1A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 22 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15024 Hoy por hoy El asilo es una figura diseñada para proteger a personas perseguidas por razones políticas o humanitarias, no una vía de escape para evitar rendir cuentas ante la justicia. En Panamá, el caso de Ricardo Martinelli mostró cómo se puede distorsionar ese recurso para evadir procesos judiciales legítimos. Hoy, con la solicitud de asilo de Saúl Méndez en la embajada de Bolivia, vuelve a abrirse ese debate. Desde su fundación en 1972, el Suntracs ha enfrentado represión, cárcel y hasta muertes de obreros sin que sus dirigentes recurrieran al asilo político. Ni siquiera durante la violenta confrontación de 1995, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, cuando hubo muertos y centenares de detenidos. Lo ocurrido ahora con Méndez marca un hecho sin precedentes en la historia del sindicato. La Fiscalía ha girado órdenes de aprehensión por presunta estafa agravada. Si las acusaciones son infundadas, el mejor camino es enfrentarse a la justicia y demostrarlo. Ninguna causa social se sostiene si sus voceros rehúyen al mismo sistema que dicen querer transformar. Ellas.pa Dos museos que puedes visitar en un día en el Casco Antiguo 5B Una buena noticia para Bocas; ahora es el rey del béisbol 9A Deportes Panorama Panamá apoya acuerdo para enfrentar pandemias 6A Economía Huelga afecta la excavación del túnel de la línea 3 2B Fiscalía busca a la cúpula del Suntracs por estafa; Saúl se refugia en embajada Eliana Morales Gil Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN Además, el Ministerio Público acusa a los dirigentes sindicales de blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, solicitó asilo político en la embajada de Bolivia tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. El dirigente, que reemplazó en el cargo a Genaro López en 2010, ingresó a la sede diplomática en la madrugada del 21 de maMeduca hace nuevo llamado a los docentes a volver a clases El Ministerio de Educación llamó a los docentes a regresar a clases y priorizar a los estudiantes, reafirmando que no se requiere acuerdo de huelga para reanudar el proceso educativo. VEA 3A Huelga de los bananeros golpea la frontera BOCAS DEL TORO Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La huelga bananera iniciada el 28 de abril mantiene bloqueado el paso fronterizo en Guabito, Bocas del Toro. Transportistas, comerciantes y guías turísticos están paralizados, sin ingresos ni circulación. La apelación del sindicato frenó la orden de retorno al trabajo, mientras crece la tensión binacional y el malestar social. VEA 7A Los medios de comunicación se concentraron en la sede de la embajada de Bolivia en Panamá. Richard Bonilla yo, donde recibió protección temporal mientras se evalúa su solicitud. El Ministerio Público también busca a López y a una docena de dirigentes sindicales. La Fiscalía allanó sedes del sindicato en San Miguelito, Avenida Perú y Chiriquí. Días antes, fue detenido Jaime Caballero, secretario de Relaciones Internacionales. El gobierno de José Raúl Mulino niega persecución y acusa al sindicato de intentar desestabilizar al país. El Suntracs, en huelga desde abril, exige la derogación de la Ley 462 y rechaza un memorando de seguridad con Estados Unidos. VEA 2A Puente sobre el río Sixaola en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Alexander Arosemena Conep se pronuncia: ‘Sinempresas no hay empleo’ El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) aseguró que bloqueos y huelgas afectan empleo, inversión y democracia. El gremio empresarial pidió que se aplicara la Ley 462. VEA 1B Grupo Maersk amplía su apuesta logística en el istmo El grupo danés A.P. Moller-Maersk fortalece su presencia en Panamá con la adquisición del ferrocarril interoceánico y nuevas inversiones logísticas. Su presidente, Robert Maersk Uggla, destacó el papel estratégico del país en la red global marítima y llamó a impulsar puertos sostenibles, electrificación y transporte ferroviario como parte de la transición energética verde. VEA 1B
2A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Saúl Méndez dirige el Sutracs desde 2010 y suele encabezar las manifestaciones de esta agrupación. Richard Bonilla Asilo, allanamientos y órdenes de captura: el Suntracs bajo fuego Eliana Morales Gil Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIONES Para los dirigentes del sindicato, lo que está ocurriendo ‘es una clara persecución política’. El gobierno acusa a la agrupación de desestabilizar el país. E n la madrugada, la Calle G del barrio El Cangrejo suele estar en silencio, con escaso tránsito y apenas alguna luz proveniente de faroles y ventanas residenciales. Es en ese entorno tranquilo donde Saúl Méndez, amparado por la oscuridad y el sigilo de la noche, saltó la cerca de la embajada de Bolivia para solicitar refugio político. Méndez, de 55 años y secretario general del poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) desde el 2010, tocó la puerta de la sede diplomática a las 2:30 a.m. y entregó una nota en la que solicitó asilo político. Así lo comunicó Carlos Javier Suárez Cornejo, encargado de Negocios de la embajada, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Por ahora, el Estado boliviano, que tiene como presidente a Luis Arce Catacora, le dio protección temporal. Será el Consejo Nacional de Refugiados de ese país el que evalúe y decida sobre la solicitud. Arce es miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), una organización política de orientación socialista, indígena y de izquierda, ideológicamente cercana a Méndez. Los golpes La noticia se conoció la mañana del miércoles 21 de mayo y supuso un nuevo golpe en medio de la presión que enfrenta el sindicato en estos tiempos. Un día antes, se reportó el allanamiento de las oficinas del Suntracs en la provincia de Chiriquí. Por la tarde, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) el cierre de la cooperativa del sindicato, alegando posibles delitos financieros como blanqueo de capitales y malversación de fondos. El viernes pasado, Jaime Caballero, secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, fue detenido provisionalmente mientras se le investiga por presunto lavado de dinero. Según la fiscalía, habría recibido, transferido y utilizado fondos de origen ilícito, facilitados mediante cheques y transferencias autorizadas por otros directivos del sindicato, quienes habrían usado sus cargos para beneficiarse económicamente. Ya en la tarde del miércoles, cerca de las 3:45 p.m., fuerzas de seguridad como la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial allanaron la sede