1A La Prensa Panamá, domingo 25 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 25 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15027 Hoy por hoy El caso Red Frog desnuda una de las mayores contradicciones dentro del Suntracs: un sindicato que se presenta como defensor del trabajador, acusado por sus propios representados de estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La historia comienza con un conflicto laboral legítimo, en un fallido proyecto turístico en Bastimentos. Tras años de lucha y huelgas, los trabajadores aceptaron un pago en especie: lotes y una villa, que fueron inscritos a nombre del sindicato. Pero cuando intentaron reclamar su parte, se toparon con que los bienes ya estaban hipotecados por un préstamo de $3.1 millones otorgado por… su propia cooperativa. El “yo con yo” descrito en la querella no es una simple irregularidad, sino un patrón de opacidad y concentración de poder. Hoy, varios líderes sindicales enfrentan órdenes de arresto, mientras su figura más visible, Saúl Méndez, busca asilo político. El caso es complejo, pero el principio es claro: ningún liderazgo, por más combativo que se declare, puede colocarse por encima de la transparencia y la rendición de cuentas. Mucho menos, traicionar la confianza de quienes dice representar. Ellas.pa Boa Mistura: Colores que unen a un barrio 5B Méndez: ‘Mucha gente habló, y aquí estamos’ 3B Deportes Panamá bloqueó casi 5 kilómetros de pasos. Cortesía La estrategia que frenó la migración por Darién MIGRANTES Mario De Gracia [email protected] Desde julio de 2024, bajo el gobierno de José Raúl Mulino y con apoyo de Washington, se implementaron cercas, vuelos de repatriación y centros logísticos, que han reducido el flujo migratorio a cero por Darién. La política contra la migración irregular se endureció y se amplió para deportar a ciudadanos de otros países. VEA 5A Suntracs y Red Frog: del acuerdo al juicio Mónica Palm [email protected] La dirigencia del sindicato enfrenta un proceso por presunta apropiación indebida de bienes entregados a extrabajadores de Red Frog como pago laboral. El proceso penal que enfrenta la cúpula del Suntracs no se origina en sus protestas recientes, sino en una querella presentada en 2022 por extrabajadores del proyecto Red Frog, en Bocas del Toro. Los trabajadores acusan al sindicato de apropiarse indebidamente de una villa y 13 lotes entregados como compensación por deudas laborales. En vez de repartir los bienes, el sindicato los puso como garantía de un préstamo por $3.1 millones con su propia cooperativa, hoy clausurada por supuestas irregularidades. La operación incluyó traspasos y maniobras legales que dejaron a los obreros sin acceso a los terrenos. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada investiga a 11 dirigentes del sindicato por presunta estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y otros delitos. Ya fueron detenidos Genaro López y Jaime Caballero, mientras que Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, se refugió en la embajada de Bolivia solicitando asilo político. VEA 4A 9,000 platos diarios: CSS suma al Santo Tomás ALIMENTACIÓN Yaritza Mojica [email protected] La Caja de Seguro Social (CSS) elevó su producción diaria de comidas hospitalarias a 9,322 platos al asumir desde mayo de 2025 el suministro alimentario del Hospital Santo Tomás, como parte de un convenio de cinco años con el patronato, en el marco del proceso de unificación con el Ministerio de Salud. VEA 6A Juez ordenó la detención provisionalde López El juez Francisco Carpintero ordenó anoche la detención provisional del dirigente del Suntracs, Genaro López e imputó cargos por estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos. La defensa apeló la decisión tras solicitar otra medida cautelar. VEA 2A Genaro López llegó esposado a la audiencia. Isaac Ortega Fitch pone en perspectiva negativa la deuda de ENA Fitch Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva nacional de la emisión de bonos de ENA Norte por $600 millones, debido a dudas sobre su capacidad para saldar los $28 millones restantes antes de 2028; aunque los ingresos han crecido, la falta de una reestructuración como la realizada en los corredores Sur y Este, sumado a la ausencia de ajustes en tarifas y la indefinición sobre la extensión de la concesión, elevan el riesgo financiero del proyecto. VEA 7A La misteriosa denuncia de golpe de Estado de Mireya Moscoso La expresidenta Mireya Moscoso afirmó que diputados le hablaron de un golpe de Estado y elecciones en 2026, pero se negó a revelar nombres. Varios aludidos lo negaron, y la Asamblea rechazó cualquier intento de alterar el orden constitucional. Moscoso dijo que no presentará denuncia. VEA 2A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, domingo 25 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mario De Gracia [email protected] Moscoso lanza alerta de golpe de Estado pero se reserva los nombres CONTROVERSIA En medio de la crisis que atraviesa el país, marcada por cierres de calles en varias regiones del país y un paro indefinido de labores por parte del sector docente y trabajadores de la construcción, la expresidenta Mireya Moscoso sorprendió con una declaración en RPC Radio el pasado viernes 23 de mayo: afirmó que diputados de la Asamblea Nacional le habrían hablado de un golpe de Estado y de convocar elecciones en 2026. La Prensa contactó directamente a la exmandataria ayer para conocer los nombres de los diputados en cuestión, pero se negó a ofrecer detalles. Según una fuente legislativa consultada por este medio, que pidió reserva de su identidad, la conversación en la que supuestamente se mencionó un golpe habría tenido lugar en el buque escuela español Juan Sebastián de Elcano, que atracó en Panamá el pasado 3 de mayo. Durante la visita del buque —que contó con la presencia de la princesa Leonor de Borbón— se ofreció una recepción a la que asistieron figuras políticas, entre ellas, diputados y la expresidenta Moscoso. También se reportó la asistencia del canciller de la República, Javier Martínez-Acha. Según pudo constatar este medio por fuentes legislativas, entre los diputados que estuvieron presentes se encontraban: José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), así