1A La Prensa Panamá, miércoles 4 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 4 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15037 Hoy por hoy Una reciente balacera en El Chorrillo, a metros del Casco Antiguo, revela una alarmante verdad: Panamá está perdiendo a sus jóvenes en edad productiva y en formación, atrapados entre el crimen organizado y un sistema educativo colapsado. Entre 2020 y 2025, estudiantes del sistema oficial perdieron casi 550 días de clases presenciales, lo que ha profundizado la exclusión social y facilitado el reclutamiento de jóvenes por pandillas. El país figura entre los más afectados por el crimen organizado, con redes que abarcan desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero, mientras la capacidad estatal para contenerlas se debilita. En El Chorrillo, los agentes de seguridad fueron prácticamente desplazados por las bandas, que operan a pasos del principal circuito turístico de la capital. Esta situación exige una respuesta urgente: reactivar el sistema educativo, ofrecer alternativas laborales y fortalecer las instituciones. La lucha contra el crimen organizado debe darse en todos los frentes: social, económico y judicial. No podemos quedar como testigos pasivos de la destrucción de una generación. Ellas.pa Panamá, en el top 40 de Miss Mundo 2025 10A Christiansen exige intensidad y mentalidad ganadora 9A Deportes Panorama Remezón legislativo; se va Manuel Cheng de Vamos 4A ADEMÁS Balacera entre pandilleros frente a la propia policía 4A Pineda y su hijo, en la ruta del dinero del CRU Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El proyecto del CRU de San Miguelito, financiado con fondos públicos, está bajo investigación por presuntas transferencias a sociedades ligadas al diputado Raúl Pineda y a personas detenidas en la operación Jericó. La Fiscalía Primera de Drogas investiga posibles desvíos de fondos públicos en el proyecto del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, tras detectar transferencias hacia cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda y su hijo, Abraham Rico Pineda, detenido en la operación antinarcóticos Jericó. Informes bancarios revelan que el Consorcio HCG — contratista del CRU— habría enviado $433 mil a una empresa vinculada a Rico Pineda, además de realizar otros pagos sospechosos a sociedades relacionadas con Pineda padre. Aunque el avance físico de la obra es de 95%, apenas un pequeño porcentaje del presupuesto habría sido destinado a materiales o proveedores. El resto circula en cuentas personales o empresas vinculadas al diputado y su entorno. Pineda, miembro de la Comisión de Presupuesto, impulsó partidas para este proyecto desde 2020, año en que se adjudicó por $65.9 millones. Hoy suma casi $85 millones tras una adenda firmada por la Universidad de Panamá. El Ministerio Público remitió 51 tomos con información a la Corte Suprema, que debe decidir si admite una denuncia contra Pineda, quien no ha respondido públicamente. VEA 7A Alcaldía de Panamá alquila radios a firma cercana a MayerMizrachi La Alcaldía de Panamá alquiló radios digitales por casi $50 mil a una empresa vinculada a familiares del alcalde Mayer Mizrachi, sin competencia en la licitación y bajo una figura que evita revisión del Concejo. VEA 2A Transporte público Así avanza la conexión del metro hacia el oeste La Línea 3 del metro tiene un avance general de 70 %. En Albrook, se habilitó un paso provisional como parte de las adecuaciones para su integración con Panamá Oeste. Aunque el tramo soterrado lleva un 30 %, las adecuaciones permiten mantener el servicio activo y garantizar la movilidad de miles de usuarios diarios. Luis Nuquez LP El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, advirtió que el país no puede repetir una crisis como la vivida años atrás en Bocas del Toro. Aunque llamó a la paz social, la tensión crece. Francisco Smith, secretario general de Sitraibana, reiteró que la protesta, que incluye cierre de vías, es legítima y propuso que la Asamblea Nacional medie para buscar una salida. “Ya no confiamos en la CSS ni en el Ejecutivo”, dijo. Empresarios y cooperativistas de Bocas viajan a Panamá para pedir al Gabinete una salida a la crisis. Luis Nuques, productor bananero, denunció una agenda política disfrazada de huelga: “Esto está financiado, no es espontáneo”. Acusa al PRD y a sectores de izquierda de querer desestabilizar la región desde adentro. VEA 6A Y 2B BLOQUEOS EN BOCAS ‘Esto está financiado, no es espontáneo’: Luis Nuquez Azuero: metales pesados en el agua, pesticidas en la tierra ‘Panamá no solo conecta, también atrae’, dice la IATA En Azuero, la crisis ambiental avanza en silencio. Investigaciones científicas revelan metales pesados en el agua del río La Villa y altos niveles de pesticidas en tierras agrícolas. La salud y el ecosistema están en peligro. VEA 2A Panamá fue destacado por la IATA como un centro de conectividad aérea en expansión y un destino turístico en crecimiento. Mientras la región enfrenta menor rentabilidad, el país sobresale por su infraestructura, regulación favorable y atractivo para aerolíneas internacionales. VEA 1B CONTAMINACIÓN TURISMO UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, miércoles 4 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mónica Palm [email protected] Alcalde Mayer Mizrachi Archivo Vínculos familiares en el alquiler de radios digitales para la alcaldía de Mizrachi La Alcaldía de Panamá alquilará 110 radios digitales de comunicación a una empresa vinculada a familiares del alcalde Mayer Mizrachi y del subdirector ejecutivo institucional de esta entidad, Jorge Enrique Barranco Landero. La empresa se llama Kadair, S.A. Aarón Ronny Mizrachi Malca y Raymond Mizrachi Matalon —padre y hermano, respectivamente, del alcalde capitalino— fueron directores y accionistas de esta sociedad, al menos hasta el 9 de junio de 2015. Jorge E. Barranco Landero, actual director de Kadair, S.A., es hermano del subdirector ejecutivo institucional de la Alcaldía de Panamá. La empresa alquilará 110 radios digitales de comunicación nuevos, con GPS, para uso de la Dirección de Seguridad Municipal, a cambio de $49,998.96. Si el monto hubiese superado los $50,000, la alcaldía habría tenido que presentar la oferta ante el Consejo Municipal y obtener la aprobación de los ediles. La contratación fue adjudicada por el jefe de Compras, Ernesto Villarreal, el pasado 7 de febrero, aunque la orden de compra se emitió el 1 de abril. La convocatoria a este acto público se anunció el 14 de noviembre, y la recepción de propuestas fue el 25 de ese mismo mes. Kadair fue la única empresa que presentó una oferta. El nombre es muy similar al de una sociedad inscrita en las Islas Vírgenes Británicas, denominada Kadair Investment Ltd., la cual fue una herramienta utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para canalizar coimas a través de los sistemas financieros de varios países. Solo en el Banque Pictet, de Suiza, Kadair Investment Ltd. realizó transferencias por poco más de $15 millones. En la vista fiscal del caso Odebrecht consta que los beneficiarios finales de Kadair Investment Ltd. son Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009–2014). Luis Enrique y Ricardo Alberto estuvieron presos en Nueva York cumpliendo una condena por conspirar para blanquear capitales utilizando el sistema financiero estadounidense, luego de confesar que recibieron al menos $28 millones en coimas de Odebrecht, siguiendo instrucciones de su padre, quien en aquella época era el gobernante. Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Martinelli, está imputado en el caso Odebrecht y será enjuiciado por presunto blanqueo en noviembre próximo. Martinelli también debe ir a juicio. Al cierre de esta edición se esperaba la reacción de la Alcaldía de Panamá sobre la contratación de Kadair, S.A. Aleida Samaniego C. [email protected] Molinar: ‘Le estamos negando a los estudiantes su futuro’ PARO DOCENTE Tras más de un mes de paro docente que ha afectado a cientos de estudiantes en el país, la ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado urgente a retomar las clases, dejar atrás la confrontación y pensar primero en los jóvenes. “Volvamos todos. Hagamos un pacto por la paz del país”. Molinar señaló que ya varios docentes han retomado clases, aunque lamentó que persista un ambiente de desinformación que, en sus palabras, “no está ayudando al país”. “Nada de lo que estamos haciendo, nada de lo que está pasando ayuda a construir país. Al final aquí vivimos todos y este país nos pertenece a todos”, expresó. Además, insistió en que es momento de bajar la intensidad del conflicto. “Si todos logramos comenzar a pensar un poquito más en Panamá, podríamos comenzar a ponernos de acuerdo y encontrar esas avenidas en las que podamos, sobre la base de la verdad, construir”, afirmó. La titular de Educación también advirtió que en el debate se han difundido múltiples falsedades y manipulaciones que dificultan avanzar hacia soluciones reales: “No nos hagamos daño y no sacrifiquemos a lo más valioso que tenemos, que son nuestros jóvenes”. Recalcó que mientras haya estudiantes sin recibir clases, se trata de un fracaso colectivo. “No es solo un fracaso del ministerio, es de todos. Le estamos negando a los estudiantes la posibilidad de construir un mejor futuro. La educación debe ser un espacio sagrado”, enfatizó. Molinar reiteró que no hay amenazas de despidos ni represalias contra los educadores. “Eso no es cierto. Por favor, solo déjense llevar por información oficial. Ya desde el lunes pasado muchos colegios se reincorporaron a clases, y a nadie se le ha despedido ni perseguido”, aclaró. Inspecciones en el cauce del Estibaná, principal afluente del río La Villa. Cortesía: MiAmbiente El agua es potable, pero el río está enfermo Aleidas Samaniego C. [email protected] LA VILLA Aunque las autoridades aseguran que el agua del río La Villa potabilizada es segura, gracias al tratamiento en las plantas Roberto Reyna y Rufina Alfaro, el río La Villa está gravemente contaminado. A medida que crece la preocupación por la contaminación del río La Villa —principal fuente de agua para las provincias de Herrera y Los Santos—, el Ministerio de Salud (Minsa) ha llamado a la calma. Según la institución, el agua que actualmente se potabiliza en las plantas Roberto Reyna (Herrera) y Rufina Alfaro (Los Santos) es segura para el consumo humano. “El agua que estamos distribuyendo es totalmente apta para el consumo. No hay riesgos para la salud de los ciudadanos”, aseguró Alejandro Arze Moreno, director nacional del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) del Minsa. Añadió que ambas plantas están operando al 75% de su capacidad, lo que garantiza un suministro constante de agua tratada. Además, se han intensificado los monitoreos de calidad en toda la red de distribución. Desde el 27 de mayo, técnicos del Ministerio de Ambiente (Miambiente) han estado inspeccionando puntos críticos de la cuenca, como el vertedero de Macaracas y tramos de los ríos La Villa y Estibaná. La prioridad: identificar posibles fuentes de contaminación, como granjas porcinas, y evaluar indicadores como coliformes fecales, turbidez y sedimentos. “Estamos comprometidos con la protección del agua que consumen nuestros ciudadanos. Nuestro equipo continúa en el terreno recopilando información científica y exigiendo medidas correctivas a quienes incumplen”, publicó Miambiente en su cuenta de X. A lo largo del río Estibaná, subcuenca del río La Villa, las aguas ya no corren limpias. Las inspecciones realizadas la semana pasada por el Minsa confirmaron lo que los moradores de Herrera y Los Santos han denunciado durante años: el corazón hídrico de la región está enfermo, especialmente en su parte media y baja. Y los responsables tienen solo 72 horas para actuar, según las medidas dictadas por el Minsa. En estos tramos del río — claves para la agricultura, la ganadería y el consumo humano— se han detectado fuentes serias de contaminación. “Vamos a cerrar las instalaciones que sea necesario cerrar”, advirtió el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, tras recorrer la zona. “Este es un problema de muy vieja data que vamos a resolver de raíz”. En medio de esta crisis ambiental, las comunidades esperan que, por fin, llegue una respuesta firme. Durante años, el agua ha arrastrado residuos, olores insoportables y promesas sin cumplir. Los niños ya no se bañan en el río como antes. Las familias temen por su salud. Mientras las autoridades prometen soluciones de fondo, los habitantes siguen esperando que el río vuelva a ser lo que fue: fuente de vida, no de preocupación. La salud pública y el futuro ambiental de la región están en juego. Metales pesados: una amenaza silenciosa Más allá de la materia orgánica, investigaciones científicas han revelado la presencia de metales pesados —plomo,cadmio,arsénico— en los suelos, sedimentos y aguas de la cuenca del río La Villa. Estos hallazgos provienen del estudio “Extracción secuencial de metales pesados en suelos y sedimentos de la cuenca del río La Villa de Panamá”, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). La investigación fue liderada por José Ezequiel Villarreal-Núñez y Jhon Alexander Villalaz-Pérez, del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap) —entidad pública especializada en ciencia agropecuaria—; Adolfo poco solubles en agua, tienden a acumularse en los sedimentos. Otros —como el cromo y el cadmio— provienen directamente del agua utilizada para el riego, afectando cultivos y suelos agrícolas. Un compromiso compartido Aunque las autoridades reiteran que el agua potable distribuida actualmente es segura, el desafío ambiental persiste. Tanto el Minsa como Miambiente han reforzado la vigilancia técnica y el monitoreo de posibles focos de contaminación. Pero también se necesita la participación ciudadana. Proteger las fuentes hídricas es una responsabilidad colectiva. El uso responsable del agua, la fiscalización de prácticas agrícolas y la presión social para exigir políticas ambientales sostenibles son pasos clave. “A pesar de los desafíos, estamos trabajando incansablemente para asegurar que todos reciban agua potable segura. Pedimos a la población que continúe cooperando con nuestras acciones de control”, concluyó Miambiente. Mientras las instituciones estatales avanzan con inspecciones, sanciones y medidas correctivas, la ciencia advierte que la contaminación de la cuenca del río La Villa no es un problema puntual ni reciente. Se trata de una amenaza silenciosa que exige un cambio estructural en el uso de agroquímicos, la gestión ambiental y la vigilancia de nuestras fuentes de agua. Santo-Pineda, del Centro Regional Universitario de Los Santos de la Universidad de Panamá; y Neldis Ballesteros, de la Universidad Católica Santa María La