principal del Suntracs en Calle T, Nuevo Veranillo, San Miguelito, considerado el cuartel del sindicato. Testigos observaron que, minutos antes de la llegada de los agentes, un grupo de personas cargaba cajas rotuladas como “Archivos” en una camioneta Toyota Hilux. Simultáneamente, también se ejecutaba un operativo similar en la sede del sindicato ubicada en Avenida Perú. Las diligencias judiciales ocurrieron poco después de que se confirmara una orden de aprehensión emitial sindicato ante los recientes acontecimientos. “Toda mi solidaridad con el Suntracs. El gobierno podrá inventar acusaciones contra el sindicato, arrestar a sus dirigentes, reprimirlos, y seguirán protestando, como también seguirá protestando todo Panamá. Si creen que esto acaba, se engañan. Apenas comienza”, publicó en su cuenta de X. Morales fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Maribel Gordón, quien aspiró sin éxito a la Presidencia de la República en mayo de 2024 por libre postulación, impulsada por sectores de la izquierda panameña. Desde el Ejecutivo El presidente Mulino ha calificado al sindicato como una “mafia” y, en su conferencia de prensa del pasado jueves, advirtió que su administración ejercerá el poder “para llevarlos a su mínima expresión”. Ese mismo día acusó tanto al Suntracs como a figuras políticas, como el diputado perredista Crispiano Adames, de buscar desestabilizar al país. Mulino también se refirió a la situación en Bocas del Toro, provincia que permanece aislada tras más de 20 días de bloqueos en sus principales vías. En esos cierres participan el sindicato bananero, docentes y miembros del Suntracs, quienes exigen la derogación de la Ley 462 y mejoras laborales en el marco de la Ley 45. El canciller Javier Martínez Acha, por su parte, negó que exista una persecución contra el Suntracs. Sobre la orden de aprehensión contra Méndez y López, aseguró no contar con información detallada. “Sé que hay investigaciones por actividades ilícitas relacionadas con protestas que violaron la Constitución y el derecho a la libre circulación, pero no tengo conocimiento de nombres propios”, puntualizó. La historia El sindicato nació en 1972 durante la dictadura militar y operó clandestinamente en sus inicios. Bajo el régimen autoritario de los 70–80, sus miembros sufrieron represión directa. En 1986 el obrero Sixto “Yito” Barrantes, miembro del Suntracs, fue asesinado por fuerzas paramilitares del régimen. A pesar de estos riesgos extremos, no hay registro de que los fundadores o dirigentes de entonces pidieran asilo político; la respuesta fue organizarse en la clandestinidad y seguir luchando internamente. No obstante, el presidente Mulino y otros actores de la sociedad los señalan de violentos. Por ahora, mientras avanzan las investigaciones y los procesos legales, la decisión sobre la solicitud de Méndez está en manos de las instancias diplomáticas. El conflicto sigue sin una resolución clara. ¿Terminarán las protestas? da por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada contra Méndez y Genaro López, exsecretario general del Suntracs, por el delito de estafa agravada. En total se investiga a 14 dirigentes del Suntracs. Se les relaciones con los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. El paradero de López es incierto: algunas versiones lo ubican en Chiriquí, otras en Panamá Este. ‘Persecución política’ Para los dirigentes del sindicato, lo que está ocurriendo “es una clara persecución política”. En conferencia de prensa, varios voceros advirtieron que la vida de Méndez “corría peligro” y por eso se refugió en la embajada de Bolivia. Yamir Córdoba, secretario de Organización del Suntracs, acusó al gobierno de José Raúl Mulino de llevar a cabo una ofensiva contra el sindicato con el objetivo de desarticularlo. El Suntracs mantiene desde el pasado 28 de abril una huelga indefinida en el sector construcción. Alineado con gremios docentes y otras organizaciones, exige la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones; rechaza un acuerdo de seguridad con Estados Unidos argumentado que lesiona la soberanía, y se opone tanto a la minería como a la construcción de un embalse en Río Indio, destinado a abastecer de agua al Canal de Panamá. Desde China, el economista Richard Morales, quien compartió militancia con varios dirigentes del Suntracs en el Frente Amplio por la Democracia (FAD), expresó su respaldo FE DE ERRORES En la edición del 21 de mayo de 2025, en la página 8A de la sección Panorama, en la nota titulada “Ipacoop cierra cooperativa vinculada al Suntracs por sospechas de lavado”, se indicó que en la fotografía aparecía el subdirector del Ipacoop, Edwin Navarro. El nombre correcto del subdirector es Boris Allara. Sede del Suntracs, en San Miguelito. Cortesía Miembros der la cúpula sindical reaccionaron a la decisión de los fiscales. Isaac Ortega
3A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 Panorama Reunión de la cooperativa del Suntracs. Cortesía Director de Ipacoop sustenta cierre de cooperativa del Suntracs José González Pinilla [email protected] PROCESO Boris Allara dijo que en el caso de la cooperativa del Suntracs se detectaron irregularidades ‘no subsanables’, las cuales fueron ratificadas en una auditoría reciente. La cancelación de la personería jurídica de la cooperativa vinculada al Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se llevó a cabo “con todas las de la ley”. Así lo afirmó ayer el subdirector del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Boris Allara. “Le estamos poniendo el cascabel al gato y sabemos lo que nos viene”, expresó el funcionario durante una entrevista en el programa radial Panamá en Directo. A su juicio, lo que se avecina son cuestionamientos por parte del movimiento sindical. En ese sentido, negó versiones que sugieren que el Ipacoop estaría entregando las cooperativas al sistema bancario. “Eso es totalmente falso”, aseguró. Allara alegó que la misión de la institución es salvaguardar el “noble sistema” del cooperativismo. Recordó que Suntracs aún puede presentar recursos de reconsideración y apelación, e incluso acudir a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, una vez agotadas esas instancias, la cooperativa — ya sin personería jurídica— pasará a manos de una junta de liquidación. El subdirector explicó que no se aplicó una intervención, ya que se trata de una figura distinta. “Cuando una cooperativa enfrenta problemas de gobernanza o financieros, Ipacoop interviene y todos los activos quedan protegidos”. Pero este no es el caso, aclaró. En el caso de la cooperativa del Suntracs, añadió, se detectaron irregularidades “no subsanables”, las cuales fueron ratificadas en una auditoría