1A La Prensa Panamá, martes 27 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 27 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15029 50% Hoy por hoy Cuando padres de familia protestan, por ejemplo en Jaqué, Darién, por el abandono de su escuela —sin baños, sin agua potable y sin docentes en materias clave—, hay quienes cobran sin trabajar en la planilla de la Asamblea Nacional. Ese es el verdadero costo del clientelismo. Mientras miles de jóvenes intentan estudiar en medio de un sistema paralizado por huelgas docentes —que ya acumulan semanas sin clases en escuelas o ciales—, los fondos públicos siguen alimentando redes de favores políticos disfrazadas de nombramientos. La denuncia penal presentada por la Contraloría General contra al menos 104 funcionarios que habrían cobrado sin laborar en despachos legislativos revela una práctica extendida y conocida: mantener “botellas” como pago por lealtades partidarias. Unos cien casos es muy poco para una institución que tiene casi cinco mil funcionarios. Lo más probable es que podría operar e cientemente con menos de mil. En esa lista ni están todos los que son, ni son todos los que están. La auditoría debe ser constante, transparente y objetiva. No se vale usarla como herramienta de presión política. Urge restablecer las prioridades del país: menos planilla política, más aulas dignas. Ellas.pa Claves del taller de bodas en el Bristol 5B Bernal vs. Méndez: duelo táctico en la final 7B Deportes Panorama Llegan al MP casos de presuntas botellas en la Asamblea 2A Economía Trump evalúa nuevos recortes a Harvard 4B Consignas sin empleo: Bocas al borde del colapso Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Bocas del Toro advirtió sobre “daños irreversibles” si no se atiende con urgencia la crisis laboral provocada por el HUELGA La crisis llevó al Gobierno a anunciar una reforma a la Ley 45. Empresarios advierten de “daños irreversibles” y René Quevedo critica que en Panamá se esté ahuyentando la inversión. despido de unos 5,000 trabajadores de Chiquita Panamá e Ilara Holding. Para el analista René Quevedo, la situación anticipa un nuevo “Puerto Armuelles” y reeja una peligrosa distorsión del modelo de desarrollo: “Nos hemos convertido en un país donde las consignas pesan más que las realidades y las calles dictan jurisprudencia”. Frente a este escenario, el Gobierno Nacional anunció que presentará esta semana una propuesta de reforma a la Ley 45 de 1979, que regula el sistema especial de pensiones para trabajadores bananeros. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, conrmó que el proyecto será incluido en la agenda de sesiones extraordinarias. Además, una comisión interinstitucional se desplazará a Bocas del Toro para de nir una hoja de ruta económica. El Ejecutivo también busca reabrir el diálogo con la empresa para evitar su salida del país. VEA 1B Ucrania-Rusia ¿Una guerra sin fin? Reclutas ucranianos de la 65.ª Brigada Mecanizada entrenan en una pista con obstáculos psicológicos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania. Mientras, crece en Ucrania la frustración por la lentitud con que Estados Unidos y Europa responden a los ataques rusos (900 drones de largo alcance y 90 misiles entre el 23 y 25 de mayo) que tuvieron un saldo de al menos 13 muertos (entre ellos niños) y decenas de heridos. EFE Fabio Mariño Vargas Tomado de internet El embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño Vargas, fue una gura central en la salida del expresidente Ricardo Martinelli hacia Bogotá, tras concedérsele asilo político. Excomandante del M19 y cercano al presidente Gustavo Petro, Mariño facilitó un vehículo diplomático para trasladar a Martinelli desde la embajada de Nicaragua hasta el aeropuerto Marcos Gelabert, en Albrook. Aunque no hay con rmación de que viajara con él, sí se sabe que regresó esa misma noche a Panamá en el avión privado del exmandatario. Sus gestiones diplomáticas aún generan interrogantes en ambos países VEA 4A Molinar solicita auditoría a uso de fondos gremiales Sindicalista Genaro López es enviado a La Nueva Joya Mariño, Martinelli y una diplomacia de alto vuelo En medio de la huelga docente, la Contraloría anunció que auditará el uso de fondos gremiales docentes entre 2019 y 2024, tras solicitud de Lucy Molinar, para veri car si fueron destinados a su nalidad legal. VEA 3A Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), fue trasladado a La Nueva Joya tras ser imputado por estafa y blanqueo en el caso Red Frog Beach. VEA 3A DINERO PÚBLICO INVESTIGACIÓN UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, martes 27 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Genaro López tras la audiencia. Isaac Ortega Genaro López es trasladado a la cárcel La Nueva Joya, donde está Jaime Caballero INVESTIGACIÓN Genaro López, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), fue trasladado al centro penitenciario La Nueva Joya, la cárcel más grande del país, luego de permanecer varios días detenido en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Fuentes policiales conrmaron que López fue llevado al centro penitenciario donde también permanece su colega sindical Jaime Caballero, quien enfrenta una investigación por presunto blanqueo de capitales. La audiencia El pasado sábado 24 de mayo, durante una audiencia, el juez de garantías Francisco Carpintero ordenó la detención provisional de López, imputado por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y falsi cación de documentos. La medida fue adoptada a solicitud de la scal Isis Soto, quien argumentó que existía riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de evidencia y capacidad del imputado para inuir en testigos del caso. Durante la audiencia, la scal expuso que los hechos investigados se remontan a un conicto laboral en el proyecto turístico Red Frog Beach Club, en