1A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 28 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15030
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3A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 28 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15030 Hoy por hoy En Panamá, basta una causa—cualquiera, incluso ajena a la educación—para que miles de docentes abandonen las aulas. Esta vez es la seguridad social; antes fue el salario, la minería, o la falta de pupitres. Mientras tanto, los centros escolares públicos operan a medias: unos con 95% de normalidad, otros sin un solo alumno. La asistencia fluctúa más por miedo a la inestabilidad que por ausencia de voluntad. Es el retrato de un país donde toda huelga educativa “triunfa” si logra detener las clases. Y lo logra. Por eso el calendario escolar ya ha perdido 490 días desde 2020. Cada paro prolonga la desigualdad entre quienes acceden a educación privada y quienes esperan que vuelva la normalidad. La deserción aumenta, el desempleo juvenil también, y el desfase entre lo que se enseña y lo que se necesita empeora. Seguimos hipotecando el futuro sin asumir que, sin educación funcional y continua, ningún país puede prosperar. Menos aún uno que convierte cada protesta en abandono. Ellas.pa Giovanna Troncoso: el sonido de una misión 6B Panamá acelera la digitalización de su economía 1B Café con La Prensa Bocas del Toro, en estado de emergencia Henry Cárdenas [email protected] El Consejo de Gabinete decretó estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro debido a la crisis social y laboral provocada por protestas y bloqueos de vías. HUELGA El ministro de la Presidencia aclaró que no se despejarán vías por la fuerza. Confirman destitución de 4,900 obreros. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aclaró que la medida busca reactivar la provincia sin recurrir a la violencia para despejar los bloqueos. Como consecuencia de las protestas, la empresa Chiquita Panamá anunció la suspensión temporal de sus operaciones y la destitución de unos 5,000 trabajadores. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que se han registrado 4,900 suspensiones laborales, afectando significativamente la economía local, que depende en gran medida de la actividad bananera y el turismo. Una comisión de alto nivel del Ejecutivo viajará a la provincia. Richard Bonilla MEF recibirá fincas de Red Frog en medio de pesquisa penal al Suntracs Mónica Palm [email protected] El Ministerio de Economía y Finanzas recibirá 14 fincas en isla Bastimentos, transferidas en 2012 al Suntracs como pago a 412 obreros de Red Frog. Las propiedades fueron aprehendidas por orden de la fiscal Isis Soto, en el marco de una investigación penal por presunta estafa, blanqueo de capitales y otros delitos. VEA 4A EUA frena temporalmente nuevas visas a estudiantes Estados Unidos suspendió temporalmente las nuevas entrevistas para visas estudiantiles y de intercambio. Todo ello mientras evalúa perfiles en redes sociales por posibles vínculos con discursos de odio o amenazas a la seguridad nacional. La medida afecta a Panamá, que recibió 799 visas F1 en 2023, especialmente en sectores académicos y vocacionales. VEA 9A Entre 2019 y 2024, al menos 17 gremios docentes gastaron $14 millones del Fondo de Capacitación sin controles claros. La Contraloría auditará esos recursos tras denuncias de discrecionalidad y presuntos criterios políticos en la distribución. La auditoría incluirá viáticos, compras, arrendamientos y capacitaciones realizadas. VEA 9A FONDOS PÚBLICOS Gremios docentes gastaron $14 millones sin claridad Educación paralizada Estudiantes y padres cargan con el peso de la huelga Un aula casi vacía en el Instituto Francisco Beckman, en Las Cumbres. De los 35 estudiantes que suelen asistir, solo seis acudieron este lunes 27 de mayo, reflejo del impacto de la huelga docente que exige la derogación de la ley sobre la Caja de Seguro Social. VEA 9A Yaritza Mojica UI UNIDAD INVESTIGATIVA Fiscalía admite querella contra exministro Sabonge y su socio por presunta estafa Una pareja de adultos mayores presentó una querella penal contra Rafael Sabonge, su hermano y allegados del exministro Rojas Pardini, por presunta estafa en un proyecto residencial cuyas viviendas nunca fueron formalmente tituladas. VEA 6A
4A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mónica Palm [email protected] El proyecto residencial y turístico Red Frog Archivo Suntracs pierde la custodia de las fincas de Red Frog, en isla Bastimentos Las 14 fincas ubicadas en el complejo residencial y turístico Red Frog, en isla Bastimentos, que estaban bajo el control del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y su cooperativa, serán puestas a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La decisión fue adoptada el lunes 26 de mayo por la fiscal Isis Soto, quien ordenó la aprehensión provisional de las propiedades como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada al sindicato, la cooperativa y su dirigencia, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. Las 14 fincas suman un área total de 33,712 metros cuadrados y fueron entregadas por Pillar Construction, S.A. (que cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores que participaron en una huelga —declarada legal por el Ministerio de Trabajo— llevada a cabo del 5 de febrero de 2007 al 14 de octubre de 2008. El 30 de agosto de 2011, el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola condenó a Pillar Construction a pagar $5.8 millones en salarios caídos y casi $1.2 millones. Un año después, ante la imposibilidad de efectuar el pago en efectivo, la empresa logró un acuerdo extrajudicial para saldar la deuda mediante el traspaso de unas fincas que, en ese momento, supuestamente tenían un valor de $3 millones. En dicha negociación, los 412 trabajadores estuvieron representados por el Suntracs, a pesar de que algunos de los beneficiarios ni siquiera estaban afiliados al sindicato. Por esta razón, cuando las fincas fueron traspasadas, se registraron a nombre de Suntracs. Estas propiedades, que en teoría pertenecen a los 412 obreros de Red Frog, fueron utilizadas como garantía de un préstamo que el sindicato solicitó a su propia cooperativa (ya clausurada por las autoridades), denominada Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs. El préstamo ascendía a $3 millones, a pesar de que, en ocho años, se habían revalorizado. De hecho, la fiscalía cuenta con un avalúo realizado por el ingeniero Pablo Smith, de la empresa Servicios Profesionales de Avalúos y Construcción, que calcula el valor de mercado de esas tierras en $28.6 