8A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. nes urgentes. A nivel global, fenómenos como el tifón Rai en Filipinas (2021) destruyeron 200 km de carreteras, aislando comunidades y aumentando los accidentes en un 25% durante la reconstrucción. Las inundaciones agravan el panorama: reducen la adherencia del pavimento y aumentan los accidentes en un 40% durante las tormentas,segúnelMIT(2021).EnHonduras, el huracán Eta (2020) arrasó 120 km de vías, dejando a 50 comunidades incomunicadas. Estos eventos no solo afectan la seguridad, sino que elevan los costos operativos y de seguros, un riesgo que los inversores no pueden ignorar. Soluciones rentables: innovación al servicio de la resiliencia Pero no todo son malas noticias: existen soluciones sostenibles con retornos comprobados. Materiales como el hormigón de carbono negativo (que captura 20 kg de CO₂ por tonelada) y el asfalto autorreparable (que extiende la vida útil en 15 años) están revolucionando la construcción vial. En Panamá, la carretera Colón–Portobelo, reforzada con hormigón con fibras de acero, ganó 20 años de durabilidad tras colapsos por lluvias en 2019. Singapur, por su parte, utiliza sistemas de drenaje inteligente con sensores IoT (Internet de las Cosas) que absorben el 90% del agua de lluvia, evitando inundaciones en autopistas importantes. Un análisis costo-beneficio del BID en 2023 es revelador: aunque la infraestructura sostenible tiene un costo inicial 28% mayor ($3.2 millones/km frente a $2.5 millones/km en diseños tradicionales), reduce el mantenimiento en un 58% ($2.5 millones frente a $6 millones en 20 años) y las emisiones de CO₂ en un 70% (4,500 toneladas frente a 15,000 Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Será posible otra mesa de diálogo? Polarización En medio de una creciente ola de protestas, el diálogo parece haberse convertido en un gesto simbólico: las mesas están puestas, pero sin sillas para todos ni voluntad real de escuchar. La promulgación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS); la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con Estados Unidos; y la posible reapertura de la mina de cobre en Donoso encendieron la chispa del descontento social. Sindicatos, docentes, grupos ambientalistas y estudiantes han encontrado en las calles un espacio donde sus voces parecen resonar. Sin embargo, ni los manifestantes ni el gobierno nacional envían señales de que sentarse en una mesa de diálogo multisectorial sea una opción para alcanzar acuerdos que alivien la tensión que atraviesa el país. La negativa a dialogar tiene raíces profundas y otras más recientes. Las mesas de Penonomé, en 2022, dejaron una sensación generalizada de desgaste, improvisación y falta de voluntad política. A esto se suma una desconfianza persistente entre los actores, alimentada por una narrativa binaria heredada de la Guerra Fría. Desde el gobierno y el empresariado, las movilizaciones sociales se perciben como amenazas al crecimiento económico; mientras que, desde los sectores movilizados, se les ve como un grupo mezquino que actúa solo en función de sus intereses. Además, la ineficacia estatal acumulada ha erosionado la confianza ciudadana y debilitado el respaldo al sistema democrático. La creciente polarización en Panamá no es un fenómeno aislado. Como advierte IDEA Internacional, esta ha sido una constante en la región, dificultando el diálogo entre sectores ideológicamente opuestos. Levitsky y Ziblatt advierten que el quiebre democrático se profundiza cuando los actores políticos dejan de reconocerse mutuamente como interlocutores válidos, sustituyendo la legítima adversidad por enemistad. A lo largo de su historia, Panamá ha demostrado que es posible construir acuerdos incluso en contextos de alta tensión. En los años noventa se celebraron espacios como los diálogos de Bambito, Coronado y Visión 2020, donde diversos sectores acudieron con la voluntad de debatir en igualdad de condiciones sobre el rumbo del país. Frente al escenario actual, urge relegitimar espacios como el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que permitió la aprobación de leyes clave, como la de Responsabilidad Social Fiscal en 2008, con apoyo multipartidista. También se debe fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos como las juntas de desarrollo local, útiles para canalizar prioridades comunitarias a través de la descentralización. Identificar