3A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025 Panorama El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, denunció que el personal de salud enviado a Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, para atender la crisis sanitaria, fue rechazado y agredido verbalmente por manifestantes, quienes impidieron que realizaran su labor y entregaran medicamentos a la población afectada Boyd Galindo explicó que el equipo llegó tras la aprobación de una intervención prevista para el lunes, pero fue recibido con insultos y un rechazo categórico que impidió el acceso y la prestación de atención médica. “Los médicos no pudieron trabajar, no dejaron que llegaran los medicamentos ni la atención”, lamentó el ministro. El funcionario reiteró que el Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en proceso de preparación para atender a toda la población de la zona, con la próxima inauguración de tres centros de salud y la reapertura de varios puestos médicos que habían estado abandonados durante años. Boyd Galindo hizo un llamado urgente a abrir las calles bloqueadas, ya que la situación representa un grave problema de salud pública que afecta la vida de los panameños. “Si no abren las calles, vamos a tener problemas graves de salud”, advirMinsa: Bloqueos en Bocas del Toro impiden atención médica y pueden causar brote SUMINISTROS tió. El ministro alertó sobre el riesgo inminente de una epidemia, ya que la falta de acceso ha impedido la construcción de pozos necesarios para proveer agua potable, y muchas personas se ven obligadas a consumir agua contaminada proveniente de las calles o de reservorios improvisados. La crisis ya ha dejado consecuencias visibles: más de 500 personas han sufrido problemas gastrointestinales y, lamentablemente, una niña falleció a causa de esta situación sanitaria. Boyd Galindo enfatizó que este escenario no puede continuar y urgió a la comunidad a colaborar para evitar un brote epidémico mayor. El paro y los bloqueos se iniciaron el pasado 28 de abril. Alexander Arosemena Smith enfrenta acusaciones por atentar contra la seguridad colectiva Eliana Morales Gil [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] BOCAS DEL TORO La crisis socioeconómica en Bocas del Toro, originada por la huelga bananera desde el 28 de abril, ha paralizado la provincia, afectando el comercio, el transporte, la educación, la salud y la movilidad de miles de ciudadanos. La crisis socioeconómica que abruma a Bocas del Toro desde el pasado 28 de abril, a raíz de la huelga indefinida del sector bananero y los bloqueos en las principales arterias de la provincia, suma un nuevo capítulo. Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) y rostro visible de la pugna con el gobierno de José Raúl Mulino por la reforma a la Ley 462, deberá ahora responder ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, delitos comunes, contra los medios de transporte, apología del delito y delitos contra la personalidad interna del Estado. Se le atribuye responsabilidad por los cierres de calles que han mantenido sitiadas a comunidades de los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande y Bocas del Toro. La información se conoció ayer, dos días después de que Diógenes Espinoza, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), amenazara con tomarse las oficinas públicas de la provincia, una acción que fue rechazada por el Ejecutivo. Los argumentos Senén Briceño, periodista bocatoreño que la semana pasada denunció pagos en efectivo para sostener los bloqueos y alimentar una movilización que ha puesto en jaque la vida en la provincia, formalizó una denuncia contra Smith y otros supuestos responsables de “desobediencia civil”. Briceño se presentó ayer ante la Personería Municipal de Bocas del Toro y argumentó que los bloqueos masivos impiden el libre tránsito de ambulancias y de ciudadanos que necesitan desplazarse para recibir atención médica, entre otros casos. Además, señaló que las obstrucciones viales, que se prolongan desde hace más de 30 días, han provocado enfrentamientos entre ciudadanos y “grupos anárquicos” que amenazan a quienes reclaman su derecho a circular libremente. Sostuvo que el cierre de las carreteras ha facilitado la comisión de asaltos, robos e incluso el hallazgo de un cadáver en el sector de Paraíso, Almirante, hecho que se encuentra bajo investigación en el Ministerio Público. Añadió que la imposibilidad de transitar libremente ha llevado a que las empresas de transporte público suspendan sus servicios, lo que impide a la población acudir a sus centros de trabajo, hospitales, escuelas, oficinas públicas y al comercio en general. Finalmente, Briceño notificó que “Smith y sus cómplices, a través de medios de comunicación y redes sociales, se han dedicado a instigar y lanzar amenazas contra ciudadanos, el gobierno, la empresa bananera y periodistas, incitando y provocando la violencia”. Camioneros varados en Pueblo Nuevo, Bocas del Toro. Cortesía de Noticias Changuinola Senén Briceño LP Francisco Smith LP ‘Pitufo’ de la PN causó daños en edificio universitario La Defensoría de los Derechos de los Universitarios denunció “un preocupante acto de violencia institucional” ocurrido el pasado 2 de junio en la Universidad de Panamá (UP). Durante una jornada de protestas en el campus Octavio Méndez Pereira, unidades de la Policía Nacional hicieron uso del vehículo antimotines conocido como “Pitufo”, causando graves daños a las instalaciones de la Facultad de Medicina, en particular a los departamentos de Fisiología Humana, Microbiología Humana y Bioquímica y Nutrición. El defensor universitario, Gilberto Marulanda, explicó que la intervención policial, caracterizada por el uso desproporcionado de la fuerza, rompió al menos siete ventanas y afectó equipos científicos de alto valor, incluyendo un carro metabólico, esencial para la investigación biomédica. Pero los daños no fueron solo materiales. La acción compromete espacios clave de docencia e investigación, fundamentales para la formación médica del país. Además, se generaron riesgos químicos y biológicos por la presión de los chorros de agua y la posible dispersión de gases en zonas donde se manipulan reactivos inflamables y materiales delicados. “Estas acciones constituyen una grave afrenta a la autonomía universitaria y a la integridad de quienes hacen vida académica en nuestros recintos”, declaró Marulanda en compañía de la decana de la Facultad de Medicina, Oris Lam de Calvo, enfatizando el peligro al que fue expuesta no solo la comunidad estudiantil y docente, sino también las zonas aledañas. CIERRE DE VÍAS Aleida Samaniego C. [email protected] El daño fue provocado por el agua a chorro usada para dispersar manifestantes. Cortesía
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