reciente. “Las anomalías siguen allí y nadie ha hecho nada”, recalcó. Allara rechazó que la decisión obedezca a una “persecución política”, a pesar de coincidir con el periodo en que el Suntracs declaró una huelga hace varias semanas en rechazo a las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). También manifestó que uno de los hallazgos más preocupantes fue la falta de control sobre las entradas y salidas de fondos. Además, indicó que varias transacciones realizadas no se ajustaban al perfil financiero de los asociados. “No puedo permitir que una cooperativa empañe el sistema”, dijo. Erika Vargas, directora ejecutiva del Ipaccop, afirmó el martes que el manejo de los fondos del Suntracs en la cooperativa viola lo establecido en la Ley 23 sobre prevención del blanqueo de capitales. Meduca llama a docentes a regresar a las aulas El Ministerio de Educación (Meduca) reafirmó ayer que las puertas de los centros educativos permanecen abiertas para toda la comunidad escolar: estudiantes, padres de familia y docentes. Volver a las aulas no solo es un acto de responsabilidad, sino también un compromiso con el futuro de Panamá. Este es el momento de unificar esfuerzos para garantizar que la educación siga siendo el pilar sobre el cual nuestras futuras generaciones puedan construir su desarrollo personal y profesional. En el mismo comunicado, el Meduca hace un llamado a los maestros y profesores para que regresen y continúen con su valioso compromiso educativo. Dice que su presencia es esencial para asegurar la continuidad del proceso formativo y el desarrollo integral de los estudiantes; que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad, y los educadores son los arquitectos de este cambio, añade. El Meduca destacó en su comunicado que “la causa más valiosa de los educadores tiene lugar dentro del aula. Invitamos a los docentes a no dejarse influenciar por intereses particulares que solo contribuyen a aumentar la gran brecha entre quienes pueden acceder EDUCACIÓN Aleida Samaniego C. [email protected] Lucy Molinar, ministra de Educación. Alexander Arosemena a un sistema educativo privado y quienes dependen del oficial.” El Meduca también expresó su agradecimiento a los educadores que han permanecido firmes en sus aulas a pesar de las presiones, amenazas y dificultades. “Su valentía, dedicación y sentido de responsabilidad son un ejemplo del verdadero espíritu de la vocación docente. Gracias a su entrega, nuestros estudiantes siguen recibiendo la formación y el acompañamiento que tanto necesitan”, subrayó el comunicado. Es importante que los docentes tengan claro que, de acuerdo con la legislación educativa vigente, no se requiere la figura del finiquito ni un acuerdo de huelga como condición para la reanudación de las clases. Por lo tanto, el regreso a las aulas no está condicionado a un convenio inexistente, que carece de fundamento legal.
4A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] ASILO EXPRESS. Apenas olió que tendría que rendir cuentas por el manejo de los fondos del Suntracs, Saúl Méndez, el eterno “machito de las luchas”, se desvaneció como gas lacrimógeno en protesta. Literalmente saltó la cerca para esconderse en un asilo diplomático. ¡La pelea es peliando… pero desde el sofá del refugio! ¿Y quién lo culpa? Si al lavador de Martinelli le funcionó, ¿por qué no a él? El problema es que cuando se tuercen las figuras del derecho internacional para proteger a posibles delincuentes comunes, no se defiende la democracia… se pisotea. SOGA FLOJA. Mientras Saúl Méndez se esconde tras las cortinas de un asilo diplomático, la pregunta que flota en el aire (junto al polvo de tantas obras paralizadas) es: ¿qué va a pasar con los dirigentes de Suntracs que no tuvieron la suerte —ni las conexiones— de escapar? Porque en este país, la soga siempre revienta por el lado más delgado. Y mientras el jefe se refugia, los que marcharon, cerraron y dieron la cara se quedan con el riesgo y sin el blindaje. Revolución sí… pero con visa y techo seguro. CAMBIO DE EMBAJADA. Muchos se preguntan por qué Saúl no aprovechó la recién remodelada Embajada de Nicaragua para pedir asilo —si hasta jacuzzi le dejó Martinelli de herencia. Dicen las malas lenguas que ya tenía el pie en la puerta, pero alguien le mandó una foto de Rosario… y se le quitó el entusiasmo revolucionario. Al final, optó por Bolivia, que suena menos a penitencia y más a paisaje. Porque claro, hay asilos… y hay castigos. PAZ…SIN SALVO. Siguen los tropiezos con las planillas de cobro por ACH. ProPlataforma para clases virtuales creada durante la época de pandemia. Cortesía Las preguntas sin respuesta sobre la plataforma de $30 millones Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN El diputado Jorge Bloise cuestiona al Meduca sobre el estado de la plataforma Ester, debido a la falta de información sobre su funcionamiento, accesibilidad y calidad de los cursos. La falta de información clara sobre el funcionamiento y la evolución de la plataforma Ester, una herramienta digital clave para la educación en línea en Panamá, sigue generando interrogantes sin respuesta. Desarrollada durante la administración pasada con una inversión de $30 millones, la plataforma fue concebida como un proyecto para transformar la educación mediante cursos en línea accesibles a toda la comunidad educativa. El 27 de enero de 2025, el diputado independiente Jorge Bloise, de la coalición Vamos, envió una carta formal a la ministra de Educación, Lucy Molinar, solicitando respuestas sobre el estado actual de la plataforma. En su misiva, Bloise expresó su preocupación por la falta de actualización y transparencia por parte del Ministerio de Educación (Meduca). A continuación, se detallan las principales preguntas planteadas por el diputado Bloise, que buscan arrojar luz sobre los aspectos más relevantes y controversiales de la plataforma: Estado de la plataforma Ester: ¿En qué fase se encuentra realmente? Uno de los puntos más destacados en la solicitud de Bloise es la falta de claridad sobre el estado de la plataforma Ester. A pesar de los esfuerzos por promover la digitalización de la educación, aún no se sabe con certeza en qué fase de implementación se encuentra la plataforma. Aunque se habla de su uso, la pregunta fundamental es si la plataforma está plenamente operativa en todos los niveles educativos y si existen limitaciones que afecten el acceso en determinadas regiones o grupos. El diputado solicitó específicamente información sobre si la plataforma es accesible para todas las escuelas y estudiantes del país, o si existen zonas con dificultades de conectividad o con un acceso limitado a las funcionalidades completas del sistema. Cursos disponibles