3A La Prensa Panamá, domingo 1 de junio de 2025 Desde Costa Rica, autoridades y expertos en transporte observan con atención el avance del proyecto ferroviario que busca conectar la Ciudad de Panamá con David, en la provincia de Chiriquí. La obra, considerada estratégica por su potencial para dinamizar el comercio y el turismo entre ambos países, ha despertado interés en sectores costarricenses que ven en el tren una futura vía terrestre de integración regional. De hecho, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó esta semana como “extraordinario” el proyecto que Panamá prevé iniciar en enero de 2026. Al ser consultado, por medios de ese país, sobre la posibilidad de desarrollar una ruta ferroviaria similar en territorio costarricense, Chaves reconoció que sería una inversión a largo plazo que requeriría miles de millones de dólares, pero no descartó la idea. “Me da la impresión de que podría ser muy rentable”, afirmó el mandatario. El gobierno costarricense ya ha sostenido reuniones con autoridades panameñas para conocer la demanda esperada del tren interprovincial. Además, no descartan la viabilidad del proyecto dentro del país bajo un esquema de concesión y con participación privada. “Estamos analizando las iniciativas que ya se han presentado”, señaló el mandatario, quien agregó que el tema será tratado “con mucha calma”. Los estudios Esta semana, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, compareció para sustentar un traslado de partida por 11.1 millones de dólares, destinados al desarrollo del ambicioso proyecto ferroviario Panamá-David. “Este es un proyecto insignia del nuevo gobierno del presidente José Raúl Mulino”, afirmó el funcionario al inicio de su intervención, destacando la prioridad que representa la obra para la administración. El ministro explicó que los fondos servirán para iniciar una serie de estudios técnicos y procesos administrativos clave. Entre ellos, mencionó la licitación del administrador del proyecto, el estudio de impacto ambiental —estimado en categoría 3—, así como los estudios de prefactibilidad de ingeniería y la contratación de personal especializado. Estos pasos, según Orillac, son necesarios para asegurar el diseño y la ejecución adecuados de una obra de gran escala y alcance nacional. La extensión El proyecto de tren, que se extendería desde la provincia de Panamá hasta David, en la provincia de Chiriquí, forma parte de una estrategia de desarrollo económico regional que busca mejorar la infraestructura de transporte, reducir costos logísticos y facilitar la movilidad de personas y mercancías. “La idea es fortalecer la conectividad nacional e internacional con una red ferroviaria moderna”, expresó Orillac. Según el ministro, la iniciativa también tiene un componente de integración regional centroamericana, ya que contempla llegar hasta la frontera con Costa Rica. “Vamos a fomentar el comercio, el turismo y el acceso a mercados internacionales”, afirmó. Para ello, adelantó que el proyecto incluirá estaciones en todas las provincias por las que atravesará el tren. “Una vez completados estos estudios, podremos establecer fechas tentativas para la licitación y el inicio de la construcción”, añadió el ministro. Costa Rica sigue de cerca el tren Panamá–David INFRAESTRUCTURA De izquierda a derecha, Yoira Perea, Ramón Ashby, Hugo Henríquez, Senén Mosquera y Mario Kennedy. Archivo Concejo: Cargos clave para investigados y condenados Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES En los últimos años, la presidencia y la vicepresidencia del Concejo han sido asumidas por ediles con antecedentes judiciales, sin que medie objeción de la mayoría de sus colegas ni existan mecanismos internos que lo impidan. El Concejo de Panamá ha institucionalizado una práctica cuestionable: permitir que representantes investigados por el mal manejo de fondos en sus juntas comunales o condenados por peculado ocupen los dos cargos de mayor jerarquía dentro de esa instancia de gobierno local. En los últimos años, la presidencia y la vicepresidencia del Concejo han sido asumidas por ediles con antecedentes judiciales, sin que medie objeción de sus colegas ni existan mecanismos internos que impidan semejante contradicción ética. Los casos más recientes son la escogencia de Senén Mosquera, edil de Curundú, como presidente de ese gobierno local, y de Mario Kennedy, representante de San Felipe, como vicepresidente, para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. El primero es investigado por el manejo irregular de fondos en el esquema conocido como “descentralización paralela”, y el segundo fue condenado por peculado. No obstante, ya hay precedentes de polémicas designaciones en estas autoridades. Por ejemplo, el actual vicepresidente del Concejo de Panamá es Hugo Henríquez, edil de Pacora, a quien la Autoridad Nacional de Descentralización denunció penalmente ante el Ministerio Público por presunto mal manejo de fondos en la cuestionada descentralización paralela. Llama la atención que fue Henríquez quien