4A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mónica Palm [email protected] El proyecto residencial y turístico Red Frog Archivo Suntracs pierde la custodia de las fincas de Red Frog, en isla Bastimentos Las 14 fincas ubicadas en el complejo residencial y turístico Red Frog, en isla Bastimentos, que estaban bajo el control del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y su cooperativa, serán puestas a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La decisión fue adoptada el lunes 26 de mayo por la fiscal Isis Soto, quien ordenó la aprehensión provisional de las propiedades como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada al sindicato, la cooperativa y su dirigencia, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. Las 14 fincas suman un área total de 33,712 metros cuadrados y fueron entregadas por Pillar Construction, S.A. (que cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores que participaron en una huelga —declarada legal por el Ministerio de Trabajo— llevada a cabo del 5 de febrero de 2007 al 14 de octubre de 2008. El 30 de agosto de 2011, el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola condenó a Pillar Construction a pagar $5.8 millones en salarios caídos y casi $1.2 millones. Un año después, ante la imposibilidad de efectuar el pago en efectivo, la empresa logró un acuerdo extrajudicial para saldar la deuda mediante el traspaso de unas fincas que, en ese momento, supuestamente tenían un valor de $3 millones. En dicha negociación, los 412 trabajadores estuvieron representados por el Suntracs, a pesar de que algunos de los beneficiarios ni siquiera estaban afiliados al sindicato. Por esta razón, cuando las fincas fueron traspasadas, se registraron a nombre de Suntracs. Estas propiedades, que en teoría pertenecen a los 412 obreros de Red Frog, fueron utilizadas como garantía de un préstamo que el sindicato solicitó a su propia cooperativa (ya clausurada por las autoridades), denominada Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs. El préstamo ascendía a $3 millones, a pesar de que, en ocho años, se habían revalorizado. De hecho, la fiscalía cuenta con un avalúo realizado por el ingeniero Pablo Smith, de la empresa Servicios Profesionales de Avalúos y Construcción, que calcula el valor de mercado de esas tierras en $28.6 millones. Ante la imposibilidad de recuperar lo que les corresponde, los 412 “verdaderos dueños” de las fincas presentaron una querella penal el 22 de agosto de 2022. Estos son los hechos que ahora investiga la fiscal Soto. Los querellantes alegan que nadie en Suntracs les consultó sobre la firma del acuerdo extrajudicial de 2012 ni sobre el supuesto contrato de préstamo con la cooperativa en 2022. De hecho, afirman que el 29 de mayo de 2022 el sindicato convocó a una reunión informativa en Almirante, en la cual —según ellos— al menos la mitad de los asistentes eran personas ajenas al proceso. En cambio, a muchos de los obreros indemnizados por Red Frog se les impidió el ingreso al salón. Posteriormente, se enteraron de que, en esa reunión, Jaime Caballero, secretario de Asuntos Internacionales del Suntracs, anunció que las fincas serían hipotecadas. Caballero se encuentra en detención preventiva como parte de esta investigación, al igual que Genaro López, exsecretario general del Suntracs y uno de los firmantes del acuerdo extrajudicial con Pillar Construction. Por su parte, Saúl Méndez, actual secretario general del sindicato, solicitó asilo en Bolivia y permanece en la embajada de ese país en Panamá, a la espera de una respuesta. Mario De Gracia [email protected] Asamblea ratifica a dos magistrados suplentes y al director del Ifarhu LEGISLATIVO La Asamblea Nacional ratificó a dos nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se trata de Eugenio Urrutia Parrilla y Gisela Agurto Ayala, quienes suplirán a magistrados principales en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Urrutia Parrilla será suplente del magistrado Carlos Vásquez Reyes, mientras que Agurto Ayala lo será de Cecilio Cedalise, ambos magistrados principales de dicha sala. La designación fue aprobada por el pleno legislativo con 44 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. Por otro lado, aún está pendiente la ratificación en el pleno de Lina Castro De León, designada como suplente de la magistrada Ángela Russo, de la Sala Primera de lo Civil. Castro De León recibió el aval de la Comisión de Credenciales este martes, luego de un riguroso examen por parte de los diputados, debido a señalamientos sobre presuntos procesos penales en su contra, los cuales negó categóricamente. Durante la sesión, el diputado Jhonathan Vega cuestionó su nominación, aunque finalmente la Comisión le otorgó cinco votos favorables, permitiendo que su nombramiento pase ahora a consideración del pleno. También ayer Carlos Godoy fue ratificado por la Asamblea