1A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 5 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15038 Hoy por hoy La crisis en Bocas del Toro exige algo más que consignas y bloqueos. Tras más de un mes de huelga y cierres de vías, la provincia sigue atrapada en una espiral de desabastecimiento, desempleo y tensión social. Mientras productores, trabajadores y ciudadanos suplican por una reapertura que les permita recuperar algo de normalidad, líderes como Francisco Smith, de Sitraibana, optan por radicalizar el conflicto. No bastaron las calles cerradas ni las pérdidas millonarias: ahora pesan sobre él denuncias por delitos contra la seguridad colectiva y amenazas públicas a periodistas y ciudadanos. A esto se suma la retórica de figuras como Diógenes Espinoza, que ha advertido con tomarse oficinas públicas. La protesta es un derecho legítimo, pero su instrumentalización política y el uso del caos como herramienta de presión traicionan la causa que dicen defender. La vida de una provincia no puede ser moneda de cambio. Bocas necesita soluciones, no discursos incendiarios. Ellas.pa Los 60 años de Panafoto; historias y recuerdos 9A La selección de Panamá recupera a Andrés Andrade 8A Deportes Panorama Condenan a imputado en caso de Aderlyn Llerena 6B Economía Análisis: de plátanos a cobre a plátanos 2B Bocas, entre el bloqueo y la quiebra;Smithbajolalupa Eliana Morales Gil [email protected] La crisis en Bocas del Toro ha llegado a un punto crítico: Francisco Smith, secretario general de Sitraibana y figura clave en la huelga bananera que mantiene bloqueadas las principales vías de CRISIS Poco a poco, los bloqueos cobran factura a todos, incluso a su principal promotor, ahora bajo señalamientos por afectaciones sociales y posibles delitos. la provincia desde el 28 de abril, deberá responder ante el Ministerio Público por supuestos delitos vinculados a la alteración del orden público. La denuncia, presentada por el periodista Senén Briceño, marca un giro en una protesta que ya acumula más de 110 millones de dólares en pérdidas para Chiquita Panamá y mantiene al borde del colapso a cooperativas, comercios y familias enteras. El turismo está paralizado, las ambulancias no circulan y miles de trabajadores han perdido su sustento. En una provincia donde más del 44% vive en pobreza multidimensional, la crisis no admite más dilaciones. VEA 3A Y 1B Betserai Richard, Manuel Cheng y Luis Duke. Autor Mario De Gracia [email protected] Tras las salidas de Betserai Richards y Manuel Cheng, la crisis en la coalición Vamos escaló al terreno digital. Richards, ya fuera de la bancada, acusó al subjefe Luis Lucho Duke de usar su planilla para atacar en redes. Duke respondió con señalamientos similares. Las tensiones internas ahora se exponen públicamente y reflejan una ruptura política en desarrollo. VEA 4A POLÍTICA Vamos se fractura: deserciones y choques públicos en redes sociales Francisco Smith LP El canciller de la República, Javier Martínez Acha, afirmó que hasta ayer el Gobierno panameño no había recibido comunicación oficial de Bolivia, respecto a la solicitud de asilo del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, Saúl Méndez. Martínez Acha se refirió a esta petición mientras atendía a los medios de comunicación durante un evento en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), dijo hace poco que Bolivia concedió el asilo “hace más de 10 días”. CASO DE SAÚL MÉNDEZ Cancillería: Bolivia no ha respondido petición de asilo Río La Villa ¿ Quién paga por el daño? MiAmbiente prometió sanciones tras detectar contaminación por desechos orgánicos en los ríos Estibaná y La Villa, lo que provocó una crisis hídrica. El plazo venció ayer, pero las comunidades temen que, como otras veces, no haya consecuencias. Este 5 de junio, Día del Medio Ambiente, el país enfrenta aguas contaminadas y dudas sobre si las instituciones harán cumplir la ley. Alexander Arosemena Clases suspendidas, salarios en juego… y beneficios intactos para la cúpula Clases suspendidas desde abril, docentes sin salario desde mayo y miles de estudiantes sin acceso a educación. Mientras tanto, la cúpula sindical y política mantiene beneficios intactos, sin rendir cuentas por el colapso educativo. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Un “bien ciudado” ofrece el servicio de vigilancia de vehículos en el Casco Antiguo. Archivo Conducir ante el juez de paz: nueva medida para frenar a los ‘bien cuidados’ NORMA El Concejo de Panamá endureció las sanciones contra los llamados “bien cuidados” al modificar la normativa vigente y autorizar que cualquier persona sorprendida en esta actividad sea conducida por la Policía Municipal o por cualquier estamento de seguridad pública ante un juez de paz para ser procesada. La medida, que ya está en vigor y fue publicada el martes en la Gaceta Oficial, busca frenar una práctica que persiste en distintos puntos del distrito capital y que ha generado reiteradas quejas ciudadanas por el uso indebido del espacio público y la presión informal sobre los conductores. Se trata del Acuerdo 114, una normativa que modifica el Acuerdo Municipal 14 de 2017 y refuerza las sanciones contra quienes ejercen la actividad conocida como “bien cuidado”; es decir, personas que exigen pagos informales a conductores por estacionar en la vía pública. La medida responde al aumento sostenido de incidentes relacionados con esta práctica, que, pese a su prohibición desde 2017, sigue presente en distintos sectores del distrito capital. Solo entre 2022 y marzo de 2025, las Casas de Justicia Comunitaria de Paz tramitaron unos 340 casos. Las autoridades municipales consideran que las sanciones vigentes carecen de efecto disuasivo y ahora buscan establecer mecanismos más eficaces para garantizar el orden público. Con esta modificación, se establece que cualquier persona sorprendida ejerciendo la actividad de “bien cuidado” será conducida ante un juez de paz, figura que sustituye legalmente al antiguo “corregidor” tras la entrada en vigor de la Ley 467 de abril de 2025. La medida también faculta a la Policía Nacional y a la Policía Municipal para realizar las aprehensiones. En caso de que la persona no porte identificación, será remitida a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para su individualización. El acuerdo no solo refuerza la autoridad de los jueces comunitarios, sino que también incrementa significativamente las sanciones. Quienes incurran en esta práctica enfrentarán multas que van desde 300 hasta 1,000 dólares, o deberán cumplir de 15 a 