millones. Ante la imposibilidad de recuperar lo que les corresponde, los 412 “verdaderos dueños” de las fincas presentaron una querella penal el 22 de agosto de 2022. Estos son los hechos que ahora investiga la fiscal Soto. Los querellantes alegan que nadie en Suntracs les consultó sobre la firma del acuerdo extrajudicial de 2012 ni sobre el supuesto contrato de préstamo con la cooperativa en 2022. De hecho, afirman que el 29 de mayo de 2022 el sindicato convocó a una reunión informativa en Almirante, en la cual —según ellos— al menos la mitad de los asistentes eran personas ajenas al proceso. En cambio, a muchos de los obreros indemnizados por Red Frog se les impidió el ingreso al salón. Posteriormente, se enteraron de que, en esa reunión, Jaime Caballero, secretario de Asuntos Internacionales del Suntracs, anunció que las fincas serían hipotecadas. Caballero se encuentra en detención preventiva como parte de esta investigación, al igual que Genaro López, exsecretario general del Suntracs y uno de los firmantes del acuerdo extrajudicial con Pillar Construction. Por su parte, Saúl Méndez, actual secretario general del sindicato, solicitó asilo en Bolivia y permanece en la embajada de ese país en Panamá, a la espera de una respuesta. Mario De Gracia [email protected] Asamblea ratifica a dos magistrados suplentes y al director del Ifarhu LEGISLATIVO La Asamblea Nacional ratificó a dos nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se trata de Eugenio Urrutia Parrilla y Gisela Agurto Ayala, quienes suplirán a magistrados principales en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Urrutia Parrilla será suplente del magistrado Carlos Vásquez Reyes, mientras que Agurto Ayala lo será de Cecilio Cedalise, ambos magistrados principales de dicha sala. La designación fue aprobada por el pleno legislativo con 44 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. Por otro lado, aún está pendiente la ratificación en el pleno de Lina Castro De León, designada como suplente de la magistrada Ángela Russo, de la Sala Primera de lo Civil. Castro De León recibió el aval de la Comisión de Credenciales este martes, luego de un riguroso examen por parte de los diputados, debido a señalamientos sobre presuntos procesos penales en su contra, los cuales negó categóricamente. Durante la sesión, el diputado Jhonathan Vega cuestionó su nominación, aunque finalmente la Comisión le otorgó cinco votos favorables, permitiendo que su nombramiento pase ahora a consideración del pleno. También ayer Carlos Godoy fue ratificado por la Asamblea Nacional como nuevo director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. La aprobación llegó con 40 votos a favor y 7 en contra del pleno del Órgano Legislativo, que se mantiene en sesiones extraordinarias para atender ratificaciones. Los primeros días de la llegada de los auditores de la Contraloría a la Asamblea Nacional. Archivo La lista de los 121 funcionarios de la Asamblea Nacional bajo la lupa Eliana Morales Gil [email protected] PLANILLAS LEGISLATIVAS La Contraloría entregó al Ministerio Público un listado de funcionarios de la Asamblea que no justificaron sus funciones. Se les retuvo el salario y se presentó una denuncia penal por posible delito administrativo. La Contraloría entregó al Ministerio Público una lista con los nombres de 121 funcionarios de la Asamblea Nacional que no habrían podido justificar el cumplimiento de funciones, y a quienes se les retuvo el pago del salario correspondiente a la última quincena de mayo. El documento forma parte de las pruebas que presentó la Contraloría a una fiscalía anticorrupción para sustentar la denuncia penal por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Legislativo. Aunque las investigaciones apenas comienzan y no hay pronunciamientos judiciales sobre responsabilidades individuales, el listado contiene patrones que llaman la atención: concentraciones de personal en ciertos despachos de diputados, sueldos elevados, y figuras administrativas como “prestados”. No obstante, hay nombres que aparecen adscritos al Departamento de Contratos, la Bancada del PRD, la Dirección de Desarrollo Institucional, la Secretaría de Gobierno, la Unidad de Relaciones Internacionales y la Comisión de Economía y Finanzas, así como la Unidad de Verificación y Evaluación de Cumplimiento de Leyes, la Secretaría Técnica de Asuntos Económicos y la Dirección de Documentación y Publicaciones, entre otros. Solo uno es de Benicio La mayor concentración de personal está asociada a los despachos de diputados como Crispiano Adames y Marcos Castillero, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes, de acuerdo con la planilla legislativa publicada recientemente por la propia Contraloría, lideran el ranking de diputados con más personal legislativo. Aunque el diputado Benicio Robinson es quien tiene el mayor número de funciones a su cargo (145 colaboradores), solo uno de ellos figura en la lista remitida al Ministerio Público. Se trata de Darinel Espino, con un salario de $5,000. También se menciona al abogado Kevin Moncada, asociado al despacho del también perredista Raúl Pineda. Moncada tiene un salario de $3,000 y, en pasados quinquenios, formó parte de la planilla legislativa de la exdiputada Zulay Rodríguez. Otro que está en la lista es el exgobernador de Coclé, Julio Palacio, quien figura en el despacho del diputado Néstor Tin Guardia, también del PRD. En la gobernación de Panamá Oeste Entre los que aparecen en la ubicación de “prestados” está Dilio Ramírez, quien, de acuerdo con la información de la Contraloría, tiene rín ($4,225), Yudith Solís ($4,000) e Ileana Mendieta ($5,000). En el Departamento de Contratos, la lista menciona a Yodalis Batista ($4,250), Jorge Omar Jaén ($4,000) y Mónica Panay ($3,100). Otro nombre que figura en el documento es el del exdiputado Jerry Wilson, quien aparece ubicado en la Secretaría General, con un salario de $4,000. La denuncia fue presentada el pasado 21 de mayo y, de acuerdo con el documento, apunta a “los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos de acuerdo con la diligencia de verificación de puestos, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”. Sin embargo, desde la Asamblea aseguraron a este medio que varios de los nombres que aparecen en la lista han demostrado que cumplen a cabalidad con sus funciones e incluso, el pasado viernes, presentaron a la Contraloría los registros de marcación laboral correspondientes. “No tiene sentido denunciar a alguien que probó su asistencia”, mencionó una fuente del Palacio JustoArosemenaquesolicitó el anonimato. La Contraloría audita las planillas de la Asamblea desde febrero pasado. En consecuencia, esa institución ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante las quincenas de abril, los pagos se hicieron mediante cheques, en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identificar a quienes cobran sin trabajar, conocidos como “botellas”. un salario de $3,000 y está “prestado a la Gobernación de Panamá Oeste”. En esa misma gobernación está Massiel Vallarino, con sueldo de $3,000. Vallarino es familiar de la exdiputada Marylin Vallarino, actual gobernadora de Panamá Oeste. También hay nombres vinculados a la Dirección de Participación Ciudadana en Veraguas, como el de Douglas Ábrego, con salario de $3,000. Varios nombres están asociados a la Bancada del PRD, como Eduardo MaUI UNIDAD INVESTIGATIVA