como Jorge Bloise, Augusto Tuto Palacios, Janine Prado y Walkiria Chandler, de la coalición Vamos. Al consultar a Mosoco sobre si alguno de estos diputados le habló directamente de una supuesta intención de golpe, Moscoso reiteró que no daría mayor información. Este medio contactó también a la diputada Janine Prado, jefa de bancada de Vamos, quien señaló que sostuvo una conversación con Moscoso durante la recepción en el buque, en la que también participó Chandler y, en algunos momentos, el canciller Martínez-Acha. Sin embargo, afirmó: “Jamás se habló de una cosa como un golpe de Estado”. Prado aseguró que se trataron temas de actualidad nacional, pero fue enfática en que ni ella ni Chandler mencionaron nada relacionado con alteraciones del orden constitucional. A su vez, al ser consultado, Pérez Barboni señaló que no estuvo presente en dicha conversación y negó haber participado en algún intercambio con Moscoso sobre ese tipo de temas. Prado publicó más tarde en sus redes sociales que había “acusaciones falsas en su contra circulando”. Por otro lado, al consultar a Moscoso si presentaría algún tipo de denuncia formal ante las autoridades, la expresidenta respondió: “No, yo solamente hice un comentario y hasta allí”. También indicó que no podía revelar a qué partido o colectivo político pertenecían los supuestos diputados con quienes habría conversado. Legislativo reacciona A raíz de las declaraciones de Moscoso, la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, del oficialista partido Realizando Metas (RM), publicó un comunicado en el que, sin mencionar nombres, advirtió que el Legislativo “no permitirá ni respaldará ningún intento de alterar el orden constitucional”. Hasta el cierre de esta edición, ni Moscoso ni Castañeda han señalado de forma directa a ningún diputado, ni han presentado evidencia que respalde la existencia de una conspiración de este tipo. Precisamente sobre la necesidad de saber la identidad de los diputados en cuestión se pronunció el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), a través de una publicación en su cuenta de X. “La expresidenta ha debido haber dado el nombre, para los fines correspondientes. El anarquismo no hace patria, ni la dictadura tampoco”, expresó Cedeño. Desde el 23 de abril, gremios docentes se mantienen en paro de labores en rechazo a la ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). En tanto, gremios de trabajadores de la construcción se mantienen en paro de labores desde el 28 de abril, quienes rechazan, además, un memorándum de entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad, el proyecto de embalse en Río Indio, la aprehensión de algunos de sus dirigentes y otras situaciones a nivel nacional que les aquejan. Genaro López en su llegada al salón de la audiencia ayer, escoltado por agentes de la Policía. Isaac Ortega Imputan cargos y ordenan detención preventiva de Genaro López Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN El juez de garantías Francisco Carpintero acogió la imputación de cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos contra el dirigente del Suntracs, Genaro López. El juez de garantías Francisco Carpintero ordenó la detención provisional del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, a quien imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos. El juez reconoció que los elementos aportados por la fiscalía durante la audiencia dan cuenta de una posible conducta delictiva y validó la solicitud de la fiscal Isis Soto, quien alegó que puede haber un riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, ya que el imputado tiene la capacidad de afectar el testimonio de otros miembros del sindicato que pueden conocer detalles de este caso. Carpintero concedió al Ministerio Público un término de seis meses para concluir la investigación. Exposición de la fiscalía Durante la audiencia, que se inició a la 1:00 p.m. de ayer, la fiscal explicó que este caso se inició en 2006 a raíz de un conflicto laboral entre trabajadores afiliados al Suntracs, que desarrollaban el proyecto Red Frogs Beach Club en la isla Bastimentos, en Bocas del Toro, y la empresa Pillar Construction S.A., responsable de la obra. La fiscal relató que el conflicto culminó en un acuerdo en el que Pillar Construction acordó entregar $5.7 millones en prestaciones y $1.3 millones en costas por el proceso judicial a los trabajadores. La fiscal Soto explicó que luego los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, en 2012, llegaron a un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction para el pago de solo $3 millones, sin haber notificado de esa decisión a un grupo de 412 trabajadores, beneficiarios de estos fondos. Durante la audiencia, la fiscal Soto también presentó ante el juez una serie de declaraciones de obreros que alegaron no haber estado presentes en una supuesta asamblea general en la que se propuso llegar a un acuerdo extrajudicial. En la investigación de la fiscalía se logró establecer que unos 310 trabajadores, que alcanzaron finiquitos como parte de la compensación alcanzada con la empresa, no recibieron los montos que les correspondían. La fiscal Soto leyó ante el tribunal múltiples testimonios de obreros, quienes explicaron que la asamblea general en la que se tomó esa decisión incluyó a personas que no pertenecían al sindicato y que aprobaron todas las propuestas que se presentaron. La fiscal también explicó que a los obreros se les informó que Pillar Construction se había declarado en quiebra y que era necesario llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa. Producto del acuerdo extrajudicial, Pillar Construction transfirió a la Cooperativa de Servicios Múltiples del Suntracs 14 Análisis Financiero (UAF) una alerta sobre las actividades realizadas por la cooperativa del Suntracs. Postura de la defensa y declaración de López Por su parte, Rolando Rodríguez, del equipo de abogados del Suntracs que participó en la fase de imputación, alegó que la fiscalía no presentó al juez elementos de calidad que sustenten su imputación. Rodríguez explicó que la fiscalía no pudo establecer la existencia del delito precedente para probar el blanqueo de capitales, ya que el dinero no provenía de una actividad ilícita y que