90 días de trabajo comunitario. En caso de reincidencia, las sanciones podrán aumentar hasta en un 50%. La norma prohíbe, además, la colocación de objetos en la vía pública para reservar espacios de estacionamiento, una práctica común en áreas comerciales y residenciales. Las autoridades esperan que el nuevo marco legal no solo reduzca estas conductas, sino que también devuelva el control del espacio público a la ciudadanía. Según el Municipio de Panamá, esta medida busca modernizar su marco regulatorio y responder a las demandas ciudadanas sobre convivencia urbana. Aleida Samaniego C. [email protected] ‘Lo que ha hecho el contralor es inaceptable’, afirma dirigente gremial Las sanciones salariales impuestas a unos 20,000 educadores de Panamá fueron calificadas como “inadmisibles e inaceptables” por el dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, Humberto Montero. Montero subrayó que las acciones del contralor, Anel Flores, son “totalmente ilegales”, y alertó sobre el grave impacto económico que esta medida tendrá en las familias de los educadores. “Nosotros tenemos la razón”, agregó, indicando que las autoridades deben garantizar el pago de los salarios. Ante esta situación, los gremios magisteriales han decidido emprender acciones legales. El pasado viernes, los abogados de las organizaciones docentes presentaron un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo que se reviertan las sanciones y se asegure el pago correspondiente. “Le mandamos un mensaje a los magistrados y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia: deben ver la posibilidad de que esto se caiga”, expresó Montero, confiado en que la Corte actuará a favor de los educadores. El impacto del paro en la educación Hoy se cumplen 43 días de paro indefinido por parte de los gremios docentes de Panamá, sin que haya señales claras de solución al conflicto. La protesta, centrada en el rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), mantiene a miles de estudiantes sin clases, profundizando una crisis educativa histórica con graves consecuencias tanto a nivel social como económico. La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha hecho reiterados llamados a la paz, instando a los educadores a retomar las aulas. En sus declaraciones, pidió que todos los sectores se comprometan a “volver a la normalidad” y propuso un “pacto por la paz del país”. Sin embargo, advirtió que persiste un clima de desinformación que alimenta el conflicto, señalando que las acciones actuales no contribuyen a la construcción de un futuro común. “Al final, aquí vivimos todos y este país nos pertenece a todos”, subrayó. Por su parte, Montero defendió la postura de los educadores, destacando que el paro indefinido mantiene un apoyo del 90% en los llamados “bastiones de lucha”. También señaló que, aunque algunos docentes han mostrado reticencia a continuar con la huelga, son adultos capacitados para decidir si regresar o no a las aulas. En este sentido, desmintió los rumores de que los dirigentes estén presionando a los educadores para que se sumen a la protesta: “Ningún dirigente amenaza a ningún docente para que se adhiera al paro”, recalcó. No hay diálogo con la ministra En cuanto a un posible diálogo con la ministra de Educación, Montero dejó claro que no existe intención de negociar con ella, ya que considera que la responsable de la Ley 462 no es la ministra, sino el presidente de la República. Según explicó, cualquier acercamiento con las autoridades del Ministerio de Educación solo se dará después de que la ley sea derogada, puesto que esta es la causa principal de la huelga. De acuerdo con un estudio de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fundespa) y Jóvenes Unidos por la Educación, entre 2020 y 2025 los estudiantes del sistema público habrán perdido cerca de 550 días de clases presenciales, un récord negativo que coloca a Panamá entre las posiciones más críticas a nivel mundial en cuanto a interrupciones educativas. Al menos 800,000 jóvenes están directamente afectados por esta situación, lo que podría comprometer gravemente su futuro académico, laboAnel Flores, contralor general de la República. Isaac Ortega 15 mil educadores no recibirán salario la primera quincena de junio Yasser Yánez García Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PARO INDEFINIDO ‘Esto no es una venganza. Si los docentes pueden demostrar que han asistido a sus trabajos, se les hará su pago”, afirmó el contralor general de la Nación. El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que 15 mil docentes no recibirán sus salarios correspondientes a la primera quincena de junio, debido a su participación en la huelga que se mantiene desde hace más de un mes en distintas regiones del país. Según Flores, han verificado que estos educadores no han cumplido con su jornada laboral desde el inicio del paro, el pasado 23 de abril, por lo que, conforme a las normas de fiscalización, se procedió a suspender la autorización de sus pagos. Sin embargo, al responder a las críticas de los gremios magisteriales que han calificado la medida como una represalia, añadió que la Contraloría está dispuesta a revisar cada caso. “Esto no es una venganza. Si los docentes pueden demostrar que han asistido a sus trabajos, se les hará su pago”, afirmó. No obstante, el contralor reveló una situación irregular: 82 dirigentes sindicales que se mantienen en paro sí han seguido cobrando su salario. “Eso significa que tió. Flores también indicó que actualmente hay 17 mil 200 docentes a la espera de ser nombrados, pero no hay plazas disponibles debido a que muchas de ellas están ocupadas por educadores que “no quieren trabajar”, dijo en referencia a quienes mantienen el paro. Lamentó que se hayan perdido más de 500 días de clases en los últimos tres años, una situación que — según afirmó— se traduce en pésimos resultados académicos cuando los estudiantes aplican a carreras universitarias. “Es un perjuicio enorme para los estudiantes y padres de familia”, aseveró Flores, al tiempo que advirtió sobre el impacto acumulativo que estas interrupciones tienen en el desarrollo educativo del país. “Estamos comprometiendo el futuro de una generación entera”, agregó. El contralor no dejó claro si anteriormente, desde el inicio de la huelga, se ha realizado algún tipo de descuento a los docentes. “Eso no me corresponde a mí. Eso es un tema del Ministerio de Educacón. Pero en la ley de educación hay un articulo que decreta el abandono de trabajo como una causal”. Ayer se cumplieron 42 días de paro indefinido por parte de gremios docentes que rechazan la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS). alguien está marcando asistencia por ellos, y eso es una irregularidad seria que estamos investigando”, advir-