Nacional como nuevo director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. La aprobación llegó con 40 votos a favor y 7 en contra del pleno del Órgano Legislativo, que se mantiene en sesiones extraordinarias para atender ratificaciones. Los primeros días de la llegada de los auditores de la Contraloría a la Asamblea Nacional. Archivo La lista de los 121 funcionarios de la Asamblea Nacional bajo la lupa Eliana Morales Gil [email protected] PLANILLAS LEGISLATIVAS La Contraloría entregó al Ministerio Público un listado de funcionarios de la Asamblea que no justificaron sus funciones. Se les retuvo el salario y se presentó una denuncia penal por posible delito administrativo. La Contraloría entregó al Ministerio Público una lista con los nombres de 121 funcionarios de la Asamblea Nacional que no habrían podido justificar el cumplimiento de funciones, y a quienes se les retuvo el pago del salario correspondiente a la última quincena de mayo. El documento forma parte de las pruebas que presentó la Contraloría a una fiscalía anticorrupción para sustentar la denuncia penal por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Legislativo. Aunque las investigaciones apenas comienzan y no hay pronunciamientos judiciales sobre responsabilidades individuales, el listado contiene patrones que llaman la atención: concentraciones de personal en ciertos despachos de diputados, sueldos elevados, y figuras administrativas como “prestados”. No obstante, hay nombres que aparecen adscritos al Departamento de Contratos, la Bancada del PRD, la Dirección de Desarrollo Institucional, la Secretaría de Gobierno, la Unidad de Relaciones Internacionales y la Comisión de Economía y Finanzas, así como la Unidad de Verificación y Evaluación de Cumplimiento de Leyes, la Secretaría Técnica de Asuntos Económicos y la Dirección de Documentación y Publicaciones, entre otros. Solo uno es de Benicio La mayor concentración de personal está asociada a los despachos de diputados como Crispiano Adames y Marcos Castillero, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes, de acuerdo con la planilla legislativa publicada recientemente por la propia Contraloría, lideran el ranking de diputados con más personal legislativo. Aunque el diputado Benicio Robinson es quien tiene el mayor número de funciones a su cargo (145 colaboradores), solo uno de ellos figura en la lista remitida al Ministerio Público. Se trata de Darinel Espino, con un salario de $5,000. También se menciona al abogado Kevin Moncada, asociado al despacho del también perredista Raúl Pineda. Moncada tiene un salario de $3,000 y, en pasados quinquenios, formó parte de la planilla legislativa de la exdiputada Zulay Rodríguez. Otro que está en la lista es el exgobernador de Coclé, Julio Palacio, quien figura en el despacho del diputado Néstor Tin Guardia, también del PRD. En la gobernación de Panamá Oeste Entre los que aparecen en la ubicación de “prestados” está Dilio Ramírez, quien, de acuerdo con la información de la Contraloría, tiene rín ($4,225), Yudith Solís ($4,000) e Ileana Mendieta ($5,000). En el Departamento de Contratos, la lista menciona a Yodalis Batista ($4,250), Jorge Omar Jaén ($4,000) y Mónica Panay ($3,100). Otro nombre que figura en el documento es el del exdiputado Jerry Wilson, quien aparece ubicado en la Secretaría General, con un salario de $4,000. La denuncia fue presentada el pasado 21 de mayo y, de acuerdo con el documento, apunta a “los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos de acuerdo con la diligencia de verificación de puestos, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”. Sin embargo, desde la Asamblea aseguraron a este medio que varios de los nombres que aparecen en la lista han demostrado que cumplen a cabalidad con sus funciones e incluso, el pasado viernes, presentaron a la Contraloría los registros de marcación laboral correspondientes. “No tiene sentido denunciar a alguien que probó su asistencia”, mencionó una fuente del Palacio JustoArosemenaquesolicitó el anonimato. La Contraloría audita las planillas de la Asamblea desde febrero pasado. En consecuencia, esa institución ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante las quincenas de abril, los pagos se hicieron mediante cheques, en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identificar a quienes cobran sin trabajar, conocidos como “botellas”. un salario de $3,000 y está “prestado a la Gobernación de Panamá Oeste”. En esa misma gobernación está Massiel Vallarino, con sueldo de $3,000. Vallarino es familiar de la exdiputada Marylin Vallarino, actual gobernadora de Panamá Oeste. También hay nombres vinculados a la Dirección de Participación Ciudadana en Veraguas, como el de Douglas Ábrego, con salario de $3,000. Varios nombres están asociados a la Bancada del PRD, como Eduardo MaUI UNIDAD INVESTIGATIVA
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