5A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PÉRDIDA. Hoy, las fincas bananeras de Chiquita cumplen un mes de estar paralizadas y en total abandono. Según la empresa, esto representa pérdidas por $75 millones. No sería mala idea mandar a las botellas de la Asamblea a hacer servicio social de siembra y empaque de banano... al menos hasta la próxima quincena. BURLA. Algunos obreros de Red Frog, desesperados por recibir su compensación, aceptaron una propuesta del Suntracs que representaba únicamente el 49% del pago que legalmente les correspondía. Este debe ser el único sindicato que, en lugar de favorecer a su membresía, la perjudica. ¿Para eso cobran la cuota sindical? LÍO. Este miércoles, el personal del sector salud realizará una marcha pacífica desde el parque Urracá hasta la Presidencia de la República. En tanto, la Universidad de Panamá hará una cadena humana en su campus, al tiempo que se ha ofrecido como facilitadora de un diálogo nacional. Hace unos días estaban defendiendo el derecho de los estudiantes a “protestar” y esconderse en sus instalaciones… hasta que le tiraron una piedra en la cabeza a una niña de 4 años. No sabemos si esto es falta de descrédito o de vergüenza. DAMAJUANAS. La Contraloría presentó una denuncia penal para que se investigue por qué la Asamblea expidió 121 cheques a “funcionarios” que no cumplen una jornada laboral. En ese grupo hay 26 que supuestamente laboran en el despacho de Crispiano Adames y 10 en el de Marcos Castillero. El día que, en la Comisión de Presupuesto, el subcontralor acordó enviar los cheques al departamento legislativo de Recursos Humanos, por lo menos debió solicitar los expedientes a cambio. CHIFEO. La posible renuencia de Bolivia a otorgar asilo a Saúl Méndez estaría Rafael Sabonge, exministro de Obras Públicas; y Alejandro Rojas Pardini, exministro Consejero. LP Fiscalía admite querella contra Sabonge y familiares de Rojas Pardini Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El proceso es por presunta estafa agravada y otros delitos y los querellantes son una pareja de adultos mayores. La Fiscalía Metropolitana admitió una querella penal por presunta estafa agravada y otros delitos contra el exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, su hermano Marcus Sabonge y la hermana del exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini. La querella, admitida el 7 de mayo pasado, fue presentada por una pareja de adultos mayores que por cuatro años hizo pagos para adquirir una vivienda en un proyecto residencial en Las Lajas, Chame, impulsado por Casacampo Investment Corp., la empresa inmobiliaria en la que ambos exministros son -según admitió Sabonge- “socios”. Sabonge le dijo a La Prensa que no ha sido notificado y que se trata de un conflicto de índole “civil” derivado de un embargo bancario, lo que -según dijo- ha impedido que se completen las escrituras de algunas propiedades, aunque aseguró que la viviendas ya fueron entregadas. “Las personas viven en sus casas”, aseguró. Otro factor que incrementa la demora en la entrega de los títulos es la situación financiera del sector inmobiliario, marcado por “bajas ventas e intereses que han seguido corriendo”. “Creo que el sector en general está en una situación compleja y nosotros estamos en conversaciones con los bancos para poder resolver”, remarcó Sabonge. En estas conversaciones participa también su socio, el exministro Rojas Pardini. Rojas Pardini sostuvo, al igual que su socio, que el caso es “de índole estrictamente comercial y privado”, y que no guarda relación con su gestión pública. Sobre el rol de su hermana en la empresa, afirmó que “no es ni ha sido accionista de la compañía”. Agregó que su participación en la junta directiva fue “únicamente en calidad de directora nominal, por lo que no está vinculada directamente a los actos comerciales ni contractuales de la empresa”. También se refirió directamente a los querellantes: “recibieron el inmueble y viven en la casa desde diciembre de 2019”, aunque reconoció que no ha sido posible formalizar la titularidad debido a “complicaciones surgidas durante la pandemia” y al problema financiero que esta generó. Los querellantes Entre los querellados, además de los Sabonge y de María Rojas Pardini Santacoloma, está también Ixora Pérez, quien ocupó un cargo directivos en la sociedad inmobiliaria. Germán Cruz y Diana Bernal de Cruz sostienen que realizaron pagos para adquirir la vivienda, pero nunca recibieron el título de propiedad. Ya han transcurrido más de cinco años desde el abono inicial. Por eso alegan haber sido víctimas de un esquema fraudulento orquestado por la inmobiliaria y solicitan una indemnización provisional de $300,000 en concepto de daños y perjuicios. En la querella presentada, la pareja contó que, luego de iniciar los pagos para adquirir la vivienda, se enteraron que la agencia de seguridad contratada para cuidar el proyecto en Las Lajas solicitó el embargo de varias fincas por una deuda de $97,747, atribuida a presuntos incumplimientos de Casacampo Investment Corp., entre agosto de 2020 y septiembre de 2022. Además de estafa agravada, los Cruz sostienen que han sido víctimas de maltrato al adulto mayor y violacionesalordenjurídicofamiliar. El fiscal adjunto de la Sección de Atención Primaria, Guillermo Vargas, recomendó que esta modalidad de maltrato y las violaciones al régimen familiar sean investigadas por la jurisdicción especializada de familia. El fiscal Vargas ordenó la notificación formal a todos los implicados y dar inicio a la investigación preliminar. Embargo millonario De forma paralela a esta investigación penal, el 9 de octubre de 2024, el Juzgado Quinto de Circuito Civil ordenó el embargo de al menos 44 fincas a nombre de Casacampo Investment Corp. y Desarrollo Convivienda, S.A. por una deuda de hasta $9.7 millones con Multibank Inc. En ambas sociedades han desempeñado roles directivos los exministros