y su alcance: ¿Qué se está ofreciendo realmente a la comunidad educativa? Otro punto crítico que ha generado incertidumbre es el número de cursos disponibles y su calidad. Desde su creación, la plataforma se ha presentado como una herramienta fundamental para la formación continua, tanto de docentes como de estudiantes. Sin embargo, la falta de información sobre cuántos cursos están disponibles actualmente y qué tipo de formación se está ofreciendo deja preguntas importantes sobre la relevancia y la actualización de los contenidos. La carta enviada por Bloise también hace un llamado a garantizar que los cursos ofrecidos sean de alta calidad y pertinentes para las necesidades educativas actuales. En este contexto, se cuestiona cómo el Meduca asegura que los cursos sean realmente útiles y cumplan con los estándares educativos necesarios para beneficiar a toda la comunidad educativa panameña. Acceso y uso: ¿Cuántos usuarios están realmente aprovechando la plataforma? La falta de datos concretos sobre la cantidad de docentes y estudiantes que están utilizando la plataforma también es motivo de preocupación. Si bien la plataforma ha sido promovida como una herramienta esencial, no se ha proporcionado información sobre la participación activa de los usuarios. En su carta, Bloise solicita conocer cuántos docentes y estudiantes realmente están utilizando Ester y qué impacto tiene en su rendimiento y participación en actividades educativas. Además, es fundamental saber si se están tomando medidas adecuadas para garantizar que los usuarios tengan la formación necesaria para utilizar la plataforma de manera efectiva. La capacitación en el uso de nuevas tecnologías es un factor determinante en el éxito de plataformas educativas, y, en este sentido, la falta de información sobre las estrategias de formación para los usuarios ha generado incertidumbre. Soporteymantenimiento: ¿Qué se está haciendo para asegurar su buen funcionamiento? La gestión del soporte técnico es otro aspecto clave que el diputado Bloise ha señalado como crítico. En la carta, se subraya la importancia de contar con un sistema de soporte robusto para resolver cualquier inconveniente técnico que puedan enfrentar los usuarios. Además, se requiere saber si existen planes de actualización o mejoras a corto y mediano plazo para garantizar que la plataforma siga siendo útil y efectiva. La falta de un soporte técnico eficiente podría perjudicar el uso continuo y el éxito de la plataforma, especialmente en un entorno donde la tecnología educativa se encuentra en constante evolución. Visión a largo plazo: ¿Cuál es el futuro de la plataforma Ester? Finalmente, el diputado plantea una serie de preguntas sobre los planes futuros para la plataforma. La visión a largo plazo es fundamental para asegurar que Ester continúe mejorando y adaptándose a las necesidades cambiantes del sistema educativo panameño. En su solicitud, Bloise pregunta si se contempla la inclusión de nuevos cursos, herramientas o funcionalidades que puedan enriquecer la experiencia de los usuarios. Esta incertidumbre sobre los planes de futuro refleja una falta de comunicación clara por parte del Meduca respecto a cómo se planea consolidar y expandir la plataforma en los próximos años. A pesar de la solicitud, hasta la fecha, el Meduca no ha proporcionado respuestas claras y concretas a las preguntas planteadas por el diputado. La solicitud de Bloise busca una mayor rendición de cuentas y claridad sobre el uso de los recursos destinados a la plataforma, así como sobre su impacto real en el sistema educativo. En un momento en que la educación digital se ha vuelto esencial, las respuestas a estas preguntas son fundamentales para asegurar que la plataforma Ester cumpla con su propósito de mejorar la formación de docentes y estudiantes en Panamá. Además, en medio de la crisis educativa, Ester es una herramienta que podría ser útil para llegar a los estudiantes y adolescentes que no están recibiendo clases debido al paro indefinido de un grupo de docentes desde el pasado 23 de abril. Yaritza Mojica [email protected] Acceso al edificio a través de la estación del metro de Villa Zaíta. Elysée Fernández Nueva policlínica de Villa Zaíta atiende desde hoy SERVICIOS DE SALUD Tras cuatro años de espera por su construcción, la Caja de Seguro Social (CSS) inauguró ayer la policlínica Dr. Edilberto Culiolis, ubicada en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en el sector de Panamá norte. La instalación brindará atención en medicina general, especializada y de urgencias a una población estimada de 302,638 asegurados. La nueva instalación está ubicada contigua a la estación del metro en Villa Zaíta. La construcción costó 17 millones de dólares e incluyó la mudanza de la antigua Unidad Local de Atención Primaria en Salud (Ulaps) a otra sede, mientras se realizaban los trabajos. La policlínica empezará a atender hoy, impactando los corregimientos: Chilibre, Las Cumbres, Caimitillo, Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos. Dino Mon, director general de la CSS, dijo que aunque el proceso fue largo, ha valido la pena. “Entregamos una policlínica moderna, funcional y adaptada a las necesidades reales”, afirmó. Destacó la ventaja que significa para los usuarios la interconexión con el metro y su fácil acceso al metrobús. “Cumplimos con los estándares de movilización. Las personas con discapacidad pueden entrar directamente, sin mojarse, utilizando los elevadores y el intercambiador que hay en la estación de Villa Zaíta”. Indira García, directora médica de la policlínica, detalló que esta instalación tiene cuatro consultorios de medicina general y cinco para especialidades básicas —ginecología, pediatría, medicina familiar y psiquiatría o psicología—. Además, ofrece servicios de estimulación temprana, fonoaudiología, nutrición, salud ocupacional y trabajo social. García informó que dentro del personal de salud hay siete médicos generales, un pediatra, un especialista en medicina familiar, un ginecólogo, tres enfermeras, tres asistentes de enfermería y tres técnicas de enfermería. Las atenciones se brindarán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. La poli cuenta con farmacia, laboratorio, un consultorio para odontología y 222 estacionamientos. veedores y patronos —con formularios en regla y paciencia al límite— reclaman que no pueden obtener sus paz y salvo porque el sistema simplemente no funciona. ¿Es ineptitud, desinterés o un ritual de sacrificio burocrático? Mientras tanto, las filas crecen, el malestar fermenta y las respuestas siguen de vacaciones. En la CSS, lo que debería ser un trámite digital parece una novela por entregas… pero sin final feliz.