no se estableció la conducta específica realizada por su cliente. Previamente, el juez Carpintero legalizó la aprehensión de Genaro López. Carpintero estimó que en este caso la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada cumplió con lo dispuesto en las normas legales vigentes, ya que luego de tener conocimiento de la existencia de la presunta comisión de un delito abrió una investigación, cumpliendo con las normas legales vigentes. Mientras, en las afueras del SPA se mantenían miembros del Suntracs que gritaban consignas en favor de López. En una breve intervención ante tribunal Genaro López aseguró que han mantenido una lucha por más de 30 años por libertad sindical y que todo se trata de una persecución política que viene desde varios gobiernos y que han tratado de acabar con el Suntracs. Aseguró que solo quieren callar al Suntracs que se opone a la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. “No nos hemos quedado con la plata de nadie en este caso”, aseguró. Dijo que no hay independencia en la justicia panameña, “yo sé lo que está pasando aquí”. fincas que eran parte del desarrollo turístico denominado Red Frogs Beach Club, para luego hipotecarlas. La fiscal también hizo mención de un informe del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), que reveló que la cooperativa del Suntracs incumplía con las normas para evitar el blanqueo de capitales y que no hacía la debida diligencia en sus actividades y que excedió los montos de créditos para préstamos. También detalló que Ipacoop envió a la Unidad de Mireya Moscoso, expresidenta de la República (1999-2004). Archivo
3A La Prensa Panamá, domingo 25 de mayo de 2025
4A La Prensa Panamá, domingo 25 de mayo de 2025 Panorama Vista aérea de la playa Red Frog en Bocas del Toro. Mi Diario/Archivo Suntracs y las fincas en Red Frog: la historia de un acuerdo que terminó en un proceso judicial Mónica Palm [email protected] ISLA BASTIMENTOS Cuando los obreros comenzaron a reclamar su parte del arreglo, el Suntracs puso la cartera inmobiliaria fuera de su alcance: dio las propiedades como garantía de un ‘préstamo’ de $3.1 millones que el sindicato celebró el 6 de junio de 2022 con su propia cooperativa. El proceso judicial que tiene a los principales dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) respondiendo ante la justicia o en franca huida no guarda relación con las protestas callejeras del último mes, que son la seña característica de esta agrupación. Paradójicamente, su génesis está en un pleito promovido desde sus propias filas. Una querella presentada en el año 2022 por antiguos trabajadores de Red Frog Beach Club,enislaBastimentos,Bocas del Toro, es lo que ha llevado al sindicato a esta suerte de implosión gremial. Esos trabajadores, hoy querellantes, fueron compensados por Pillar Construction, S.A. y Ocean Group International Inc. (que hasta agosto de 2009 se llamó Pillar Panamá, S.A.), promotoras del malogrado proyecto turístico y residencial en Bastimentos. En lugar de dinero en efectivo, las empresas entregaron una villa en el PH Red Frog Beach Club y 13 lotes de terreno. Los inmuebles fueron puestos a nombre del Suntracs. Cuando los obreros comenzaron a reclamar su parte del arreglo, el Suntracs puso la cartera inmobiliaria fuera de su alcance: dio las propiedades en Bastimentos como garantía de un “préstamo” de $3.1 millones que el sindicato celebró el 6 de junio de 2022 con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. Algo que la retórica del Suntracs habría denominado como un “contrato de yo con yo”. Dicha cooperativa ya no existe: fue auditada y recientemente clausurada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), por presuntas violaciones a la Ley 23 de 2015, sobre prevención del blanqueo de capitales. Había una vez... A principios de siglo, los desarrolladores de Red Frog prometieron invertir $19.9 millones en la primera fase del proyecto en isla Bastimentos, que incluiría 47 villas o townhouses y servicios complementarios, como dos restaurantes, tres piscinas, spa, gimnasio, dos lagos artificiales y galerías comerciales. Pronto surgieron cuestionamientos por daños al medio ambiente. De hecho, hubo una multa de $130,000 por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Posteriormente, el estudio de impacto ambiental (EIA), categoría III, que sustentaba el proyecto fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia. Al lío ambiental se sumó uno laboral. Reportes de aquella época indican que en el proyecto había entre 700 y mil obreros de la construcción. Los reclamos empezaron por los pagos correspondientes a las jornadas dominicales y los sobretiempos. Se declararon dos huelgas, que fueron consideradas legales por el Ministerio de Trabajo. La primera se desarrolló del 3 al 25 de agosto de 2006; la segunda se extendió por más de año y medio: del 5 de febrero de 2007 al 14 de octubre de 2008. Por la huelga de 2006, la empresa fue obligada a pagar $165,500 en salarios caídos, más costas, en un reclamo que llegó hasta la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. No ha trascendido el monto exacto resultante de la huelga de 2007-2008, peroenunacuerdoextrajudicial se decidió que el pago correspondiente se finiquitaría con la entrega de bienes inmuebles. Y es aquí cuando aparentemente surgen los hechos que hoy inciden sobre la dirigencia del Suntracs. Mientras representaba a los trabajadores en la fase de negociación, el Suntracs maniobró para que el titular registrado de las propiedades entregadas por la promotora para saldar la deuda fuera el propio sindicato, en lugar de los obreros. Méndez, el ‘adquiriente’ El primer acuerdo para transferir las propiedades fue firmado el 19 de noviembre de 2012 por la abogada Carmen Vicente Serrano, en representación de Ocean Group International Inc., y Saúl Méndez, secretario general y representante legal del Suntracs, quien en la transacción fue identificado como el “adquiriente”. Hubo otros dos acuerdos de traspaso ocho años después, en 2020: uno el 31 de marzo de ese año con la sociedad Golden Beach Trading Corp. (representada por Wilhelmina Bussing), y otro con Dream Properties Inc. (presidida por David Naimark), el 9 de junio. En ambos también firmó Saúl Méndez. Los 13 lotes (de