según Andrade, si se suman al 29% ya ejecutado, se alcanzaría el 94% del total.
9A La Prensa Panamá, viernes 6 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. dad y estrategia… día a día, ¡todos los días! Gracias a la lucha se han producido alentadoras victorias. Superamos una dictadura de 21 años... por Constitución nuestro país se declaró desmilitarizado y neutral… nuestro sistema electoral ha pasado de la etapa de varilleros, Boinas Negras y robadores de urnas a gozar de elecciones libres, civilizadas, en paz, en las que siempre ha ganado la oposición al gobierno, sin que nadie alegue “trampa”. Nuestro pueblo —en gran medida— rechaza la reelección. El narcodictador Noriega murió en la cárcel. A pesar del cáncer de la corrupción, hay un expresidente que fue encarcelado en el exterior y en Panamá… y sigue huyéndole a una condena de 15 años y una multa de $18 millones. Tanto sus hijos como él viven huyéndole a las cárceles extranjeras y panameñas. Un presidente de la Corte Suprema fue condenado y encarcelado. En el centro de nuestro país, el Canal es y seguirá siendo de Panamá, pese a las bravuconadas del Norte, y con todos sus defectos, constituye un ejemplo de honradez y eficacia, manejado por panameños. Luego de que se logró una macroexpansión que fue ejemplo internacional… ahora toca garantizar el agua para el Canal y toda la población del país, tras el proyecto de Río Indio. En esto, no hay opción. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Ecologismo o estancamiento? Panamá no puede detenerse Río Indio Panamá enfrenta hoy un dilema crítico entre progreso y parálisis. Bajo la bandera del ambientalismo, algunas agrupaciones están bloqueando proyectos estratégicos que podrían garantizar agua para el Canal, conectividad para las regiones olvidadas del Caribe y recursos vitales para el desarrollo nacional. Uno de los ejemplos más urgentes es el rechazo a la ampliación de las reservas de agua del Canal en el área de río Indio. Este proyecto no es un capricho: es una necesidad. El Canal, fuente de ingresos y estabilidad para millones de panameños, está en riesgo por la escasez de agua. O lo adaptamos al cambio climático o lo condenamos al declive. Otro caso alarmante es la oposición frontal a la reapertura de la mina de cobre. Más allá de la polémica, esta mina representa ingresos fiscales, empleo y posicionamiento estratégico para el país en una economía global que demanda minerales críticos. La discusión no debe centrarse en “mina sí o no”, sino en “mina cómo”, con regulación, transparencia y beneficio nacional. Y como si fuera poco, el tan anhelado Corredor Caribe, que conectaría al Atlántico con el resto del país, también enfrenta resistencia. ¿Acaso los habitantes de Costa Arriba no tienen derecho a una carretera digna, a oportunidades económicas, al turismo y al progreso? Panamá necesita avanzar con responsabilidad, no quedar rehén de visiones rígidas que demonizan todo lo que implique desarrollo. El verdadero ambientalismo no paraliza: propone, evalúa, mejora. Pero cuando la ideología sustituye a la evidencia, cuando se grita “no” a todo sin ofrecer alternativas viables, lo que se defiende ya no es el ambiente, sino una postura cerrada que pierde toda capacidad de análisis crítico. No debemos permitir que el futuro del país se vea truncado por el ruido de minorías intransigentes. Panamá merece decisiones valientes, sustentadas y equilibradas, que piensen tanto en los árboles como en los panameños. Calenturas por las fiebres (I) Salud durante la niñez, convulsiones con enfermedades que producen fiebre, como la meningitis, y niños que convulsionan con fiebres de enfermedades de 2 o 3 días y nada serias, como la roséola, por ejemplo. Esto basta a muchas personas para concluir que la fiebre daña el cerebro. Veamos: pacientes que sufren de epilepsia, por ejemplo, pueden convulsionar con fiebres. Esto no significa que las fiebres les produzcan la epilepsia. Por otro lado, es