la isla Bastimentos, Bocas del Toro. En ese proceso, la empresa Pillar Construction accedió a pagar $7 millones a favor de los trabajadores. Sin embargo, años más tarde, dirigentes del sindicato, entre ellos López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, rmaron un acuerdo extrajudicial con la empresa por solo $3 millones, sin informar a más de 400 obreros beneciarios del fallo original. El Ministerio Público sostiene que parte del dinero y propiedades entregadas como compensación fueron gestionadas a través de la Cooperativa del Suntracs, la cual posteriormente hipotecó terrenos recibidos en el acuerdo. Un informe del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) alertó sobre prácticas irregulares en la gestión - nanciera de la cooperativa y falta de controles contra el blanqueo de capitales. ‘No nos hemos quedado con la plata de nadie’ La defensa de López apeló la medida de detención y la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue jada para el 5 de junio. Desde el momento de su aprehensión, López ha insistido en que el caso responde a una persecución política contra el sindicato, que ha sido crítico de la reciente reforma a la ley de pensiones. “No nos hemos quedado con la plata de nadie. Esto es un montaje para silenciar al Suntracs”, declaró ante el tribunal. En tanto Saúl Méndez, actual secretario general del sindicato solicitó asilo a la embajada de Bolivia en Panamá, país que le dio protección temporal. Sobre la cárcel La Nueva Joya En La Nueva Joya se encuentran internos procesados o condenados por delitos graves, entre ellos homicidio, narcotrá co, pandillerismo, corrupción y blanqueo de capitales. Muchos de sus pabellones albergan a imputados de organizaciones criminales, entre otros. Es el centro penitenciario más grande de Panamá. Ubicada en el distrito de Pacora, al este de la capital, fue inaugurada en 2014 como parte de una estrategia para descongestionar el sistema carcelario. Cuenta con varios pabellones de seguridad diferenciada: mínima, mediana y máxima, y está diseñada para albergar a más de 5 mil reclusos. José González Pinilla [email protected] Dan 48 años de prisión al homicida de la niña de Alanje, Chiriquí, Lina Rojas JUSTICIA Kenny Alberto Quintero Cedeño fue condenado a 48 años de prisión por el homicidio de la niña Lina Fabiola Rojas. El Ministerio Público informó que la Fiscalía Regional de Chiriquí logró dicha condena tras las audiencias realizadas y las pruebas presentadas contra Quintero Cedeño, quien fue acusado por los delitos de femicidio y violación sexual agravada en perjuicio de la menor de edad. Los hechos ocurrieron el 8 de febrero de 2023, en el distrito de Alanje, Chiriquí. Quintero Cedeño estaba detenido desde el 12 de mayo de 2023. Lina Rojas fue encontrada cerca de su vivienda el 9 de febrero de 2023. Tenía fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital José Domingo de Obaldía, donde falleció. Periodistas que fueron a cubrir el hecho en ese entonces encontraron en la calle a Quintero Cedeño y lo entrevistaron. —¿Triste la comunidad? —preguntó el periodista. —Claro que sí —respondió fríamente. Reclamo en el palacio Justo Arosemena contra el contralor Anel Flores. Isaac Ortega Contraloría presenta denuncia penal por caso de supuestas ‘botellas’ en la AN Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Se trataría de funcionarios que cobraban sin trabajar. La investigación incluye auditorías, retención de cheques y podría derivar en sanciones penales. Se menciona el caso de 180 funcionarios, entre ellos 104, serían botellas. La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Asamblea Nacional, luego de detectar el pago de salarios a funcionarios que presuntamente no cumplían con sus jornadas laborales, es decir, personas conocidas como “botellas”. “Estos funcionarios omisos en el cumplimiento de sus laborales (funcionamiento del servicio público) con cancelación de sus remuneraciones salariales, contravienen la prohibición comprendida en el artículo 145 (numeral 19) de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, al censurar que ningún servidor público puede “cobrar salario sin cumplir con su jornada de trabajo, salvo las excepciones contempladas en esta Ley”, se lee en la denuncia penal presentada el pasada 21 de mayo. La acción legal, rmada por el abogado Irving Álvarez en representación de la Contraloría, sería la primera denuncia gestionada por el contralor Anel Flores en el marco de las auditorías que su despacho realiza en la Asamblea. La pesquisa abarca el uso de fondos públicos destinados a sueldos y servicios especiales y apunta a “los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos de acuerdo con la diligencia de veri cación de puestos, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”. Se menciona el caso de 180 funcionarios, entre ellos 104, serían botellas. Según el documento presentado, la Contraloría constató “preliminarmente” que algunos servidores públicos “se encuentran percibiendo emolumentos salariales sin que hubieses cumplido sus jornadas de trabajo contempladas en el reglamento de recursos humanos”. De acuerdo con la acción legal, esta práctica vulnera disposiciones del Código Administrativo y de la Ley 9 de 1994, que prohíbe expresamente cobrar salarios sin cumplir con la jornada laboral. En consecuencia, el documento advierte que en el plano penal, los hechos podrían con gurar el delito de corrupción de servidores públicos, contemplado en el artículo 349 del Código Penal, que sanciona con mulción de cheques y copias de los cheques retenidos a 121 de ellos. “No existen más pruebas”, dijo una de las fuentes. La investigación surge como parte del conjunto de auditorías ordenadas por la Contraloría mediante resoluciones emitidas en febrero y marzo de 2025. En ellas se instruyó evaluar la legalidad y pertinencia del uso de