Antigua (Usma). Durante 2016 y 2017, el equipo recolectó 41 muestras, tanto en época lluviosa como en época seca, para evaluar suelos agrícolas destinados a cultivos como caña de azúcar, maíz, tomate, melón y pasto para ganado. “Estos metales no solo contaminan el agua. Se acumulan en los cultivos y entran a la cadena alimentaria”, advierte el estudio. La persistencia y toxicidad de estos compuestos los convierte en una amenaza para la salud humana y el ambiente, ya que su naturaleza no biodegradable permite que se mantengan activos en el ecosistema durante décadas. Uno de los hallazgos más alarmantes figura en el estudio “Metales pesados en agua, suelos y sedimentos de la cuenca del río La Villa, Panamá”, que plantea una relación directa entre la contaminación y el uso intensivo de agroquímicos. Se estima que el 90 % de los pesticidas que ingresan al país se destinan a la agricultura. De acuerdo con los investigadores, cada panameño “consume (no necesariamente ingiere) unos 3 kilogramos de agroquímicos al año”, una cifra que sextuplica el promedio centroamericano. Los expertos también advierten que metales como el plomo y el arsénico, aunque UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, miércoles 4 de junio de 2025
4A La Prensa Panamá, miércoles 4 de junio de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] BANCADITAS. En la Asamblea circula una supuesta nómina para la elección del 1 de julio, que tiene a Ronald De Gracia (de RM) y a Jorge Herrera (del Panameñista) como candidatos a presidente y primer vicepresidente, respectivamente. La segunda vicepresidencia sería ofrecida a un diputado de Moca o de Vamos. Para aportar más tensión al ambiente, Betserai Richards publicó ayer un selfie con Carlos Saldaña, Jorge Bloise, Tuto Palacios y Jhonathan Vega. ¿Es Vamos o “fuimos”? TUFO. En un post que recoge las declaraciones de Betserai sobre su intención de trabajar con los 70 diputados “y no solo con un grupo”, Bolota replicó que “esto está muy raro… me huele a junta directiva el 1 de julio”. Ahora resulta que Bolota está más pendiente de su colega independiente que hasta de Jessica Canto. Parafraseándolo a él mismo: “huele raro”. PESTILENCIA. Pero todo lo que huele mal puede oler peor. Benicio Robinson — el mayor operador político de Bocas del Toro— ahora ha propuesto la intervención de la Asamblea, como facilitadora de un diálogo. Qué casualidad que eso es lo mismo que pide el secretario general de Sitraibana, Francisco Smith Santo. Aquí hay gato encerrado… SECTA. Mientras el loco brinca en su yate en el Caribe colombiano, los diputados de RM todavía andan con los carteles de #FreeMartinelli en sus curules. Pareciera que están tratando de desbloquear un nuevo nivel de ridiculez. TORPEDO. ¿Se acuerdan del plantón de Gustavo Petro a José Raúl Mulino el pasado viernes? Ambos presidentes debían encontrarse en Montería para una ceremonia protocolar en la que Colombia traspasaría a Panamá la presiLa balacera en El Chorrillo dejó siete detenidos. Cortesía Enfrentamiento entre pandillas en El Chorrillo deja tres heridos Redacción de La Prensa [email protected] PANDILLAS Balacera entre facciones de la pandilla Calor Calor sembró el pánico en El Chorrillo. Una balacera se desató la mañana de ayer en Patio Limpio en el barrio El Chorrillo, en el centro de la capital, hecho que generó momentos de terror entre los residentes del sector. Un video que circula en redes sociales muestra a varios individuos intercambiando disparos en plena vía pública, mientras vecinos corren para resguardarse del fuego cruzado. En las imágenes se escuchan múltiples detonaciones, y se observa la llegada de miembros de la Policía Nacional, que desplegaron un operativo para retomar el control del área. Tras los hechos, la policía detuvo a siete personas, tres de ellos menores de edad. Los aprehendidos estarían vinculados a la balacera y serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. De acuerdo con autoridades de la Policía Nacional contactadas por La Prensa, fue un enfrentamiento supuestamente entre dos facciones de la pandilla Calor Calor: Calor Patio Limpio contra Calor Patio Sucio. El incidente se originó cuando tres miembros de una de las facciones intentaron agredir al otro grupo. El suceso generó tal nivel de tensión que, en medio del caos, algunos residentes de la zona, junto a integrantes de una de las bandas en disputa, buscaron tomarse la justicia por sus manos e intentaron sacar a los detenidos de la patrulla policial. Abrieron la puerta del vehículo e incluso agredieron a los esposados. Fue entonces cuando un agente armado intervino para tratar de controlar la situación. Germán Tenorio, jefe de la Octava Zona de la Policía Nacional, informó que el suceso dejó tres heridos que fueron trasladados a un centro médico. “Están estables. Uno está herido a la altura de la pierna, otro en el cuello y el tercero tiene una herida a la altura del ojo. Se mantienen estables”, aseguró Tenorio. De acuerdo con datos de las autoridades judiciales y de seguridad, en Panamá operan al menos 180 grupos delictivos. Recientemente el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, presentó un sombrío diagnóstico sobre este tema ante el Consejo Municipal de Panamá: el 90% de los homicidios registrados en el país están relacionados con estas organizaciones criminales. De acuerdo con el estudio, varias pandillas panameñas han logrado una notable capacidad de movilidad. Es decir, ya no son estructuras fijas ancladas a un barrio; ahora forman células en distintas zonas urbanas y rurales. Entre las agrupaciones más activas figura Calor Calor, con base en El Chorrillo pero con presencia en San Miguel, la 24 de Diciembre y Panamá Oeste. Su poder no solo se extiende en la calle, sino también en las cárceles. En el Centro Penitenciario La Joya, varios pabellones están bajo su control, lo que refuerza su influencia dentro y fuera de los muros. Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Panamá registra un índice de criminalidad de 6.98, una posición considerada alta. Esto se debe, según Edgardo Sandoval, representante para Centroamérica de la Iniciativa Global, a la posición geográfica del istmo. En 2024, Panamá reportó 581 homicidios, con una tasa de 13 por cada 100 mil habitantes, impulsados por las bandas y el crimen organizado. Eliana Morales Gil [email protected] Salida de Richards sacude el tablero legislativo POLÍTICA El 1 de julio, la Asamblea Nacional instalará su primera legislatura del segundo período de sesiones. Un ritual político cargado de promesas, negociaciones, pactos y traiciones. En el Palacio Justo Arosemena ya se tejen alianzas y se afilan dagas políticas. En medio de este hervidero, el diputado independiente Betserai Richards agitó el tablero político esta semana al anunciar su salida de la bancada Vamos, a la que se unió en julio de 2024, cuando debutó la actual legislatura. Con 33 años y trayectoria como periodista, Richards tiene un plan que podría reconfigurar el equilibrio parlamentario: sumar a otros diputados independientes y formar una nueva bancada, o bien aliarse con los tres representantes del Movimiento Otro Camino: José Pérez Barboni, Grace Hernández y Ernesto Cedeño. Pero Richards no está solo en sus movimientos. Este martes también se confirmó larenunciadeManuelCheng a la bancada Vamos. Este diputado, que ya había mostrado diferencias públicas con el exdiputado Juan Diego Vásquez, uno de