Sabonge y Rojas Pardini, quienes enfrentan otros procesos por presuntos incumplimientos financieros y quejas reiteradas de clientes, relacionadas con vicios ocultos en las construcciones y cláusulas abusivas en los contratos. Un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), de julio de 2022, documenta más de 50 quejas contra otras tres sociedades vinculadas a los exministros: Urbe Promoción y Desarrollo, Vistas del Rocío e Inversiones El Rocío. Las denuncias se centran en condiciones contractuales lesivas para los compradores y defectos estructurales en las propiedades entregadas. ¿Promesas incumplidas? Una investigación publicada por La Prensa en enero de 2023 reveló que varios compradores del proyecto Casacampo habían denunciado cláusulas abusivas ante Acodeco, e incluso uno de estos reclamos fue trasladado a la vía penal. Algunos de estos clientes realizaron sus pagos iniciales en 2015, bajo la promesa de que el proyecto se entregaría en un plazo de 18 meses. No obstante, una década después, la mayoría aún no ha recibido sus viviendas. Un recorrido que, hace dos años, realizó La Prensa por el proyecto reveló un panorama casi fantasmal: calles oscuras sin luminarias, maleza invadiendo lotes vacíos, casas sin ocupar, techos exteriores desprendidos, zonas comunes sin concluir y una oficina de ventas completamente abandonada. En otros desarrollos inmobiliarios impulsados por estas mismas figuras políticas, también se han presentado quejas por acabados de lujo prometidos que se convirtieron en pisos defectuosos y azulejos sueltos, así como retrasos prolongados en las entregas de los inmuebles. Sabonge defendió sus proyectos inmobiliarios y calificó de “morbo” la atención a los procesos que se han emprendido en su contra en los tribunales. “Esto no tiene nada que ver con mis cargos públicos. Es un tema privado y civil”, y aseguró que “todos los proyectos han sido culminados, tienen permisos de ocupación y han sido entregados conforme a lo pactado”. Se intentó obtener la versión del exministro Rojas Pardini, quien en un primer momento se comprometió a responder, pero al cierre de esta nota no volvió a establecer contacto. motivada por un conflicto personal entre el expresidente Evo Morales y su exministro y actual gobernante, Luis Arce. Una relación que antes fue muy cercana, pero que ahora es de abierta enemistad. Hace una semana, Morales, con muy poco tacto, “exigió” a Arce, “de la manera más contundente”, que reciba al “compañero” Saúl. Arce respondió con un silencio significativo.Parece que pedir asilo es más complicado que montar una cooperativa. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
7A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 Panorama Edificio en el que funcionaba la extinta casa de valores Financial Pacific. Archivo Condenan a Clare, Valdés y Pellegrini Juan Manuel Díaz [email protected] FALLO Los condenados por el delito de estafa agravada no podrán ejercer cargos públicos durante el mismo período de su condena, una vez que cumplan la pena en prisión. Ocho años de prisión. Esa fue la sentencia que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales impuso a Iván Clare, West Valdés, Mayté Pellegrini y Oscar Rodríguez, todos exdirectivos de la desaparecida casa de valores Financial Pacific. El fallo, firmado por la juez Agueda Rentería, los responsabiliza del delito de estafa agravada en perjuicio del banco extranjero Caye International Bank, Ltd. La decisión, notificada a través del edicto No. 575, también establece una sanción adicional: los cuatro condenados no podrán ejercer cargos públicos durante el mismo período de su condena, una vez que cumplan la pena en prisión. Este capítulo judicial se remonta a abril de 2024, cuando la fiscal Nivia Magaly Lorenzo solicitó formalmente la condena durante el juicio, tras asegurar que las pruebas eran concluyentes: los implicados participaron en maniobras fraudulentas para inducir al banco Caye a transferir fondos a una cuenta de Financial Pacific, que operaba al margen de la regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Aunque en un inicio la juez solo había llamado a juicio a Mayté Pellegrini, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó esa decisión y ordenó incluir en el proceso a Clare, Valdés y Rodríguez. La historia de Financial Pacific es una mancha persistente en la memoria del sistema financiero panameño. En su momento, la casa de valores fue centro de escándalos por manejos irregulares y operaciones poco claras, hasta que fue intervenida y finalmente liquidada. Pero la saga no terminó ahí. En noviembre de 2024, la misma juez Rentería ordenó reabrir una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a las actividades de la empresa, tras la revelación de un informe de la SMV que apuntaba a operaciones sospechosas. Así, el caso de Financial Pacific sigue escribiendo páginas en los tribunales, mientras sus protagonistas enfrentan las consecuencias de una trama que aún deja ecos en el sector financiero del país. Captura de video en la que se aprecia el momento en que la agente es agredida. Cortesía Fiscalía ordena aprehensión en caso de agente del Senafront ATENTADO Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía Regional de Darién ordenó la aprehensión y conducción de cinco personas presuntamente implicadas en la privación de libertad de la funcionaria del Servicio Nacional de Fronteras Inés Guainora durante protestas que se realizaron el pasado 20 de mayo en la comunidad de Arimae, Santa Fe, provincia de Darién. A través de la resolución No. 06-25 del pasado 23 de mayo de 2025, el fiscal Edson Alberto Pineda Aparicio solicitó la conducción de las cinco personas, a quienes se les investiga por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad y lesiones personales, luego de que en días pasados se retuviera a Guainora, funcionaria administrativa de Senafront, cuando esta se dirigía hacia su trabajo. El incidente se registró en el momento que un grupo de personas realizaba protestas en rechazo a la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). La resolución detalla que entre los requeridos por este caso se encuentran Elivardo Membache, Lucrecia Caisamo, Luciana Caisamo, Inelda Salazar e Isaías Caisamo, luego que la fiscalía ubicó suficientes evidencias sobre su presunta participación en las agresiones sufridas por Guainora. Trascendió que tras el incidente la víctima fue amenazada por sus atacantes, advirtiéndole que no acudiera a las autoridades. Las investigaciones revelaron que algunos de los indiciados en este caso son parte de las autoridades tradicionales de las tierras colectivas de la Emberá Wounaan.