3A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025 Panorama El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, denunció que el personal de salud enviado a Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, para atender la crisis sanitaria, fue rechazado y agredido verbalmente por manifestantes, quienes impidieron que realizaran su labor y entregaran medicamentos a la población afectada Boyd Galindo explicó que el equipo llegó tras la aprobación de una intervención prevista para el lunes, pero fue recibido con insultos y un rechazo categórico que impidió el acceso y la prestación de atención médica. “Los médicos no pudieron trabajar, no dejaron que llegaran los medicamentos ni la atención”, lamentó el ministro. El funcionario reiteró que el Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en proceso de preparación para atender a toda la población de la zona, con la próxima inauguración de tres centros de salud y la reapertura de varios puestos médicos que habían estado abandonados durante años. Boyd Galindo hizo un llamado urgente a abrir las calles bloqueadas, ya que la situación representa un grave problema de salud pública que afecta la vida de los panameños. “Si no abren las calles, vamos a tener problemas graves de salud”, advirMinsa: Bloqueos en Bocas del Toro impiden atención médica y pueden causar brote SUMINISTROS tió. El ministro alertó sobre el riesgo inminente de una epidemia, ya que la falta de acceso ha impedido la construcción de pozos necesarios para proveer agua potable, y muchas personas se ven obligadas a consumir agua contaminada proveniente de las calles o de reservorios improvisados. La crisis ya ha dejado consecuencias visibles: más de 500 personas han sufrido problemas gastrointestinales y, lamentablemente, una niña falleció a causa de esta situación sanitaria. Boyd Galindo enfatizó que este escenario no puede continuar y urgió a la comunidad a colaborar para evitar un brote epidémico mayor. El paro y los bloqueos se iniciaron el pasado 28 de abril. Alexander Arosemena Smith enfrenta acusaciones por atentar contra la seguridad colectiva Eliana Morales Gil [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] BOCAS DEL TORO La crisis socioeconómica en Bocas del Toro, originada por la huelga bananera desde el 28 de abril, ha paralizado la provincia, afectando el comercio, el transporte, la educación, la salud y la movilidad de miles de ciudadanos. La crisis socioeconómica que abruma a Bocas del Toro desde el pasado 28 de abril, a raíz de la huelga indefinida del sector bananero y los bloqueos en las principales arterias de la provincia, suma un nuevo capítulo. Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) y rostro visible de la pugna con el gobierno de José Raúl Mulino por la reforma a la Ley 462, deberá ahora responder ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, delitos comunes, contra los medios de transporte, apología del delito y delitos contra la personalidad interna del Estado. Se le atribuye responsabilidad por los cierres de calles que han mantenido sitiadas a comunidades de los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande y Bocas del Toro. La información se conoció ayer, dos días después de que Diógenes Espinoza, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), amenazara con tomarse las oficinas públicas de la provincia, una acción que fue rechazada por el Ejecutivo. Los argumentos Senén Briceño, periodista bocatoreño que la semana pasada denunció pagos en efectivo para sostener los bloqueos y alimentar una movilización que ha puesto en jaque la vida en la provincia, formalizó una denuncia contra Smith y otros supuestos responsables de “desobediencia civil”. Briceño se presentó ayer ante la Personería Municipal de Bocas del Toro y argumentó que los bloqueos masivos impiden el libre tránsito de ambulancias y de ciudadanos que necesitan desplazarse para recibir atención médica, entre otros casos. Además, señaló que las obstrucciones viales, que se prolongan desde hace más de 30 días, han provocado enfrentamientos entre ciudadanos y “grupos anárquicos” que amenazan a quienes reclaman su derecho a circular libremente. Sostuvo que el cierre de las carreteras ha facilitado la comisión de asaltos, robos e incluso el hallazgo de un cadáver en el sector de Paraíso, Almirante, hecho que se encuentra bajo investigación en el Ministerio Público. Añadió que la imposibilidad de transitar libremente ha llevado a que las empresas de transporte público suspendan sus servicios, lo que impide a la población acudir a sus centros de trabajo, hospitales, escuelas, oficinas públicas y al comercio en general. Finalmente, Briceño notificó que “Smith y sus cómplices, a través de medios de comunicación y redes sociales, se han dedicado a instigar y lanzar amenazas contra ciudadanos, el gobierno, la empresa bananera y periodistas, incitando y provocando la violencia”. Camioneros varados en Pueblo Nuevo, Bocas del Toro. Cortesía de Noticias Changuinola Senén Briceño LP Francisco Smith LP ‘Pitufo’ de la PN causó daños en edificio universitario La Defensoría de los Derechos de los Universitarios denunció “un preocupante acto de violencia institucional” ocurrido el pasado 2 de junio en la Universidad de Panamá (UP). Durante una jornada de protestas en el campus Octavio Méndez Pereira, unidades de la Policía Nacional hicieron uso del vehículo antimotines conocido como “Pitufo”, causando graves daños a las instalaciones de la Facultad de Medicina, en particular a los departamentos de Fisiología Humana, Microbiología Humana y Bioquímica y Nutrición. El defensor universitario, Gilberto Marulanda, explicó que la intervención policial, caracterizada por el uso desproporcionado de la fuerza, rompió al menos siete ventanas y afectó equipos científicos de alto valor, incluyendo un carro metabólico, esencial para la investigación biomédica. Pero los daños no fueron solo materiales. La acción compromete espacios clave de docencia e investigación, fundamentales para la formación médica del país. Además, se generaron riesgos químicos y biológicos por la presión de los chorros de agua y la posible dispersión de gases en zonas donde se manipulan reactivos inflamables y materiales delicados. “Estas acciones constituyen una grave afrenta a la autonomía universitaria y a la integridad de quienes hacen vida académica en nuestros recintos”, declaró Marulanda en compañía de la decana de la Facultad de Medicina, Oris Lam de Calvo, enfatizando el peligro al que fue expuesta no solo la comunidad estudiantil y docente, sino también las zonas aledañas. CIERRE DE VÍAS Aleida Samaniego C. [email protected] El daño fue provocado por el agua a chorro usada para dispersar manifestantes. Cortesía