los fundadores de la coalición, ahora deja en evidencia las grietas dentro del grupo que parecía sólido. “El verdadero cambio no se construye únicamente desde alianzas políticas o discursos elocuentes, sino mediante una gestión política honesta, participativa y comprometida con la gente”, dice uno de los párrafos del comunicado donde dio a conocer la noticia. Con la salida de Cheng, se abre una puerta para una nueva reconfiguración política en el pleno Legislativo, donde los independientes y los bloques mixtos podrían jugar un papel clave principalmente al momento de elegir a la junta directiva. Lea aquí: Juan Diego Vásquez confronta a Manuel Cheng por su abstención sobre anteproyecto de amnistía ¿Cómo se arma una bancada? En el Legislativo panameño, las bancadas se arman y se desarman al ritmo de las alianzas. Los artículos 221 y 222 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional dicta las reglas para la conformación, inscripción y funcionamiento de las bancadas parlamentarias. El artículo 221 dice que una fracción parlamentaria debe estar integrada por al menos cuatro diputados. El artículo 222 establece que su inscripción debe formalizarse dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la primera legislatura ordinaria, mediante un escrito que incluya la denominación de la bancada, los nombres de sus miembros, el coordinador y eventuales suplentes. No hay laberintos jurídicos en este proceso. Bastaría con que Richards, Cheng o cualquier otro interesado, logre reunir a tres colegas dispuestos a sumarse a su cruzada y cumpla con los plazos establecidos. Un nuevo equilibrio en juego Ayer, martes por la tarde, Richards publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a cuatro de sus colegas de Vamos, todos vestidos de manera formal y sonrientes, en un espacio del pleno Legislativo. Se trata de Jhonathan Vega, Jorge Bloise, Augusto Tuto Palacios, y Carlos Saldaña “Hermandad”, dice en la descripción de la foto, palabra que revela no solo la cohesión y el espíritu de camaradería entre algunos diputados, sino también la existencia de una dinámica interna que podría moldear y facilitar la formación de alianzas estratégicas en el futuro. De Romulistas, mixtas y saltamontes El actual escenario no es inédito. Hoy existe una bancada mixta integrada por cuatro diputados: Osman Gómez y Johan Guevara, de Alianza; Eliécer Castrellón, del Partido Popular; e Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. De hecho, luego de la renuncia de Cheng a Vamos, en el Legislativo se comenta que estaría considerando unirse a la bancada mixta. En el quinquenio 20192024, un grupo de diputados de Cambio Democrático, leales al entonces presidente del partido, Rómulo Roux, intentó crear la bancada Romulista para marcar distancia de la jefa de bancada Yanibel Ábrego. Sin embargo, el entonces presidente de la Asamblea, el perredista Jaime Vargas, nunca respondió formalmente a esta solicitud. La voz de la experiencia Ana Giselle Rosas, exdiputada y protagonista de aquella frustrada bancada Romulista, conoce de cerca las reglas del juego. En entrevista con La Prensa, defendió la posibilidad de reorganizar las bancadas al inicio de cada legislatura. “La Asamblea es un órgano político, y lo estamos viendo con el caso del diputado Richards. Hay un cambio, un rejuego, un movimiento en cómo se está dando la política dentro del Legislativo”, explicó. Rosas argumentó que el reglamento incluso permite bancadas compuestas por diputados de distintos partidos. “Lo único que no se puede es que un diputado forme parte de más de una fracción parlamentaria, y el mínimo son cuatro”, dijo. Recordó que en su tiempo, ella y otros tres diputados cumplierontodoslosrequisitos para crear la bancada Romulista, y que el Procurador de la Administración de ese entonces, Rigoberto González, emitió concepto favorable. Sin embargo, Jaime Vargas se negó a tramitarla. “No presentó ningún argumento. Es más, nunca contestó”, denunció. ¿Un juego de estrategia o un espectáculo? Consultada sobre la posibilidad de que Richards logre conformar su bancada, Rosas fue clara: “Sí, si consigue sumar a otros tres diputados y presenta la solicitud en los 10 días tras la instalación de la nueva legislatura”. Recordó, además, el célebre caso de “Los Saltamontes”, un grupo de diputados que durante el gobierno de Guillermo Endara saltó de un bloque a otro. Para Rosas, la clave está en entender la naturaleza política de la Asamblea. “Si la Asamblea puede escoger una nueva junta directiva y conformar nuevas comisiones, ¿por qué no podría reorganizar sus bancadas?”, planteó. Eso sí, advirtió que estos movimientos podrían ser útiles si buscan soluciones reales para la ciudadanía. “Hoy por hoy, en la Asamblea parece haber más show que soluciones”, concluyó. dencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Petro nunca apareció y, varios días después de aquello, dijo que se ausentó por un posible atentado en su contra, luego del hallazgo de unos misiles antitanques. ¿Mulino fue alertado sobre estos temas de seguridad? ¿O acaso Petro le tiene tan poco aprecio que no le importó dejarlo solo en un evento en el que había presuntas amenazas a la integridad? Evolución de la tasa de homicidios en Panamá 2020-2024 Fuente: Ministerio de Seguridad Pública AÑO 2020 500 2021 643 2022 493 2023 556 2224 581 11.6 14.9 11.3 12.6 13.0 HOMICIDIOS TASA POR 100 MIL HABITANTES
5A La Prensa Panamá, miércoles 4 de junio de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 4 de junio de 2025 Panorama El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac fue enfático al señalar que el gobierno busca evitar recurrir a la fuerza ante la situación en Bocas del Toro. “Este tema tú sabes que es muy delicado. No queremos una situación ni cerca ni parecida a lo que ocurrió años atrás”, dijo Orillac, quien agregó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dicho que no quiere ese escenario. “Ese sería el último de los mecanismos, abrir las calles a la fuerza en un lugar donde hay, digamos, historia con respecto a esto”, expresó el ministro en TVN Noticias. Orillac también señaló la presencia de personas infiltradas en las protestas. “Y lo que nosotros entendemos es que hay mucha gente infiltrada, que lo que está tratando de buscar es poner un mártir en la calle”, afirmó. En julio de 2010, tras varios días de enfrentamientos entre trabajadores y agentes de la Policía Nacional, se registró la muerte de jornaleros y más de 500 heridos. En ese momento se oponían a la polémica ley chorizo (Ley 30 de junio de 2010), llamada así porque, además de dictar medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, introducía reformas en los códiOrillac: ‘No queremos una situación ni cerca ni parecida a lo que ocurrió años atrás’ gos Penal, de Trabajo y Judicial, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la de Medioambiente. Esto se dio durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, y el ministro de Gobierno y Justicia era Mulino. El ministro Orillac también criticó la desinformación en torno a la Ley 462: “La ley 462 no tiene ninguna situación que afecte a ninguna persona. Lo que se ha tratado de enviar como mensaje son mentiras. Y han tratado de enredar a la población y se han buscado una excusa para crear la situación que está ocurriendo hoy día”. La Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo se reunió el lunes en Changuinola, con los sectores productivos y empresarios de la provincia. Cortesía Sitraibana exige presencia de una comisión de la Asamblea Mario De Gracia José González Pinilla [email protected] Henry Cárdenas P. [email protected] BOCAS DEL TORO Francisco Smith, secretario general de Sitraibana, informó que envió una carta a la Asamblea Nacional. Pide la presencia de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Laboral en Changuinola. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) solicitó la presencia de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El sindicato pidió la intervención del Órgano Legislativo mediante una nota dirigida a Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea, que fue notificada al pleno ayer. La petición al Legislativo se produce en medio de manifestaciones, cierres de vías y un diálogo sin mayores avances en la provincia, que hasta la fecha ha encabezado el Órgano Ejecutivo. Sitraibana pidió la mediación con el objetivo de “superar la grave crisis social desatada en Panamá por la reforma de la ley Ley 462”, según detalla la misiva. La nota está firmada por Francisco Smith, secretario general de Sitraibana, y la acompañan 16 firmas de miembros del colectivo que ha cerrado filas en una paralización de labores desde la última semana de abril. “[En el] régimen especial del sector bananero fue trastocada la disposición legal que regía para los trabajadores que se dedican a la actividad bananera; por tanto (...) se lesiona la Ley 45”, menciona el texto. Luego de la difusión, el diputado bocatoreño, Benicio Robinson, se pronunció al respecto del rol del Legislativo en la actual coyuntura. “Considero urgente que la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, conforme una comisión especial de diputados que contribuya a mediar en la crisis que vive el país”, dijo Robinson en una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), refiriéndose también a la ley 462. Sitraibana mantiene una huelga a pesar de las reiteradas advertencias de la empresa que los emplea: Chiquita Panamá, la cual anunció el inicio del proceso para despedir a unos 5,000 trabajadores y retirarse de Changuinola. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) declaró ilegal la huelga el 19 de mayo. El diálogo en Changuinola no ha tenido resultados que acaben con los cierres de vías. Además, este lunes 2 de junio, miembros del sindicato y otros gremios se negaron a recibir a una comitiva de la Caja de Seguro Social (CSS) que pretendía solventar dudas sobre la reforma al sistema de pensiones de la entidad. En Bocas del Toro las exigencias no es homogénea. Oscila entre la derogación de la Ley 462 y la revisión de la Ley 45. Mientras, el presidente de la República, José Raúl Mulino, condicionó la revisión de la Ley 45 al levantamiento de los cierres en Changuinola. Consecuentemente, el Ejecutivo instaló una comisión de ministros para atender las quejas del sector bananero en lo referente a la Ley 462, que, según los sindicalistas, afectó la Ley 45 de 2017, relativa a la normativa sobre sus pensiones. Asimismo, en una rueda de prensa en la que participaron cinco ministros el pasado lunes, el Ejecutivo manifestó su preocupación por las declaraciones de Diógenes Espinoza, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), quien amenazó con tomarse las oficinas públicas de Bocas del Toro si el gobierno no deroga la Ley 462. Hasta el momento, la Asamblea no ha brindado mayores detalles sobre la eventual participación en un proceso de diálogo. Empresarios se acercan al Ejecutivo Por otro lado, un grupo de empresarios y productores bocatoreños se acercó al Órgano Ejecutivo para solicitar la apertura de un diálogo con los trabajadores del sector bananero. Durante una rueda de prensa en la Presidencia de la República ayer, José Antonio De la Lastra, representante de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Atlántico (Cobana RL), dijo que pidió al presidente, José Raúl Mulino, que se busque el diálogo con “una fórmula que permita que todo se restablezca”. Asimismo, Juan José González, socio de la Cooperativa de Productores de Plátano del Cordón Fronterizo, expresó su preocupación por la pérdida de las cosechas a las que se han visto expuestos los comerciantes. Por tanto, pidió la intervención del Gobierno “con respeto a la Constitución” para reabrir las vías. Adonay Quesada, quien pertenece a la misma Cooperativa que González, explicó que los pequeños productores de Bocas del Toro han perdido hasta $3 millones. “Le pedimos al señor Smith y al sindicato que por favor atiendan las negociaciones que les ponga el gobierno en la mesa (...) porque solo tenemos en la provincia una vía de acceso”, acotó. El Consejo de Gabinete solicitó extender las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional hasta el 26 de junio próximo, para que se “suspendan los efectos” de la recién aprobada Ley 468, que reformó el régimen de intereses preferenciales a préstamos hipotecarios destinados a la compra de viviendas. Tras la aprobación de la Ley el pasado 24 de abril — que redujo hasta en 1% la tasa preferencial para préstamos hipotecarios— tanto el sector bancario como el de desarrolladores inmobiliarios pidieron una revisión. Las principales quejas rondaban en lo referente a dos puntos: la fecha de entrada en vigencia de la nueva Ley y su artículo 12, que obliga a la entidad bancaria a realizar una evaluación de la situación financiera del beneficiario entre 6 y 12 meses antes de que finalice el plazo del subsidio otorgado. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que la decisión del Gabinete “suspende la entrada en vigencia de la ley 468 para que su enGabinete pide extender extraordinarias para revertir ley de interés preferencial MERCADO INMOBILIARIO trada en vigencia sea el 1 de enero de 2026. De acogerse esta petición, Jované señaló que volvería a entrar en vigencia la anterior Ley 3 de 1985, que no incluye la reducción del subsidio. El ministro señaló que sería una medida temporal “para que los bancos puedan terminar los trámites pendientes para cerca de 9,000 familias”, y que no se extendería más allá del fin de año. No obstante, Jované no detalló si se revisarían otros de los puntos por los que el sector bancario pidió una revisión de la Ley 468. Mario De Gracia [email protected] Las sesiones actuales concluyen el 12 de junio y se citaron para ratificar diversos nombramientos. Tomado de asambleapa Juan C. Orillac, ministro de la Presidencia. Cortesía