8A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 Panorama Las instalaciones son consideradas las más modernas de toda Centroamérica en materia sanitaria. Alexander Arosemena Ciudad de la Salud: $70 millones para mantenimiento anual Aleida Samaniego C. [email protected] CAJA DE SEGURO SOCIAL La Ciudad de la Salud enfrenta desafíos financieros mientras busca expandir sus servicios médicos para atender las crecientes demandas del país. Su sostenibilidad dependerá de una gestión eficiente de recursos y personal. La Ciudad de la Salud, ubicada en la zona oeste de la ciudad de Panamá, sobre el antiguo campo de antenas de Clayton, es una de las infraestructuras hospitalarias más ambiciosas y complejas del país. Con instalaciones que se consideran las más modernas de toda Centroamérica en materia sanitaria, no solo promete transformar la atención médica en Panamá, sino que también enfrenta retos colosales, tanto en su mantenimiento como en la gestión de recursos para garantizar su funcionamiento adecuado. Cuenta con 1,368 camas de hospitalización, 256 camas de cuidados intensivos, 67 de semi-intensivos, 24 secciones de recuperación de anestesia, 51 quirófanos para cirugías y 313 consultorios médicos. En su interior funcionan cuatro hospitales: el Pediátrico, el Quirúrgico, el Clínico y el de Cancerología, todos de alta complejidad, equipados con quirófanos, camas de hospitalización y equipos médicos. El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, en una reciente entrevista con La Prensa, confirmó que el mantenimiento anual de la Ciudad de la Salud oscila entre 60 millones y 70 millones de dólares. Aunque la infraestructura actualmente se encuentra operando solo parcialmente (aproximadamente un 55% de sus servicios médicos están activos), este presupuesto ya cubre la totalidad de la estructura física, incluidas las áreas no operativas, sostuvo. Mon explicó que el diseño de la Ciudad de la Salud contempló una capacidad mucho mayor a la actual, anticipando un crecimiento poblacional y un aumento de enfermedades a futuro. Por ello, gran parte del espacio disponible en este momento no se está utilizando, pero se mantiene listo para ser utilizado conforme se incrementen las necesidades de la población. “Aunque todo el espacio está disponible, la expansión futura del servicio dependerá principalmente de la incorporación del personal médico, enfermeras y técnicos, no tanto de más infraestructura física. El reto es presupuestario, no físico”, detalló Mon. La administración actual asumió la responsabilidad del funcionamiento de la Ciudad de la Salud sin contar con un presupuesto preestablecido para el año 2025. Según Mon, uno de los mayores desafíos ha sido la falta de previsión en cuanto a los costos operativos para el funcionamiento del complejo hospitalario. Además, a medida que se empezó a operar el complejo, surgieron necesidades médicas que no habían sido consideradas inicialmente, como los servicios de maternidad y pediatría, lo que obligó a una redistribución urgente de fondos de otros servicios para cubrir estas áreas. “Tuvimos que hacer una fuerte redistribución de fondos y atender deudas que no habían sido registradas adecuadamente por la administración pasada. Esto ha afectado significativamente el flujo de recursos en este momento”, señaló el director de la CSS. La Ciudad de la Salud ha comenzado a ofrecer servicios esenciales en áreas críticas como urgencias pediátricas, maternas y cardiovasculares. Sin embargo, las urgencias para adultos siguen concentradas en el Complejo Hospitalario Metropolitano, lo que ha llevado a la necesidad de coordinar traslados entre ambos centros de salud. Uno de los problemas más urgentes que ha enfrentado ha sido la escasez de ambulancias. Ante esta situación, la CSS ha implementado soluciones inmediatas, poniendo en funcionamiento 15 ambulancias nuevas en noviembre y 22 adicionales en abril de este año, con el objetivo de completar un total de 54 ambulancias para toda la operación del sistema de salud. Mon aseguró que, para el próximo mes, “la regularización completa del parque de ambulancias” estará en marcha, lo que garantizará que no haya más demoras críticas en los traslados de pacientes. La respuesta de Mon surgió al ser consultado por las horas que debe esperar un paciente por una ambulancia en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Aunque, en un principio, se había contemplado que la Ciudad de la Salud reemplazaría al Complejo Hospitalario Metropolitano, esa idea fue rápidamente descartada. De hecho, Mon destacó que el Complejo Hospitalario Metropolitano seguirá operando y será reforzado en áreas críticas como urgencias pediátricas, atención para adultos y geriatría, dada su ubicación más accesible para los pacientes del centro urbano. El Complejo seguirá operativo “La idea de cerrar el Complejo Hospitalario Metropolitano está años luz de ser cierta. Lo que vamos a hacer es fortalecer sus servicios y mantener una atención descentralizada que aproveche la infraestructura de ambos hospitales”, afirmó el director de la CSS. Especialidades como hemodiálisis, gastroenterología y ortopedia seguirán siendo distribuidas entre ambos complejos, con el fin de optimizar los recursos y ofrecer una cobertura de salud más amplia y eficiente a toda la población. A pesar de los esfuerzos por regularizar los costos operativos, el director de la CSS reconoció que aún no existe una cifra exacta sobre el mantenimiento y operación del Complejo Hospitalario Metropolitano, ya que los procesos de ajuste continúan. La CSS está utilizando el sistema Zafiro (SAP versión 2) para realizar un seguimiento más preciso de los costos operativos y asignar los recursos de manera más eficiente. “No ha sido fácil. Actualmente, todos los costos se concentran en un único centro de costos, y debemos hacer muchos ajustes manuales para separar los gastos de manera detallada”, explicó Mon. La Ciudad de la Salud es una megaobra prometedora, cuyo éxito dependerá de cómo se manejen sus costos operativos y de la capacidad del gobierno para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Aunque la infraestructura está lista para atender las necesidades de salud del país, el reto ahora es administrar eficientemente los recursos y asegurar que el complejo hospitalario cumpla con las altas expectativas que se han generado. Los próximos meses serán clave para determinar si la Ciudad de la Salud logrará superar sus desafíos financieros y operativos para convertirse en un modelo de atención sanitaria en Panamá, o si su viabilidad se verá comprometida por las limitaciones presupuestarias y logísticas. La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada allanó en la mañana ayer la sede de la cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, RL, como parte de las diligencias adelantadas por ese despacho en una investigación por estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Antonio Vargas, del equipo de abogados del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), confirmó que la diligencia fue practicada este martes en las oficinas de avenida Perú. Vargas explicó que la cooperativa se encuentra funcionando, ya que se presentó un recurso de reconsideración contra la decisión del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) de suspender las operaciones de la cooperativa. La fiscalía se encuentra recabando documentos e información sobre las transacciones realizadas por el Suntracs relacionados con fondos vinculados a la entrega de $3 millones por parte El Ministerio Público allana sede de cooperativa del Suntracs INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO de la sociedad Pillar Construcción como parte de un acuerdo extrajudicial para resolver un conflicto laboral surgido por la construcción del proyecto urbanístico denominado Red Frogs Beach Club en la isla Bastimento en Bocas del Toro. En este caso la fiscalía investiga la presunta vinculación de los dirigentes del Suntracs, Genaro López, Erasmo Cerrud y Saúl Méndez. Por este caso ya la fiscalía imputó cargos a López, mientras que la policía ofrece una recompensa de $5 mil para dar con el paradero de Cerrud. En tanto, Méndez se encuentra refugiado en la Embajada de Bolivia en Panamá. Vargas alegó que estas acciones son parte de la persecución contra el Suntracs. Juan Manuel Díaz [email protected] Sede de la cooperativa en la avenida Perú, ciudad de Panamá. Cortesía