recursos públicos en la Asamblea Nacional. Hasta el momento, no se han divulgado los nombres de los funcionarios implicados ni el monto total de los fondos comprometidos. Sin embargo, la denuncia abre la puerta a posibles acciones penales contra quienes resulten responsables. Como parte de las auditorías, la Contraloría ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante las quincenas de abril, los pagos se hicieron mediante cheques en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identi car a quienes cobran sin trabajar. La institución también reveló la planilla correspondiente a cada diputado. Se identi có, por ejemplo, a diputados con hasta 145 funcionarios, cuyos salarios representan un gasto mensual superior a los $261 mil. tas o trabajo comunitario a quienes cobren del Estado sin prestar servicio alguno. La denuncia además señala que esta práctica irregular deteriora la actividad administrativa del Estado y menoscaba las nanzas públicas, ya que los empleados señalados no ejercían funciones reales en la institución, pese a haber sido nombrados y remunerados con fondos del Tesoro Nacional. Las pruebas Entre las pruebas que, de acuerdo con la denuncia, fueron entregadas al Ministerio Público, se mencionan copias simples de pagos por ACH, controles de asistencia, cheques girados, una copia de un memorando del 15 de mayo suscrito por la jefa de Fiscalización de la Contraloría, y copias de tres resoluciones emitidas en febrero pasado, mediante las cuales la entidad ordenó las auditorías, entre otros documentos. Sin embargo, fuentes legislativas que tuvieron acceso a la carpetilla informaron a este medio que, hasta el jueves 22 de mayo, la Contraloría solo había presentado las tres resoluciones que ordenaron las auditorías, la lista de los funcionarios afectados con la retenFE DE ERRORES En la edición del pasado sábado 24 de mayo, en la sección Panorama, página 5A, en la nota titulada ‘Confirman condena a exdiputado y dirigente sindical’, se informó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había confirmado una condena por hurto contra el exdiputado del PRD de Bocas del Toro, Abel Becker. También se publicó su fotografía. Aclaramos que la persona mencionada en la nota comparte el nombre con el exdiputado Becker, pero se trata de un ciudadano distinto y sin relación alguna con el dirigente político. Kenny Alberto Quintero Cortesía
3A La Prensa Panamá, martes 27 de mayo de 2025 Panorama Como parte del proceso para implementar el uso terapéutico del cannabis en Panamá, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, presidió ayer lunes 26 de mayo de 2025 una reunión con la Comisión Técnica de Cannabis Medicinal, enfocada en a nar el marco regulatorio que permitirá un uso controlado y seguro del cannabis y sus derivados. Durante la sesión, Uriel Pérez, director nacional de Farmacia y Drogas del Minsa, expuso el estado actual del proceso de licenciamiento y las modi caciones introducidas por el Decreto Ejecutivo No. 6 del 4 de abril de 2025, que reglamenta la Ley 242 de octubre de 2021. Esta ley posicionó a Panamá como el primer país de Centroamérica en legalizar el cannabis con nes medicinales y terapéuticos, tras cinco años de debate legislativo. Pérez indicó que ya se trazó una hoja de ruta para aplicar el reglamento técnico, se presentó un borrador operativo y se propusieron capacitaciones para funcionarios de las instituciones involucradas. En cuanto al avance del proceso empresarial, el funcionario informó que, de las siete compañías a las que se les permitió iniciar el trámite para obtener la licencia de operación —según lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 242— cinco ya cuentan con esta autorización. No obstante, solo una de ellas ha dado el siguiente paso: iniciar el trámite para obtener la licencia especí - ca de cannabis medicinal, requerida para la fabricación y distribución de estos productos. Cada empresa fue evaluada bajo estrictos criterios técnicos y legales, demostrando su capacidad para operar dentro del marco regulatorio nacional. En la reunión participaron el ministro Boyd Galindo; el secretario general del Ministerio de Seguridad, Juan Carlos Rodríguez; representantes de la Autoridad Nacional de Aduanas, Cannabis medicinal: cinco empresas tramitan licencia de Farmacia y Drogas MEDICINA el Ministerio de Comercio e Industrias, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y la Federación Nacional de Pacientes con Esclerosis Múltiple de Panamá. El desarrollo de esta industria representa no solo un avance en materia de salud pública, sino también una oportunidad económica estratégica para Panamá. Se espera que la regulación del cannabis medicinal impulse la atracción de inversiones, fomente la creación de empleos cali cados y posicione al país como un referente regional en esta área emergente. Además, la implementación del programa busca ampliar el acceso a tratamientos alternativos para pacientes que sufren enfermedades crónicas o debilitantes. La ley contempla el uso del cannabis medicinal para aliviar síntomas de condiciones como epilepsia, esclerosis múltiple, VIH/ sida, cáncer, enfermedad de Crohn, glaucoma, entre otras. Estas aplicaciones permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes, ofreciendo nuevas opciones terapéuticas donde los tratamientos convencionales han sido insu cientes. Con este encuentro, el país rearma su compromiso con una regulación responsable, centrada en la salud de los pacientes y el fortalecimiento institucional para supervisar cada etapa del proceso, desde la producción hasta la distribución - nal del cannabis medicinal. Los docentes están en paro indefinido desde el pasado 23 de abril. Richard Bonilla Paro de docentes: Meduca pide normalidad, pero las aulas siguen vacías Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN El paro indefinido continúa tras