propuso a Mosquera como presidente de esa instancia local. Es decir, dos juntas comunales mencionadas en el caso de la descentralización paralela. Según reportes, durante el período 2019-2024, Henríquez recibió aproximadamente $2 millones provenientes de ese programa, mientras que Mosquera recibió $3.6 millones. En el caso de Kennedy, el representante había sido condenado inicialmente a seis años, en 2012, por mal manejo de recursos de la junta comunal; pero, al acogerse a un juicio abreviado, la sentencia fue reducida a cuatro años. Eso le permitió postularse nuevamente y ser reelecto. Otros casos Otros casos notables fueron los de Yoira Perea, exrepresentante de Chilibre, quien ocupó la silla presidencial entre enero y julio de 2023. Perea fue condenada a 60 meses (cinco años) de prisión por delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, luego de que se comprobara su participación en la malversación y apropiación — según la acusación del Ministerio Público— de $1.5 millones del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), un programa del Ministerio de Educación. A esta lista hay que agregar a Ramón Ashby, exrepresentante de Calidonia, quien fue condenado a 60 meses de prisión por el delito de peculado doloso agravado. La condena se originó tras una auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades financieras y administrativas en la Junta Comunal de Calidonia durante el período de 1999 a 2003, incluyendo gastos no justificados por al menos $500,000. Aunque inicialmente se le concedió un reemplazo de pena por trabajo comunitario, esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Apelaciones, que consideró que el delito cometido era grave y que Ashby, al ser un funcionario de elección popular, debía cumplir su condena en un centro penitenciario. Los votos La elección de Mosquera y Kennedy para dirigir el Concejo de Panamá no contó con el respaldo unánime del cuerpo edilicio. Representantes de siete corregimientos —Betania (Humberto Enrique Echeverría), Juan Díaz (David Bernal), Pueblo Nuevo (Luis Pérez), Bella Vista (César Kiamco), San Francisco (Serena Vamvas), Tocumen (Arielis Barría) y Ernesto Córdoba (Ismael Atencio)— votaron en contra de la designación, todos ellos integrantes de la coalición opositora Vamos. En contraste, la fórmula Mosquera-Kennedy fue avalada por concejales afines a los partidos Realizando Metas, PRD, Panameñista y Movimiento Otro Camino, consolidando así una mayoría circunstancial que dejó en evidencia la fractura política dentro del gobierno local capitalino. El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió a las declaraciones de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien reveló en una entrevista con el diario español El País que el mandatario panameño habría solicitado la presencia de tropas estadounidenses en el tapón de Darién, durante la crisis migratoria en la región. “La frontera se cerró gracias al esfuerzo y determinación de Panamá, sin requerir jamás semejante cosa. Hoy Darién no tiene ese problema y así lo he manifestado con pruebas evidentes ante EEUU y el Mundo”, escribió en X. A través de su mensaje en X (antes Twitter), Mulino rechazó la acusación, asegurando que en ningún momento su gobierno solicitó la intervención militar extranjera para resolver la crisis migratoria y las calificó de “falsas y temerarias”. De acuerdo con Mulino, fue Panamá, de manera soberana y con esfuerzo propio, quien logró controlar la situación en el Darién sin recurrir a la presencia de tropas estadounidenses. Bolton había afirmado Mulino rechaza declaraciones de exconsejero de Trump sobre solicitud de tropas a EUA CRISIS MIGRATORIA que, antes de las amenazas de Donald Trump sobre el Canal de Panamá, Mulino había pedido el despliegue de militares norteamericanos para hacer frente a la creciente oleada de migrantes que atravesaban la zona. Según el exasesor de Trump, esta petición de apoyo militar constituyó la primera invitación formal a tropas estadounidenses en Panamá desde la retirada de las fuerzas estadounidenses en 1999, cuando se devolvió el Canal. El 1 de julio de 2024, durante la toma de posesión de Mulino como presidente, se firmó un memorándum de entendimiento con el exsecretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, para “apoyar a Panamá” en la gestión del tránsito de migrantes en Darién, el mismo documento que luego sería ampliado paralaimplementacióndevuelos de repatriación. De 55,357 personas que cruzaron la selva en julio de 2023, hubo un descenso a 20,519 en el mismo mes en 2024. En febrero de 2025, el SNM registró el tránsito de 408 personas por Darién; en marzo, 194; en abril, 73; y hasta mediados de mayo, ninguna. Yasser Yánez García [email protected] John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de EUA. Archivo/EFE El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, junto al presidente panameño, José Raúl Mulino. Isaac Ortega Sede del Concejo de Panamá. Archivo Panorama
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