6A La Prensa Panamá, viernes 23 de mayo de 2025 La decisión de concederle o no asilo político al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, será un nuevo asalto en la pelea que tiene en Bolivia el mandatario Luis Arce con el expresidente Evo Morales. Después de formar parte del mismo gobierno —Arce como ministro de Economía y Morales como mandatario entre 2006 y 2017—, ahora están enfrentados. Arce llegó al poder en 2020, cuando fue electo presidente de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), y desde que Morales regresó al país en 2019, las diferencias se han intensificado. Medios bolivianos e internacionales han dejado entrever que la principal diferencia entre Arce y Morales es que el expresidente presuntamente tenía intenciones de controlar el país desde fuera. El pasado 21 de mayo, Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, ingresó a la Embajada de Bolivia en Panamá para pedir asilo político. Ante este hecho, Morales publicó en la red social X: “Exigimos de la manera más contundente que el goCaso de Saúl, ¿nuevo capítulo en la disputa Morales-Arce en Bolivia? Genaro López (derecha), junto a su hijo homónimo, a su llegada a la Fiscalía. Itzaly Pérez MP aprehende a López por caso de estafa agravada y blanqueo de capitales Juan Manuel Díaz Eliana Morales [email protected] Henry Cárdenas [email protected] INVESTIGACIONES JUDICIALES La investigación responde a una querella presentada por extrabajadores de un proyecto de construcción en Bocas del Toro, quienes estaban afiliados al Suntracs. Genaro López, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), se presentó ayer ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que le giró una orden de aprehensión por la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y contra la fe pública. López llegó a eso de las 2:30 p.m. al despacho judicial. Una hora después se ordenó su aprehensión. Fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en Ancón. El fiscal Gilberto Arona Cárdenas, quien lleva el caso, solicitó una audiencia de garantías para imputarle cargos, la cual deberá ser agendada en las próximas 24 horas. Después de que su padre fue trasladado a la DIJ, su hijo Genaro López habló con los periodistas. Envió un mensaje al Órgano Judicial, en el que pidió que respetaran la libertad sindical, el derecho a huelga, la libre organización y, sobre todo, las garantías constitucionales. En un claro mensaje dirigido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijo: “En vez de estar solicitando aumento de salario y carros blindados, fíjense en la realidad nacional (...)”. De acuerdo con un comunicado de la fiscalía, se le investiga por una querella que en 2022 presentaron extrabajadores de un proyecto de construcción ubicado en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, quienes se encontraban afiliados al Suntracs. ‘Soy inocente’ El dirigente estuvo acompañado de un equipo de abogados, familiares y simpatizantes. “Vengo a presentarme a la fiscalía a ver qué es lo que están investigando”, “soy inocente... la lucha sigue, sigue”, dijo a su llegada al Ministerio Público. “¿Cómo considera este caso?”, le preguntó una periodista. “Persecución política”, respondió. El apoyo de los compañeros Mientras López se encontraba en la fiscalía, en las afueras de la sede judicial se congregó un grupo de obreros del sindicato. Vestidos con camisetas y chalecos rojos, ondeaban banderas del Suntracs y coreaban consignas en respaldo a su dirigente. “Ni el Ministerio Público ni la Corte podrán detenernos”, “Ni los procesos inventados de Mulino podrán detenernos”, “¡Sin lucha no hay victoria!”, se escuchaba entre los manifestantes, quienes también exigían el cese de lo que calificaron como una campaña de criminalización contra el movimiento sindical. La protesta transcurrió bajo la vigilancia de agentes policiales, sin que se registraran incidentes. Otros implicados La pesquisa también alcanza a Saúl Méndez, secretario general del sindicato, quien solicitó asilo en la Embajada de Bolivia, nación que por el momento le otorgó protección temporal. En este caso también se vincula a otro grupo de dirigentes de la agrupación. Se trata de las siguientes personas: • Yamir Córdoba, secretario de organización • Erasmo Cerrud, secretario de defensa • José Víquez, secretario de educación • Abdiel Bethancourt, secretario de defensa • José Palacio, secretario de