diferentes tamaños, aunque ni uno superaba los 3,000 metros cuadrados) fueron traspasados por el mismo valor: $500 cada uno. A la villa de 404 metros cuadrados, ubicada en el PH Red Frog Beach Club, se le adjudicó un valor de traspaso de $117,951, aunque en el Registro Público consta que el valor de las mejoras edificadas es de $192,707. La transferencia de todo el paquete inmobiliario se hizo “libre de gravámenes hipotecarios y anticréticos”. En 2022, los trabajadores de Red Frog presentaron una querella para reclamar los beneficios del acuerdo extrajudicial, en la que acusan a la dirigencia del Suntracs por los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. En el Registro Público se presentó una nota del abogado Manuel Antonio Olmos Castillo, que el 30 de mayo de 2022 solicitó que se incorporara una nota marginal de advertencia en la inscripción de las fincas adjudicadas al Suntracs, para prevenir que se realizaran operaciones “de mala fe” o “temerarias”. En los registros electrónicos consta que la solicitud de Olmos se archivó a las 4:59 p.m. de ese día. La solicitud del abogado Olmos fue rechazada por un error en su presentación. Por coincidencia o por otra razón, el mismo día en que Olmos solicitó las anotaciones marginales de advertencia, pero a las 8:30 a.m., la junta directiva del Suntracs supuestamente celebró una reunión para autorizar a Méndez a firmar el contrato de préstamo con su propia cooperativa por $3.1 millones, pagaderos en un plazo de hasta 25 años. El acta de la reunión habría sido firmada por Méndez y Alexis Pineda, secretario de actas, correspondencia, estadística y censo del sindicato. Así se desprende de la minuta refrendada por la abogada Alejandra Chong Torok. Chong es una de las apoderadas sustitutas en la demanda que el Suntracs presentó contra la Caja de Ahorros en 2024, por la supuesta mala prestación de servicios al cerrarles sus cuentas bancarias en 2023, en medio de las protestas contra el contrato de explotación minera en Donoso. No se especifica para qué se pidió el préstamo a la cooperativa ni en qué se utilizarían los $3.1 millones. Una semana después, el 6 de junio de 2022, se registró ante un notario el contrato de préstamo firmado por Méndez y Luis González Marín, representante legal de la cooperativa. Para garantizar el pago de los $3.1 millones, más sus intereses (acordados a una tasa del 6% mensual), se constituyó una hipoteca y anticresis a favor de la cooperativa sobre las fincas y la villa del Suntracs en Red Frog Beach Club. El contrato de préstamo -según dicha escritura pública- incluye una cláusula que indica que “la cooperativa podrá declarar toda la obligación de plazo vencido si el deudor resultare embargado o de cualquier forma perseguido en sus bienes, por parte de terceros”. Es decir, estos inmuebles podrían eludir las consecuencias legales de los actos del propio Suntracs. Se busca Por la querella de los extrabajadores, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada inició una investigación penal (de la que nadie tenía conociento, hasta ahora) y esta semana, en medio de disturbios y protestas en contra de la ley que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) y el memorándum de entendimiento con Estados Unidos,seemitieronórdenes de aprehensión contra 11 dirigentes del Suntracs. Ya han sido detenidos Genaro López y Jaime Caballero, antiguo secretario general y secretario de relaciones internacionales, respectivamente, del Suntracs. Méndez, como ya se sabe, está en la embajada de Bolivia en Panamá, donde solicitó asilo, alegando persecución política.
5A La Prensa Panamá, domingo 25 de mayo de 2025 Panorama José Domingo Ulloa y Gustavo Kraselnik, presidentes de la Conferencia Episcopal y el Comité Interreligioso. Captura de video Comité Ecuménico hace llamado urgente a la paz, el respeto y el diálogo TENSIÓN SOCIAL Yasser Yánez García [email protected] Ante la huelga docente de carácter indefinido y los cierres de vías que se desarrollan en varias regiones del país, representantes de distintas confesiones religiosas hicieron un llamado para exhortar a todos los sectores nacionales a actuar con responsabilidad y respeto. En un pronunciamiento conjunto, la Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico y el Comité Interreligioso de Panamá expresaron su “profunda preocupación” por la situación social y política actual, caracterizada por tensiones que —advirtieron— afectan la convivencia democrática y hieren a las comunidades. “El respeto, la mesura y la responsabilidad en la palabra y las acciones son condiciones necesarias para construir puentes”, señalaron los líderes religiosos, quienes apelaron a la conciencia de autoridades, movimientos sociales y actores políticos. Entre sus principales llamados, instaron a que se respete el Estado de derecho, se garantice el debido proceso y se evite el uso excesivo de la fuerza, advirtiendo, que este solo “agrava las heridas del pueblo y enrarece el clima nacional”. Además, destacaron que “no es momento de imponer visiones unilaterales ni de responder a los conflictos con violencia”, sino de escuchar al pueblo y abrir espacios donde se dé voz a quienes históricamente han sido marginados. Los firmantes del mensaje reconocieron que la crisis actual no es únicamente coyuntural, sino que tiene raíces estructurales en modelos económicos, sociales y políticos que han excluido a muchos y privilegiado a pocos. En ese sentido, propusieron una transformación ética y estructural, centrada en la dignidad humana, la justicia social y el bien común. “La seguridad y el orden no pueden sostenerse a costa de la represión, sino sobre la base de la justicia, la inclusión y la verdad”, afirmaron. Finalmente, invitaron a las comunidades religiosas a seguir orando y trabajando por la paz, e hicieron un llamado a todos los ciudadanos a mantener la esperanza activa. “No hay situación que no pueda superarse si caminamos juntos, con fe, con honestidad y con amor por nuestra patria”, concluye el comunicado. Fotografía de archivo que muestra a migrantes haitianos en su camino hacia Panamá por el Tapón de Darién, en Acandi (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda La radiografía del ‘cierre de Darién’ Mario De Gracia [email protected] CRONOLOGÍA