4A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ELENCO. La bancada de Realizando Metas (RM) se reunió ayer con el presidente Mulino en el Palacio de las Garzas. “Hoy asumimos el compromiso de actuar”, escribió el diputado Jamis Acosta al término del encuentro. ¿Actuar? Si son tremendos actores: le hacen creer a Mulino que lo apoyan, pero algunos se conducen como animales de compañía de Martinelli. ENCOMIENDA.Quien sí se prepara para actuar en el conflicto en Bocas del Toro es el arzobispo José Domingo Ulloa. El sábado acudirá personalmente a isla Colón, para intentar mediar entre el Ejecutivo y los dirigentes bananeros. No hay mejor momento para rezar que este. SIMULACIÓN. Ser un funcionario responsable se ha convertido en un factor de riesgo en la Asamblea Nacional. El colmo es que ya no pueden ir ni al baño, porque cuando regresan a sus puestos, corren el riesgo de encontrar a un intruso ocupando su lugar, sin intenciones de moverse de ahí. Parece que la Contraloría ha estado usando un buen repelente contra los ociosos sin oficio real, pero el insecticida definitivo lo tendrá que esparcir el Ministerio Público. REGALADERA. En isla Colón hay un centro político que tiene pintado el nombre, el logo y los colores de RM. Ahí están regalando alimentos y financiando a los manifestantes. Camacho asegura que ese local no pertenece a RM, sino a un excandidato del partido. Que el inmueble sea propiedad de un copartidario no significa que RM no esté involucrado… Igual el local podría no tener los distintivos y ser utilizado por el colectivo. ELIMINADOS. El personal que labora con Betserai Richards fue expulsado de todos los grupos de trabajo de la bancada Vamos en WhatsApp, el mismo día que el diputado anunÓsman Gómez (de Alianza), Eliécer Castrellón (del Partido Popular), José Muñoz (presidente del partido Alianza), Manuel Cheng, Isaac Mosquera (Molirena) y Johan Guevara (de Alianza) Cortesía Manuel Cheng Peñalba se une a la bancada mixta tras abandonar Vamos Mario De Gracia [email protected] POLÍTICA La fractura de Vamos se agudiza tras la salida del diputado Manuel Cheng. El conflicto interno escaló cuando Richards y Duke se enfrentaron públicamente por presunto uso indebido de planillas. El diputado Manuel Cheng oficializó su adhesión a la bancada mixta de la Asamblea Nacional, tras abandonar la coalición Vamos. Diputados del Partido Popular, el Partido Alianza y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) serán sus nuevos colegas de bancada. Cheng, diputado por el circuito 13-1, en Arraiján, consolidó la segunda renuncia a Vamos en una semana. Lo hizo tras conocerse la desvinculación del también exmiembro de la bancada de libre postulados, Betserai Richards. Mientras Richards hizo campaña electoral sin Vamos, Cheng sí corrió con los colores de la coalición. Sin embargo, discrepancias en temas como la Caja de Seguro Social (CSS), o incluso, las iniciativas legislativas sobre amnistía, habrían contribuido a la decisión del diputado de Arraiján de abandonar el colectivo. No obstante, en el comunicado donde Cheng manifestó su renuncia a Vamos, aseguró que se aparta tras “un proceso de reflexión profunda y responsable”. “Esta determinación no ha sido influida por factores externos, ni respondo a presiones de ninguna índole”, expresó en la nota. ¿Bancada Mixta? El salto de Vamos a la bancada Mixta es diametral. Mientras Vamos se autodefinió durante su primer periodo en la Asamblea, mayoritariamente, como oposición. El Partido Alianza, por su parte, se mantiene —como su nombre lo indica— en alianza con el oficialista partido Realizando Metas (RM), a pesar de no conformar un bloque único en el Legislativo. La bancada mixta la conforman los diputados Osman Gómez y Johan Guevara del Partido Alianza; Eliécer Castrellón, del Partido Popular e Isaac Mosquera, del Molirena. Un nombre más se añadiría a la lista: el de Cheng. Cheng, quien fue electo por la libre postulación en Arraiján, ahora formará parte de un colectivo que agrupa pequeños, pero históricos partidos políticos del país. Historial mixto Molirena sabe adaptarse. En el periodo presidencial 2019-2024, fue aliado del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Antes, lo fue del Cambio Democrático (CD). También lo sabe hacer el Partido Popular, que postuló al expresidente de la República por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Martín Torrijos, como candidato presidencial de cara a las elecciones de 2024. Aunque de historia más reciente, el Partido Alianza también sabe jugar una arriesgada política, sin temor a las etiquetas. José Muñoz, presidente del colectivo, es el padre de la actual ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. A pesar de las afinidades partidistas, las alianzas estratégicas y las coaliciones, no hay certezas. Un ejemplo claro es la diputada Patsy Lee. A pesar de que logró la curul con el Partido Popular, no forma parte de la bancada mixta. Así las cosas, los reacomodos en el tablero legislativo continuarán hasta que inicie el nuevo periodo el próximo 1 de julio. Yasser Yánez García [email protected] Inspecciones a lo largo de la cuenca del río La Villa. Cortesía de MiAmbiente MiAmbiente sancionará a responsables por contaminación en los ríos de Azuero CRISIS HÍDRICA El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que desde el martes 27 de mayo un equipo técnico de la entidad ha realizado una serie de inspecciones en el vertedero de Macaracas y en los cauces de los ríos La Villa y Estibaná, en la región de Azuero, con el objetivo de verificar posibles fuentes de contaminación en estas importantes fuentes hídricas. Las inspecciones se extendieron a lo largo de 20 kilómetros del río La Villa y 19 kilómetros del río Estibaná. Como parte del operativo, los técnicos también tomaron muestras de agua en varias granjas porcinocultoras del área, donde se analizaron parámetros como niveles de coliformes fecales, presencia de nematodos, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, pH, temperatura, turbiedad y conductividad eléctrica. Siguiendo instrucciones del ministro Juan Carlos Navarro, MiAmbiente anunció que aplicará multas a los responsables de