2A La Prensa Panamá, martes 3 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Henry Cárdenas [email protected] Ministra denuncia intromisión de dirigentes sindicales en protestas de Arimae La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, denunció que sindicalistas estarían detrás de las protestas, cierres de calles y enfrentamientos registrados en las últimas horas en la comunidad de Arimae, provincia de Darién. “Sabemos que han ido, por lo menos, con transporte, logística… porque bajar de esas comunidades no es fácil. Y sí, estuvieron reuniéndose con representantes de Suntracs (Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción), que fueron allá con la excusa de explicar cuál era la lucha”, aseguró Montalvo en declaraciones a Telemetro Reporta. Según la ministra, estas acciones han sido clave para movilizar personas desde zonas de difícil acceso y ampliar la escala de las protestas. En varios puntos del país, específicamente en Bocas del Toro, Chiriquí y la zona limítrofe con Veraguas, se vienen desarrollando protestas durante un mes, enfocadas en la oposición a las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS). A estas manifestaciones se sumó la provincia de Darién, que vivió momentos de alta tensión durante el fin de semana, con varios puntos bloqueados por grupos indígenas. El cierre de vías mediante la tala de árboles, cortes en el suministro eléctrico, el decomiso de explosivos caseros y residentes caminando largas distancias en busca de alimentos marcó la rutina en la región. La titular de Gobierno advirtió que estas intervenciones externas —del Suntracs— están generando divisiones internas dentro de la comunidad. “Hay un grupo que no está de acuerdo y otro que sí ha bajado al cierre de calles. Lamentablemente, esto ha generado daños, como la tala de árboles que afectó el tendido eléctrico, dejando a sectores sin luz ni comunicación”, explicó. Montalvo calificó como preocupante el intento de “aupar a la comunidad a un conflicto que no es de ellos” y dijo que la protesta ha sido impulsada con una narrativa ajena a la realidad local. “Con ellos veníamos trabajando proyectos para resolver problemas puntuales. Ahora vemos un pronunciamiento que no representa a toda la comunidad”, afirmó. En tanto, en la vía Interamericana hubo enfrentamiento entre policías grupos que cerarron el paso. De forma preliminar, se informó que algunos manifestantes resultaron heridos con perdigones. En redes sociales circulan videos en donde se observa a personas heridas. Al mismo tiempo, la Policía Nacional informó que uno de los agentes resultó herido con un golpe en la cabeza, luego que una persona, quien participaba en una manifestación, lanzó una piedra. Eliana Morales Gil [email protected] Académicos y activistas exigen alto a la ‘represión’ en Panamá Un grupo de académicos, activistas y líderes sociales de 18 países lanzó un llamado “urgente” al gobierno panameño para que detenga lo que consideran “una escalada represiva” contra movimientos indígenas, ambientales, sindicales y sociales, y exigen el respeto inmediato a los derechos humanos y la democracia. El documento responde directamente a las protestas que se desarrollan en calles y carreteras del país, impulsadas principalmente por tres demandas: el rechazo a la Ley 462 que reformó el sistema de seguridad social, la oposición al memorándum de seguridad firmado con Estados Unidos, y contra la minería. Los firmantes del manifiesto afirman que observan con “preocupación la involución democrática de Panamá” y solicitan a las organizaciones internacionales con mandato en protección de derechos humanos que intervengan “de inmediato para frenar la escalada de violencia estatal, que ya se traduce en la detención de cientos de civiles, la retención de salarios de quienes se sumaron a la huelga indefinida iniciada el 23 de abril de 2025, la amenaza de despidos masivos o la persecución judicial de organizaciones participantes en las protestas, entre otros hechos”. El documento cuenta con al menos 100 adhesiones. Entre ellas figuran Alberto Acosta (expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador), Yayo Herrero (antropóloga y ecologista global), Lucia Ixchiu (del Black and Indigenous Liberation Movement), Alfonso Insuasty (Red Interuniversitaria por la Paz), Paco Gómez Nadal (periodista y ensayista), Maite Alemany Jordán (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia), Gilma Camargo (abogada panameña), Mariela Arce (Alianza de Mujeres), Marcela Camargo Ríos (historiadora) y Diana Candanedo González (Cuidemos a Panamá). Los firmantes alertan sobre “la detención de cientos de civiles, la retención de salarios a huelguistas desde el 23 de abril, la amenaza de despidos masivos y la persecución judicial a organizaciones de protesta”. “No es la primera vez que la población panameña enfrenta este nivel de represión”, reconocieron, pero advirtieron que “la violenta respuesta gubernamental y la