7A La Prensa Panamá, martes 3 de junio de 2025 desequilibrios comerciales. Además, han aplicado políticas proteccionistas con énfasis en activos de infraestructura sensibles, como las telecomunicaciones, los puertos, la minería y la tecnología. Por otra parte, en los últimos años, las autoridades gubernamentales de Europa y Estados Unidos han prohibido que empresas chinas adquieran el control accionario de sus compañías insignes. Los sectores de tecnología y telecomunicaciones son los más cruciales en la batalla comercial entre China y los países más industrializados. Estos campos definirán el dominio mundial tanto a nivel económico como militar. Por ello, Estados Unidos y Europa prohibieron el uso de la tecnología 5G de Huawei en sus territorios. En el sector de semiconductores, Estados Unidos ha impuesto restricciones a la exportación a China de los microchips más avanzados diseñados por sus empresas. Y, a su vez, China —el mayor extractor de los minerales conocidos como “tierras raras”, esenciales para fabricar esos semiconductores— respondió restringiendo su exportación hacia EstaAzuero en crisis: el derecho al agua y la urgencia de unidad regional Contaminación plir con sus obligaciones fiscales, cuentan con uno de los peores servicios eléctricos del país, operan con plantas potabilizadoras que presentan averías constantes desde hace décadas y sufren inundaciones recurrentes en las mismas zonas. Además, consumen agua de dudosa calidad —por no decir contaminada— y dependen de un único puente sobre el río La Villa para conectar ambas provincias. A nivel nacional, enfrentan una marcada incidencia de cáncer. En casos complicados, los pacientes deben trasladarse a la ciudad capital para recibir atención y tratamiento. Aunque reconocemos la importancia de los servicios en la Ciudad de la Salud, es necesario establecer un hospital oncológico en el interior del país. Esto permitiría a las personas recibir tratamientos completos sin la necesidad de desplazarse a la capital. No se trata de incorporar áreas o salones en hospitales existentes, sino de construir una instalación especializada en oncología que atienda no solo a Herrera y Los Santos, sino también a las provincias vecinas. Una vez más, cada año sin excepción se repite el hecho de que beben agua contaminada. Un hecho que, como panameños, solemos olvidar es que el derecho al agua fue reconocido como derecho humano el 28 de julio de 2010 por la ONU, mediante la Resolución A/RES/64/292, que tiene por título: “El derecho humano al agua y el saneamiento”. Este reconocimiento garantiza no solo el acceso al agua, sino también que esta sea accesible, segura, disponible, asequible y limpia. Además, se asegura que pueda ser consumida de manera segura, cumpliendo con un mínimo de calidad requerido. En este sentido, disponibilidad implica contar con un suministro suficiente y continuo; accesibilidad significa que el agua se encuentre en un lugar seguro y que su precio sea asequible; y, por calidad y seguridad, el agua debe estar libre de contaminantes y contar con un adecuado proceso de saneamiento. Cuando se cumplen estos elemenTomás Cristóbal Alonso El espejismo del libre comercio mundial (III) Globalización económica En las dos entregas anteriores intenté explicar cómo China, en sus mercados internos, mantiene una economía intervenida por el Estado, sobre todo en los sectores más importantes. En otras palabras, dirige de forma ultracentralizada el funcionamiento de los mercados mediante políticas monetarias, fiscales y regulatorias, para alcanzar sus objetivos de desarrollo nacional, en claro detrimento del capital extranjero. Por esta razón, contrario a lo que algunos sostienen, China no posee una economía de libre mercado. Quizás el ejemplo más evidente sea la existencia de un régimen legalmente establecido que otorga el monopolio de sectores estratégicos para la seguridad nacional a un puñado de empresas controladas por el Estado. Estos sectores son la energía, las telecomunicaciones, la tecnología, el transporte, la metalurgia de acero y aluminio, la industria farmacéutica, la minería y ciertas áreas financieras, entre otros. Aun cuando la reacción proteccionista de Estados Unidos haya sido la más llamativa, otros países industrializados —como Canadá, Corea del Sur y Japón, así como varios miembros de la Unión Europea— también han intentado, de maneras más sutiles, convencer a China de corregir los dos Unidos. Todos los países imponen diversos niveles de barreras arancelarias y de otra índole para proteger sus industrias domésticas. Incluso bloques económicos como la Unión Europea y Mercosur son extremadamente proteccionistas frente a países que no son miembros. El proteccionismo nocivo es