2A La Prensa Panamá, martes 27 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Genaro López tras la audiencia. Isaac Ortega Genaro López es trasladado a la cárcel La Nueva Joya, donde está Jaime Caballero INVESTIGACIÓN Genaro López, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), fue trasladado al centro penitenciario La Nueva Joya, la cárcel más grande del país, luego de permanecer varios días detenido en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Fuentes policiales conrmaron que López fue llevado al centro penitenciario donde también permanece su colega sindical Jaime Caballero, quien enfrenta una investigación por presunto blanqueo de capitales. La audiencia El pasado sábado 24 de mayo, durante una audiencia, el juez de garantías Francisco Carpintero ordenó la detención provisional de López, imputado por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y falsi cación de documentos. La medida fue adoptada a solicitud de la scal Isis Soto, quien argumentó que existía riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de evidencia y capacidad del imputado para inuir en testigos del caso. Durante la audiencia, la scal expuso que los hechos investigados se remontan a un conicto laboral en el proyecto turístico Red Frog Beach Club, en la isla Bastimentos, Bocas del Toro. En ese proceso, la empresa Pillar Construction accedió a pagar $7 millones a favor de los trabajadores. Sin embargo, años más tarde, dirigentes del sindicato, entre ellos López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, rmaron un acuerdo extrajudicial con la empresa por solo $3 millones, sin informar a más de 400 obreros beneciarios del fallo original. El Ministerio Público sostiene que parte del dinero y propiedades entregadas como compensación fueron gestionadas a través de la Cooperativa del Suntracs, la cual posteriormente hipotecó terrenos recibidos en el acuerdo. Un informe del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) alertó sobre prácticas irregulares en la gestión - nanciera de la cooperativa y falta de controles contra el blanqueo de capitales. ‘No nos hemos quedado con la plata de nadie’ La defensa de López apeló la medida de detención y la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue jada para el 5 de junio. Desde el momento de su aprehensión, López ha insistido en que el caso responde a una persecución política contra el sindicato, que ha sido crítico de la reciente reforma a la ley de pensiones. “No nos hemos quedado con la plata de nadie. Esto es un montaje para silenciar al Suntracs”, declaró ante el tribunal. En tanto Saúl Méndez, actual secretario general del sindicato solicitó asilo a la embajada de Bolivia en Panamá, país que le dio protección temporal. Sobre la cárcel La Nueva Joya En La Nueva Joya se encuentran internos procesados o condenados por delitos graves, entre ellos homicidio, narcotrá co, pandillerismo, corrupción y blanqueo de capitales. Muchos de sus pabellones albergan a imputados de organizaciones criminales, entre otros. Es el centro penitenciario más grande de Panamá. Ubicada en el distrito de Pacora, al este de la capital, fue inaugurada en 2014 como parte de una estrategia para descongestionar el sistema carcelario. Cuenta con varios pabellones de seguridad diferenciada: mínima, mediana y máxima, y está diseñada para albergar a más de 5 mil reclusos. José González Pinilla [email protected] Dan 48 años de prisión al homicida de la niña de Alanje, Chiriquí, Lina Rojas JUSTICIA Kenny Alberto Quintero Cedeño fue condenado a 48 años de prisión por el homicidio de la niña Lina Fabiola Rojas. El Ministerio Público informó que la Fiscalía Regional de Chiriquí logró dicha condena tras las audiencias realizadas y las pruebas presentadas contra Quintero Cedeño, quien fue acusado por los delitos de femicidio y violación sexual agravada en perjuicio de la menor de edad. Los hechos ocurrieron el 8 de febrero de 2023, en el distrito de Alanje, Chiriquí. Quintero Cedeño estaba detenido desde el 12 de mayo de 2023. Lina Rojas fue encontrada cerca de su vivienda el 9 de febrero de 2023. Tenía fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital José Domingo de Obaldía, donde falleció. Periodistas que fueron a cubrir el hecho en ese entonces encontraron en la calle a Quintero Cedeño y lo entrevistaron. —¿Triste la comunidad? —preguntó el periodista. —Claro que sí —respondió fríamente. Reclamo en el palacio Justo Arosemena contra el contralor Anel Flores. Isaac Ortega Contraloría presenta denuncia penal por caso de supuestas ‘botellas’ en la AN Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Se trataría de funcionarios que cobraban sin trabajar. La investigación incluye auditorías, retención de cheques y podría derivar en sanciones penales. Se menciona