dudosa separación de poderes encienden las alarmas por la falta de garantías legales”, afirman en el manifiesto. En nombre del libre tránsito Paralelamente, desde el inicio de las manifestaciones, la Policía Nacional ha manifestado que garantizará la libre circulación. Este discurso es promovido desde la Presidencia de la República. En mayo pasado, durante una reunión con empresarios, el presidente panameño José Raúl Mulino afirmó que “respeta el derecho a la protesta, pero destacó que el libre tránsito es un derecho y será garantizado”. Miembros de la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo ofrecen una conferencia de prensa la tarde ayer 2 de junio. Al lado, el dirigente Diógenes Espinoza. Un dirigente del Suntracs lanza amenazas de tomarse instituciones Getzalette Reyes Mario De Gracia [email protected] El Gobierno calificó de amenaza a la seguridad del Estado el llamado de Diógenes Espinoza a tomarse oficinas públicas, y advirtió que podría estar incurriendo en un delito al instigar acciones contra funcionarios. El dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Diógenes Espinoza, amenazó con tomarse las oficinas públicas de Bocas del Toro si el gobierno no deroga la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), que reforma el sistema de pensiones. La advertencia fue difundida en un video por redes sociales. Durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, calificó esa declaración como una amenaza contra la seguridad del Estado y de los funcionarios. “No es la vía ni el mecanismo para resolver esta crisis”, afirmó. Orillac lidera la Comisión de Alto Nivel enviada por el Ejecutivo a la provincia, que este lunes 2 de junio sostuvo reuniones en Changuinola con empresarios, transportistas y productores independientes, quienes coincidieron en pedir el levantamiento de los cierres de calles que afectan la economía local desde hace más de un mes. Ese mismo día, otra delegación técnica de la CSS fue rechazada por agrupaciones comunitarias que habían sido convocadas en Chiriquí Grande. Según los voceros institucionales, la cita fue declinada a última hora con el argumento de que los asistentes esperaban la presencia de ministros de Estado, no de funcionarios técnicos. Ortega Llamas, asesor del Despacho Superior, lamentó el retiro de los grupos pese a que la reunión buscaba aclarar dudas sobre las reformas y desmentir información difundida en redes. “Las puertas siguen abiertas para todos los que quieran conocer los alcances reales de la ley”, dijo. La comisión de la CSS estaba integrada por Elsebir Ducreux de Castillero, directora nacional de Prestaciones Económicas; Jorge Ortega Llamas y funcionarios de las direcciones de Riesgos Profesionales, Fondo Complementario y Trámite de Prestaciones. Estaban también dispuestos a explicar la Ley 45, vigente desde 1995 y centrada en beneficios para los trabajadores bananeros. Sin embargo, los ánimos en Bocas del Toro se han crispado. El presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió el 29 de mayo que solo enviaría una iniciativa de revisión a la Asamblea Nacional si se levantaban los cierres: “Al minuto que levantan los paros de manera permanente, esa ley [45] va para la Asamblea. No voy a mandar una ley cuando Changuinola sigue trancada. Se lo hemos dicho al señor [Francisco] Smith en todos los idiomas”. La condición no tuvo eco. Al contrario, los trabajadores agrupados en el Sindicato de la Industria Bananera (Sitraibana), que dirige Smith, decidieron intensifique aún labora en Chiquita Panamá. La reforma a la CSS ha sido un catalizador de múltiples reclamos en el Panamá rural, incluyendo protestas en Arimae (Darién) y cierres en la vía Interamericana a la altura de Tolé y El Salado, en Chiriquí. En el caso de Bocas del Toro, donde el 39.1% de la población vive en pobreza, los manifestantes exigen la derogación de la Ley 462 y una revisión integral de la Ley 45. En medio de este panorama, el Consejo de Gabinete decretó estado de emergencia en la provincia el pasado 27 de mayo. Según el ministro Orillac, la medida busca “facilitar acciones que reactiven la economía” sin recurrir al uso de la fuerza. car la protesta. Desde el 19 de mayo, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal el paro y dio 24 horas para regresar a labores en Chiquita Panamá. El ultimátum tampoco surtió efecto. Según cifras de la empresa, el cese de operaciones implicaría el despido de unos 5,000 trabajadores. Aun así, docentes y obreros se han sumado a la protesta, como evidenció un video publicado este lunes en redes sociales, en el que denuncian que “el gobierno juega con la inteligencia de los bocatoreños”. A esta tensión se suma que, según la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, esta semana podría presentarse la autorización de despido del resto del personal TENSIÓN SOCIAL Enfrentamientos en Tolé, en la vía Interamericana. Cortesía
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