la contaminación detectada en ambos ríos. Las personas o empresas señaladas por los inspectores tenían hasta ayer para implementar medidas que detengan de inmediato la contaminación. En las últimas semanas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) detectó un incremento en la concentración de microorganismos detectados en el río La Villa —fuente primaria para las plantas potabilizadoras Roberto Reyna de Herrera y Rufina Alfaro de Los Santos—, lo que obligó a la institución a suspender sus operaciones. La suspensión de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro afecta a los distritos de Chitré (provincia de Herrera), Los Santos, Las Tablas y Guararé (provincia de Los Santos), donde se estima que unas 100 mil personas dependen del suministro proveniente del río La Villa. No todos los corregimientos están conectados a la red del Idaan, pero las cabeceras y zonas urbanas de estos distritos concentran la mayor parte de la población abastecida por las dos plantas. ció que dejaba la coalición. Que Richards busque una nueva bancada rápido, antes de que los auditores los confundan con botellas. ‘AU REVOIR’. No parece ser un buen momento para acometer semejante travesía, pero el presidente Mulino viajará a Niza, Francia, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará del 9 al 13 de junio. Debe tener muy buenas razones para eso. Del pacto a la ruptura: la crisis interna de Vamos estalla en las redes sociales La disputa interna del movimiento Vamos se profundiza y ahora se manifiesta abiertamente en redes sociales. El conflicto más reciente involucra al diputado Betserai Richards y a Luis “Lucho” Duke, subjefe de la bancada, quienes se enfrentaron públicamente tras una publicación de Foco Panamá. En la nota se sugiere que Duke emplea personal de su planilla para atacar a exmiembros de Vamos mediante cuentas falsas o anónimas en redes. Duke respondió con un video en Instagram acusando a Richards de usar a medios digitales para victimizarse y manipular la narrativa. Richards replicó con otro video donde cuestionó el uso de recursos públicos para difamar a compañeros y mostró un caso puntual: una publicación crítica hecha por Manuel “Manny” Pérez, colaborador cercano de Duke, que luego fue eliminada. Richards anunció que pediría una investigación interna en la Comisión de Ética de Vamos. Sin embargo, este anuncio ocurrió el mismo día en que formalizó su renuncia al colectivo.
5A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025
6A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025 Panorama Destrucción de puestos de venta informales que estaban abandonados, con el propósito de despejar el paso para los peatones. Cortesía San Miguelito enfrenta expansión del comercio informal: hay 240 puestos Yaritza Mojica [email protected] ESTUDIO Felipe Chong, director de Servicios Municipales, explicó que el problema del comercio informal va más allá del ordenamiento territorial, tributario y económico, incluye también un componente social. Un total de 240 puestos informales, ubicados en espacios públicos y en los predios de las estaciones del metro, fueron detectados tras un censo realizado recientemente por la Dirección de Servicios del Municipio de San Miguelito. El objetivo de este censo es recuperar los espacios públicos ocupados por el comercio informal, el cual ha proliferado en el distrito tras la pandemia, específicamente entre los años 2020 y 2021. El proyecto se ejecuta en cuatro fases: diagnóstico, coordinación interinstitucional, implementación y seguimiento. En la primera etapa, realizada entre febrero y marzo de 2025, se censaron 241 puntos de venta informales, ubicados principalmente en estaciones del metro como San Miguelito, Pan de Azúcar, Ojo de Agua, Los Andes, San Isidro y Villa Lucre, además de los predios del Hospital San Miguel Arcángel. Felipe Chong, director de Servicios Municipales, explicó que el problema del comercio informal va más allá del ordenamiento territorial, tributario y económico, ya que ahora incluye también un componente social. Según Chong, en la primera fase del diagnóstico se recolectaron datos como el tipo de productos que se venden en estos puestos informales —bisutería, alimentos y productos agrícolas, entre otros—, así como el tipo de estructura, que en su mayoría son móviles. Se identificaron materiales como carpas, hojas de zinc, madera, entre otros. Además, se pudo constatar que la mayoría de los comerciantes reside en San Miguelito, aunque algunos provienen de lugares distantes como Chepo, en Panamá este, y Las Cumbres, en Panamá norte. Uno de los aspectos que llamó la atención durante este censo fue la presencia de personas con título universitario ejerciendo el comercio informal, situación atribuida a la falta de empleo. Actualmente, la tasa de desempleo en Panamá se sitúa en 9.5%. También se detectó que el 35% de los comerciantes son extranjeros, algunos identificados como “dueños” o asistentes. La segunda fase de este inventario consiste en la coordinación interna y externa con diversas entidades, como la empresa estatal Metro de Panamá, S.A., la Dirección de Planificación Urbana, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop). Durante los meses de abril y mayo se dio la coordinación para determinar qué tipo de servidumbre está siendo utilizada por el comercio informal, ya que puede pertenecer al Ministerio de Obras Públicas, al Metro de Panamá, S.A., o a la Alcaldía de Panamá. “Hay que tener la información exacta y entender en esta segunda fase qué tipo de ejecuciones o qué tipo de intervenciones pudiéramos realizar en cada uno de los puntos diagnosticados”, detalló Chong. Además, en esta etapa de implementación, Chong señaló que se plantean alternativas de reubicación, formación y formalización, dependiendo del perfil del comerciante. Para quienes no tienen habilidades, se ofrecerán capacitaciones en el Inadeh. También pueden formalizar sus negocios si se vinculan con la Ampyme y el Ipacoop. Incluso, en el municipio se contemplan nuevos espacios para una reubicación ordenada. En esta etapa, Chong informó que de los 240 puestos identificados, se intervendrán 120 en una fase piloto. Chong destacó que, posteriormente, se trabajará en la fiscalización para garantizar el mantenimiento del orden de estas estructuras y evitar que proliferen de forma ilegal y desordenada. Para vendedoras como Florencia Martínez, quien tiene unos cinco años vendiendo verduras en Pan de Azúcar, le inquieta que la saquen de su puesto actual, ya que, por la estrategia del metro, muchas personas