2A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Un “bien ciudado” ofrece el servicio de vigilancia de vehículos en el Casco Antiguo. Archivo Conducir ante el juez de paz: nueva medida para frenar a los ‘bien cuidados’ NORMA El Concejo de Panamá endureció las sanciones contra los llamados “bien cuidados” al modificar la normativa vigente y autorizar que cualquier persona sorprendida en esta actividad sea conducida por la Policía Municipal o por cualquier estamento de seguridad pública ante un juez de paz para ser procesada. La medida, que ya está en vigor y fue publicada el martes en la Gaceta Oficial, busca frenar una práctica que persiste en distintos puntos del distrito capital y que ha generado reiteradas quejas ciudadanas por el uso indebido del espacio público y la presión informal sobre los conductores. Se trata del Acuerdo 114, una normativa que modifica el Acuerdo Municipal 14 de 2017 y refuerza las sanciones contra quienes ejercen la actividad conocida como “bien cuidado”; es decir, personas que exigen pagos informales a conductores por estacionar en la vía pública. La medida responde al aumento sostenido de incidentes relacionados con esta práctica, que, pese a su prohibición desde 2017, sigue presente en distintos sectores del distrito capital. Solo entre 2022 y marzo de 2025, las Casas de Justicia Comunitaria de Paz tramitaron unos 340 casos. Las autoridades municipales consideran que las sanciones vigentes carecen de efecto disuasivo y ahora buscan establecer mecanismos más eficaces para garantizar el orden público. Con esta modificación, se establece que cualquier persona sorprendida ejerciendo la actividad de “bien cuidado” será conducida ante un juez de paz, figura que sustituye legalmente al antiguo “corregidor” tras la entrada en vigor de la Ley 467 de abril de 2025. La medida también faculta a la Policía Nacional y a la Policía Municipal para realizar las aprehensiones. En caso de que la persona no porte identificación, será remitida a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para su individualización. El acuerdo no solo refuerza la autoridad de los jueces comunitarios, sino que también incrementa significativamente las sanciones. Quienes incurran en esta práctica enfrentarán multas que van desde 300 hasta 1,000 dólares, o deberán cumplir de 15 a 90 días de trabajo comunitario. En caso de reincidencia, las sanciones podrán aumentar hasta en un 50%. La norma prohíbe, además, la colocación de objetos en la vía pública para reservar espacios de estacionamiento, una práctica común en áreas comerciales y residenciales. Las autoridades esperan que el nuevo marco legal no solo reduzca estas conductas, sino que también devuelva el control del espacio público a la ciudadanía. Según el Municipio de Panamá, esta medida busca modernizar su marco regulatorio y responder a las demandas ciudadanas sobre convivencia urbana. Aleida Samaniego C. [email protected] ‘Lo que ha hecho el contralor es inaceptable’, afirma dirigente gremial Las sanciones salariales impuestas a unos 20,000 educadores de Panamá fueron calificadas como “inadmisibles e inaceptables” por el dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, Humberto Montero. Montero subrayó que las acciones del contralor, Anel Flores, son “totalmente ilegales”, y alertó sobre el grave impacto económico que esta medida tendrá en las familias de los educadores. “Nosotros tenemos la razón”, agregó, indicando que las autoridades deben garantizar el pago de los salarios. Ante esta situación, los gremios magisteriales han decidido emprender acciones legales. El pasado viernes, los abogados de las organizaciones docentes presentaron un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo que se reviertan las sanciones y se asegure el pago correspondiente. “Le mandamos un mensaje a los magistrados y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia: deben ver la posibilidad de que esto se caiga”, expresó Montero, confiado en que la Corte actuará a favor de los educadores. El impacto del paro en la educación Hoy se cumplen 43 días de paro indefinido por parte de los gremios docentes de Panamá, sin que haya señales claras de solución al conflicto. La protesta, centrada en el rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), mantiene a miles de estudiantes sin clases, profundizando una crisis educativa histórica con graves consecuencias tanto a nivel social como económico. La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha hecho reiterados llamados a la paz, instando a los educadores a retomar las aulas. En