5A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025
6A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, celebra la aprobación del acuerdo, cuyo objetivo es evitar que se repitan los errores cometidos durante la crisis de la covid-19. EFE Panamá respalda acuerdo para combatir pandemias futuras Aleida Samaniego C. [email protected] NORMATIVA El pacto, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, pretende garantizar una respuesta global más equitativa y coordinada ante futuras crisis sanitarias. En un momento clave para la salud global, Panamá ha sido una de las 124 naciones que respaldaron un acuerdo internacional histórico impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta decisión, tomada durante la 78ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, Suiza, tiene como objetivo fortalecer la preparación, prevención y respuesta frente a futuras pandemias. Con este paso, el país reafirma su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional, estrategias clave para construir un sistema de salud global más justo y equitativo. El acuerdo, que fue aprobado con un sólido respaldo de 124 países, fue el resultado de más de tres años de intensas negociaciones. Estas conversaciones estuvieron marcadas por tensiones geopolíticas, así como debates acerca de la equidad en el acceso a vacunas, tratamientos y diagnósticos. Sin embargo, el borrador del tratado recibió el visto bueno en abril de 2025, allanando el camino para su adopción definitiva durante la reciente asamblea de la OMS. De los 181 Estados miembros con derecho a voto, 124 votaron a favor del acuerdo, 11 se abstuvieron y 46 países no participaron en la votación. Panamá estuvo representada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien destacó la importancia del multilateralismo y el papel fundamental de la OMS como líder en el ámbito de la salud global. Durante su intervención, el ministro expresó: “Apoyamos todos los esfuerzos encaminados al fortalecimiento y mejora del desempeño de la OMS, para que podamos enfrentar juntos los desafíos que nos depara el futuro”. Esta postura resalta el compromiso de Panamá con un sistema de salud global inclusivo, basado en la cooperación y el intercambio de conocimiento. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este acuerdo como una “victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral”. Este tratado se centrará en corregir las deficiencias evidenciadas durante la pandemia de covid-19, y busca crear un sistema de respuesta más eficiente y equitativo frente a emergencias sanitarias futuras. Uno de los pilares más importantes de este acuerdo es la creación del Sistema Multilateral de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés). Este sistema establece que los países que detecten virus con potencial pandémico deberán compartir información y muestras biológicas, con el compromiso de recibir, a cambio, al menos un 10% de los productos derivados, como vacunas o tratamientos, en forma de donación. Además, se garantizará otro 10% a precios asequibles. La medida busca evitar que las naciones con menos recursos sean las últimas en recibir los productos esenciales para enfrentar pandemias. Otro aspecto clave del acuerdo es la creación de la Red Global de Logística y Suministros (GSCL Network), destinada a evitar el colapso en la distribución de insumos médicos críticos durante futuras emergencias sanitarias, como ocurrió con la crisis de la covid-19. Durante esa crisis, la falta de coordinación global resultó en retrasos y desabastecimiento de suministros médicos esenciales, lo que exacerbó la situación en varios países. El tratado también aborda la necesidad urgente de establecer condiciones claras sobre el uso de fondos públicos en investigación, incluyendo la accesibilidad a los productos desarrollados. Se promoverá el intercambio de tecnologías y la concesión de licencias para que los países puedan producir a gran escala vacunas, tratamientos y diagnósticos, lo que contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta a nivel global. El ministro Boyd Galindo subrayó la importancia de un enfoque integral en las políticas sanitarias, que considere no solo los intereses nacionales, sino también el bienestar de la comunidad global. En su intervención, señaló que “El abordaje de los problemas que impactan la salud global solo es posible si propiciamos debates centrados en las personas, su bienestar y calidad de vida, bajo el enfoque de Una Sola Salud”. Esta visión integral es esencial para promover políticas de salud que sean inclusivas, equitativas y basadas en la evidencia científica. En relación con los desafíos financieros que enfrenta la OMS, el ministro resaltó que la financiación sostenible de la organización es esencial para garantizar su eficacia. En este sentido, hizo un llamado a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la lucha contra las pandemias. “Es fundamental avanzar hacia una planificación basada en la equidad y en la eficiencia del uso de los recursos, donde la transparencia sea la esencia de nuestras decisiones”, indicó Boyd Galindo. No obstante, el camino hacia la implementación del tratado no ha estado exento de obstáculos. Una de las principales dificultades ha sido la desinformación que ha circulado en torno al contenido del acuerdo. En especial, en las redes sociales y ciertos sectores políticos se han difundido falsos rumores que aseguran que el tratado otorgaría a la OMS el poder de imponer confinamientos, obligar a los países a vacunar a sus poblaciones o controlar directamente sus sistemas de salud. El acuerdo no socava la soberanía nacional de los países. Los Estados miembros seguirán teniendo la última palabra sobre las medidas que adopten, y el tratado no impone obligaciones que infrinjan sus derechos soberanos. Finalmente, el tratado entrará en vigor 30 días después de que 60 países hayan depositado sus instrumentos de ratificación ante el secretario general de la OMS. Además, para que sea totalmente eficaz, será necesario negociar un anexo sobre el acceso a patógenos y reparto de beneficios, cuya discusión se prevé para 2026. Con este respaldo a la iniciativa de la OMS, Panamá reitera su compromiso con la cooperación internacional y la ciencia como herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos globales. En un contexto de creciente incertidumbre sanitaria, el país se mantiene firme en su propósito de contribuir a la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo y sostenible para las futuras generaciones. Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sustentó 13 traslados de partidas por un total de 45.7 millones de dólares. Sin embargo, la atención se desvió hacia denuncias de presuntas irregularidades en contrataciones del Ministerio de Salud (Minsa) durante la administración pasada. El diputado independiente Jonathan Vega, de la coalición Vamos, advirtió que parte de los fondos solicitados podrían estar destinados a empresas vinculadas a figuras políticas del pasado gobierno, entre ellas el exministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González. Según Vega, una de las empresas señaladas es Medicinas Generales, S.A., contratada para brindar servicios de hemodiálisis al Minsa. El diputado afirmó que esta compañía tendría nexos con el exministro Sucre. Además, mencionó a Cereales Nutricionales Especializados, empresa encargada de vender cremas nutricionales al Estado, la cual estaría relacionada con González y, según sus palabras, habría sido beneficiada también en administraciones anteriores. Ante estos señalamientos, el ministro Boyd Galindo respondió que no podía confirmar si existieron negociados o si los procesos de contratación fueron irregulares. “Lo que puedo decirle es que esta gente presta el servicio y los pacientes existen”, manifestó. Visiblemente sorprendido, agradeció la información presentada por el diputado Vega y aseguró que investigará a fondo. “De confirmarse, realizaremos las denuncias correspondientes”, afirmó. Del monto aprobado por la comisión, 1.3 millones de dólares serán destinados al pago de servicios de hemodiálisis ambulatoria correspondientes al año 2024. Otros 1.1 millones de dólares se asignarán para cubrir la última entrega de 9,181 quintales de crema nutricional, los cuales son distribuidos en centros de salud. Cada quintal tiene un costo estimado de 120 dólares, y el programa, según datos del Minsa, beneficia a unas 68,564 personas. Este medio intentó obtener una reacción del exministro Sucre, pero no respondió a las consultas realizadas antes del cierre de esta nota. En los registros oficiales de Medicinas Generales, S.A., no figura Luis Ministro de Salud investigará contratos denunciados por diputado Vega ASAMBLEA NACIONAL Francisco Sucre como directivo; sin embargo, sí aparece una persona con el apellido Sucre. El diputado Vega aseguró que el exministro figuraba como suscriptor de la empresa, aunque Boyd Galindo aclaró ante la comisión que el nombre que aparece no corresponde al exministro, y reiteró su compromiso de verificar la información. Las dos contrataciones mencionadas por Vega fueron adjudicadas durante la administración anterior. Estas denuncias se suman a una serie de hallazgos reportados por Boyd Galindo desde su llegada al Minsa, que incluyen irregularidades administrativas y mal uso de fondos públicos. En ese momento, entre los problemas detectados, el ministro señaló que algunas unidades del Minsa fueron suspendidas porque utilizaban financiamiento externo, destinado a programas de salud, para cubrir gastos administrativos. También identificó funcionarios con salarios excesivos y otros que no cumplían con sus funciones, lo que, según dijo, requiere una evaluación profunda y medidas correctivas urgentes. Las acusaciones de presuntos negociados con empresas vinculadas a figuras políticas de alto perfil no solo han encendido las alarmas en la Asamblea, sino que también reavivan las dudas ciudadanas sobre la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado. Aunque el ministro de Salud se comprometió a revisar los contratos cuestionados y actuar si encuentra anomalías, la falta de respuestas claras y la ausencia de mecanismos eficaces de control despiertan una creciente desconfianza pública. El caso también refleja una práctica recurrente: contratos millonarios adjudicados a empresas cercanas al poder político. De comprobarse las acusaciones, el escándalo podría escalar, no solo por su impacto económico, sino por la posible afectación a programas de salud para los panameños. Aleida Samaniego C. [email protected] Fernando Boyd sustenta en la Comisión de Presupuesto. Cortesía El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo y la directora general de Salud, Reina Roa, en la reunión. Cortesía Exministro Luis Francisco Sucre. Archivo Panorama
7A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 Panorama Las actividad comercial en Guabito está prácticamente paralizada. Alexander Arosemena Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] BOCAS DEL TORO Este corregimiento fronterizo, con una población que supera los 10 mil habitantes, juega un papel clave en la conexión entre Panamá y Costa Rica. La lluvia cae intermitente sobre Guabito, en el distrito de Changuinola, como si acompañara el ánimo sombrío del pueblo. Las gotas repican sobre los techos de zinc, mientras los comercios lucen desiertos y las calles, antes bulliciosas por el paso de turistas y comerciantes, se han vuelto silenciosas. La crisis se instaló aquí desde que comenzaron los bloqueos en Bocas del Toro por parte de los trabajadores bananeros. Este corregimiento fronterizo, con una población que supera los 10 mil habitantes, juega un papel clave en la conexión entre Panamá y Costa Rica. Situado justo frente al río Sixaola y unido a su par costarricense por un puente vehicular, Guabito