fiscalización • Jaime Caballero, secretario relaciones nacionales e internacionales • Irving Pinzón, secretario de prensa • César Ochoa, secretario de asuntos sociales • Manuel Rodríguez, secretario de actas y correspondencia • Ever Asprilla, secretario de salud ocupacional • Sebastián Fula, secretario de cultura • Frank Summer, secretario de juventud • David Niño, secretario de derechos humanos Jaime Caballero tiene otro caso. El pasado viernes fue detenido provisionalmente mientras se le investiga por presunto lavado de dinero. Según la fiscalía, habría Los recientes allanamientos al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) han generado críticas por parte de líderes políticos y sociales. El Ministerio Público justificó los allanamientos como parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales, señalando al dirigente Jaime Caballero, actualmente detenido en el centro penitenciario La Joya. Además, se emitieron al menos 12 órdenes de aprehensión contra otros directivos del sindicato por supuestos delitos como estafa agravada, asociación ilícita y falsificación de documentos. Estas acciones han sido calificadas por diversos líderes como un abuso de poder y una muestra de un Estado policiaco. El exdiputado Juan Diego Vásquez criticó al gobierno por actuar selectivamente contra sus opositores, mientras que José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, expresó que “Panamá hoy parece más un Estado policiaco que un Estado de derecho”. El presidente José Raúl Mulino ha calificado al sindicato como una “mafia de la construcción” y advirtiendo que “van a pagar el precio de la ley”. Mulino expresó que no permitirá que el país quede “secuestrado otra vez por Suntracs o por los amigos de Suntracs”, destacando la necesidad de mantener el orden público a toda costa. Sobre las acciones del Ministerio Público, dijo que las acciones legales en curso no son responsabilidad del Ejecutivo y que vienen de mucho antes. Sobre la petición de asilo de Saúl Méndez en la embajada de Bolivia dijo que se valorará en su momento si se le otorgará un salvoconducto para que se tralade al aeropuerto. Allanamientos al Suntracs reavivan críticas; Mulino responde Mario De Gracia [email protected] bierno de Bolivia otorgue el correspondiente asilo diplomático en favor del compañero Saúl Méndez, de @ suntracspanama, quien, junto a sus compañeros, es víctima de persecución”. El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que se respeta la opinión de Morales, pero que no es el mandatario de Bolivia. “El presidente de Bolivia es mi buen amigo Luis Arce, no Evo Morales. Es la opinión del señor expresidente de Bolivia, se respeta, pero no tiene ninguna vinculación”, afirmó Mulino ayer en su rueda de prensa semanal. Mientras el gobierno boliviano evalúa la petición, la embajada le ha concedido a Méndez una protección temporal, como establece el protocolo diplomático en estos casos. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada giró una orden de aprehensión contra los dirigentes del Suntracs: Genaro López, exsecretario del sindicato; Saúl Méndez, actual líder del gremio; y demás miembros de la junta directiva. Morales, quien le dio el aval a Arce como candidato presidencial en 2019, cuando aún estaba refugiado en territorio argentino, actualmente lo acusa de perseguirlo judicialmente y de querer alejarlo del poder. recibido, transferido y utilizado fondos de origen ilícito, facilitados mediante cheques y transferencias autorizadas por otros directivos del sindicato, quienes habrían usado sus cargos para beneficiarse económicamente. El pasado miércoles, el mismo día en que Méndez se refugió en la embajada de Bolivia, las autoridades judiciales allanaron las sedes del sindicato ubicadas en Avenida Perú y San Miguelito. El Suntracs mantiene desde el pasado 28 de abril una huelga indefinida en el sector construcción. Alineado con gremios docentes y otras organizaciones, exige la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones; rechaza un acuerdo de seguridad con Estados Unidos argumentando que lesiona la soberanía, y se opone tanto a la minería como a la construcción de un embalse en río Indio, destinado a abastecer de agua al Canal de Panamá. José Raúl Mulino en su rueda de prensa de ayer. Cortesía Custodia frente a la embajada de Bolivia en Panamá Elysée Fernánez Panorama
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