infrecuente sufrir convulsiones febriles en familias sin historia de convulsiones febriles. Es importante conocer la historia familiar porque, en los niños de estas familias, estaría indicado iniciar un manejo agresivo de las temperaturas elevadas para evitar convulsiones. Estas convulsiones febriles suelen no volver a ocurrir el mismo día, y tampoco después de los 6 años de edad. No dañan el cerebro. Las fiebres no son graves, aún siendo importantes. La gravedad sí puede ser la de la enfermedad que produce la fiebre. Por ejemplo, la meningitis que inflama la fina cubierta del cerebro. La fiebre elevada en un bebé menor de 28 días de edad no es en sí grave; grave puede ser la causa de la fiebre en tan corta edad, por ejemplo, una infección urinaria, una infección en la sangre u, otra vez, una infección cerebral. El significado de la fiebre varía según diversos factores, y uno de los más citados e importantes es el grupo de edad al que pertenece el niño con fiebre. No tiene el mismo significado una fiebre de 40 ºC en un bebé de 3 semanas que la fiebre de 40 ºC en un preescolar de 5 años de edad. El primer niPedro Ernesto Vargas 60 años luchando por una democracia participativa y justa… ¿por qué seguimos? Ciudadanía Tengo amigos que me comentan a menudo: “Comenzaste cuando tenías 20 y pico de años y sigues a tus casi 88; tienes más de 60 años de estar luchando por una democracia participativa y justa... ¡y nada que se llega a lograr! ¿Cómo haces para seguir con esta lucha?”. Mi respuesta es: ¡para mí no hay opción! El futuro por el que lucho, ahora que tengo el privilegio de tener 13 bisnietos, se mide en términos de 100 años… y aunque ha habido muchos logros, no representan el éxito total, pues eso es algo que nunca se logra. La democracia nunca se da por hecha… es una lucha interminable… y entonces — cuando se logra— hay que continuar cuidándola. El comunista italiano Antonio Gramsci, encarcelado por los fascistas, escribió una carta desde prisión sobre su compromiso: “Soy pesimista porque tengo inteligencia, y optimista por mi compromiso”. “Tengo — escribió— paciencia ilimitada, animada por la perseverancia”. Esas geniales palabras de Gramsci, en parte, explican humanamente por qué seguimos en la lucha, aun sabiendo que el éxito total de una democracia participativa y justa es casi imposible de lograr; hay que mantener una visión del cuadro grande y accionar con valentía, tenacidad, solidariNos toca ahora imitar el ejemplo canalero dentro de otras entidades públicas… pero falta mucho por hacer. Lograda la democracia electoral, nos falta la democracia ciudadana. El poder ciudadano tiene que lograr reducir la desigualdad inaceptable que amenaza —con razón— la estabilidad del sistema democrático. Tenemos que aprovechar el hecho de que estamos a la orilla de una catástrofe y lograr un renacimiento de la democracia, con mayor participación y una más justa y honesta gobernanza, en la que reine la igualdad de oportunidades (sabiendo que no puede existir la igualdad de resultados), y que sea siempre la chispa creativa humana el motor que mueva una economía más participativa y justa. Los ciudadanos tenemos que entender la desigualdad y proponer respuestas visionarias, lejos de una nostalgia por mantener un pasado que ya pasó… y alejadas de los secuestros de hecho a la libertad… practicados por grupos rechazados electoralmente por la gran mayoría (98 %) de la población. En su libro Democracy May Not Exist, But We’ll Miss It When It’s Gone (Aunque pensemos que la democracia no existe, la extrañaremos cuando desaparezca), la autora socialdemócrata Astra Taylor cierra diciendo: “No busquemos a ‘padres de la patria’; aspiremos todos a ser parteras ayudando —frente a la crisis de hoy— a traer a la vida una democracia institucional nueva que está por nacer”. Acción y esperanza… ¡siempre! Opinión EL AUTOR es ciudadano. EL AUTOR es fundador de La Prensa. EL AUTOR es médico. Rodrigo Gómez ño puede tener fiebre elevada