9A La Prensa Panamá, lunes 26 de mayo de 2025 Opinión el país. Las representaciones diplomáticas no funcionan así, a menos que el país anfitrión se lo permita. En nuestro caso, es imperativo comprender que, por su trascendencia, una legación como la de Estados Unidos actúa conforme a una agenda que debe cumplir con pleno convencimiento. Y dicha legación posee mecanismos poderosos con los cuales ha intentado comprometer la soberanía y la reputación del país, mancillando así nuestro orgullo nacional. Semejante empeño solo puede conducir a la erosión de la confianza mutua y a la desestabilización política y social del Estado. La diplomacia internacional es la madre del mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, y en ella nos hemos asentado para llegar hasta donde estamos hoy. Es nuestro el derecho exclusivo al ejercicio inalienable de la soberanía sobre el territorio, la población, los activos y bienes, y no necesitamos que ello sea reconocido por particulares: ya lo está a nivel mundial. Por otro lado, la dignidad de nuestra nación se sustenta en principios y acepciones jurídicas esenciales del Derecho Internacional, así como también en las luchas que costaron vidas humanas y en las acciones patrióticas de estadistas que pasaron a la historia. Nuestra evolución no ha sido gratis; y tal vez ahora sería bueno rememorar que lo que tenemos aún son cuentas por cobrar. En medio de todo, llevamos en el alma episodios honrosos que, como el del 9 de enero de 1964, arraigaron en los panameños el espíritu nacional. Traigo tres: • Los sonados enfrentamientos de los estadistas Belisario Porras, Ramón M. Valdés, Ciro Urriola, Pedro Díaz y Ernesto T. Lefevre con el entonces embajador William J. Price, durante los primeros años de la República. Panamá: ¿Democracia o qué? Actualidad Después de ver las noticias matutinas por televisión, en las que se presentó un inusual enfrentamiento entre la comunidad emberá y la Policía de Fronteras, he decidido escribir este artículo para llamar la atención sobre la problemática en que ha quedado envuelto nuestro país tras la aprobación de la nefastamente percibida Ley del Seguro Social por parte del Gobierno Nacional. En principio, mencionaré algunos hechos que, a mi parecer, han contribuido a desarticular nuestra patria, al punto de que ya no sabemos bajo qué sistema vivimos. En las últimas elecciones en Panamá resultó electo el señor José Raúl Mulino, quien, en mi opinión y la de muchos compatriotas, no reunía los méritos suficientes para ocupar tan alta magistratura por las siguientes razones: En primer lugar, no fue postulado directamente por ningún partido político ni por un grupo independiente. Su candidatura surgió como suplente del señor Ricardo Martinelli, quien sí fue postulado, pero no pudo continuar por razones legales. Al retirarse Martinelli, Mulino fue elevado a candidato principal. Por esa razón, no tuvo suplente y no lo tendrá. La población que apoyaba a Martinelli votó entonces por Mulino. El señor Mulino ganó las elecciones, pero ha olvidado muchas cosas —o las desconoce. Para vivir en democracia hay que recordar que el término “democracia” proviene de las voces griegas dêmos (“pueblo”) y krateîn (“poder”), lo cual equivale a “el poder del pueblo”. Así, la democracia se diferencia de otras formas de gobierno como la dictadura, la autocracia y el autoritarismo. Es uno de los sistemas predominantes en el mundo contemporáneo y permite que las decisiones trascendentales de la vida nacional, como la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se sometan a votación popular. Además de elegir representantes, la democracia implica mecanismos de participación como los debates, los referendos, las juntas vecinales o las movilizaciones. Aunque su funcionamiento varía según cada país, existen principios comunes: el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. El señor Mulino ha olvidado que fue elegido democráticamente, que percibe su salario de los impuestos del pueblo, y que, en consecuencia, es un servidor público. Tenía que escoger su equipo de gobierno, y lo hizo —aunque con serias dificultades. Por ejemplo, nombró como ministra de Educación a una persona que jamás ha dado clases en una escuela pública; su solución a los problemas del sistema educativo parece limitarse a la compra de computadoras, lo que refleja una visión tecnocrática. Nombró como titular del Ministerio de Ambiente a una persona que ni siquiera ha sido consultor ambiental en la extinta