Panamá y Estados Unidos presumen hoy de haber ‘cerrado’ Darién al cruce de migrantes, una acción que impulsó el presidente Mulino, a pesar de los cuestionamientos internacionales a dicha política migratoria. El planteamiento “la nueva frontera de Estados Unidos está en Darién”, hecho por el presidente de la República, José Raúl Mulino, surtió efecto. Incluso, así lo reconoció el embajador de Estados Unidos de América (EUA) en Panamá, Kevin Marino Cabrera, el 22 de mayo de 2025, aunque atribuyó el protagonismo de lo sucedido al presidente de su país, Donald Trump. La estrategia para frenar el flujo migratorio desde el sur empezó a gestarse desde antes de la llegada de Trump. El 1 de julio de 2024, día de la toma de posesión de Mulino como presidente, se firmó un memorándum de entendimiento con el exsecretario de Seguridad Interior (Homeland Security, en inglés) estadounidense, Alejandro Mayorkas, para “apoyar a Panamá” en la gestión del tránsito de migrantes en Darién, el mismo documento que luego sería ampliado para la implementación de vuelos de repatriación de migrantes. Días después, imágenes de cercas con alambres de púas instaladas por el gobierno panameño en Darién, frontera natural con Colombia, recorrieron el mundo. El gobierno panameño señaló en aquella ocasión que el objetivo era canalizar el flujo migratorio desde América del Sur hacia el Norte en puntos de cruce controlados. La noticia corrió como pólvora y rápidamente las estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM) darían constancia de su efecto, con la reducción en el tránsito de personas por la selva darienita. De 55,357 personas que cruzaron la selva en julio de 2023, hubo un descenso a 20,519 en el mismo mes en 2024. En agosto, Mulino se comprometió con su entonces homólogo estadounidense, Joe Biden, a implementar el memorándum de entendimiento para vuelos de repatriación de migrantes que llegaban por Darién. Estados Unidos proveería el dinero para las repatriaciones, en primera instancia, $6 millones. Para el mes de octubre de 2024, ya se habían financiado 19 vuelos de repatriación y cuatro pasajes en vuelos comerciales, de acuerdo con un informe de la embajada estadounidense en Panamá, que este mes confirmó que la logística terminó costando $14 millones. Las estadísticas del SNM agregan más dramatismo al declive en la ruta migratoria: para noviembre se registró el cruce de 11,144 personas, un 70% menos que lo reportado en el mismo mes de 2023. A pesar que los números empezaban a bajar, el drama humano de cientos de migrantes no lo haría. De hecho, sus historias volverían a darle la vuelta al mundo con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Trump asume la presidencia Durante su campaña electoral, Trump anunció que frenar la inmigración irregular sería un tema prioritario en su agenda y aseguró que aumentaría las deportaciones desde Estados Unidos. Al asumir su cargo el 20 de enero de 2025, encontraría en Panamá el terreno allanado por Mulino. En la escena internacional, el 25 de septiembre de 2024, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un discurso marcado por el tema migratorio, el mandatario panameño envió el mensaje: “Señor Presidente: en Panamá hoy está la nueva frontera de los Estados Unidos, porque por el Darién pasan los que buscan, aquí en este país, una mejor vida”. Dos meses después, el 14 de noviembre, durante su rueda de prensa semanal, reiteró el mensaje. Le recordó a la nación del norte que “la otra frontera de Estados Unidos está en Darién”. En diciembre, Trump empezó a presionar al istmo señalando, falsamente, que ciudadanos de China tenían control de las operaciones del Canal de Panamá, y advirtiendo que Estados Unidos volvería a manejar la vía interoceánica. Un reflejo de su política antimigratoria, que, paradójicamente, dos meses después derivaría en la deportación de centenares de asiáticos hacia Panamá. Su presión tuvo efecto tras una visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá, el 2 de febrero de 2025. Allí se anunció la ampliación de los vuelos de repatriación, que incluirían desde ese momento a asiáticos y africanos deportados desde Estados Unidos. En aquella ocasión, Mulino también ofreció el aeropuerto de Metetí, en Darién, para llevar a cabo las deportaciones. El hotel Decápolis, en la ciudad de Panamá, fue testigo del drama humano que se desencadenaría desde el 18 de febrero de 2025, cuando decenas de migrantes llegaron en vuelos de repatriación desde EUA. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá se encargó de la supervisión de los deportados, que luego serían trasladados a un albergue en la comunidad de San Vicente, en Darién. La entidad aseguró que las personas no serían forzadas a dejar el país en contra de su voluntad, por lo que se emitieron permisos de estancia temporal, y fueron luego dejados sin custodia en el sector de Albrook. La última renovación de esos permisos se dio en el pasado mes de abril, cuando algunos de los deportados con nacionalidades africanas y asiáticas se mantenían en el albergue Fe y Alegría. Se quedaron con pocas opciones: regresar a sus países de origen o moverse a otros de América Latina que permitieran su ingreso. En Panamá, lo único seguro al momento es la incertidumbre y la efectividad de una política que impulsaron Trump y Mulino. En febrero de 2025, el SNM registró el tránsito de 408 personas por Darién; en marzo, 194; en abril, 73; y a mediados de mayo, ninguna. La frontera en Darién… Esta semana, el jueves 22 de mayo, el embajador de EUA en Panamá efectuó un recorrido por puntos que otrora fueron de acogida de migrantes en Darién, acompañado del ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego. Allí aseguró que “gracias al liderazgo de Trump y a la colaboración de Panamá, Darién estaba cerrado”, haciendo alusión a aquel planteamiento que hizo Mulino desde su llegada a la Presidencia. El recorrido terminó con la inauguración de un centro de mantenimiento de vehículos en Metetí, financiado por Estados Unidos. También entregaronbotes,motores,oficinas modulares, vehículos y equipos, que aseguraron servirían para combatir el flujo de inmigración irregular y redes criminales transnacionales. Las estadísticas ya no reflejan la crisis, pero de las miles y miles de personas que transitaron por Darién prevalecerán las dramáticas historias que no solo fueron plasmadas en tinta y caracteres digitales por medios de comunicación de todo el mundo, sino que fueron recogidos por la organización internacional Human Rights Watch, una de las principales críticas a la cooperación entre Estados Unidos y Panamá, en un informe titulado: “A nadie le importó, nadie nos escuchó: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Panamá”. Allí, la organización señala a EUA “por vulnerar el debido proceso y el derecho a solicitar asilo”, y a Panamá, al que apunta como “cómplice” por aceptar a los deportados sin garantizarles un proceso de asilo justo.