pasan por su puesto y compran legumbres y verduras. “El municipio vino preguntando y dice que nos quieren ayudar a formalizarnos, esperamos que sea así y no nos quiten este puesto, que es mi sustento para mis hijos y mi familia”, comentó Martínez. Operativos Recientemente, en el sector de San Isidro, la Dirección de Servicios Municipales demolió alrededor de 35 puestos. En un operativo inicial se removieron nueve de estas estructuras. Estos quioscos estaban ubicados cerca de la estación del metro, por lo que se procedió con una jornada de demolición y limpieza de puestos abandonados, en coordinación con el Metro de Panamá, S.A., y la Junta Comunal de Omar Torrijos. En este sector había muchos quioscos de madera que habían sido abandonados y cuyas estructuras servían para la acumulación de basura y la proliferación de plagas como roedores. La Alcaldía de San Miguelito ha expresado que este proceso se llevará a cabo de manera gradual, comenzando con la remoción de puestos vacíos, con la intención de despejar la zona en su totalidad. Estos negocios obstaculizan el libre tránsito de las personas cuando caminan hacia las estaciones del metro, e incluso se han apoderado de puentes peatonales, como es el caso del Hospital San Miguel Arcángel. Incluso, la Dirección Regional de Salud de San Miguelito ha realizado operativos de salubridad en estos negocios ubicados en Pan de Azúcar, Los Andes, San Miguelito, entre otros puntos, donde se han detectado productos a la venta sin las medidas de refrigeración adecuadas. En los operativos de salud se han decomisado quesos, frijoles y otros productos alimenticios que no cumplen con las regulaciones sanitarias. A pesar de que los productos son decomisados, a las pocas horas vuelve a aparecer mercancía a la venta, como un mal de nunca acabar. Samuel Hudson, de 33 años, fue declarado culpable por un Tribunal de Juicio por su participación en la desaparición de la niña Aderlyn Llerena, ocurrida el 13 de septiembre de 2022 en la comunidad de Las Trancas, distrito de San Miguelito. La menor de edad, quien cursaba el tercer grado en la escuela Gabriel Lewis Galindo, fue vista por última vez cuando se dirigía al plantel acompañada de sus amigos. El rastro de Adelyn se perdió entre las 11:20 a.m. y 12:20 p.m. del 13 de septiembre, ese día nunca llegó a la escuela. Como cada mañana, Aderlyn atravesaba una vereda y un puente peatonal sobre el corredor Norte, cuando, según testigos y registros de video, quedó sola y fue abordada por Hudson, quien la tomó del brazo y la llevó hacia una zona boscosa. El tribunal, conformado por las juezas Librada Aguilar, Melina Vega y Celia Bonilla de Duncan, concluyó que la fiscalía presentó pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de Hudson, hallándolo culpable por los delitos de privación de libertad y sustracción de menores en perjuicio de la niña. La desaparición de Aderlyn generó una intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y autoridades, pero a pesar de los esfuerzos nunca fue ubicada. Inicialmente, circularon diversas versiones sobre su paradero, incluyendo un posible secuestro en automóvil y supuestos vínculos familiares con el narcotráfico, pero ambas hipótesis fueron descartadas en el transcurso de las investigaciones. La conexión directa con Hudson se produjo seis meses después, cuando fue identificado por la madre de la menor, Xiomara Dotin, y su expareja, Yaleidis Mudarra, en una grabación de una cámara de seguridad. Además, un testigo, Virgilio Caisamo, aseguró haberlo visto el día de la desaparición en la zona, aunque en ese momento desconocía el hecho. Tribunal declara culpable a Samuel Hudson por la desaparición de Aderlyn Llerena JUSTICIA El tribunal, sin embargo, decidió no dar por probado el delito de lesiones personales psicológicas en perjuicio de Dalys Saldaña, madre biológica de Aderlyn. El fiscal superior de San Miguelito, Humberto Rodríguez, solicitó al tribunal aplicar la pena máxima posible a Hudson, que sería de nueve años de prisión. Rodríguez estimó que la pena es reducida en comparación con el daño causado por Hudson a Aderlyn Llerena y su familia. Reconoció que este tipo de penas no dependen del Ministerio Público y que se hizo el esfuerzo por lograr un veredicto condenatorio. Por su parte Wyznick Ortega, abogada querellante, consideró como muy baja la pena que impondrán a Hudson por un delito tan grave como desaparición de una menor de edad. ‘Que diga dónde está mi hija’ En tanto, Dalys Saldaña pidió a Hudson que diga la verdad de dónde está su hija y que explique lo que pasó ese día. Aseguró que Hudson nunca mostró arrepentimiento por todo el daño que ha causado a su familia. “Me arrancó mi hija de mi lado y no ha tenido el valor de decir qué hizo con ella”, agregó tras salir de la audiencia. Hudson, quien cumple una pena de 38 años de prisión por los delitos de violación y actos libidinosos cometidos en perjuicios de dos de sus hijastras, siguió la lectura del fallo de forma electrónica. Se mantuvo en silencio. El sancionado fue trasladado a una cárcel en la provincia de Chiriquí por motivos de seguridad. Juan Manuel Díaz [email protected] El fiscal Humberto Rodríguez Isaac Ortega Los puestos de venta de mercaderías están ubicados principalmente en las estaciones del metro. Elysée Fernández
7A La Prensa Panamá, jueves 5 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ra— ha retrocedido al fondo del continente. No por falta de dinero, sino por exceso de egoísmo y cobardía política. Y lo más trágico: la juventud panameña está pagando ese precio. Nuestros estudiantes no solo están mal preparados académicamente, sino desmovilizados, desencantados y desconectados del futuro. Se les ha negado la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Y cada vez que se propone una reforma curricular seria, una evaluación docente independiente, o una transformación de fondo… la mandrágora grita. El sistema se defiende a sí mismo como una criatura viva, que rechaza cualquier intento de ser desenterrada. Panamá no será un país desarrollado mientras no se atreva a arrancar esa raíz podrida. No se trata solo de mejorar indicadores: se trata de liberar el futuro del país de las manos de quienes hoy lo retienen con discursos huecos y huelgas interminables. Hay que asumir el riesgo de oír el grito. Porque solo cuando lo hagamos, y con firmeza, podremos sembrar algo nuevo en esa tierra devastada. Qué se puede hacer? ¿Por dónde empezar? 