ANAM, por mencionar solo dos casos. Por otro lado, el señor presidente se refiere de forma amenazante y despectiva a quienes lo adversan, usando calificativos inadecuados. Eso no es usual en Panamá. Debemos respetar y ser atentos incluso con quienes nos critican —más aún si son ciudadanos que contribuyen con su salario. En resumen, hay tres grandes grupos que se manifiestan en las calles: quienes exigen la derogación de la ley del Seguro Social; quienes piden respeto a nuestra soberanía, que parece ser el distractor del gobierno; y quienes exigen un rotundo “no” a la minería. Todos los problemas tienen solución, y todos caben en un diálogo honesto. Señor presidente: haga un alto. Reconsidere su actitud. Acepte el diálogo como método funcional. Panamá somos todos y usted es un empleado de sus electores. Basta ya de imposiciones y epítetos. Conversemos y resolvamos. Congreso Universal del Canal Sector marítimo lítico-partidista. En paralelo, el exsubadministrador de la Comisión del Canal, Fernando Manfredo, encabezó una verdadera cruzada nacional para promover el modelo institucional que aseguraría la viabilidad del Canal en manos panameñas. Ese proceso incluyó los diálogos de Bambito y Coronado, de los cuales surgieron el Título Constitucional del Canal y la ley orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). En esa misión se sincronizaron los esfuerzos de los expresidentes Endara y Ernesto Pérez Balladares. Convencido de que el siguiente paso era persuadir a la comunidad marítima global de que Panamá estaba lista para asumir la operación, Pérez Balladares convocó el Congreso Universal del Canal de Panamá, celebrado el 7 de septiembre de 1997, con motivo del vigésimo aniversario de los Tratados Torrijos-Carter (Decreto Ejecutivo No. 96 de 25 de enero de 1995). A pesar del boicot de China —en protesta por la participación de Taiwán—, el congreso fue un rotundo éxito. Más de 600 delegados de países usuarios del Canal acudieron al evento, constataron en el terreno los avances del proceso de transición y escucharon las proyecciones de tráfico elaboradas por las consultoras Advanced Logistics Group/Europroject, G.P. Wild International e ICF Kaiser International. Todos los estudios coincidían en que, para 2012, se alcanzaría la capacidad máxima del Canal existente. En ese momento, el entonces gerente de Mercadeo de la Comisión, Rodolfo Sabonge, subrayó la necesidad de “iniciar los preparativos para la construcción de un tercer juego de esclusas”. Ese proyecto fue lanzado en 2007 y concluido en junio de 2016, con un costo superior a los 5,400 millones de dólares, duplicando la capacidad operativa del Canal. En sus primeros 25 años bajo administración panameña, el país ha invertido más de 10,500 millones en su Franklin Castrellón Trump y las alcantarillas de Colón Relación con Estados Unidos El 20 de mayo, La Prensa nos saludó con el siguiente titular en su página 3B: “Embajador Cabrera y Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos inspeccionan drenaje urbano en Colón”. La noticia afirmó que “el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó una visita oficial a la ciudad de Colón, donde acompañó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en una inspección técnica relacionada con proyectos de mejora en los sistemas de drenaje y alcantarillado de la ciudad”. En adición, el diplomático lanzó la siguiente declaración: “Trabajando con la ciudad para mejorar los sistemas de drenaje y alcantarillado. Así es el liderazgo de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump”. Agrega el reportaje que esa “visita” del embajador Cabrera podría abrir nuevas vías de cooperación entre Panamá y Estados Unidos “para atender uno de los puntos más críticos en la infraestructura urbana de Colón”. ¿En serio nos sentimos tan disminuidos como para creer eso? Entiendo el evento como una desafortunada injerencia que, a pesar de que nuestras autoridades públicas no aparentan haber sentido escozor, lesiona nuestra dignidad nacional. ¡El Ejército de Estados Unidos arreglando las alcantarillas de la ciudad de Colón! Veo esto, y otras señales, como la antesala de un nuevo e indeseable escenario en • La carta de 1961 dirigida por nuestro presidente Roberto F. Chiari al presidente John F. Kennedy, manifestando que no cabía “en la mentalidad del hombre de esta segunda mitad del siglo XX, la tesis de que un Estado, por fuerte que sea, pueda ejercer derechos soberanos sobre ninguna parte del territorio de otro Estado, por