más de un mes sin clases, a pesar de los llamados del Meduca. Mientras las autoridades y gremios se enfrentan, los estudiantes siguen atrapados en la incertidumbre y el conicto. El reloj avanza, pero las aulas siguen vacías. Han pasado 25 días hábiles sin clases, más de un mes de paro docente que, pese al llamado de la ministra de Educación, Lucy Molinar, sigue tan rme como el primer día. Ayer por la mañana, el país recibió una con rmación dolorosa: el regreso a clases, convocado para el 26 de mayo por el Ministerio de Educación (Meduca), fue ignorado por la mayoría del cuerpo docente. Lo que debía haber sido una jornada de reencuentro entre estudiantes y maestros terminó siendo otra fecha perdida en el calendario escolar. Autoridades y docentes enfrentados, y el sistema, fracturado. “Algunos docentes han retomado sus funciones, pero muchos otros se mantienen en huelga”, admitió Aldo Bazán, representante de los padres de familia en Panamá Centro. “Esto no se arregla con un comunicado. Se necesita un diálogo real, una negociación concreta. No se puede La Contraloría General de la República iniciará una auditoría al Fondo de Capacitación Gremial Docente, tras una solicitud formal presentada por la ministra de Educación, Lucy Molinar. La scalización abarcará el uso de los recursos asignados a las agrupaciones gremiales de maestros entre julio de 2019 y junio de 2024, según con rmó la entidad este lunes 26 de mayo. El fondo, creado originalmente mediante el Decreto de Gabinete 168 de 1971 y modi cado por la Ley 49 de 2002, tiene como propósito nanciar iniciativas de desarrollo profesional para el magisterio nacional. Estos recursos deben destinarse a actividades como cursos, seminarios, congresos, investigaciones, publicaciones y pasantías que bene cien directamente a los docentes. Con esta auditoría, la Contraloría informó que busca determinar si los fondos han sido utilizados de acuerdo con su nalidad legal y en bene cio del cuerpo docente. La institución aseguró que emprenderá las acciones necesarias para garantizar una scalización rigurosa y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos. La revisión del Fondo de Capacitación Gremial Docente se da en un contexto de mayor exigencia ciudadana sobre el control del gasto público, y también en medio de una huelga docente. Otras auditorías Como se recordará, la Contraloría también anunció la realización de una auditoría para evaluar la coContraloría auditará fondos de capacitación docente tras solicitud del Meduca DINERO PÚBLICO rrecta administración de los fondos del Seguro Educativo, especí camente aquellos destinados a la “capacitación sindical”, en el período comprendido entre enero de 2012 y el 30 de junio de 2024. Si se toma en cuenta que, en ese período de 12 años, se han entregado entre 12 y 14 millones de dólares anuales para capacitación sindical, la Contraloría deberá auditar el uso de entre 144 y 168 millones de dólares. “Como ente scalizador, la Contraloría llevará a cabo las diligencias necesarias para recopilar los elementos de juicio que permitan esclarecer los hechos. Para ello, los auditores realizarán entrevistas, designarán peritos y efectuarán las inspecciones que sean necesarias, aplicando las normas, pruebas técnicas y procedimientos de auditoría instituidos por la ley”, señaló la institución en su momento. Los fondos de capacitación son gestionados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL). Posteriormente, estos recursos son entregados a los sindicatos para la capacitación de los trabajadores. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La fiscalización abarcará el uso de los recursos asignados a gremios de maestros entre julio de 2019 y junio de 2024. Richard Bonilla La Ley 242 de octubre de 2021 regula en Panamá el uso medicinal del cannabis. . iStock seguir sacri cando la educación de nuestros hijos”, enfatizó. La ministra de Educación insistió en que el sistema “se está normalizando poco a poco”. Sin embargo, la percepción en las calles, escuelas y comunidades es muy distinta. El desconcierto reina. “¿Por qué debería haber represalias? Lo que necesita el país es que los niños estén en el aula”, declaró Molinar en Telemetro Reporta. Pero sus palabras contrastan con lo que organizaciones independientes observan sobre el terreno. Yair Velásquez, de Jóvenes Unidos por la Educación, es tajante: “No se puede hablar de normalización mientras los gremios docentes insistan en no volver y no exista un monitoreo real del estado de las escuelas”. El joven activista va más allá: denuncia inacción y falta de innovación por parte del Meduca. “A más de un mes del paro, no se ha implementado ninguna alternativa educativa. ¿Dónde están las clases por radio, televisión o módulos impresos? Están en los protocolos, pero no en la práctica”. Subrayó que Panamá cuenta con más de 3,100 centros escolares. Nadie, ni siquiera el Meduca, puede decir con certeza cuántos están funcionando hoy. No hay un sistema público, transparente y con able de monitoreo. Velásquez también pone el dedo sobre una vieja herida: la supervisión escolar. “Los supervisores deberían estar visitando las escuelas todos los días para constatar la docencia. Pero eso nunca se ha hecho de manera sistemática. Hoy más que nunca, es urgente”, manifestó. Y lanza una propuesta directa: que la información sobre asistencia y funcionamiento escolar sea recopilada por un ente externo al Meduca, para evitar la manipulación o el maquillaje de cifras. Más allá de cifras, comunicados e entrevistas, lo que está en juego es el futuro de una generación. Y hoy, con cada día que pasa, se vuelve más incierto. Lo que debiera ser sagrado —la educación de los niños y jóvenes— ha sido arrastrado al centro de un conicto político, social y sindical, subrayó. Mientras las autoridades y gremios se lanzan acusaciones mutuas, los estudiantes