ha sido durante años un paso obligatorio para viajeros, transportistas y comerciantes que cruzan la frontera. Pero, desde finales de abril, la normalidad desapareció. “Por aquí cruzaban hasta 40 camiones diarios con banano, madera y mercancías”, comenta un funcionario que fiscaliza el puente sobre el río Sixaola, del lado panameño. “Ahora no cruza nadie. Ni un turista, ni un contenedor. Estamos secuestrados por esta situación”, lamenta, mientras la potente corriente del río se escucha de fondo. Limbo económico La paralización ha dejado al pueblo en una especie de limbo económico. “Esto no solo afecta al comercio formal, también al emprendedor, al artesano, al carretillero que vive del día a día”, advierte Jennifer Ruiz, representante del corregimiento. En su pequeña oficina comunal, las quejas se acumulan a diario. “Es una cadena: si no hay paso, no hay ventas; si no hay ventas, no hay comida en la casa”. Ruiz advierte que la economía local está en su punto más crítico. “No hay ingreso, no hay movimiento. Los comercios han tenido que disminuir las horas de trabajo porque, en realidad, no hay ventas”, explica. En su voz se percibe más que preocupación: es angustia contenida. “Lo más triste es ver cómo los adultos mayores no pueden ni siquiera sacar su dinero del cajero. No hay efectivo en circulación”. Guabito es mucho más que un cruce fronterizo. Es un pueblo con aspiraciones de crecer en el turismo y el comercio. “Antes de todo esto, estábamos trabajando en nuevas rutas ecoturísticas. Queríamos atraer a más visitantes hacia nuestro lado. Pero ahora todo se detuvo”, señala Ruiz. Para ella, el impacto es doble: se pierden ingresos presentes y se estanca el futuro. El efecto rebote alcanza incluso a las relaciones binacionales. Según la representante, habría circulado una advertencia de la embajada costarricense sobre el ingreso a Panamá. “Nosotros dependemos mucho de las ventas con nuestros hermanos costarricenses. Panamá es un país libre, democrático, de gente buena y trabajadora”, afirma con tono conciliador. “Mensajes así nos perjudican aún más”. El llamado Ruiz ha elevado su voz al Gobierno central. “Solicitamos al presidente que centre sus ojos acá. Este cordón fronterizo tiene mucho que ofrecer al país”, expresó. En su opinión, el potencial de Guabito ha sido subestimado, pese a ser el segundo paso fronterizo más importante del país. “Aquí pasan los turistas rumbo a isla Colón. Aquí se mueve mercancía, economía, empleo”. La parálisis ha convertido a Guabito en un pueblo en pausa. Los transportistas turísticos están detenidos, los guías sin clientes, los emprendedores sin ingresos. “Es duro ver que todo el esfuerzo de años se detenga así. Esta provincia aporta mucho al país y ahora su economía está cerrada, no fluye a ningún lado”, dice Ruiz con firmeza. “No es que no apoyemos las causas sociales, pero tenemos que encontrar un equilibrio. Si queremos crecer, no podemos seguir cerrándonos puertas”, sostiene. Luego, con una pausa breve, deja salir un suspiro antes de agregar: “Confiando en Dios, el gobernante sabrá conducir esto a buen término con diálogo”. La apelación Mientras la comunidad clama por atención, el conflicto se judicializa. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana) presentó el miércoles 21 de mayo un recurso de apelación contra la decisión del juzgado laboral que declaró ilegal su huelga, iniciada el 28 de abril. Con esa apelación, la orden de retorno a los puestos de trabajo quedó suspendida. Sitraibana se mantiene firme, y sus bases también. La protesta se extiende por el distrito de Changuinola y áreas cercanas como Almirante y Rambala. En al menos 20 puntos, los bloqueos persisten. La tensión se acumula como una nube baja sobre la provincia, con demandas que apuntan contra las leyes 45 y 462. Las manifestaciones reúnen no solo a bananeros, sino también a docentes, obreros y pobladores que comparten el malestar por los cambios en el sistema de pensiones y en la administración de la Caja de Seguro Social. “Esto es por una causa justa”, insisten los voceros del movimiento, mientras las vías siguen cerradas y el flujo fronterizo detenido. En medio del pulso entre el Gobierno y los trabajadores, Guabito sigue esperando. “Necesitamos fluir”, repite Ruiz. El mensaje se extiende como un eco en un pueblo que, pese a la adversidad, sigue creyendo en su potencial y en la posibilidad de retomar el camino hacia la prosperidad. Guabito es mucho más que un cruce fronterizo. Es un pueblo con aspiraciones de crecer en el turismo y el comercio, pero que en este momento está paralizado por los cierres de vías. Alexander Arosemena EL GRITO DE GUABITO ‘Necesitamos fluir. Estamos secuestrados’
8A La Prensa Panamá, jueves 22 de mayo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. nes urgentes. A nivel global, fenómenos como el tifón Rai en Filipinas (2021) destruyeron 200 km de carreteras, aislando comunidades y aumentando los accidentes en un 25% durante la reconstrucción. Las inundaciones agravan el panorama: reducen la adherencia del pavimento y aumentan los accidentes en un 40% durante las tormentas,segúnelMIT(2021).EnHonduras, el huracán Eta (2020) arrasó 120 km de vías, dejando a 50 comunidades incomunicadas. Estos eventos no solo afectan la seguridad, sino que elevan los costos operativos y de seguros, un riesgo que los inversores no pueden ignorar. Soluciones rentables: innovación al servicio de la resiliencia Pero no todo son malas noticias: existen soluciones sostenibles con retornos comprobados. Materiales como el hormigón de carbono negativo (que captura 20 kg de CO₂ por tonelada) y el asfalto autorreparable (que extiende la vida útil en 15 años) están revolucionando la construcción vial. En Panamá, la carretera Colón–Portobelo, reforzada con hormigón con fibras de acero, ganó 20 años de durabilidad tras colapsos por lluvias en 2019. Singapur, por su parte, utiliza sistemas de drenaje inteligente