pequeño y débil que éste sea”. • El evento oficial en el que, al inicio de 1990, presencié al canciller Dr. Julio Ernesto Linares —en plena ocupación— denegándole una cita, por falta de debido respeto en sus actuaciones, al embajador de Estados Unidos. Los reproches que llevamos por dentro, por las ofensas que lastimaron el honor nacional durante casi dos siglos, no deben desdibujar los beneficios que obtuvimos de esa relación con los Estados Unidos. Siempre lo hemos sostenido, y durante los 35 años transcurridos desde que dicho país puso fin a su nexo con la dictadura militar, nuestras relaciones fueron llevaderas y, por momentos, efectivas. Lamentablemente, con la entrada de su nueva y turbulenta administración, se han abierto grietas que nos encaminan hacia un renovado y aplastante intervencionismo. El asunto no es tan inocuo como algunos piensan; en realidad, es tremendamente riesgoso. Concluyo ofreciendo este argumento, no por hipersensibilidad diplomática, sino porque siento que estamos atentando contra nuestra noción de país, y porque acciones y actitudes irreflexivas pueden llevar a que se rocen impunemente la jurisdicción nacional y nuestro sentimiento patrio. EL AUTOR es jubilado. EL AUTOR fue embajador de Panamá ante Naciones Unidas. EL AUTOR es periodista. Belisario Polo B. modernización y ampliación para responder a las necesidades del comercio mundial. Hoy, ante las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump —quien ha sugerido retomar el control del Canal bajo la falsa premisa de que está en manos de China—, Pérez Balladares ha propuesto organizar una nueva edición del Congreso Universal del Canal. Este permitiría a clientes y usuarios constatar la operación del Canal ampliado, las mejoras realizadas por Panamá y los planes futuros. La ACP prevé invertir más de 8,000 millones de dólares en la próxima década, incluyendo mejoras al corredor logístico y la construcción de un reservorio multipropósito en el río Indio, que garantizará el suministro de agua para el Canal y el consumo humano durante los próximos 50 años. El congreso también sería una plataforma para debatir sobre las nuevas realidades y retos derivados de la recomposición de las cadenas de suministro, brindando insumos para adaptar la Estrategia Logística 2030 a las exigencias de los operadores globales. Idealmente, esa estrategia debería incorporar los intereses de los principales actores portuarios internacionales. Con la experiencia acumulada en el Congreso de 1997 y otros foros logísticos, Panamá cuenta con todos los elementos para organizar un evento de primer nivel. El Congreso Universal del Canal de 2026 debería articular los esfuerzos de la ACP con el gobierno central —a través del ministro de Asuntos del Canal—, e integrar a organizaciones como la Cámara Marítima de Panamá (CMP), el Consejo Empresarial Logístico (COEL) y la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA). Sería una iniciativa clave de diplomacia económica y mercadeo internacional. Después de la injustificable invasión militar estadounidense de fines de 1989, el país quedó devastado, y la posibilidad de que Panamá lograra asumir con éxito la administración y operación del Canal a partir del 31 de diciembre de 1999 —según lo estipulado en el Tratado del Canal de 1977— parecía incierta. Aprovechando esa coyuntura, algunos panameños se aliaron con activistas zonians, en busca de apoyo para extender el control estadounidense sobre el Canal después del año 2000. Por su parte, la comunidad marítima internacional no ocultaba su aprehensión sobre la capacidad de Panamá para manejar el Canal. Con buen criterio, el presidente Guillermo Endara se rodeó de patriotas panameños que le señalaron la ruta a seguir, no solo para preparar al país ante ese reto, sino también para convencer a los clientes y usuarios de que los panameños serían capaces de gestionarlo eficientemente. En el seno de la Comisión del Canal, ciudadanos comprometidos —con el respaldo del entonces presidente de su junta directiva, Joe Reeder— impulsaron la “panameñización” de los cargos ejecutivos y técnicos de la entidad, así como las tareas e inversiones necesarias para que Panamá recibiera un canal en óptimas condiciones operativas. Desde el gobierno, Endara encomendó a un equipo de expertos diseñar una estrategia que garantizara una agencia panameña con la autonomía suficiente para blindarla frente a la injerencia poRamón Morales Quijano
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