9A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 Panorama A más de un mes de paro, equivalente a 25 días hábiles sin clases, la situación en el sistema educativo público panameño continúa siendo irregular, y en algunos casos nula. Algunos centros intentan trabajar con normalidad, otros enfrentan ausentismo tanto de docentes como de estudiantes, en medio de protestas por la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). Los gremios magisteriales han reiterado que no cesarán las manifestaciones hasta lograr la derogación de la norma, lo que mantiene en incertidumbre a 900 mil estudiantes del sistema oficial. Un recorrido realizado por periodistas de La Prensa revela un panorama mixto: Escuela Carlos A. Mendoza, San Miguelito: La actividad escolar se desarrolla con normalidad en un 95%. De los docentes, solo cuatro permanecen en paro. Este centro atiende a 1,225 estudiantes en ambos turnos. Colegio Monseñor Francisco Beckmann, Panamá Norte: Aunque entre el 70% y 80% del personal docente está asistiendo, la puntualidad de los estudiantes ha sido mínima. Esta semana solo el 3% de los más de 3,100 estudiantes se han presentado. La Asociación de Padres de Familia ha recomendado no enviar a los hijos por la situación de inestabilidad. Escuela Árabe de Libia, Las Lajas: En el turno matutino, las clases se desarrollan con normalidad y un 95% de asistencia. No obstante, en el turno de la tarde —dirigido a estudiantes de primer ciclo o educación premedia— la asistencia es irregular. La matrícula supera los 700 alumnos. Escuela Profesional Richard Neumann: La jornada del 27 de mayo fue suspendida para los estudiantes debido a una fumigación por proliferación de mosquitos. Pese a ello, la administración sigue atendiendo a quienes se presentan. En este caso particular, no se pudo determinar qué tantos estudiantes están recibiendo sus clases. Sin embargo, medidas de mantenimiento de este tipo, en medio del calendario académico, se realizan justamente por la irregularidad que ha propiciado el paro convocado por los gremios educativos. Colegio José Antonio Remón Cantera: Este martes 27 de mayo no se observó presencia estudiantil. Solo acudieron docentes al plantel. Instituto América: Con una población estudiantil de más de 3,000 jóvenes, padres de familia informaron que desde la semana pasada los estudiantes están asistiendo con mayor regularidad. Muy pocos docentes apoyan la huelga en este plantel. IPTC Nicolás Del Rosario: en este centro educativo es del nivel de Media, se ubica en San Miguelito y la asistencia de los estudiantes ha sido regular, mientras que pocos docentes han estado apoyando la huelga. Los estudiantes graduandos les preocupa su año escolar y que no completen el pensum académico para graduarse. El Ministerio de Educación no ha emitido una nueva evaluación oficial del impacto del paro, pero padres de familia y expertos advierten sobre el efecto acumulativo en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en un sistema ya golpeado por la pandemia y otras interrupciones previas. Radiografía de varios centros educativos en medio del paro ESCUELAS OFICIALES Gremios docentes se mantienen en una paralización indefinida de labores desde el 23 de abril. Richard Bonilla Contraloría auditará uso de $14 millones de fondo docente Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Yaritza Mojica [email protected] CAPACITACIÓN Según datos del Ministerio de Educación a los que tuvo acceso este medio, 17 gremios gastaron unos 14 millones de dólares entre 2019 y octubre de 2024. El Fondo de Capacitación Gremial Docente maneja millones de dólares destinados a la formación continua de educadores. Al menos 17 gremios reciben estos recursos, que ahora serán objeto de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, en medio de señalamientos por presunta opacidad y uso discrecional de los fondos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Según datos del Ministerio de Educación (Meduca) a los que tuvo acceso este medio, los 17 gremios gastaron unos 14 millones de dólares entre 2019 y octubre de 2024. Los gastos corresponden a capacitaciones tanto nacionales como internacionales, así como a la compra de mobiliario, artículos promocionales, pago de arrendamientos, viáticos, y honorarios de facilitadores y coordinadores de seminarios. De hecho, la auditoría solicitada por la propia ministra de Educación, Lucy Molinar, a la Contraloría abarcará el uso de los recursos asignados a las agrupaciones gremiales de maestros entre julio de 2019 y junio de 2024, según confirmó la entidad este lunes 26 de mayo. El fondo, creado originalmente mediante el Decreto de Gabinete 168 de 1971 y modificado por la Ley 49 de 2002, tiene como propósito financiar iniciativas de desarrollo profesional para el magisterio nacional. La distribución del Fondo de Capacitación Gremial Docente responde, en teoría, a una fórmula basada en la cantidad de afiliados por gremio. Primero se toma el total de docentes agremiados y se divide entre la asignación anual del fondo; luego, el resultado se multiplica por el número de miembros que cada organización tiene registrados. Los recursos provienen del Seguro Educativo, del cual se destina un 1% anual específicamente a este fondo. Anomalías Sin embargo, fuentes del sector educativo aseguraron que durante la administración pasada el mecanismo dejó de ser estrictamente técnico. Según sus versiones, la distribución del dinero habría obedecido a criterios políticos y no al número de afiliados. Cada gremio de educadores debe elaborar su programa anual de capacitación para el año siguiente, señalando la cantidad destinada a cada proyecto. Debe incluir contenidos, población beneficiada, región escolar y el detalle de los insumos requeridos para el desarrollo de cada capacitación. Entre las organizaciones que más recursos recibieron durante los últimos dos años (2023-2024) están la Asociación de Profesores de la República de Panamá, con más de 2 millones de dólares; la Asociación de Educadores Veragüenses, con más de 1,3 millones de dólares; mientras que la Asociación de Educadores Chiricanos y la Asociación de Educadores Independientes Auténticos recibieron 1,1 millones de dólares entre 2023 y 2024. Dirigentes, en la mira Ya varios líderes de estas organizaciones estuvieron en la mira del Ministerio Público a finales del año pasado, cuando la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), realizaron diligencias de allanamiento dentro de la operación denominada “Capibara”, iniciada tras denuncias por supuestos negociados en nombramientos