7A La Prensa Panamá, miércoles 4 de junio de 2025 Panorama La Corte Suprema analiza 51 tomos enviados por el Ministerio Público sobre la presunta vinculación del diputado Raúl Pineda en el caso Jericó. Mientras tanto, su hijo, Abraham Rico Pineda, seguirá detenido tras negársele el cambio de medida cautelar. Tomada @raulpineda Raúl Pineda y la Operación Jericó: el entramado de desvío de fondos en el CRU de San Miguelito Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El Ministerio Público maneja informes de presuntas transacciones bancarias sospechosas que indican que, además de beneficiarse Pineda, su hijo y otras personas ligadas a la operación Jericó, el Consorcio HCG presuntamente desvió fondos a cuentas personales relacionadas con Juan José Zonta y Luis Alberto Gaitán. Sociedades vinculadas al diputado Raúl Pineda y a tres personas detenidas como parte de la operación antinarcóticos Jericó (incluido su hijo, Abraham Rico Pineda) habrían recibido fondos del contratista del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, un proyecto adjudicado hace cinco años por $65.9 millones, pero que ya va por casi $85 millones. Las transferencias de dinero habrían ocurrido incluso cuando la operación Jericó ya estaba en marcha. Al frente del proyecto está el Consorcio HCG, que dirigen el costarricense Juan José Zonta y su socio Luis Alberto Gaitán Mendoza. Desde 2020, Zonta es accionista y presidente del Sporting San Miguelito, un equipo de fútbol que hasta entonces estuvo bajo la presidencia del diputado Pineda, quien milita en el PRD. El Ministerio Público (MP) maneja informes de presuntas transacciones bancarias sospechosas que indican que, además de beneficiario a Pineda, su hijo y otras personas ligadas a la operación Jericó, el Consorcio HCG presuntamente desvió fondos a cuentas personales relacionadas con Zonta y Gaitán, a fin de “capitalizar” propiedades, vehículos de alta gama y depósitos a plazo fijo cuyos beneficiarios son los dos socios. “La interrogante que nos surge es la siguiente: si estos dineros, en su mayoría, aún se encuentran rotando en cuentas en el sistema bancario panameño, ¿con qué dineros se está financiando el proyecto [del CRU]?”, señala uno de los informes que está en manos de la Fiscalía Primera de Drogas. Dudas sobre el destino del dinero Aunque las obras del CRU muestran un avance físico de 95%, los reportes calculan que menos del 8% de los fondos movilizados (la Universidad de Panamá hace pagos conforme al avance de los trabajos) fueron destinados al pago de materiales o proveedores. Uno de los informes de inteligencia, fechado en septiembre de 2024, indica que el 80% del dinero circula en cuentas personales o empresas relacionadas con Zonta, Gaitán, Pineda y su hijo Rico. Gaitán —quien se define como un “empresario exitoso”— negó cualquier irregularidad. Afirmó que “las transferencias que se hacen ahí son única y exclusivamente para temas relacionados con el consorcio, porque ahí está el edificio”, en referencia al CRU de San Miguelito. Aseguró desconocer que el MP esté investigando al consorcio. Algo similar dijo Zonta, aunque él sí está enterado de algunas diligencias del Ministerio Público, ya que “la fiscalía estuvo en la consultora, como parte de un proceso colaborativo de revisión”. “Todo quedó bien explicado y sustentado, porque no somos parte de la acusación”, enfatizó Zonta cuando fue localizado por La Prensa, vía telefónica. Por las ramas… La Prensa pudo observar que en los informes sobre las transacciones bancarias se identificó que, de una cuenta a nombre del Consorcio HCG, se envió $433,644.85 a Servicios Múltiples Rama, SA, una empresa de limpieza ligada a Rico Pineda, la cual fue allanada el año pasado como parte de la operación Jericó. Los fondos habrían sido movilizados a través de cinco transferencias, por montos que van entre $50,000 y $100,000, realizadas entre el 9 de junio de 2023 y el 29 de abril de 2024. Para esa época, ya el MP investigaba y ponía en marcha la operación Jericó. Las primeras detenciones se dieron en agosto de 2024. El 21 de ese mes se imputaron cargos y se declaró la aprehensión de Rico. Un dato curioso es que Estefanía Esturain, suscriptora del Consorcio CGH, fue agente residente de Servicios Múltiples Rama hasta el 27 de agosto de 2024, cuando presentó su renuncia. Desde otra cuenta del Consorcio CGH, pero de un banco distinto, se hicieron dos transferencias de $50,000 a Servicios Múltiples Rama, el 30 de junio y el 9 de julio de 2022. En esa misma cuenta se registró otra transacción, esta vez por $30,000, enviada a una cuenta en la Caja de Ahorros a nombre de una sociedad denominada RP y Asociados, presuntamente vinculada al diputado Pineda. Zonta justificó los pagos a Servicios Múltiples Rama, alegando que corresponden a supuestos servicios prestados al consorcio, “por un monto menor”. Según el abogado del Consorcio HCG, Listo Reyna, los servicios de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y transporte de desechos de construcción se prestaron entre 2021 y 2023. Hasta ahora se desconocía que este contratista del Estado fuera cliente de una sociedad ligada al diputado y su UI UNIDAD INVESTIGATIVA familia. El empresario costarricense agregó que en 2022, durante un proceso de diligencia debida, “no hubo ninguna alerta que indicara que esta empresa o la persona [Rico Pineda] tuviera algún proceso en curso”. Más pagos En los informes también se reportaron cuatro transacciones, que suman $400,000, a favor de Soluciones de Entrega y Transporte, SA (Setsa), una sociedad “directamente” vinculada al diputado Pineda y su hijo. También hay informes que indican que, desde cuentas bancarias a nombre de Health Care Products Centroamérica, SA, una sociedad que preside Zonta, se hicieron transferencias a cuentas “personales” de los Pineda, de Omar Ortega Robles y de Juan Manuel Aguilar. Ortega y Aguilar también fueron detenidos en la operación Jericó. No se precisa el monto ni la fecha de estas transacciones, salvo que se trata de cantidades “millonarias”. Pineda, presupuesto y sobrecostos Por años, Raúl Pineda ha sido miembro de la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia que tiene entre sus funciones aprobar o rechazar el presupuesto general del Estado y las solicitudes de crédito extraordinario o traslado de partida presentadas por cada entidad. Desde esta posición, Pineda habría impulsado los traslados de partida a favor de la UP, para financiar la construcción del CRU de San Miguelito, proyecto a carga de su presunto cliente -según Zonta-, el Consorcio HCG. Para remate, San Miguelito es el feudo político de Pineda: ha sido diputado de ese circuito desde el año 2009. Incluso encabezó una “visita oficial” a la obra, en mayo de 2022. En abril de 2024, la UP firmó una adenda al contrato que elevó el monto del proyecto de $65.9 millones a $84.6 millones, alegando un “reconocimiento de equilibrio contractual” por los 121 días que la obra estuvo paralizada por la pandemia de la covid-19. Este ajuste representó un incremento del 30% en relación con el costo original. Zonta y Gaitán son clientes de la firma de la abogada y exfuncionaria de Contraloría, Odila Castillo. El ajuste al monto del contrato, en atención al principio de equilibrio contractual, fue preparado por el bufete de Castillo, confirmó Zonta. De insumos médicos a cemento El Consorcio HCG está integrado por Health Care Products Centroamérica, SA (empresa de insumos médicos) y Construcciones y Mantenimiento General, SA, que controlan Zonta y Gaitán. El consorcio fue inscrito en el Registro Público en noviembre de 2019, semanas después de ganar la licitación del CRU. La Contraloría refrendó el contrato el 2 de diciembre de 2019. Health Care Products Centroamérica se adjudicó 221 contratos por $122 millones entre agosto y diciembre de 2020, a través de compras especiales que invocaban el estado de emergencia declarado por la covid-19, según información de aquella época. La bonanza de Gaitán Los informes dirigidos al MP también apuntan a que Gaitán habría desviado fondos depositados al consorcio para atender gastos personales. El perfil financiero de Gaitán -que se describe a sí mismo como un “empresario exitoso”- ha dado un cambio radical y vertiginoso en los últimos 18 años. En 2007, declaró en documentos bancarios que su ingreso principal era su salario de $1,875, supuestamente como “gerente” en