aquel que se aplica contra la importación de productos extranjeros que compiten en las mismas condiciones que los locales. Esto ocurre cuando un producto extranjero —de mejor calidad y menor costo, gracias al uso de técnicas innovadoras— no puede ingresar con precios competitivos a países cuyos gobiernos buscan favorecer a sus empresas locales mediante barreras arancelarias y otras restricciones. El resultado es que estas empresas no se ven obligadas a mejorar su competitividad, ni a invertir en nuevas tecnologías o a fusionarse para alcanzar economías de escala. Todo esto en perjuicio del consumidor, que no podrá adquirir el mejor producto al menor precio. Por otro lado, quizás no deberían ser tan cuestionadas las políticas proteccionistas impuestas contra un país que subsidia fuertemente a sus industrias, cuenta con mano de obra barata en condiciones infrahumanas y carece de una regulación sanitaria estricta sobre el manejo de plantas, animales y el ambiente, entre otros factores. Frente a estas condiciones desleales, el proteccionismo puede mitigar los efectos adversos que dichas importaciones causarían a la industria local. Para quienes creemos en los beneficios sociales comprobados de aplicar los principios económicos de la Escuela Austriaca y EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es abogado, investigador y doctor en Derecho. tos, se garantiza una vida saludable y se mejora la calidad de vida. Este reconocimiento implica considerar el acceso al agua como esencial para la vida misma, priorizando su acceso universal, incluso para las personas más necesitadas y vulnerables, sin discriminación alguna. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso y el uso de agua potable y saneamiento son derechos humanos fundamentales para la vida y otros derechos. Esto significa que dicho acceso debe ser seguro, accesible, asequible y, sobre todo, suficiente para el uso personal y doméstico, permitiendo una vida de calidad y el mantenimiento de la higiene y la salud. En resumen, es un derecho indispensable para preservar la salud y la dignidad de las personas. En su informe anual de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que el acceso al agua es un derecho estrechamente vinculado a la garantía de varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, al principio de no discriminación y de igualdad. Para la Comisión Interamericana, la falta de acceso al agua afecta principalmente a personas, grupos y colectividades vulnerables, tales como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niños, poblaciones rurales y personas privadas de libertad. La escasez de agua potable está asociada a las consecuencias de la pobreza y la pobreza extrema, impactando gravemente en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Se reconoce que la falta de agua potable y saneamiento es la segunda causa principal de morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años en el hemisferio. El acceso a agua de calidad, es decir, potable y adecuada para el uso y consumo humano, es esencial para evitar la deshidratación, disminuir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y satisfacer las necesidades de consumo, cocina, higiene personal y doméstica. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU elaboró el Comentario General n.º 15, en el que se establecen los elementos clave relacionados con el agua. Así, se destaca que esta debe estar disponible, ser de calidad, segura y, ante todo, accesible tanto física como económicamente, en el sentido de que el agua debe ser considerada como un bien social y cultural, no solamente un bien económico. Por La península de Azuero, conformada por las provincias de Los Santos y Herrera, atraviesa una crisis constante. Es importante reconocer que son provincias vecinas que fueron separadas, en tiempos ya lejanos, por el expresidente Belisario Porras con el propósito de recibir apoyo estatal individualizado para avanzar y desarrollarse. No obstante, siguen trabajando de forma legislativa de manera independiente. Los diputados deben laborar en conjunto, ya que las acciones en Los Santos influyen en Herrera y viceversa. Por ejemplo, si un diputado de Herrera presenta un proyecto beneficioso para su provincia, es fundamental que su homólogo en Los Santos respalde dicho proyecto, puesto que beneficiará a ambas jurisdicciones. Independientemente de banderas políticas o pertenencias partidarias, los representantes de Azuero deberían actuar como un bloque unido, dejando de lado intereses particulares y priorizando la unidad regional. Los diputados de Azuero deben trabajar juntos como un único bloque, conformando una unidad que permita implementar los cambios que realmente necesitan: menos excesos en la imagen y en las redes sociales, y más acciones concretas. Es innegable que estas provincias han realizado numerosos aportes al país. Han progresado de manera casi autónoma, muchas veces sin el respaldo del gobierno central, y han ofrecido lo mejor de sí en términos de educación, valores y una fuerza laboral predominantemente honesta y trabajadora. Sin embargo, en el ámbito político ya no gozan de la influencia de antaño y, salvo en eventos, fiestas regionales o periodos electorales, rara vez captan la atención de los gobiernos. Sus necesidades son tantas que resulta imposible enumerarlas todas, y enfrentan problemas persistentes que parecen haberse convertido en una característica endémica de nuestra sociedad. A pesar de cumQuizás no deberían ser tan cuestionadas las políticas proteccionistas impuestas contra un país que subsidia fuertemente a sus industrias, cuenta con mano de obra barata en condiciones infrahumanas y carece de una regulación sanitaria estricta sobre el manejo de plantas, animales y el ambiente, entre otros factores. Iván Rogelio Robles Herrera y Los Santos tienen uno de los peores servicios eléctricos del país, operan con plantas potabilizadoras que presentan averías constantes desde hace décadas y sufren inundaciones recurrentes en las mismas zonas. otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible n.º 6 tienen como finalidad lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento para el 2030, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual insta a los Estados a trabajar por ese acceso sin discriminación, priorizando a las personas más vulnerables y necesitadas. El derecho al agua y al saneamiento es una herramienta fundamental para reducir la desigualdad social y la pobreza, además de contribuir a la conformación de sociedades más equilibradas. El acceso al agua potable busca garantizar un desarrollo sostenible, proporcionando condiciones y oportunidades equitativas para todos. La contaminación del río La Villa es múltiple y recurrente desde hace décadas. Ha sido afectado por agroquímicos, pesticidas, granjas porcinas, microorganismos y problemas de turbidez, entre otros factores. Asimismo, la falta de reforestación en la península, las sequías, la ausencia de un sistema de alcantarillado moderno y eficiente, y la falta de investigación y sanción hacia los responsables de la contaminación han contribuido a su deterioro. Es imperativo aumentar las multas y penas de prisión, reubicar a las empresas contaminantes fuera de las riberas del río y construir nuevas plantas potabilizadoras modernas y eficientes, que utilicen no solo el agua del río La Villa, sino también de otras fuentes. El uso de pozos debe considerarse una medida transitoria y no permanente. La crisis hídrica en Azuero requiere atención inmediata y soluciones estructurales, lo cual demanda una política de Estado y no meramente una política gubernamental. La actual contaminación del río La Villa ha desencadenado una crisis en el suministro, pero los problemas subyacentes —como la falta de regulación, la degradación ambiental y la infraestructura inadecuada— deben abordarse para prevenir futuras emergencias. Es crucial que las autoridades implementen medidas contundentes para garantizar el acceso a un agua limpia y segura. la Escuela de Chicago, es lamentable constatar que el libre comercio mundial no puede garantizarse, ya que no existen condiciones para un comercio genuinamente justo. Como reza el dicho: “no hay libre comercio sin comercio justo”. El economista John Maynard Keynes, cuyas teorías intervencionistas han causado tanto daño —muchas veces por su mala aplicación—, expuso en 1944 que los grandes desequilibrios comerciales traerían inequidades económicas entre países. Sostenía que un país con superávit excesivo tiene la obligación moral de reducir sus exportaciones y aumentar su consumo interno. Irónicamente, en ese momento, Estados Unidos era el país con el mayor superávit comercial del mundo. El concepto de ventaja comparativa solo tendría validez si todos los países jugaran bajo las mismas reglas comerciales. Hoy no existen esas condiciones homogéneas para lograr una verdadera competitividad global. Los países emergentes han visto reducirse sus reservas de divisas necesarias para importar, ya que exportan cada vez menos debido a estas disrupciones comerciales. Al mismo tiempo, dependen y se endeudan crecientemente con China, dentro de su estrategia de la Nueva Ruta de la Seda. Esta situación se ha tornado insostenible. Es imperativo construir un nuevo sistema de reglas comerciales más equitativo, que ofrezca condiciones justas y simétricas para todos.
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