1- Evaluación del docente independiente y obligatoria, realizada por una instancia autónoma con estándares internacionales, que distinga y premie a los buenos maestros, y capacite o separe a los que no cumplen con lo mínimo. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Desarrollismo vs desarrollo sostenible Ambiente El término desarrollo sostenible encarna un objetivo fundamental: alcanzar un progreso auténticamente justo e integral, superando la visión históricamente unidireccional y monosectorial que reducía el avance al mero crecimiento económico como paradigma de lo mejor para un país. Este enfoque reduccionista, conocido como desarrollismo, no solo resulta insuficiente, sino profundamente contraproducente a largo plazo. Su obsolescencia radica en ignorar que el verdadero desarrollo debe ser multidimensional y equilibrado, nunca a expensas de los cimientos que lo sostienen. La esencia de la sostenibilidad trasciende elconocidotrilemaambiental,socialyeconómico. Para ser operativo y efectivo, el modelo requiere incorporar dos dimensiones críticas. Por un lado, la robustez institucional y la gobernanza, que constituyen la infraestructura facilitadora indispensable paracoordinar,implementarysostenerpolíticas coherentes en el tiempo, a través de todos los sectores y escalas, transformando las intenciones en acciones tangibles. Por otro lado, la conservación de la naturaleza como base irreductible: la biodiversidad y los servicios ecosistémicos no son meros indicadores ambientales, sino la columna vertebral que sustenta toda posibilidad de desarrollo humano y económico duradero. Si destruimos o desmejoramos significativamente la base de la vida, estamos destruyendo un requisito sine qua non, no un complemento negociable. Si hay un indicador de calidad de vida, es justamente la integridad de la naturaleza que nos sostiene. Esta comprensión holística nos conduce a un modelo pentagonal para el desarrollo sostenible. La conservación de la naturaleza debe ser la base fundamental y prioritaria, seguida de otros aspectos ambientales como la calidad del aire, el agua, el suelo y la gestión de residuos. Los aspectos económicos, como la productividad, la equidad, el empleo digno y los modelos circulares, deben articularse con una dimensión social bidimensional centrada en la salud pública y la educación. Finalmente, la institucionalidad y la gobernanza —como el marco legal, la transparencia, la participación y las capacidades estatales— actúan como el cemento estructural que integra y da viabilidad operativa a todo el sistema. Frente a este marco, la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representa un avance significativo al intentar trascender definiciones tradicionales, desglosando la meta en 17 objetivos específicos. Sin embargo, su complejidad y fragmentación dificultan la comprensión holística del concepto, no solo para el público general, sino incluso para actores clave. Esta dispersión no invalida el marco, pero exige interpretación y contextualización efectivas, para evitar que la herramienta de medición eclipse la visión integral que pretende promover. El camino ahora no reside en enredarnos en debates semánticos estériles, sino en acciones concretas con medición rigurosa. Urge aprovechar indicadores existentes, estandarizarlos, perfeccionar métricas actuales e identificar lagunas que demanden nuevos indicadores. El diagnóstico debe partir de líneas base específicas para cada país, región o escala de intervención, construyendo modelos adaptados que operacionalicen los cinco pilares desde realidades locales. Solo esta aproximación pragmática y basada en evidencia nos permitirá transitar del discurso a la implementación de un desarrollo verdaderamente sostenible, multidimensional, contextualizado y anclado en la conservación de los sistemas que nos sostienen. La desigualdad educativa Una mirada crítica mejores resultados académicos. Sin embargo, los últimos ciclos de evaluación, especialmente las pruebas PISA 2018 y 2022, revelan que esta percepción no siempre se traduce en excelencia educativa sostenida. Aunque los estudiantes de colegios particulares obtienen mejores puntajes que los del sistema público, sus resultados aún están por debajo de los estándares internacionales. En PISA 2022, los estudiantes de escuelas particulares promediaron entre 400 y 420 puntos en lectura, ciencias y matemáticas. Aunque superiores a los colegios públicos, estos puntajes siguen siendo menores al promedio de la OCDE (alrededor de 470–490 puntos). En muchos casos, los colegios particulares máspequeñosodemenorcostotienenresultados similares a los de las escuelas públicas, lo que revela una gran heterogeneidad dentro del propio sector particular. La preparación para el pensamiento crítico y la resolución de problemascomplejos—habilidadesclaveenPISA— sigue siendo baja incluso en la educación particular.Porejemplo,muchoscolegiosparticulares aún priorizan la memorización sobre el análisis y la comprensión, lo cual afecta el rendimiento en pruebas de razonamiento como PISA. No todos los colegios particulares ofrecen la misma calidad. Algunos son de bajo costo y tienen recursos limitados, similares a los de las escuelas públicas. Además, aunque cuentan con recursos, muchos planteles particulares no han actualizado significativamente sus métodos de enseñanza ni han integrado tecnologías de manera efectiva. Otro aspecto relevante es la escasa preparación para evaluaciones internacionales. Algunos colegios no preparan a sus estudiantes para este tipo de pruebas, lo que afecta su desempeño, aunque mantengan buenos promedios internos. Aunque la educación particular en Panamá supera en promedio a la pública, sus resultados recientes muestran que no está exenta de debilidades. La baja preparación en pensamiento crítico, la desigualdad interna entre colegios y la falta de adaptación a estándares internacionales indican que la calidad educativa no se garantiza solo con el pago de una matrícula. Es necesarioimpulsarmejoraspedagógicas,actualización docente y enfoques centrados en habilidades reales del siglo XXI. La infraestructura también marca una diferencia importante. Las escuelas particulares suelen tener instalaciones modernas, laboratoSussette Cordero Sotero Mandrágoras en el aula Educación En las antiguas leyendas, la mandrágora era una planta de raíces humanas que emitía un grito mortal cuando se la arrancaba de la tierra. Muchos evitaban tocarla, no por temor a la planta, sino por el estruendo desgarrador de su resistencia. Así ocurre hoy con la educación panameña. Cada intento por reformarla, dignificarla o liberarla del secuestro político provoca un alarido: no de los estudiantes, ni de los padres de familia, sino de quienes han sembrado sus raíces más profundas en el sistema para proteger privilegios, cuotas de poder y estructuras gremiales corrompidas por la ideología y el chantaje. La educación panameña no solo ha fracasado en cumplir su función: ha sido capturada. La politización de los gremios docentes, la complicidad de los gobiernos pasados y la ausencia de una visión de país han convertido las aulas en trincheras de intereses, no en templos de conocimiento. Mientras países con menos recursos y más obstáculos han logrado mejorar sus sistemas educativos, Panamá —con su dólar, su posición geográfica, su plataforma logística y financie2- Despolitización del Meduca, eliminando nombramientos clientelistas y creando una carrera directiva educativa basada en mérito, resultados y formación continua. 