6A La Prensa Panamá, domingo 25 de mayo de 2025 Panorama El proyecto de construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para los corregimientos de Chilibre, Nuevo Caimitillo y áreas aledañas, que lleva adelante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tiene un avance físico del 57%. Didio Hernández, coordinador de Proyectos del Idaan, explicó que “con esta obra, comunidades como Jalisco, Agua Bendita, Pedernal, San Vicente, Alto Lindo, vía Madden, Caimitillo, Nuevo México 1 y 2, y Nuevo Caimitillo recibirán agua potable las 24 horas del día”. La obra es ejecutada por la empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (Copisa), con una inversión de $19.8 millones. Esta iniciativa comenzó en marzo de 2023 y busca beneficiar a 74,802 residentes de estos sectores de Panamá norte. Hernández informó que, actualmente, muchos de esAvanza en 57% proyecto para dotar de agua a comunidades de Panamá norte SANIDAD tos sectores reciben el suministro de agua de forma irregular, incluso algunos siendo abastecidosporcamionescisterna. Con la implementación de este proyecto, estas rutas serán eliminadas. La obra contempla: la línea de conducción desde la planta potabilizadora de Chilibre, la construcción de una estación de bombeo en la comunidad de Calzada Larga, y la edificación de cuatro tanques de almacenamiento con capacidad total de 4 millones de galones. Además, se instalarán seis kilómetros de redes de distribución, entre otras infraestructuras complementarias. Recientemente, el Idaan, autoridades locales y la empresa contratista se reunieron con moradores de la comunidad de Nuevo México, en el corregimiento de Nuevo Caimitillo, con el objetivo de mantener informada a la población y recoger sus impresiones respecto al desarrollo del proyecto. La comunidad de Caimitillo Centro ha protestado en varias ocasiones y realizado cierres de calles debido a la falta de agua. El Patronato del HST y la CSS firmaron un convenio para que la cocina de la Ciudad de la Salud preste el servicio de suministro de alimentos a este centro hospitalario del Ministerio de Salud. Cortesía CSS incluye al HST en cobertura alimentaria hospitalaria Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] SERVICIOS DE SALUD Con la ampliación de la cobertura, la entidad entregará 9 mil comidas diarias. El acuerdo es por cinco años, a un costo de $32.9 millones, y forma parte del proceso de integración de los servicios con el Minsa. Al menos 6,322 comidas eran preparadas a diario hasta finales del mes de abril en las cocinas de los cinco hospitales más grandes que administra la Caja de Seguro Social (CSS), para alimentar a los pacientes hospitalizados. Esa producción aumentó a partir del 1 de mayo a 9,322 platillos diarios, debido a que la entidad ahora también suministra alimentos a los pacientes del Hospital Santo Tomás (HST). Este incremento se debe a la unificación de servicios que está ocurriendo entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS, tras la firma de un convenio entre el Patronato del HST y la Caja, con el objetivo de optimizar el servicio de alimentación hospitalaria. El convenio, que tiene una vigencia de 60 meses a partir del 1 de mayo, establece que la nueva cocina de Línea Fría de la Ciudad de la Salud preparará y trasladará diariamente 3,000 comidas al Servicio de Nutrición y Dietética del HST. El acuerdo busca optimizar la alimentación en el HST, que, con una capacidad de 742 camas, atiende a un número similar de pacientes hospitalizados con diversas necesidades dietéticas, así como a 300 pacientes en la Unidad de Hemodiálisis y un promedio de 20 pacientes en la unidad de Tratamiento Antiviral para VIH. Además, se brinda alimentación al personal médico, de enfermería y administrativo en turnos laborales, así como a los estudiantes de medicina que realizan rotaciones. Comopartedelconvenio,la CSS realizará remodelaciones y adecuaciones en las instalaciones del Servicio de Nutrición y Dietética del HST, por un monto de 315 mil dólares, que será incluido en los costos del servicio durante el primer año de vigencia. Según información del HST, el Patronato invertirá 32.9 millones de dólares en el marco del convenio, que tendrá una duración de cinco años. El ministro de Salud, Fernando Boyd, destacó que “con este innovador sistema de preparación y entrega de alimentos se modernizan y optimizan los procesos delserviciodenutrición,ofreciendo múltiples ventajas que impactan positivamente en la calidad del servicio, la seguridad alimentaria y el uso eficiente de los recursos institucionales”. Agregó que este convenio permitirá reducir los costos hasta en 2.5 millones de dólares, en comparación con los métodos tradicionales de alimentación utilizados en el HST. “Esta es otra muestra de la unificación que está ocurriendo entre el Minsa y la CSS”, expresó el ministro. En contratos anteriores, el suministro de alimentos a pacientes, personal médico, de enfermería y administrativos del HST estaba a cargo de la empresa Procesadora Monte Azul, S.A. (Niko’s Café). Datos de Panamá Compra detallan, por ejemplo, que por un periodo de seis meses se pagaron hasta 2,791,800 dólares. Por su parte, el director de la CSS, Dino Mon, explicó que “cada menú responde a criterios clínicos definidos por profesionales de la salud, quienes consideran las condiciones médicas, el estado nutricional y la etapa de recuperación del paciente. No es lo mismo alimentar que nutrir”. Mon ha señalado que la CSS obtiene aproximadamente 2 millones de dólares con este convenio, fondos que