porque, como ya se mencionó, tiene una infección de la sangre, del cerebro o de la orina causada por alguna bacteria. El segundo niño, seguro, tiene una infección adquirida de manos de otro niño, igualmente infectado, de su misma escuela o parvulario, y seguramente de origen viral. Entonces, tenemos que reconocer que la fiebre en niños menores de un mes de edad es otra cosa. Por la posibilidad de infección bacteriana seria que se presenta con fiebre en un niño de 28 días o menor, es que ese niño tiene que ser evaluado de inmediato por un pediatra, ya sea en su clínica de atención o en un cuarto de urgencias. Ese niño muy probablemente sería hospitalizado para investigación, observación, tratamiento y educación a sus padres. Es cierto que ese mismo niño puede tener una alza térmica importante por una infección viral, producida por el virus que tienen varios otros miembros de la familia con la que vive, pero ese diagnóstico se discute solamente cuando se haya examinado al niño y el resultado de ese examen y algunos laboratorios sugieren que no hay una temida y seria infección bacteriana. Además de la edad y el género, la intensidad y duración de la fiebre, lo difícil de controlarla por medios físicos y farmacológicos, los signos y los síntomas descubiertos al interrogatorio y examen médico, la historia o no de exposición a situaciones de riesgo de infecciones, las condiciones de salud y su historia de vacunaciones son todos elementos importantes para orientar la investigación y calificar la importancia de la fiebre en los niños. Sí es importante reconocer que los niños con riesgos altos de infecciones serias deben ser evaluados de forma integral y tratados agresivamente de forma inmediata, con antelación y hechas todas las consideraciones. Las gargantas rojas necesitan antibióticos. ¡No! La fiebre de los niños siempre preocupa a los padres. Es, cual reacción refleja, una respuesta sin todas las respuestas. La segunda reacción es irse a un cuarto de urgencias y, hasta para eso, hay que tener suerte. Trataré de responder a cuestionarios frecuentes y resolver algunos. La fiebre no es una enfermedad. Y, como no es una enfermedad, hay que tratar de descubrir qué enfermedad se manifiesta con fiebre, porque, como la tos, el estornudo, el dolor de garganta o “de barriga”, son síntomas; la fiebre también es solamente un síntoma. Cuando la causa de la fiebre se conoce, se trata la causa. Cuando se desconoce, se trata del malestar que causa la fiebre. No hay que salir corriendo a tratar la fiebre, pero tampoco se deja para el día siguiente. La fiebre produce muchas y muchas molestias: dolor de cabeza, agotamiento, dolores de los huesos, náuseas, llanto, desesperación. La fiebre también estimula el sistema inmune para que responda de tal forma que, si se le permite actuar, acorta el tiempo de fiebre y de molestias. ¿Cómo se permite? Una forma que practicamos algunos pediatras es no dar medicamentos para la fiebre tan pronto aparece, sino hacerlo si es superior a los 38.5 ºC. Pero se trata la fiebre utilizando medios físicos. Uno de ellos, el agua. “Agua por dentro y agua por fuera”: tomar agua y bañarse. Esto también depende de la edad del niño y de cuánta molestia descubrimos que le producimos. Esta recomendación no suele ser bien recibida por los padres. La fiebre no daña el cerebro. Hay familias donde sus miembros adultos han tenido, Lograda la democracia electoral, nos falta la democracia ciudadana. El poder ciudadano tiene que lograr reducir la desigualdad inaceptable que amenaza —con razón— la estabilidad del sistema democrático.. Roberto Eisenmann Jr. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Pacientes que sufren de epilepsia, por ejemplo, pueden convulsionar con fiebres. Esto no significa que las fiebres les produzcan la epilepsia. Por otro lado, es infrecuente sufrir convulsiones febriles en familias sin historia de convulsiones febriles.
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