el caso de 180 funcionarios, entre ellos 104, serían botellas. La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Asamblea Nacional, luego de detectar el pago de salarios a funcionarios que presuntamente no cumplían con sus jornadas laborales, es decir, personas conocidas como “botellas”. “Estos funcionarios omisos en el cumplimiento de sus laborales (funcionamiento del servicio público) con cancelación de sus remuneraciones salariales, contravienen la prohibición comprendida en el artículo 145 (numeral 19) de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, al censurar que ningún servidor público puede “cobrar salario sin cumplir con su jornada de trabajo, salvo las excepciones contempladas en esta Ley”, se lee en la denuncia penal presentada el pasada 21 de mayo. La acción legal, rmada por el abogado Irving Álvarez en representación de la Contraloría, sería la primera denuncia gestionada por el contralor Anel Flores en el marco de las auditorías que su despacho realiza en la Asamblea. La pesquisa abarca el uso de fondos públicos destinados a sueldos y servicios especiales y apunta a “los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos de acuerdo con la diligencia de veri cación de puestos, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”. Se menciona el caso de 180 funcionarios, entre ellos 104, serían botellas. Según el documento presentado, la Contraloría constató “preliminarmente” que algunos servidores públicos “se encuentran percibiendo emolumentos salariales sin que hubieses cumplido sus jornadas de trabajo contempladas en el reglamento de recursos humanos”. De acuerdo con la acción legal, esta práctica vulnera disposiciones del Código Administrativo y de la Ley 9 de 1994, que prohíbe expresamente cobrar salarios sin cumplir con la jornada laboral. En consecuencia, el documento advierte que en el plano penal, los hechos podrían con gurar el delito de corrupción de servidores públicos, contemplado en el artículo 349 del Código Penal, que sanciona con mulción de cheques y copias de los cheques retenidos a 121 de ellos. “No existen más pruebas”, dijo una de las fuentes. La investigación surge como parte del conjunto de auditorías ordenadas por la Contraloría mediante resoluciones emitidas en febrero y marzo de 2025. En ellas se instruyó evaluar la legalidad y pertinencia del uso de recursos públicos en la Asamblea Nacional. Hasta el momento, no se han divulgado los nombres de los funcionarios implicados ni el monto total de los fondos comprometidos. Sin embargo, la denuncia abre la puerta a posibles acciones penales contra quienes resulten responsables. Como parte de las auditorías, la Contraloría ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante las quincenas de abril, los pagos se hicieron mediante cheques en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identi car a quienes cobran sin trabajar. La institución también reveló la planilla correspondiente a cada diputado. Se identi có, por ejemplo, a diputados con hasta 145 funcionarios, cuyos salarios representan un gasto mensual superior a los $261 mil. tas o trabajo comunitario a quienes cobren del Estado sin prestar servicio alguno. La denuncia además señala que esta práctica irregular deteriora la actividad administrativa del Estado y menoscaba las nanzas públicas, ya que los empleados señalados no ejercían funciones reales en la institución, pese a haber sido nombrados y remunerados con fondos del Tesoro Nacional. Las pruebas Entre las pruebas que, de acuerdo con la denuncia, fueron entregadas al Ministerio Público, se mencionan copias simples de pagos por ACH, controles de asistencia, cheques girados, una copia de un memorando del 15 de mayo suscrito por la jefa de Fiscalización de la Contraloría, y copias de tres resoluciones emitidas en febrero pasado, mediante las cuales la entidad ordenó las auditorías, entre otros documentos. Sin embargo, fuentes legislativas que tuvieron acceso a la carpetilla informaron a este medio que, hasta el jueves 22 de mayo, la Contraloría solo había presentado las tres resoluciones que ordenaron las auditorías, la lista de los funcionarios afectados con la retenFE DE ERRORES En la edición del pasado sábado 24 de mayo, en la sección Panorama, página 5A, en la nota titulada ‘Confirman condena a exdiputado y dirigente sindical’, se informó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había confirmado una condena por hurto contra el exdiputado del PRD de Bocas del Toro, Abel Becker. También se publicó su fotografía. Aclaramos que la persona mencionada en la nota comparte el nombre con el exdiputado Becker, pero se trata de un ciudadano distinto y sin relación alguna con el dirigente político. Kenny Alberto Quintero Cortesía
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