siguen atrapados en el fuego cruzado. Al nal de la tarde de ayer, el Meduca, a través de un comunicado, expresó su más sincero agradecimiento a todos los educadores que se reincorporaron a sus labores este lunes 26 de mayo. Su retorno a las aulas garantiza la continuidad y fortalecimiento del proceso educativo en el sistema o cial. Ante comentarios malintencionados que circulan en distintas plataformas digitales, consideramos necesario aclarar que “Meduca no ha destituido a ningún docente”. Hacemos un llamado a la comunidad educativa a no dejarse inuir por rumores infundados que solo generan incertidumbre y desinformación. Invitamos a toda la comunidad escolar, docentes y padres de familia, a retomar con responsabilidad y compromiso el calendario lectivo 2025. Cada día de clases es una oportunidad invaluable para el aprendizaje y el desarrollo integral de nuestros alumnos.
4A La Prensa Panamá, martes 27 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] SECUELAS. Los conflictos en Red Frog le están costando plata al Estado panameño. El MEF ha contratado a la firma Hogan Lovells US, LLP para que represente a la República de Panamá en el arbitraje internacional de inversión presentado por los desarrolladores del tristemente célebre complejo residencial y turístico Red Frog. El contrato es por hasta $2.6 millones. Parece que todo aquel vinculado al proyecto en isla Bastimentos ha tenido pérdidas. Los únicos que estaban ganando (hasta ahora…) eran los dirigentes del Suntracs. SECRETO. David Fernández Bultrón, abogado de los trabajadores de Red Frog, explicó en Cuarto Poder que la empresa fue condenada a pagar una compensación de $7 millones. Sin embargo, el Suntracs cerró un acuerdo por $3 millones, que no fueron pagados en efectivo, sino a través del traspaso de 13 lotes y una villa. ¿Por qué el sindicato renunció al 57% de lo que legalmente correspondía? Un grupo importante de trabajadores ha dicho que nadie les consultó nada ni se celebró alguna asamblea para someter el tema a votación. Cualquiera diría que la dirigencia del sindicato siempre veló por sus propios intereses y no por el de los obreros. FUERA. Esos trabajadores, que se supone eran los beneficiarios reales de las propiedades traspadas, cuentan que cuando iban a Bastimentos y se acercaban a Red Frog, el personal del proyecto les impedía ingresar porque no tenían permiso del Suntracs. Parece quedar claro que la dirigencia nunca tuvo intención de devolver nada. NOMBRES. La diputada Janine Prado le ha pedido a la expresidenta Mireya Moscoso que denuncie en el Ministerio Público quiénes son aquellos parlamentarios que, en una recepción en la embajada de España, le contaron del supuesto plan para expulsar a José Raúl Mulino de la presidencia de la República. Ricardo Martinelli y su abogada Jessica Canto. Tomada de Instagram El asilo de Martinelli en Colombia: los viajes reveladores del embajador Rolando Rodríguez [email protected] El embajador colombiano Fabio Mariño facilitó el asilo del expresidente Ricardo Martinelli, gestionando su salida desde la embajada de Nicaragua en Panamá hacia Bogotá el 10 de mayo, en un avión privado de la familia Martinelli. El jueves 8 de mayo de este año, en horas de la mañana, el embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño Vargas, viajó en vuelo comercial a Bogotá. Fue su primer viaje de 2025. La última vez que el diplomático había estado en su país fue el 22 de diciembre de 2024. El embajador Mariño retornó a Panamá al día siguiente, el viernes 9 de mayo, en las primeras horas de la noche. Ese n de semana se conoció la noticia: el sábado 10 de mayo, a las 10:08 p.m., la Cancillería panameña anunció que Colombia había otorgado asilo al expresidente Ricardo Martinelli, quien hasta entonces —y desde el 7 de febrero de 2024— estaba hospedado en la embajada de Nicaragua, supuestamente aguardando la expedición de un (nuevo) salvoconducto para viajar a Managua. Al embajador Mariño lo habían visto haciendo gestiones en la Cancillería colombiana y en la Casa de Nariño, pero, salvo por un puñado de personas, en Panamá se desconocía que el diplomático había recibido una carta en la que Martinelli solicitaba el asilo a Colombia. De ahí sus últimas idas y venidas fugaces. El papel del embajador colombiano, de acuerdo con una nota del diario El Tiempo, fue clave para concretar el asilo. Cercano al presidente Gustavo Petro, Mariño fue comandante de la organización guerrillera colombiana Movimiento 19 de Abril, también conocida como M-19. El 10 de mayo, Mariño le proporcionó al exgobernante un automóvil con matrícula diplomática que lo recogió en la embajada de Nicaragua, en La Alameda, y lo llevó hasta la pista del aeropuerto Marcos Gelabert, en Albrook, donde aguardaba el avión privado de la familia Martinelli, identicado con el número N799RM. Se desconoce si el diplomático colombiano viajó en el avión con Martinelli esa noche, cuando la aeronave despegó poco después de las 7:30 p.m., rumbo al aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Lo que sí se sabe es que Mariño viajó de regreso a Panamá en el avión de Martinelli. Lo hizo esa misma noche, aterrizando en Albrook a primeras horas del domingo. Eran las 12:45 a.m., según pudo corroborar La Prensa, a través de fuentes e informes documentales ociales. El embajador volvió nuevamente a Bogotá días después, el 15 de mayo, y retornó el 21. Ambos trayectos los hizo en vuelos comerciales. El avión de Martinelli ha regresado a Colombia en otras ocasiones. El 13 de mayo,porejemplo,llegóaPanamá desde Bogotá con Jessica Canto, abogada personal del exgobernante y funcionaria de la Asamblea Nacional (supuestamente, trabaja en la ocina de la bancada del partido Realizando Metas). No hay registros ociales de la fecha en que Canto partió a Bogotá. Canto también viajó a Nicaragua en ese avión privado el 23 de febrero de 