de docentes en distintos centros escolares del país. En aquel momento, unas siete personas fueron llevadas a audiencias de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares: seis por delitos contra la administración pública y una por delitos sexuales. Las diligencias de allanamiento se practicaron en distintos puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, donde se incautaron equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forenses dentro de la investigación. De acuerdo con las investigaciones, iniciadas tras denuncias presentadas entre 2023 y 2024 por el Ministerio de Educación, se trata de funcionarios y exfuncionarios —todos docentes— que presuntamente negociaban nombramientos mediante tráfico de influencias, ya fuera para posiciones permanentes, regulares o para cubrir licencias. Varias de las personas aprehendidas laboraban en la Comisión Regional de Selección de Personal Docente, la cual se encarga de elegir a los docentes según los puntajes obtenidos para asignarlos a plazas vacantes durante el año escolar. Los aprehendidos, presuntamente, negociaban nombramientos a cambio de sumas de dinero que alcanzaban hasta 70 mil balboas por varias designaciones. También se reportaron casos en los que los nombramientos se daban como favores o en intercambio de beneficios personales. El secretario de Estado de Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, ordenó a las embajadas estadounidenses en todo el mundo detener temporalmente la programación de nuevas entrevistas para visas estudiantiles y de intercambio, mientras la administración Trump evalúa medidas más estrictas de revisión de los perfiles en redes sociales de los solicitantes, según reveló Politico. En la medida, comunicada ayer, Rubio instruye a las secciones consulares a no abrir nuevas citas para visas de las categorías F-1 (para estudiantes internacionales a tiempo completo e inscritos en cursos académicos universitarios), M-1 (para estudiantes internacionales a tiempo completo inscritos en estudios de formación vocacional) y J-1 (para visitantes de intercambio) hasta nueva orden. Las entrevistas ya agendadas podrán continuar con normalidad. La decisión forma parte de un grupo de medidas del gobierno estadounidense por restringir la entrada de estudiantes internacionales, EUA suspende nuevas citas para visas estudiantiles en todas sus embajadas EDUCACIÓN bajo el argumento de que algunos podrían representar riesgos para la seguridad nacional o estar vinculados a discursos de odio, incluyendo el antisemitismo. Rubio ya había advertido sobre estas restricciones en marzo. “Si solicitas una visa para entrar a Estados Unidos como estudiante, y nos dices que no vienes solo a escribir artículos de opinión, sino a participar en movimientos que hacen cosas como vandalizar universidades, acosar estudiantes, tomar edificios o causar disturbios, no te vamos a dar una visa”, aseguró en su momento. Esta nueva restricción se produce días después de que el Departamento de Seguridad Nacional intentara bloquear la inscripción de estudiantes internacionales en la Universidad de Harvard, una medida que fue frenada por un juez federal. Además, la administración ha iniciado gestiones para cancelar contratos federales con Harvard valorados en unos 100 millones de dólares. Durante el año fiscal 2023, Estados Unidos emitió 799 visas F1 a estudiantes panameños. Yasser Yánez García [email protected] Marco Rubio. EFE En el Instituto América las clases se imparten con bastante regularidad. Yaritza Mojica
10A La Prensa Panamá, miércoles 28 de mayo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. de la invasión de Estados Unidos, se sostiene en tres patas que restan estabilidad al sistema. Esto se debe a que los partidos políticos que llevan a los gobernantes al poder responden a agendas particulares que no representan al resto de la población. Les recuerdo a los voceros empresariales que, para que haya estabilidad, las leyes deben beneficiar a todos los sectores y no solo a unos pocos. También les recuerdo que, en muchos países de América Latina, ganar con un 34% —como fue el caso de Laurentino Cortizo y José Raúl Mulino— no representa legitimidad. Por eso, se ha consensuado la necesidad de una segunda vuelta electoral, para que los dos candidatos más votados puedan representar, en efecto, el sentir democrático de la mayoría, y no solo de una fracción minoritaria. Si la Ley 462 ha sido rechazada por muchos sectores sociales, incluidos profesionales como médicos, enfermeras y docentes, es porque hay un descontento generalizado, no solo por su contenido, sino por la forma manipulada en que fue aprobada. Primero, se utilizó el recurso de las “consultas” para aparentar una cobertura amplia de opiniones. LueLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Sin educación, no hay victoria Brecha social Preocupado por las prolongadas y obligadas vacaciones de nuestros niños y jóvenes, especialmente de los estratos más populares, titulo este artículo parafraseando el conocido lema de algunos grupos que proclaman: “sin lucha no hay victoria”. Ese grito, antes pertinente, ha perdido valor. Hoy se ha convertido en un argumento que, en la práctica, condena y sacrifica a los estudiantes de escuelas públicas, manteniéndolos en la ignorancia y profundizando la desigualdad social, es decir, agrandando la brecha entre la educación pública y la privada. Panamá ha registrado uno de los crecimientos económicos más sostenidos de la región, pero con una de las peores distribuciones de la riqueza. Y es justamente la educación la herramienta fundamental para reducir esa inequidad. Cuando lo entendamos, comenzaremos a cerrar la otra gran brecha: la que deja la riqueza en manos de unos pocos. Las luchas por la Caja de Seguro Social, la minería, los embalses, los altos costos de vida o las desigualdades económicas y sociales no deben librarse sacrificando a nuestros estudiantes. Ellos son quienes podrán, con preparación, ayudarnos a elegir mejores líderes y propiciar un país más atractivo para la inversión y el empleo de calidad. Resulta paradójico que algunos gremios que critican—con razón—la inequidad social, sean los mismos que, al paralizar clases, condenan a nuestros niños a la pobreza por falta de educación de calidad. Entendamos entonces que sin educación, no hay victoria. Entre 2020 y 2025, la brecha entre educación pública y particular se ha ampliado. Nuestros estudiantes han perdido más de 500 días de clases, lo que los relega a una formación incompleta y los condena a ser trabajadores de segunda categoría. Es urgente que docentes y dirigentes sindicales recapaciten. El derecho a protestar no puede ejercerse a costa del derecho a estudiar. Los paros forzados, en un sistema ya golpeado por currículos desfasados, infraestructura deficiente y escasa tecnología, solo ahondan la herida y restan competitividad a nuestros jóvenes en un mundo cada vez más exigente. No podemos soslayar tampoco el alto grado de corrupción e impunidad que persiste. Un escándalo tapa al anterior, y los gobernantes parecen convencidos de que el poder otorga impunidad y riqueza instantánea. Es necesario educar con el ejemplo. Los gobernantes no han querido ver que todas las grandes protestas recientes—la pandemia en 2020, el alza del combustible en 2022, la minería en 2023, la crisis de la CSS en 2024—tienen un denominador común: corrupción, impunidad, justicia parcializada y abandono del sistema educativo. Queda claro que en Panamá, como