anteriormente eran destinados a empresas externas, ya que el servicio estaba externalizado. Actualmente, en la cocina de la Ciudad de la Salud se preparan diariamente unos 2,000 platillos para pacientes y funcionarios. Sin embargo, esta instalación fue diseñada para tener una capacidad de entre 6,000 y 7,000 comidas diarias. En otros hospitales, como el Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en la 24 de Diciembre, se preparan 600 comidas diarias para una capacidad hospitalaria de 200 pacientes. En el Hospital Dr. Ezequiel Abadía en Soná y en la Policlínica Dr. Horacio Gómez en Santiago, ambos en la provincia de Veraguas, se preparan 368 comidas diarias para unos 120 pacientes. Mientras tanto, en el Hospital Dr. Rafael Estévez en Aguadulce, provincia de Coclé, se confeccionan aproximadamente 354 comidas diarias para unos 118 pacientes. En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, ubicado en la vía Transístmica, se cocinan unas 3,000 comidas diarias para los pacientes hospitalizados, cuya capacidad estimada es de 700 camas. Para Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd),comoagrupaciónde pacientes, están de acuerdo con la unificación del sistema sanitario, siempre que esta se maneje de forma adecuada, eficiente y transparente. Destacó que “los pacientes organizados en la Federación siempre hemos estado de acuerdo con la unificación del sistema sanitario, porque es la mejor forma de garantizar la eficiencia de la inversión en salud”. “El servicio que está ofreciendo la Ciudad de la Salud con el suministro de comidas al Hospital Santo Tomás, siempre que se brinde sin sacrificar el que se ofrece a los hospitalizados en esa institución, contará con el apoyo de la Federación”, concluyó. El alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, aseguró que el conflicto con los moradores de Boca La Caja por una propuesta de zonificación y asignación de uso de suelo para todo el corregimiento de San Francisco fue manejado de forma política. “Gente buena, gente humilde, se ha dejado llevar por la politiquería de siempre que tiene a Panamá como está”, expresó Mizrachi en sus redes sociales. El alcalde aseguró que los residentes han sido víctimas de desinformación y manipulaciones políticas; cuestionó la ausencia de figuras políticas, como los diputados, durante momentos críticos como la pandemia; y lamentó que personas externas al corregimiento estén interviniendo con fines desestabilizadores. El conflicto con los moradores de Boca La Caja y San Sebastián se agravó el pasado jueves, durante una audiencia pública convocada por la Alcaldía de Panamá para que unas 12 comunidades definieran, mediante votación, si se aprobaba o no una nueva zonificación para San Francisco. La consulta pública no se pudo realizar debido a que los residentes argumentaban que sus terrenos podrían verse afectados. Ante este escenario, MiMizrachi atribuye a ‘politiquería’ el rechazo a zonificación en Boca La Caja ORDENAMIENTO zrachi aseguró que los rumores sobre desalojos, aumentos de impuestos o compras de terrenos por parte suya son falsos, y que estas tácticas de miedo han socavado la confianza construida con los moradores. El alcalde afirmó que busca el mejoramiento del barrio y criticó a actores políticos que, tras perder elecciones, continúan promoviendo el desorden y entorpeciendo los procesos democráticos. Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a pensar con criterio propio y a no dejarse influenciar por intereses que buscan mantener el estancamiento social usando estrategias de la “vieja política”. Yaritza Mojica [email protected] Mayer Mizrachi, alcalde de la Ciudad de Panamá. Cortesía Tras las quejas de los residentes y su oposición a la zonificación, la Alcaldía de Panamá informó el 23 de mayo que no se realizará ningún cambio de zonificación en las comunidades de Boca La Caja y San Sebastián. El plan de urbanismo de San Francisco data de 2003 y requiereseractualizadodebido a los cambios experimentados por el corregimiento, donde conviven zonas residenciales, comerciales y distintas densidades. Según el XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda (2023), San Francisco tiene 61,290 habitantes, lo que representa un crecimiento del 39.49% respecto al censo de 2010, cuando la población era de 43,939 personas. Partes de las obras que se están realizando en la comunidad. Cortesía
7A La Prensa Panamá, domingo 25 de mayo de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Vencen bonos de ENA y Fitch prende las alarmas Pese a la perspectiva negativa, la calificadora considera que las calificaciones de ENA Norte reflejan un activo sólido y maduro, con una trayectoria operativa consolidada. La concesión del corredor Norte vence en 2028, y la Empresa Nacional de Autopistas analiza extenderla para obtener los fondos necesarios que permitan rehabilitar la vía y ampliar su capacidad. Archivo Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] A la fecha, de los 600 millones de dólares colocados hace 13 años, se ha pagado el 71%, es decir, unos 424 millones de dólares. El último abono fue efectuado el 25 de abril por 13 millones de dólares, monto que representó el 72.2% de los ingresos generados por el uso del corredor Norte entre enero y marzo de este año. “Esta emisión no tiene una tabla de pagos programada; lo que se tiene es una cascada de pagos que atiende primero la reserva de intereses, luego los distintos mantenimientos necesarios para que la vía opere, y el 100% del dinero restante se destina a abonar al capital de la obligación”, explicaron voceros de la empresa estatal. Pese a la perspectiva negativa, Fitch considera que las calificaciones de ENA Norte reflejan un activo sólido y maduro, con una trayectoria operativa consolidada. “La estructura de deuda de ENA Norte es robusta, ya que los ingresos por peajes se destinan íntegramente a cubrir las obligaciones operativas y financieras, lo que permite un desapalancamiento gradual del proyecto”, señala la agencia de riesgo. Extensión de la concesión Antes de definir cómo cubrirá los pagos finales para cancelar la deuda, ENA debe decidir si extiende la concesión del corredor Norte, que vence en poco más de dos años. De extenderse, ENA podría colocar nueva deuda en el