una empresa local. En 2019, se acercó al banco para actualizar su información personal e informar que su ingreso mensual se había incrementado a $5,000, como gerente en Construcciones y Mantenimientos Generales, SA. Dos años después, ya declaraba $75,000 al mes, “14 veces más que dos años antes”, resalta uno de los informes. “Yo dejé de ser empleado en 2009 y de ahí para acá soy empresario. Ahora soy socio de Zonta”, dijo Gaitán. Cuestionado sobre las transferencias a cuentas personales y fundaciones, Gaitán afirmó inicialmente que su intención era “cuidar el patrimonio familiar”. Posteriormente, admitió haber realizado algunas de esas transferencias, aunque dijo no recordarlas con exactitud y sostuvo que “no tienen nada de pecaminoso”, ya que, según argumentó, es dueño de su empresa. Más contratos Construcciones y Mantenimiento General, SA está a cargo de la construcción de la Escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar, un contrato de $19,1 millones. Ambas obras tienen retrasos en su cronograma de ejecución. El 25 de mayo se presentó una octava seguida de tiempo. El MP tiene informes que indican que Construcciones y Mantenimiento General transfirió fondos a Javier Zárate, un hombre condenado por tráfico de drogas. Desde febrero de 2021 está en la planilla de la Asamblea Nacional, donde devenga $2,500 al mes. Según la Contraloría, Zárate está asignado al despacho del diputado Pineda. Gaitán negó cualquier tipo de relación con Zárate. La Prensa intentó obtener la versión de Pineda, pero el diputado no atendió los mensajes que se dejaron con su asistente en la Asamblea. Como a los diputados los investiga y procesa el Órgano Judicial, la Fiscalía Primera de Drogas envió una carpeta con 51 tomos con información sobre Raúl Pineda a la Corte Suprema de Justicia, la cual está siendo revisada desde noviembre pasado. Le corresponderá al magistrado Olmedo Arrocha decidir si admite o no la denuncia contra el diputado. Instaciones del CRU de San Miguelito al norte de la capital. Elysée Fernández
8A La Prensa Panamá, miércoles 4 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. no. Por lo anterior, la proclamación y toma de posesión de Mulino, sin haberse elegido ni proclamado un vicepresidente, violaron en forma directa, por omisión, el artículo 177 de la Constitución. Siendo una constitución un instrumento programático general de orden y de derecho público, sus mandatos constituyen órdenes de hacer de estricto cumplimiento, y lo único que puede hacer la ley es regular el modo de ese cumplimiento. Esta orden constitucional claramente impone que, cuando se elija un presidente, se tiene que elegir un vicepresidente, lo cual no tiene nada que ver con nóminas, pues a la Constitución no le importa de qué nómina resulte electo el vicepresidente, dado el bien jurídico que se tutela y que ya hemos definido. Ahora bien, muchos se estarán preguntando, entonces, ¿cómo sería posible elegir y proclamar a un presidente cuyo vicepresidente electo y proclamado provenga de una nominación distinta? Eso también lo resuelve la regla en comento, pues el vicepresidente se elegirá “…de la misma manera…” que el presidente. Esa “misma manera” no es otra que el “…sufragio popular directo y por la mayoría de votos…”. Por lo tanto, debió ser electo y proclamado como vicepresidente el ciudadano Michael Chen, por haber obtenido este “…la mayoría de votos…” como candidato vicepresidencial dentro de su nómina, con respecto a las otras. Así de simple. Solo lamento que las ordenanzas electorales no ratifiquen esto, como tampoco contemplan el muy remoto supuesto de que, en una contienda electoral, no hubiese candidato a vicepresidente en ninguna nómina. Recuerden que lo que ampara el artículo 177 es la sucesión presidencial, pero también el orden de sucesión. Algunos lo considerarán extraño, si se tiene en cuenta que, en este escenario, no necesariamente el número dos comulgará con el número uno. Pero, por esta misma razón, la Constitución, Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El primer saltamontes Vamos Betserai Richard De acuerdo con las primeras declaraciones de Betserai Richard, para abandonar la tolda política independiente de la coalición Vamos está el hecho de que él fue sin ningún paraguas y que aceptó unirse a Vamos porque esperaba algo más de este grupo independiente. Ahora bien, el salto de Betserai puede estar atado a distintas variables. En primer lugar, está el hecho de una especie de “egocentrismo”, donde, según afirma, no quiere estar sujeto a ninguna agenda o línea política. La pregunta es: ¿resulta Betserai tan ingenuo para no saber que en toda organización existen líneas a seguir? ¿O, de lo contrario, cada cual estaría bailando al son de la anarquía? Otro punto a considerar es el hecho de que Betserai fue uno de los 48 diputados que votó a favor de la Ley 462, la cual ha originado un ciclo de protestas cuyo desenlace es muy impredecible. Es posible que Betserai, luego de varias propagandas en redes donde lo tildan de “traidor al movimiento”, quiera hacer un lavado de imagen con esta proclama de que ahora sí es más independiente. Sin embargo, no hay que perder de vista que Betserai es de los llamados rebeldes dentro de la coalición Vamos, junto a Manuel Cheng, Neftalí Zamora, Paulette Thomas y Jonathan Vega, entre otros. Si es cierta la hipótesis sobre la disconformidad de los nuevos posibles saltamontes, estamos ante un remake de lo que en un pasado ocurrió con otros partidos tradicionales cuya fragmentación fue motivada por intereses y ambiciones lejos de las promesas de campaña. Es una lástima que la coalición Vamos haya sido contagiada en la Asamblea por el virus del “hay pa’ mí”, y solo la historia dará cuenta muy pronto de si es válido el juega vivo con el transfuguismo que acaba de iniciar Betserai, que más temprano que tarde quedará en otro almuerzo con el Ejecutivo, cuyo poder de tentación no ha variado desde que existe la mal llamada democracia política en Panamá. Es muy probable que Betserai y los que le puedan seguir en su intentona no hayan escuchado de aquella frase icónica que marcó un rumbo en el destino de la situación política en nuestro país, y la misma llevaba toda la carga de la trampa y una ambición desmedida: Buen salto, mi comandante. Compren las computadoras a los estudiantes del Meduca Educación de básica y secundaria casi un millón de estudiantes, de los cuales en torno al 16% estudian en la enseñanza particular y el 84% en la oficial. Eso significa, en números redondos, que ocho de cada diez estudiantes de la enseñanza oficial no podrán estudiar como lo hacen dos de la particular (más digitalizados). Estos números, si se prolongan en el tiempo, significan un aumento de las brechas culturales y educativas entre los que pueden pagar y los que no, incrementando así la desigualdad social. Unos no pueden estudiar igual de bien cuando hay inestabilidad social, y otros lo seguirán haciendo con sus computadoras, tabletas o celulares. Siempre pagan los platos rotos los pobres. Ya solamente este argumento es un favor de la inversión en computadoras. Pero, además, proporcionarles computadoras a todos nuestros estudiantes de la enseñanza oficial es importante, aunque no estén cerradas las escuelas. La mayoría de los programas académicos están digitalizados, pudiendo usar los textos con o sin internet (carecía de sentido el argumento de no adquirir las computadoras porque no había