en el resto del mundo, sin educación no hay victoria. Cuando la educación forma parte del ADN Vocación La educación primaria (6 a 12 años) incluye materias fundamentales como matemáticas, ciencias, educación física, música, arte e inglés, que es obligatorio en muchas escuelas. En esta etapa se refuerzan valores como la disciplina, el respeto a la autoridad y el cumplimiento de normas. La puntualidad, la atención en clases y la realización de tareas se promueven de forma constante. En el primer ciclo de secundaria (12 a 15 años) se profundiza en las materias básicas y se permite al estudiante explorar asignaturas de interés. En el segundo ciclo (15 a 18 años), el sistema se divide en dos modalidades: académica, orientada a la universidad, y profesional, enfocada en formación técnica. Actualmente, hay alrededor de 50 millones de jóvenes matriculados en educación superior, lo que representa más del 60% de cobertura, con egresados que pronto se incorporan a la vida laboral. Para ingresar a instituciones de educación superior, los estudiantes deben presentar el Gaokao, un examen nacional que se rinde al finalizar la secundaria y define el ingreso a universidades. Los cupos se asignan según el puntaje y las preferencias del estudiante. Las universidades más prestigiosas y las carreras más demandadas exigen los puntajes más altos, que influyen directamente en las oportunidades laborales. El éxito de la formación estudianJorge Obediente ¿De cuál democracia me hablan? Representación política He escuchado algunas declaraciones de líderes empresariales en torno a la Ley 462, recién aprobada en la Asamblea con 48 votos a favor, y que ha dado origen a jornadas de protestas en todo el país. De acuerdo con los voceros de Apede y la Cámara de Comercio, la democracia se basa en los votos: unos ganan y otros pierden, como si se tratara de un juego de Monopolio. Según ese silogismo, si 48 diputados votaron a favor de la ley y constituyen mayoría, entonces la ley fue escogida democráticamente. Pero deberían saber un poco más de historia de la democracia y darse cuenta de que el sistema nació en Grecia, donde también se establecía que si un gobernante actuaba en contra del sentir popular podía ser destituido. Eso me parece justo en cualquier sistema democrático, ya que las mayorías también pueden equivocarse y, por tanto, rectificar. Los representantes de la empresa privada y los bancos deben entender que la democracia no está hecha solo para el beneficio de un reducido grupo, y que nuestra sociedad está compuesta por diversos sectores con intereses legítimos. La democracia panameña, desgo se impuso la propuesta del Ejecutivo, que —según lo ha dicho el propio presidente Mulino— representa a los empresarios. Para darle legitimidad, se llevó a la Asamblea, donde el proyecto no fue aprobado con un 70% de los votos, sino por menos. Lo mismo ocurrió con la propuesta minera: muchos diputados que votaron en contra del sentir ciudadano terminaron “pidiendo perdón” por el error cometido. Como era de esperarse, muchos de ellos recibieron un voto castigo y no fueron reelectos. Lo mismo podría ocurrir con quienes aprobaron la reforma al seguro social impulsada por el Ejecutivo. Sería ingenuo pensar que la sociedad panameña no ha madurado lo suficiente como para distinguir entre verdaderos representantes y quienes actúan en componendas para fines particulares. Sigue siendo un error del Ejecutivo —y de sus aliados empresariales— usar epítetos descalificadores contra todos los que se oponen a sus intereses, que no son necesariamente los de la mayoría del pueblo panameño, como ya ha quedado demostrado en coyunturas pasadas. Si se sigue invocando el concepto de democracia con oportunismo, como algunos lo están haciendo, no se sembrará más que la semilla del descontento, la frustración y el resentimiento. Y eso, más temprano que tarde, nos puede conducir a oscuros retrocesos. Opinión EL AUTOR es ciudadano. EL AUTOR es sociólogo y docente. EL AUTOR es ciudadano. Guillermo Alonso Quiñones R. til depende de la calidad y la dedicación del cuerpo docente. China cuenta con más de 20 millones de profesores de tiempo completo, capacitados tanto en docencia como en sus respectivas disciplinas. Profesores extranjeros también enseñan idiomas, incluyendo el inglés. China es el segundo país del mundo que más invierte en educación. Garantiza la gratuidad de la educación primaria y secundaria, y otorga préstamos y becas para los estudiantes que los requieren. También invierte en infraestructura educativa, como laboratorios, bibliotecas y tecnología. El gobierno asegura que el sistema educativo responda a las necesidades del país, formando ciudadanos que contribuyan al desarrollo social y económico. A partir del 1 de septiembre de 2025, China implementará la enseñanza obligatoria de inteligencia artificial para todos los estudiantes entre 6 y 15 años, quienes recibirán nueve años de formación avanzada en IA, como parte de una estrategia nacional para asegurar el liderazgo global en tecnología y educación digital. Qué desgracia la de Panamá, que ni siquiera tiene los cimientos para construir una educación digna. La base de ciudadanos analfabetas o sin niveles educativos mínimos para contribuir al país, sumada a docentes sin vocación ni talento, compromete el futuro de la juventud. Un gobierno sin políticas educativas claras y una Asamblea Nacional más interesada en recortar el presupuesto del sector para atender intereses personales, nos deja a dos generaciones de distancia de un verdadero cambio. El daño causado no solo a la juventud, sino al futuro de Panamá, por personas sin vocación para la enseñanza y sin una cultura adecuada para transmitir valores ciudadanos, es profundo. Sus aptitudes distan mucho de las necesarias para ser buenos educadores. Comparemos con países donde la educación enfatiza la disciplina, el respeto a la autoridad y la rigurosidad académica. Nos referimos a China, que cuenta con más de 260 millones de estudiantes y una estructura educativa similar a la de Panamá: preescolar, primaria de seis años y secundaria dividida en primer y segundo ciclo, siendo los primeros nueve años obligatorios. La tasa de asistencia en este tramo es del 99%, lo que contribuye a un índice de alfabetización del 97% y a resultados sobresalientes en las pruebas internacionales PISA, donde China ocupa el primer puesto. La jornada escolar inicia a las 7:30 a.m. y finaliza a las 3:30 p.m. Las clases de refuerzo o aprendizaje adicional empiezan a las 5:00 p.m., de modo que los estudiantes estudian un promedio de 10 horas diarias. Aunque la educación preescolar no es obligatoria, está dirigida a niños de 3 a 6 años y busca el desarrollo integral a través del fortalecimiento de habilidades básicas, sociales y emocionales. Muchos ingresan a primaria sabiendo leer, escribir y con conocimientos básicos de matemáticas. Se ha consensuado la necesidad de una segunda vuelta electoral, para que los dos candidatos más votados puedan representar, en efecto, el sentir democrático de la mayoría, y no solo de una fracción minoritaria. Jaime Cheng Peñalba Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Anne e Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón En China la jornada escolar inicia a las 7:30 a.m. y finaliza a las 3:30 p.m. Las clases de refuerzo o aprendizaje adicional empiezan a las 5:00 p.m., de modo que los estudiantes estudian un promedio de 10 horas diarias.
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