6A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, celebra la aprobación del acuerdo, cuyo objetivo es evitar que se repitan los errores cometidos durante la crisis de la covid-19. EFE Panamá respalda acuerdo para combatir pandemias futuras Aleida Samaniego C. [email protected] NORMATIVA El pacto, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, pretende garantizar una respuesta global más equitativa y coordinada ante futuras crisis sanitarias. En un momento clave para la salud global, Panamá ha sido una de las 124 naciones que respaldaron un acuerdo internacional histórico impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta decisión, tomada durante la 78ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, Suiza, tiene como objetivo fortalecer la preparación, prevención y respuesta frente a futuras pandemias. Con este paso, el país reafirma su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional, estrategias clave para construir un sistema de salud global más justo y equitativo. El acuerdo, que fue aprobado con un sólido respaldo de 124 países, fue el resultado de más de tres años de intensas negociaciones. Estas conversaciones estuvieron marcadas por tensiones geopolíticas, así como debates acerca de la equidad en el acceso a vacunas, tratamientos y diagnósticos. Sin embargo, el borrador del tratado recibió el visto bueno en abril de 2025, allanando el camino para su adopción definitiva durante la reciente asamblea de la OMS. De los 181 Estados miembros con derecho a voto, 124 votaron a favor del acuerdo, 11 se abstuvieron y 46 países no participaron en la votación. Panamá estuvo representada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien destacó la importancia del multilateralismo y el papel fundamental de la OMS como líder en el ámbito de la salud global. Durante su intervención, el ministro expresó: “Apoyamos todos los esfuerzos encaminados al fortalecimiento y mejora del desempeño de la OMS, para que podamos enfrentar juntos los desafíos que nos depara el futuro”. Esta postura resalta el compromiso de Panamá con un sistema de salud global inclusivo, basado en la cooperación y el intercambio de conocimiento. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este acuerdo como una “victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral”. Este tratado se centrará en corregir las deficiencias evidenciadas durante la pandemia de covid-19, y busca crear un sistema de respuesta más eficiente y equitativo frente a emergencias sanitarias futuras. Uno de los pilares más importantes de este acuerdo es la creación del Sistema Multilateral de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés). Este sistema establece que los países que detecten virus con potencial pandémico deberán compartir información y muestras biológicas, con el compromiso de recibir, a cambio, al menos un 10% de los productos derivados, como vacunas o tratamientos, en forma de donación. Además, se garantizará otro 10% a precios asequibles. La medida busca evitar que las naciones con menos recursos sean las últimas en recibir los productos esenciales para enfrentar pandemias. Otro aspecto clave del acuerdo es la creación de la Red Global de Logística y Suministros (GSCL Network), destinada a evitar el colapso en la distribución de insumos médicos críticos durante futuras emergencias sanitarias, como ocurrió con la crisis de la covid-19. Durante esa crisis, la falta de coordinación global resultó en retrasos y desabastecimiento de suministros médicos esenciales, lo que exacerbó la situación en varios países. El tratado también aborda la necesidad urgente de establecer condiciones claras sobre el uso de fondos públicos en investigación, incluyendo la accesibilidad a los productos desarrollados. Se promoverá el intercambio de tecnologías y la concesión de licencias para que los países puedan producir a gran escala vacunas, tratamientos y diagnósticos, lo que contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta a nivel global. El ministro Boyd Galindo subrayó la importancia de un enfoque integral en las políticas sanitarias, que considere no solo los intereses nacionales, sino también el bienestar de la comunidad global. En su intervención, señaló que “El abordaje de los problemas que impactan la salud global solo es posible si propiciamos debates centrados en las personas, su bienestar y calidad de vida, bajo el enfoque de Una Sola Salud”. Esta visión integral es esencial para promover políticas de salud que sean inclusivas, equitativas y basadas en la evidencia científica. En relación con los desafíos financieros que enfrenta la OMS, el ministro resaltó que la financiación sostenible de la organización es esencial para garantizar su eficacia. En este sentido, hizo un llamado a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la lucha contra las pandemias. “Es fundamental avanzar hacia una planificación basada en la equidad y en la eficiencia del uso de los recursos, donde la transparencia sea la esencia de nuestras decisiones”, indicó Boyd Galindo. No obstante, el camino hacia la implementación del tratado no ha estado exento de obstáculos. Una de las principales dificultades ha sido la desinformación que ha circulado en torno al contenido del acuerdo. En especial, en las redes sociales y ciertos sectores políticos se han difundido falsos rumores que aseguran que el tratado otorgaría a la OMS el poder de