2024. Dos semanas antes, su cliente se había refugiado en la embajada nicaragüense. Aquel día, Canto permaneció en Managua de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., cuando voló de vuelta a su país. Ese año, además, la abogada y funcionaria hizo cinco vuelos a Colombia, todos a la ciudad de Medellín, y en lo que va de 2025 ha viajado dos veces: una a Medellín — el pasado sábado— y el más reciente, cuando regresó a Panamá tras haber acompañado a Martinelli en Bogotá. Se intentó obtener una explicación de Mariño, pero en la embajada nadie responde y tampoco fue posible dejar un mensaje en los teléfonos de la recepción y del asistente del embajador. Aleida Samaniego C. [email protected] La vacuna contra la fiebre amarilla sigue siendo la principal barrera contra esta enfermedad viral. Archivo La OPS lanza alerta: fiebre amarilla podría llegar a Panamá si no se actúa a tiempo SALUD PÚBLICA La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una alerta preocupante: Panamá se encuentra entre los países en riesgo ante la expansión de la ebre amarilla en América Latina. En su más reciente Evaluación Rápida de Riesgo (RRA), el organismo internacional advirtió que el brote actual representa una amenaza de nivel alto para la salud pública en la región, con posible diseminación del virus a territorios que históricamente eran considerados de bajo riesgo, incluyendo Panamá. El informe, publicado el 23 de mayo, señala que el número de casos conrmados de ebre amarilla en la región de las Américas se ha multiplicado por ocho entre enero y mayo de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Se han noticado 221 casos humanos y 89 muertes en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, con una tasa de letalidad del 40%. Panamá en el radar epidemiológico La OPS advierte que existe una creciente posibilidad de que la ebre amarilla se propague hacia Panamá, debido a su proximidad con zonas afectadas en Colombia y a las condiciones ecológicas favorables para la transmisión del virus por mosquitos. De hecho, el documento menciona directamente a Panamá como una de las áreas en riesgo de ser alcanzada por una ola zoonótica, si el actual ciclo de transmisión en áreas selváticas continúa intensicándose. La alerta también pone el foco sobre la baja cobertura de vacunación contra la ebre amarilla en la región. Aunque algunos países como Guyana o Trinidad y Tabago han alcanzado coberturas superiores al 90%, otros, como Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela, siguen por debajo del 80%. En el caso de Panamá, aún no se dispone de datos actualizados de cobertura vacunal, lo que representa una debilidad signicativa en la preparación frente a una posible introducción del virus. La OPS recomienda a los países con riesgo potencial —como Panamá— que establezcan reservas de vacunas, refuercen las campañas de inmunización y mejoren la vigilancia activa en zonas de riesgo. Confusión diagnóstica y población vulnerable La ebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral que puede confundirse fácilmente con el dengue u otras infecciones similares, dicultando su diagnóstico temprano. La OPS resalta que muchos de los casos recientes han ocurrido en personas no vacunadas, especialmente trabajadores rurales, agricultores y personas en contacto frecuente con áreas forestales. En este contexto, se recomienda capacitar al personal de salud panameño para la detección clínica oportuna de la enfermedad y asegurar la disponibilidad de laboratorios con capacidad diagnóstica adecuada. La OPS concluye que el riesgo general para la salud pública por ebre amarilla en las Américas es “alto”, con un nivel de conanza también “alto”. Por eso, insta a los gobiernos a fortalecer las medidas preventivas y garantizar una respuesta rápida ante nuevos brotes. Para Panamá, este informe representa una advertencia urgente. Con la enfermedad acercándose a sus fronteras y la vacunación en entredicho, el país debe actuar de inmediato para evitar un posible brote que podría tener graves consecuencias sanitarias y sociales. Ojalá atienda el emplazamiento, ya que hay gente dándose por aludida. AMENAZA. Bolota casi se muerde los puños de la rabia, porque la diputada presidenta Dana Castañeda lo interrumpió para solicitarle que utilizara su intervención en el pleno para referirse exclusivamente al tema que, en ese momento, era sometido a votación. “Que sea la última vez que usted me para”, espetó. Una advertencia digna del Chicago de los años 20. Fabio Mario Vargas, embajador de Colombia en Panamá. Foto tomada de panama.embajada.gov.co/ UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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11A La Prensa Panamá, martes 27 de mayo de 2025
12A La Prensa Panamá, martes 27 de mayo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ta pérdida equivale a 2.45 años escolares, profundizando las brechas educativas y comprometiendo el desarrollo de competencias básicas de una generación entera. Ningún país de la región ha perdido tanto tiempo lectivo en un período tan corto. Entre 2019 y 2024, mientras la economía generó apenas 3,520 nuevos empleos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, más de 10,500 jóvenes perdieron sus trabajos. El desempleo juvenil alcanzó el 17.8% en 2024, cuatro puntos por encima del promedio regional (13.8%). Más alarmante aún, el 60% de los empleos juveniles son informales. Esta exclusión del sistema de seguridad social garantiza que, décadas más tarde, esos jóvenes enfrenten una vejez sin pensiones dignas. A este escenario se suma la crisis del costo de vida. Según el Instituto de Estudios Nacionales, el costo mensual para los panameños se estima en 1,064 dólares, mientras que el salario promedio es de 734 dólares. Esta brecha de 330 dólares representa un abismo para miles de familias, que deben elegir entre educación, alimentación, vivienda o salud. La cotización a la seguridad social se convierte en un lujo que muchos no pueden permitirse, sacricando su protección futura por necesidades inmediatas. La tendencia es preocupante: mientras el costo de vida aumentó 18 dólares entre 2023 y 2024, los salarios permanecen estancados desde 2019. Esta realidad presiona sobre la deserción escolar, creando un círculo vicioso que pudo haberse evitado con reformas educativas postergadas durante décadas. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Sin diálogo, no hay futuro para Panamá Polarización En este momento de grandes dicultades para la sociedad panameña, cuando el concepto de diálogo parece haber perdido su esencia y relevancia, nos corresponde a quienes aún creemos en su poder insistir y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperarlo. La historia ha demostrado que los problemas del país no se resolverán mediante la violencia, la fuerza o la represión, sino a través del diálogo genuino, la construcción de consensos y el respeto a los principios democráticos. La polarización que atraviesa la sociedad panameña, con posiciones que parecen irreconciliables, es preocupante y desesperante. A ello se suma la desinformación y la manipulación en algunos medios y redes sociales, fenómenos que requieren un seguimiento constante. Individuos malintencionados difunden información falsa con nes políticos u otros, propagando mentiras que, sin vericación ni análisis, terminan aceptándose como verdades. Hemos llegado a un punto en que cualquier discurso que apela a las emociones y adopta un tono confrontativo contra el “poder” recibe atención y difusión sin el más mínimo cuestionamiento. Estas ideas se propagan en círculos privados sin control, generando reacciones emocionales que profundizan la división del país. Por otro lado, el gobierno no ejerce un liderazgo democrático, sino que impone su punto de vista sin considerar la necesidad de explicar, debatir o consultar a la ciudadanía. Se olvida un principio histórico fundamental: “el mejor gobierno es aquel que logra el mayor grado de felicidad para su pueblo”. Un claro ejemplo de este ambiente caótico es el generado por la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS). La Asamblea Nacional discutió y aprobó una ley tan sensible sin realizar un esfuerzo adecuado para informar a los ciudadanos sobre su contenido y alcance. El vacío informativo dejado por las instituciones responsables fue aprovechado por quienes adversaron la nueva ley, con argumentos insucientes o manipulados, ya sea por desconocimiento o mala intención. Como resultado, se instaló un rechazo a la reforma por parte de grupos con gran capacidad de movilización. La respuesta ha sido la presión y el rechazo en las calles por parte de sindicatos, maestros y un amplio sector de la ciudadanía. En contraste, el gobierno ha respondido con el uso de la fuerza policial, gases lacrimógenos y la criminalización de la protesta. El gobierno y la Asamblea deben asumir su cuota de responsabilidad en la crisis actual y buscar una salida dialogada. Coincido con quienes arman que no hay otro camino viable que sentarse a analizar, política y técnicamente, las posibles soluciones. En Panamá, la Concertación Nacional para el Desarrollo, establecida por la Ley 20 de febrero de 2008, ofrece un espacio de participación donde convergen gremios sindicales, profesionales, empresariales, pueblos indígenas, iglesias, universidades, clubes cívicos, partidos políticos, representantes de provincias, organizaciones juveniles y de derechos humanos, junto con delegados de los órganos del Estado. Esta instancia fue creada para que todos los panameños y panameñas impulsaran metas y objetivos en busca del país que merecemos. La patria nos exige abrir todos los espacios posibles de diálogo para escucharnos, evitar la polarización y la violencia, e intercambiar propuestas de solución frente a los desafíos que enfrentamos. Tomando en cuenta que la ley permite que la mitad más uno de los miembros de la Concertación Nacional para el Desarrollo pueda autoconvocarse, instamos a que convoquen una reunión extraordinaria. Es imperativo abrir este espacio de escucha y debate con todos los sectores. La polarización solo nos aleja de las soluciones que Panamá necesita. La juventud y el cambio Democracia liberal En algunos países lo hacen de forma encubierta y en otros de forma abierta, con donaciones millonarias que, obviamente, deberán ser devueltas con creces. Y siempre está la corrupción omnipresente, que ha existido en todos los países y épocas. En aquellos considerados más “serios”, la corrupción persiste de forma velada o mediante mecanismos aparentemente íntegros, pero que, para cualquier observador atento, resultan turbios. Así las cosas, la democracia liberal actualmente redunda en el benecio de unos pocos a costa de las mayorías, especialmente ante la escasez de estadistas que, como reza el sabio dicho, “piensan en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones”. Sin embargo, la democracia liberal tiene un gran punto a su favor: la libertad individual. Pero esto solo tiene valor para quienes no enfrentan grandes necesidades económicas, quienes no viven una pobreza que les impone como única libertad la de buscar el sustento diario como sea. De allí la necesidad de una mejor distribución de la riqueza. Segunda consideración: la democracia liberal actual solo permite el cambio de candidatos, ya sean individuos o partidos políticos, pero en la práctica nada cambia. Somos testigos de cómo en cada elección el partido gobernante es derrotado y otro llega al poder. Sin embargo, es justo reconocer que “nada cambia”: los mismos problemas de siempre perRamón Varela Morales Una bomba social en ciernes: jóvenes sin futuro Educación El panorama educativo y laboral panameño