3-Currículo nacional basado en competencias reales, no en ideologías. Que forme ciudadanos capaces de pensar críticamente, resolver problemas, comunicarse y adaptarse al mundomoderno. 4-Convenio nacional por la educación, donde gobierno, Copeme , sector privado. Universidades, gremios responsables y sociedad civil se comprometan con metas verificables a 10 años. 5-Inversión pública con condiciones, no más aumento automático de presupuestos sin rendición de cuentas. Más dinero sí, pero vinculado a resultados, transparencia y gestión eficiente. Pacto social con los gremios, para recuperar la dignidad del docente, pero con la corresponsabilidad de enseñar, no de paralizar. El derecho a huelga no puede seguir siendo una coartada para el abandono de los estudiantes. La educación panameña no necesita más excusas. Necesita valentía. Y esa comienza por arrancar la mandrágora, por doloroso que sea su grito. Porque si no lo hacemos ahora, el silencio posterior será aún más ensordecedor: el de generaciones enteras condenadas a la ignorancia y a la exclusión. Opinión EL AUTOR es director de Proyecto Primates Panamá. EL AUTOR es empresario y exdirector de La Prensa. LA AUTORA es poeta y narradora. Ariel Rodríguez Vargas rios equipados, conexión a internet y espacios adecuados para el aprendizaje. En contraste, muchas escuelas públicas presentan deficiencias: techos dañados, baños inservibles, carencia de bibliotecas, laboratorios o materiales básicos. Esta situación no solo afecta el aprendizaje, sino también la dignidad y motivación de los estudiantes. Además, los resultados académicos muestran un patrón preocupante. Los estudiantes de escuelas particulares tienen mayor acceso a universidades privadas, becas, intercambios internacionales y mejores empleos. Pero, aun con esos privilegios, muchos se enfrentan a un entorno desconocido: la educación superior, que en nada se parece a lo antes aprendido yqueimplicaunamayorexigenciaacadémica. Muchos estudiantes de escuelas particulares panameñas se frustran en la universidad, especialmente quienes ingresan a instituciones extranjeras. Terminan abandonando o enfrentan dificultades que afectan su aprendizaje. Ni hablar de los alumnos del sistema público, quienes enfrentan aún más obstáculos para competir en igualdad de condiciones o para optar por una beca que les permita siquiera acceder a una carrera universitaria. Y lo ciertoesque,enamboscasos,ladiferencianumérica en los resultados es relativamente poca, tanto en pruebas nacionales como internacionales, como las evaluaciones PISA. Este panorama educativo refleja una profunda desigualdad social, donde el origen económico de un estudiante determina en gran medida su acceso a una educación de calidad. En lugar de ser un mecanismo de movilidad social, la educación en Panamá muchas veces perpetúa las divisiones de clase. El país enfrenta el reto urgente de transformar este sistema desigual en uno más equitativo, inclusivo y de alta calidad para todos. La comparación entre la educación pública y particular en Panamá no debe verse únicamente como una competencia entre dos sistemas, sino como una señal de alerta sobre la desigualdad estructural del país. La educación debe ser un puente hacia un futuro mejor para todos, no un privilegio reservado para unos pocos. Por tanto, es responsabilidad del Estado y de toda la sociedad invertir en el fortalecimiento de la educación pública, garantizando que cada estudiante —sin importar su origen— reciba una formación digna, completa y transformadora. Solo así podremos avanzar hacia un desarrollo justo, sostenible y verdaderamente inclusivo. La educación es un derecho fundamental y una herramienta esencial para el desarrollo individual y colectivo de cualquier nación.EnPanamá,estederechoseejerce principalmente a través de dos sistemas: el público y el particular. Aunque ambos tienen comoobjetivoformarciudadanoscapacesy comprometidos, existen diferencias notables en calidad, acceso, infraestructura y resultados. Esta realidad ha creado una profunda brecha educativa entre los estudiantes de distintas clases sociales, reforzando desigualdadeshistóricasylimitandoelpotencialdedesarrollo equitativo en el país. Uno de los principales contrastes entre la educación pública y la particular en Panamá es el acceso. Mientras que la educación pública es gratuita y está disponible en casi todo el territorio, incluyendo áreas rurales e indígenas, la educación particular se concentra en zonas urbanas y requiere el pago de mensualidades elevadas, lo que la convierte en un privilegio para las clases media y alta. Esta diferencia económica condiciona desde el inicio las oportunidades de muchos niños y jóvenes panameños. En cuanto a la calidad educativa, los centros particulares tienden a tener una ventaja significativa. Cuentan con programas más actualizados, metodologías activas, menor cantidad de estudiantes por aula, énfasis en idiomas, acceso a tecnología y actividades extracurriculares. Por el contrario, muchos planteles públicos enfrentan serias dificultades: falta de recursos didácticos, estructuras deterioradas, interrupciones por huelgas y escasa capacitación continua de los docentes. Aunque hay excepciones notables, como colegios oficiales con alto prestigio, la mayoría de los estudiantes del sistema público no reciben una educación de igual calidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, en los últimos años la calidad de la educación particular está siendo cada vez más cuestionada. Durante años, la educación particular ha sido percibida como sinónimo de calidad, asociada a mejor infraestructura, más recursos y Carlos González De La Lastra
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