internet en las aulas). Queremos que todos nuestros estudiantes sepan manejar los programas y las aplicaciones de inteligencia artificial. Si no corregimos esto, seguiremos teniendo dos Panamás: el 84% de los estudiantes de la enseñanza oficial seguirán más atrasados que el 16% de la particular, y eso lo vamos a notar en el acceso a la universidad y en el campo laboral. Seguiremos aumentando la brecha social. Todos los gobiernos de Panamá publiMiguel Ángel Esbrí Presidente sin vicepresidente: una total aberración Instituciones Cuando la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de extraño sortilegio, dio luz verde a la controversial candidatura presidencial de José Raúl Mulino, advertí que lo más importante sería, entonces, tener mucho cuidado con esa postulación en solitario. No existe, a mi leal saber y entender, disposición electoral alguna que impida una candidatura presidencial sin compañero de fórmula. Sin embargo, nadie observó el mandato de la Constitución en su artículo 177, el cual, a la letra, dice: “El Presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos, para un período de cinco años. Con el Presidente de la República será elegido, de la misma manera y por igual período, un Vicepresidente, quien lo reemplazará en sus faltas, conforme a lo prescrito en esta Constitución”. Haciendo exégesis de esta norma, lo primero que debe deslindarse es cuál es el bien jurídico que tutela o, mejor dicho, cuál es el principio o institución que pretende salvaguardar. Esta disposición procura blindar la sucesión presidencial y dar certeza de su inmediatez, sin incertidumbres ni angustias, de suerte que el conglomerado social sepa que, en cualesquiera circunstancias, está asegurado que, ante la ausencia temporal o absoluta del comandante en jefe o jefe de Estado, este tiene un suplente o sucesor que dará continuidad político-jurídica, sin traumatismos, a la conducción del Estado-nación. Esto no se concibe de otra forma en ninguna parte del mundo moderen su sabiduría, estableció de pleno derecho que el vicepresidente no forme parte del Órgano Ejecutivo (artículo 175). El vicepresidente es un funcionario sin mando ni jurisdicción, cuyas únicas atribuciones se limitan a ser sucesor, consejero y asistente del presidente, además de tener presencia con voz y sin voto en las sesiones del Consejo de Gabinete (artículo 185). Esto, en la praxis, quedó demostrado durante las presidencias de Guillermo Endara y Ricardo Martinelli. Se podrá argüir que la Constitución prevé la posibilidad de que, en las ausencias temporales o faltas absolutas en que, por cualquier circunstancia, el vicepresidente no pudiese asumir el mando, este sea ejercido por un ministro de Estado elegido del Gabinete (artículos 187 y 189); pero resulta que ese no es el punto. ¡Hay un orden sucesorio presidencial que ha sido violado desde los orígenes de la elección y proclamación por omisión, que no puede ser encubierto con aquella figura sucesoria llamada a ser aplicada en otro tipo de supuestos! No me irrumpa en el accionar jurisdiccional sobre este asunto, por cuanto considero que, más allá del Derecho, estamos en presencia de una pugna entre facciones hegemónicas del poder político y económico. Los resultados de esta sentencia en nada abonarían al movimiento popular y sus legítimas aspiraciones. Llegado el hoy, nos encontramos en medio de una gravísima crisis social y estructural, en donde, para empeorar las cosas, nos dirige un mandatario cuya legitimidad es cuestionable por el exiguo 34% de favor electoral con que llegó a Las Garzas y con un vergonzoso 9% de aceptación pública con que actualmente gobierna. Carente de una estructura partidaria y base popular, pues se ha declarado “…un presidente de empresa privada…”, nos hace “… revolver la mirada y sentir espanto…” ante el muy razonable y probable escenario de que tuviese que abandonar el solio que hoy ocupa. Que Dios nuestro Señor nos encuentre confesados. Opinión EL AUTOR es docente y sociólogo. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es profesor e investigador de la Universidad de Panamá, SNI. Jaime Cheng Peñalba can cada cinco años el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt), a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt). En todos esos planes de nuestros últimos gobiernos se llamaba la atención sobre la baja innovación en la educación que menciono aquí. En los informes de Competitividad que publicaba cada año el Foro Económico Mundial, estableciendo rankings entre países, se analizaban los pilares de salud, macroeconomía, innovación, mercado laboral, etc., y el pilar más bajo en Panamá era la educación y la capacidad de innovación. Y fíjense: la peor nota nos la llevábamos por la baja habilidad digital de nuestra fuerza laboral y la dificultad para buscar mano de obra preparada, junto con el déficit de fomento del pensamiento crítico en la escuela. En esto ocupábamos la posición 117 de 141 países analizados. Imagínense dentro de unos años si no les damos instrumentos tecnológicos al 84% de todos nuestros estudiantes del país, que son los de la escuela oficial. Las autoridades, como los padres de familia, a veces aciertan y otras se equivocan. Podemos equivocarnos al gastar en un capricho para nuestros hijos y luego arrepentirnos. Sin embargo, en el caso de si es acertado o no gastar en un libro o un artículo escolar, prefiero equivocarme en haber hecho el gasto en educación que en lo contrario. Por eso, aprovecho este foro para pedir que dejen actuar al Meduca, que compensa por nuestro país al tener a nuestros estudiantes digitalizados, manejando programas educativos. No tomemos decisiones que aumenten la brecha digital entre la enseñanza oficial y la particular. Lo agradeceremos todos y las generaciones futuras. Los estudiantes se lo merecen. Que no paguen los platos rotos los pobres. Quisiera haber escrito este artículo a principios de este año, cuando estaba en su fragor la polémica sobre si era acertado que el Ministerio de Educación (Meduca) adquiriese más de cien mil computadoras para los estudiantes de las escuelas oficiales. Pero, como vi que se politizó el asunto, desistí de mi intención de escribirlo, pues mi interés era meramente científico. Sin embargo, hace unas semanas escuché en TV una entrevista a la ministra de Educación con ocasión de la huelga de los docentes y el cierre decretado de los planteles. Me llamó la atención que, ante una pregunta de un periodista de TVN o Telemetro —no recuerdo bien— sobre si la medida de cierre y las pérdidas de clases era aplicable y afectaría igual a los centros particulares, la ministra respondió que, lógicamente, los colegios particulares tienen otros medios de los que lamentablemente carece el sistema público. Fue entonces cuando decidí volver a escribir este artículo, en defensa de los grupos más vulnerables. Me parece que hay que dejar al Meduca que haga la inversión en computadoras para nuestros estudiantes. Cosa diferente es la forma de adquirirlas; esos son procedimientos administrativos. Pero, si nos perdemos en ellos, no les proporcionaremos a los estudiantes este instrumento para que sigan formándose. Si nos fijamos a cuántos estudiantes afecta esta medida, comprobaremos que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Panamá tenemos en los niveles Abel Conrie Ortega Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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