temas de beneficio universal —como el acceso al agua, la igualdad de género, la educación de calidad, la salud pública o el crecimiento sostenible— puede ayudar a construir una agenda común. Estas causas transversales, junto con demandas ciudadanas más inmediatas, deben ser parte integral de los futuros diálogos. Ante el clima de polarización y desconfianza, se debe considerar la integración de mediadores o árbitros externos con alto nivel de credibilidad, así como el uso de tecnologías que permitan foros y cabildos abiertos virtuales, garantizando inclusión y transparencia en la toma de decisiones públicas. Ello puede abrir paso a soluciones ciudadanas que aún no imaginamos. El diálogo multisectorial es la piedra angular para edificar sociedades más inclusivas. Como escribió Tocqueville: “La democracia no puede existir sin la capacidad de sus ciudadanos para dialogar, debatir y comprometerse en la búsqueda del bien común”. La mesa está puesta, pero aún faltan los invitados. Secuestrados por mafias de políticos, empresarios, sindicatos y gremios Panamá, botín político nes aspiran a la Presidencia no es servir, sino acceder al botín. Ignoran que la política, como bien dijo Pepe Mujica, debería ser pasión por ayudar al pueblo. Panamá podría ser el país ideal para vivir, si logramos sacar del poder a los saqueadores que lo han gobernado por décadas. Somos una democracia de bajísima intensidad, marcada por desigualdad extrema, pobreza maquillada, educación deficiente, salud ineficaz y una seguridad inflada y discrecional. En un país verdaderamente democrático: • Las elecciones son libres y justas. Aquí, no: están manipuladas por el clientelismo, la compra de votos y el abuso del residuo, sobre todo en el interior del país. • La separación de poderes es simulada. Existen pactos de silencio e intercambio de favores. El poder está dividido, pero sin un verdadero sistema de control. • El Estado de derecho es selectivo. La ley no aplica igual: hay impunidad para quienes tienen poder o dinero, y cárcel para los demás. • La libertad de expresión y de prensa está condicionada por contratos publicitarios. El Estado tiene la última palabra. • La transparencia y la rendición de cuentas no existen: se simulan informes, se inventan justificaciones y se premia la opacidad. • La educación estatal está abandonada: se priorizan las compras de equipos antes que adecuar las escuelas. • La atención en salud es deficiente, a pesar de que representa el 30% del presupuestode31milmillonesdedólarespara 2025. Existen más de 45 mil funcionarios sin jerarquía ni liderazgo. Los despachos superiores ignoran el diagnóstico real de las 800 instalaciones del Minsa y las 100 de la CSS. La gestión es ineficaz, maquillada y sin base en un conocimiento claro de la historia ni del sentido de la seguridad social. El bienestar general y la paz social básica no existen. Las estadísticas internacionales nos ubican como un país rico con una distribución de la riqueza deplorable. Hay Carlos Pareja Seguridad vial frente al cambio climático Planificación urbana El cambio climático no es solo un desafío ambiental; es una bomba de tiempo financiera para la infraestructura vial. El Banco Mundial estima que, para 2050, los desastres climáticos costarán a América Latina $17.5 mil millones anuales en daños a carreteras. En Panamá, las lluvias extremas han aumentado un 30% desde el año 2000, colapsando drenajes y elevando los accidentes viales en un 18%, según el Ministerio de Obras Públicas (2023). Este artículo ofrece un análisis de los crecientes costos de la inacción, las soluciones sostenibles disponibles y los casos de éxito que demuestran que invertir en resiliencia no solo es prudente, sino rentable. Desafíos financieros: el costo de la inacción El deterioro acelerado de las carreteras por el cambio climático está disparando los gastos. La CEPAL (2022) calcula que reparar vías dañadas por inundaciones cuesta entre tres y cinco veces más que construirlas con criterios resilientes desde el inicio. En Colombia, las lluvias extremas de 2023 colapsaron 15 km de la vía Medellín-Bogotá, generando pérdidas de $12 millones en tres semanas. En Panamá, el estrés térmico (temperaturas de 38 °C) agrietó el Puente Centenario en 2022, lo que requirió $2.3 millones en reparaciotoneladas). Estas cifras convierten la sostenibilidad en una inversión con retornos a largo plazo. Casos de éxito: lecciones globales