mercado internacional. Sobre este punto, los voceros de la Empresa Nacional de Autopistas señalaron que la solicitud de extensión fue presentada durante la pasada administración y que actualmente se trabaja en validar la necesidad de ampliarla. “Ello es necesario para refinanciar el saldo original de la deuda e invertir en la infraestructura del corredor Norte, en atención al servicio que esta obra está llamada a satisfacer. Sí, hay planes para un nuevo financiamiento, pero dependerá de la extensión de la concesión”, comentaron. Para Fitch, uno de los riesgos de la emisión es una posible disminución de ingresos. La agencia destaca que, pese a tener la facultad, la administración de los corredores (ENA) no ha realizado ajustes en las tarifas de peaje. Consultados al respecto, los voceros de la entidad señalaron que “para la captación de fondos se está trabajando en la optimización de los recursos y en mejoras de la infraestructura vial”. En entrevistas previas concedidas a La Prensa, Yessica Goti, gerente general de ENA, indicó que es importante que la ciudadanía comprenda que ENA administra concesiones, un instrumenciada a la construcción del corredor Este, Fitch otorgó una perspectiva estable. Esta deuda fue refinanciada en 2020 y los bonos vencen en 2048. Según la calificadora, los ingresos generados por ambos corredores garantizan su plan de mantenimiento y ampliación, y no se prevén riesgos significativos en la operación de ambas vías. “La diferencia es que las obligaciones del corredor Este y el corredor Sur ya fueron refinanciadas en 2020, mientras que la del corredor Norte aún no ha sido reestructurada. Queremos hacer algo similar en el corredor Norte, aunque las condiciones del mercado no son las mismas”, explicaron los voceros de ENA. De acuerdo con Fitch, los corredores Sur y Este representan un mercado de referencia sólido y desempeñan un papel clave en la red vial de la ciudad de Panamá, actuando como enlaces cruciales para el transporte público y comercial. “Los sólidos requisitos contractuales aseguran la financiación de los gastos de capital en ambos corredores, respaldando un programa de inversión que se financia internamente. La concesionaria ya cuenta con planes de mantenimiento a corto y mediano plazo para intervenir en los tramos que lo requieran, y la estructura contempla un fondo de reserva equivalente a 12 meses para cubrir trabajos de mantenimiento mayor”, destacó Fitch en su informe. Actualmente, la empresa mexicana Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. (Dycusa), ejecuta el plan de ampliación del corredor Sur por 20.8 millones de dólares, con la construcción de nuevos accesos y salidas en el sector de Costa del Este, que buscan aliviar el congestionamiento vial que se presenta en esa zona residencial y empresarial. VALORES to financiero privado que debe responder a los inversionistas que compraron los bonos utilizados para la adquisición de las autopistas. Por esta razón, advirtió que no se puede reducir ni eliminar el peaje, ya que se trata de obras que requieren mantenimiento y fondos para su operación y futuras ampliaciones. En cuanto a la emisión de ENA Master Trust por 400 millones de dólares, utilizada para adquirir la concesión del corredor Sur y pagar la deuda asoEMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 87.27 pies 240.02 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal La custodia de la información tributaria Ventana fiscal Adolfo J. Campos Barranco economí[email protected] La información tributaria y toda documentación de los contribuyentes que recibe o a la que tiene acceso la Dirección General de Ingresos (DGI) se encuentra revestida de un carácter confidencial, secreto, de uso exclusivo y privado dentro de la propia institución. No puede, por ninguna circunstancia, hacerse trascender, excepto en los casos establecidos en leyes especiales y convenios en materia de intercambio de información tributaria. Todos los funcionarios de la DGI, así como del Tribunal Administrativo Tributario, están obligados a guardar reserva respecto a las declaraciones e información proporcionadas por los contribuyentes o terceros, así como de los datos obtenidos como resultado de una fiscalización. Ahora bien, el artículo 159 del Código de Procedimiento Tributario establece que esta reservade la información en materia tributaria no comprenderá los casos en que la DGI deba suministrar datos a los siguientes entes: 1. Las autoridades judiciales en procesos del orden penal, entendiendo por ello jueces o magistrados de la jurisdicción penal, así como el Ministerio Público, en los procesos en que el Estado sea parte. 2. Las autoridades judiciales y administrativas encargadas de la protección de menores de edad y de procesos de pensión alimenticia en la jurisdicción de familia. 3. La Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de armas de destrucción masiva. 4. La Contraloría General de la República o el Tribunal de Cuentas, respecto de sus funciones de control de la gestión de la Administración Tributaria y en las investigaciones que se inicien por denuncias de corrupción o peculado. 5. Las comisiones legislativas de investigación de la Asamblea Nacional. 6. Las administraciones tributarias de otros países, en cumplimiento de lo acordado en convenios internacionales. 7. El Tribunal Administrativo Tributario y los jueces en materia administrativa tributaria. 8. La Defensoría del Contribuyente. Los funcionarios que tengan conocimiento de las declaraciones, datos e informaciones estarán obligados a guardar el más estricto y completo secreto respecto a ellos, salvo en las situaciones anteriormente listadas. El incumplimiento de este mandato legal, además de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, se considerará una falta disciplinaria muy grave. Cápsula fiscal. El contribuyente, su representante legal o cualquier otra persona debidamente autorizada por él, podrá examinar la información, datos y documentos consignados en sus respectivas declaraciones juradas de tributos, así como en cualquier expediente administrativo donde conste una auditoría o fiscalización por parte de la DGI. El autor es abogado especializado en materia tributaria.
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