imponer confinamientos, obligar a los países a vacunar a sus poblaciones o controlar directamente sus sistemas de salud. El acuerdo no socava la soberanía nacional de los países. Los Estados miembros seguirán teniendo la última palabra sobre las medidas que adopten, y el tratado no impone obligaciones que infrinjan sus derechos soberanos. Finalmente, el tratado entrará en vigor 30 días después de que 60 países hayan depositado sus instrumentos de ratificación ante el secretario general de la OMS. Además, para que sea totalmente eficaz, será necesario negociar un anexo sobre el acceso a patógenos y reparto de beneficios, cuya discusión se prevé para 2026. Con este respaldo a la iniciativa de la OMS, Panamá reitera su compromiso con la cooperación internacional y la ciencia como herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos globales. En un contexto de creciente incertidumbre sanitaria, el país se mantiene firme en su propósito de contribuir a la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo y sostenible para las futuras generaciones. Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sustentó 13 traslados de partidas por un total de 45.7 millones de dólares. Sin embargo, la atención se desvió hacia denuncias de presuntas irregularidades en contrataciones del Ministerio de Salud (Minsa) durante la administración pasada. El diputado independiente Jonathan Vega, de la coalición Vamos, advirtió que parte de los fondos solicitados podrían estar destinados a empresas vinculadas a figuras políticas del pasado gobierno, entre ellas el exministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González. Según Vega, una de las empresas señaladas es Medicinas Generales, S.A., contratada para brindar servicios de hemodiálisis al Minsa. El diputado afirmó que esta compañía tendría nexos con el exministro Sucre. Además, mencionó a Cereales Nutricionales Especializados, empresa encargada de vender cremas nutricionales al Estado, la cual estaría relacionada con González y, según sus palabras, habría sido beneficiada también en administraciones anteriores. Ante estos señalamientos, el ministro Boyd Galindo respondió que no podía confirmar si existieron negociados o si los procesos de contratación fueron irregulares. “Lo que puedo decirle es que esta gente presta el servicio y los pacientes existen”, manifestó. Visiblemente sorprendido, agradeció la información presentada por el diputado Vega y aseguró que investigará a fondo. “De confirmarse, realizaremos las denuncias correspondientes”, afirmó. Del monto aprobado por la comisión, 1.3 millones de dólares serán destinados al pago de servicios de hemodiálisis ambulatoria correspondientes al año 2024. Otros 1.1 millones de dólares se asignarán para cubrir la última entrega de 9,181 quintales de crema nutricional, los cuales son distribuidos en centros de salud. Cada quintal tiene un costo estimado de 120 dólares, y el programa, según datos del Minsa, beneficia a unas 68,564 personas. Este medio intentó obtener una reacción del exministro Sucre, pero no respondió a las consultas realizadas antes del cierre de esta nota. En los registros oficiales de Medicinas Generales, S.A., no figura Luis Ministro de Salud investigará contratos denunciados por diputado Vega ASAMBLEA NACIONAL Francisco Sucre como directivo; sin embargo, sí aparece una persona con el apellido Sucre. El diputado Vega aseguró que el exministro figuraba como suscriptor de la empresa, aunque Boyd Galindo aclaró ante la comisión que el nombre que aparece no corresponde al exministro, y reiteró su compromiso de verificar la información. Las dos contrataciones mencionadas por Vega fueron adjudicadas durante la administración anterior. Estas denuncias se suman a una serie de hallazgos reportados por Boyd Galindo desde su llegada al Minsa, que incluyen irregularidades administrativas y mal uso de fondos públicos. En ese momento, entre los problemas detectados, el ministro señaló que algunas unidades del Minsa fueron suspendidas porque utilizaban financiamiento externo, destinado a programas de salud, para cubrir gastos administrativos. También identificó funcionarios con salarios excesivos y otros que no cumplían con sus funciones, lo que, según dijo, requiere una evaluación profunda y medidas correctivas urgentes. Las acusaciones de presuntos negociados con empresas vinculadas a figuras políticas de alto perfil no solo han encendido las alarmas en la Asamblea, sino que también reavivan las dudas ciudadanas sobre la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado. Aunque el ministro de Salud se comprometió a revisar los contratos cuestionados y actuar si encuentra anomalías, la falta de respuestas claras y la ausencia de mecanismos eficaces de control despiertan una creciente desconfianza pública. El caso también refleja una práctica recurrente: contratos millonarios adjudicados a empresas cercanas al poder político. De comprobarse las acusaciones, el escándalo podría escalar, no solo por su impacto económico, sino por la posible afectación a programas de salud para los panameños. Aleida Samaniego C. [email protected] Fernando Boyd sustenta en la Comisión de Presupuesto. Cortesía El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo y la directora general de Salud, Reina Roa, en la reunión. Cortesía Exministro Luis Francisco Sucre. Archivo Panorama
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