Los ejemplos prácticos refuerzan el argumento financiero. En La Paz, Bolivia, el tráfico se redujo un 35% con teleféricos urbanos de cero emisiones. En Copenhague, los accidentes viales bajaron un 72% desde 2010 con ciclovías; y en Noruega se avanza hacia autopistas sin diésel para 2025, con corredores eléctricos. En Panamá, el Corredor Sur evitó $8 millones en pérdidas anuales por inundaciones tras instalar pavimentopermeable,segúnelBanco Mundial (2023). Estos proyectos demuestran que la sostenibilidad no solo mitiga riesgos, sino que genera ahorros y beneficios sociales tangibles. Una apuesta por el futuro Ignorar el cambio climático en la planificación vial es apostar contra la lógica financiera. La infraestructura resiliente no es un lujo, sino una necesidad para minimizar costos, proteger vidas y cumplir con estándares globales como el Acuerdo de París. Para Panamá y la región, los próximos cinco años son cruciales: auditorías climáticas, pilotos con materiales innovadores y alianzas público-privadas pueden transformarelpanorama.Lapreguntanoessi podemos permitirnos invertir en sostenibilidad, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Opinión LOS AUTORES son abogado y economista, respectivamente. LA AUTORA es geógrafa y exministra de Ambiente. EL AUTOR es médico jubilado. Roberto Ogg Fábrega Emmanuel Ureña Ruiz más de 50 políticos millonarios cuyas fortunas nadie puede justificar con transparencia. Nuestra doctrina nacional parece guiada por la corrupción, la impunidad y el “juega vivo”. Este sistema funciona bien en el caldo de cultivo de una democracia débil y una cultura cívica erosionada. Según la escuela de Noam Chomsky, se nos manipula: creemos que la gran corrupción es la de los titulares, pero también lo es el acomodo en las sombras, el silencio cómplice y la aceptación de pequeños privilegios. Lo que vivimos va más allá de la negligencia: hay una fusión entre crimen organizado y corrupción institucional. Necesitamoscambiardeactitud.Exijamos justicia transparente. Los partidos políticos carecen de ética y de un rumbo coherente para garantizar el bienestar común. ¿PorquéPanamánoesunademocracia coherente y ética en la práctica? • Por un fracaso político estructural. • Por la mala distribución de los recursos. • Por desaprovechar una posición geográfica privilegiada. • Porque la democracia existe más en el papel que en la realidad. Síntomas de esta crisis: A. Corrupción estructural: clientelismo, nepotismo, impunidad y opacidad institucional. B. Instituciones cooptadas, sin meritocracia ni capacidad técnica. C. Desigualdad económica que excluye, especialmente a jóvenes y mujeres. D. Falta de credibilidad en los procesos electorales y en la clase política. E. Mal uso de recursos nacionales como el Canal de Panamá. La vida es un camino, no un destino. Caminemos con respeto, hermandad, solidaridad y amor. Cambiemos de actitud y de rumbo. Hoy, los ciudadanos parecemos simples “materias primas” en un sistema que no garantiza paz, bienestar ni dignidad. La crisis no es solo responsabilidad del presidente José Raúl Mulino. Somos nosotros, los residentes del país, quienes componemos esa materia prima. Apenas un 0.8% de la población —una clase política con genes de saqueo— decide qué se hace. A eso se suma un 10.2% de empresarios que rotan con afinidad al gobierno de turno, aprovechando la globalización para obtener contratos y negociados con jugosas recompensas que deberían destinarse a obras de interés social. Luego está el 49%: una masa laboral estatal, con un 10% de desempleo formal y cerca de 48% de ocupación informal, marcada por escasa cultura cívica, educación débil, ausencia de meritocracia y falta de ética. Esta burocracia es incapaz de cumplir sus tareas con efectividad y eficiencia. Sus superiores solo piensan en lo propio. No hay docencia, ni supervisión, ni mantenimiento institucional. El “juega vivo” es norma dentro de una desgobernanza estructural, donde el mensaje tácito es claro: no esperes nada; aprovéchate del sistema. Hoy, casi todo servicio público tiene un precio, y se exige incluso cuando es una obligación funcional. Vivimosunacompraventasubliminal en los altos despachos del Estado. Las compras públicas y grandes obras están contaminadas por corrupción: adendas que incrementan los costos hasta en 30%. Genéticamente, el mayor objetivo de quieLigia Castro de Doens
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