revela una realidad preocupante. Los datos recientes ilustran un sistema educativo debilitado, incapaz de ofrecer competencias relevantes, en medio de interrupciones masivas y un mercado laboral que no genera plazas dignas, todo ello en un contexto de creciente costo de vida. Los datos sobre el estado de la educación en Panamá muestran una progresión alarmante: mientras el 90% de los niños accede a la educación primaria, solo el 49% llega al nivel terciario. Esta deserción masiva representa un desperdicio de talento y potencial humano incalculable. Desde 2009, la prueba PISA señalaba claramente los problemas estructurales del sistema educativo, al igual que los más de 17 diálogos nacionales que han advertido la urgente necesidad de una reforma integral. La inacción política ha tenido consecuencias tangibles y devastadoras. La situación se agravó con las interrupciones del calendario escolar desde 2020. Panamá ha acumulado 490 días de clases presenciales perdidas debido a la pandemia de la covid-19, las huelgas docentes de 2022 y 2023, y las protestas por las reformas a la Caja de Seguro Social. EsLa brecha entre formación académica y necesidades del mercado agrava el problema. Esta desconexión explica por qué, pese a algunos avances en evaluaciones como PISA y ERCE 2019, esos logros no se traducen en mejores oportunidades laborales para los graduados. Las autoridades del Meduca contaban con evidencia cientíca para impulsar cambios estructurales, pero optaron por soluciones cosméticas y cortoplacistas, que no abordaron el problema de fondo. La economía panameña está construyendo una bomba de tiempo social. Con el 60% de los jóvenes trabajadores en la informalidad y fuera del sistema de seguridad social, estamos ante una generación que llegará a la vejez sin pensión. El costo para el Estado será exponencial: deberá asumir la asistencia social de cientos de miles de adultos mayores que, habiendo trabajado, no accedieron a la formalidad ni a los benecios de protección social. El futuro de Panamá exige acciones urgentes y coordinadas, pero también un reconocimiento honesto de los errores del pasado. No podemos permitirnos otra década de oportunidades perdidas. Las señales estaban ahí desde hace quince años; los datos eran inequívocos y las advertencias constantes. La omisión sistemática de quienes debieron actuar ha hipotecado no solo el presente, sino también el futuro de miles de jóvenes panameños. Opinión LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación. EL AUTOR es ingeniero, informático y escritor. Magaly Castillo sisten —educación, salud, vivienda, agua potable, medicamentos costosos, inseguridad, etc. Regresamos entonces a la pregunta original: ¿por qué se elige “democráticamente” a autócratas de extrema derecha o izquierda? Creo que la respuesta salta a la vista: la necesidad de un cambio. Aunque ese cambio sea negativo para los votantes, muchas veces se considera imperioso, con la esperanza de que en el futuro se equilibren las cosas. No obstante, muchas situaciones de nuestra América han demostrado que ese futuro, si llega, tarda lo suciente como para arruinar la vida de varias generaciones. Así, hemos visto recientemente a dirigentes elegidos que se dedican a descalicar e insultar, en lugar de proponer, guiar y ejecutar. En la película La caza del Octubre Rojo, Ramius (Sean Connery) le dice a Jack Ryan (Alec Baldwin): “Una revolución de vez en cuando es buena, ¿no?”. El problema es: ¿a costa de quién y de qué? ¿Y si realmente traerá cambios positivos, o simplemente dará paso a una nueva acumulación de riqueza entre nuevos ricos, o a una repartición de pobreza, como hemos visto repetidamente, siempre con los poderosos usufructuando de la riqueza colectiva? Todos los días amanezco rogando que aparezca un estadista que guíe a la nación por el buen camino, lo que necesariamente implica aplicar justicia equitativa —y no selectiva— a los responsables de los desmanes del pasado, incluyendo el decomiso de todas las fortunas que no puedan ser justicadas. Solo así podremos evitar que, tarde o temprano, terminemos bajo una dictadura de derecha o de izquierda que destruya nuestro hermoso país. Para muchos resulta inexplicable la elección “democrática” de autócratas de extrema derecha o izquierda, a todas luces inestables, xenófobos, violentos, abusadores, misóginos, narcisistas, vanidosos, ultrarreligiosos y, en n, personas que van contra el bien común, intentando imponer sus posiciones y favoreciendo a los ultra-ricos y grandes corporaciones por encima de la mayoría de los ciudadanos. Entonces surgen las preguntas: ¿quiénes los eligen? ¿Y por qué? Los estudios indican que buena parte de los votos proviene de personas con bajo nivel educativo, de ideologías extremas y de la juventud. A las personas con poca educación se les convence con dádivas, mentiras y otras técnicas demagógicas que prometen el cielo y la tierra, pero que terminan en desilusión. Sin embargo, eso no basta para ganar una elección. Está clara la orientación del voto de los sectores ideológicos extremos, aunque generalmente no representan más del 10% de los votantes en una población típica. En este sucinto análisis me concentraré en explorar las razones que creo que llevan a las juventudes a votar por estos caballeros o damas del apocalipsis. Primera consideración: las falacias de la democracia liberal. Los antagonistas se enfrentan a un abanico de opciones donde todas las que tienen posibilidades reales de ser elegidas representan a sectores de la élite. Yair Velásquez G. Está clara la orientación del voto de los sectores ideológicos extremos, aunque generalmente no representan más del 10% de los votantes en una población típica. 7A LaPrensa Panamá, jueves 16 de enero de 2025 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista
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