sus declaraciones, pidió que todos los sectores se comprometan a “volver a la normalidad” y propuso un “pacto por la paz del país”. Sin embargo, advirtió que persiste un clima de desinformación que alimenta el conflicto, señalando que las acciones actuales no contribuyen a la construcción de un futuro común. “Al final, aquí vivimos todos y este país nos pertenece a todos”, subrayó. Por su parte, Montero defendió la postura de los educadores, destacando que el paro indefinido mantiene un apoyo del 90% en los llamados “bastiones de lucha”. También señaló que, aunque algunos docentes han mostrado reticencia a continuar con la huelga, son adultos capacitados para decidir si regresar o no a las aulas. En este sentido, desmintió los rumores de que los dirigentes estén presionando a los educadores para que se sumen a la protesta: “Ningún dirigente amenaza a ningún docente para que se adhiera al paro”, recalcó. No hay diálogo con la ministra En cuanto a un posible diálogo con la ministra de Educación, Montero dejó claro que no existe intención de negociar con ella, ya que considera que la responsable de la Ley 462 no es la ministra, sino el presidente de la República. Según explicó, cualquier acercamiento con las autoridades del Ministerio de Educación solo se dará después de que la ley sea derogada, puesto que esta es la causa principal de la huelga. De acuerdo con un estudio de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fundespa) y Jóvenes Unidos por la Educación, entre 2020 y 2025 los estudiantes del sistema público habrán perdido cerca de 550 días de clases presenciales, un récord negativo que coloca a Panamá entre las posiciones más críticas a nivel mundial en cuanto a interrupciones educativas. Al menos 800,000 jóvenes están directamente afectados por esta situación, lo que podría comprometer gravemente su futuro académico, laboAnel Flores, contralor general de la República. Isaac Ortega 15 mil educadores no recibirán salario la primera quincena de junio Yasser Yánez García Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PARO INDEFINIDO ‘Esto no es una venganza. Si los docentes pueden demostrar que han asistido a sus trabajos, se les hará su pago”, afirmó el contralor general de la Nación. El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que 15 mil docentes no recibirán sus salarios correspondientes a la primera quincena de junio, debido a su participación en la huelga que se mantiene desde hace más de un mes en distintas regiones del país. Según Flores, han verificado que estos educadores no han cumplido con su jornada laboral desde el inicio del paro, el pasado 23 de abril, por lo que, conforme a las normas de fiscalización, se procedió a suspender la autorización de sus pagos. Sin embargo, al responder a las críticas de los gremios magisteriales que han calificado la medida como una represalia, añadió que la Contraloría está dispuesta a revisar cada caso. “Esto no es una venganza. Si los docentes pueden demostrar que han asistido a sus trabajos, se les hará su pago”, afirmó. No obstante, el contralor reveló una situación irregular: 82 dirigentes sindicales que se mantienen en paro sí han seguido cobrando su salario. “Eso significa que tió. Flores también indicó que actualmente hay 17 mil 200 docentes a la espera de ser nombrados, pero no hay plazas disponibles debido a que muchas de ellas están ocupadas por educadores que “no quieren trabajar”, dijo en referencia a quienes mantienen el paro. Lamentó que se hayan perdido más de 500 días de clases en los últimos tres años, una situación que — según afirmó— se traduce en pésimos resultados académicos cuando los estudiantes aplican a carreras universitarias. “Es un perjuicio enorme para los estudiantes y padres de familia”, aseveró Flores, al tiempo que advirtió sobre el impacto acumulativo que estas interrupciones tienen en el desarrollo educativo del país. “Estamos comprometiendo el futuro de una generación entera”, agregó. El contralor no dejó claro si anteriormente, desde el inicio de la huelga, se ha realizado algún tipo de descuento a los docentes. “Eso no me corresponde a mí. Eso es un tema del Ministerio de Educacón. Pero en la ley de educación hay un articulo que decreta el abandono de trabajo como una causal”. Ayer se cumplieron 42 días de paro indefinido por parte de gremios docentes que rechazan la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS). alguien está marcando asistencia por ellos, y eso es una irregularidad seria que estamos investigando”, advir-
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