con sensores IoT (Internet de las Cosas) que absorben el 90% del agua de lluvia, evitando inundaciones en autopistas importantes. Un análisis costo-beneficio del BID en 2023 es revelador: aunque la infraestructura sostenible tiene un costo inicial 28% mayor ($3.2 millones/km frente a $2.5 millones/km en diseños tradicionales), reduce el mantenimiento en un 58% ($2.5 millones frente a $6 millones en 20 años) y las emisiones de CO₂ en un 70% (4,500 toneladas frente a 15,000 Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Será posible otra mesa de diálogo? Polarización En medio de una creciente ola de protestas, el diálogo parece haberse convertido en un gesto simbólico: las mesas están puestas, pero sin sillas para todos ni voluntad real de escuchar. La promulgación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS); la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con Estados Unidos; y la posible reapertura de la mina de cobre en Donoso encendieron la chispa del descontento social. Sindicatos, docentes, grupos ambientalistas y estudiantes han encontrado en las calles un espacio donde sus voces parecen resonar. Sin embargo, ni los manifestantes ni el gobierno nacional envían señales de que sentarse en una mesa de diálogo multisectorial sea una opción para alcanzar acuerdos que alivien la tensión que atraviesa el país. La negativa a dialogar tiene raíces profundas y otras más recientes. Las mesas de Penonomé, en 2022, dejaron una sensación generalizada de desgaste, improvisación y falta de voluntad política. A esto se suma una desconfianza persistente entre los actores, alimentada por una narrativa binaria heredada de la Guerra Fría. Desde el gobierno y el empresariado, las movilizaciones sociales se perciben como amenazas al crecimiento económico; mientras que, desde los sectores movilizados, se les ve como un grupo mezquino que actúa solo en función de sus intereses. Además, la ineficacia estatal acumulada ha erosionado la confianza ciudadana y debilitado el respaldo al sistema democrático. La creciente polarización en Panamá no es un fenómeno aislado. Como advierte IDEA Internacional, esta ha sido una constante en la región, dificultando el diálogo entre sectores ideológicamente opuestos. Levitsky y Ziblatt advierten que el quiebre democrático se profundiza cuando los actores políticos dejan de reconocerse mutuamente como interlocutores válidos, sustituyendo la legítima adversidad por enemistad. A lo largo de su historia, Panamá ha demostrado que es posible construir acuerdos incluso en contextos de alta tensión. En los años noventa se celebraron espacios como los diálogos de Bambito, Coronado y Visión 2020, donde diversos sectores acudieron con la voluntad de debatir en igualdad de condiciones sobre el rumbo del país. Frente al escenario actual, urge relegitimar espacios como el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que permitió la aprobación de leyes clave, como la de Responsabilidad Social Fiscal en 2008, con apoyo multipartidista. También se debe fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos como las juntas de desarrollo local, útiles para canalizar prioridades comunitarias a través de la descentralización. Identificar temas de beneficio universal —como el acceso al agua, la igualdad de género, la educación de calidad, la salud pública o el crecimiento sostenible— puede ayudar a construir una agenda común. Estas causas transversales, junto con demandas ciudadanas más inmediatas, deben ser parte integral de los futuros diálogos. Ante el clima de polarización y desconfianza, se debe considerar la integración de mediadores o árbitros externos con alto nivel de credibilidad, así como el uso de tecnologías que permitan foros y cabildos abiertos virtuales, garantizando inclusión y transparencia en la toma de decisiones públicas. Ello puede abrir paso a soluciones ciudadanas que aún no imaginamos. El diálogo multisectorial es la piedra angular para edificar sociedades más inclusivas. Como escribió Tocqueville: “La democracia no puede existir sin la capacidad de sus ciudadanos para dialogar, debatir y comprometerse en la búsqueda del bien común”. La mesa está puesta, pero aún faltan los invitados. Secuestrados por mafias de políticos, empresarios, sindicatos y gremios Panamá, botín político nes aspiran a la Presidencia no es servir, sino acceder al botín. Ignoran que la política, como bien dijo Pepe Mujica, debería ser pasión por ayudar al pueblo. Panamá podría ser el país ideal para vivir, si logramos sacar del poder a los saqueadores que lo han gobernado por décadas. Somos una democracia de bajísima intensidad, marcada por desigualdad extrema, pobreza maquillada, educación deficiente, salud ineficaz y una seguridad inflada y discrecional. En un país verdaderamente democrático: • Las elecciones son libres y justas. Aquí, no: están manipuladas por el clientelismo, la compra de votos y el abuso del residuo, sobre todo en el interior del país. • La separación de poderes es simulada. Existen pactos de silencio e intercambio de favores. El poder está dividido, pero sin un verdadero sistema de control. • El Estado de derecho es selectivo. La ley no aplica igual: hay impunidad para quienes tienen poder o dinero, y cárcel para los demás. • La libertad de expresión y de prensa está condicionada por contratos publicitarios. El Estado tiene la última palabra. • La transparencia y la rendición de cuentas no existen: se simulan informes, se inventan justificaciones y se premia la opacidad. • La educación estatal está abandonada: se priorizan las compras de equipos antes que adecuar las escuelas. • La atención en salud es deficiente, a pesar de que representa el 30% del presupuestode31milmillonesdedólarespara 2025. Existen más de 45 mil funcionarios sin jerarquía ni liderazgo. Los despachos superiores ignoran el diagnóstico real de las 800 instalaciones del Minsa y las 100 de la CSS. La gestión es ineficaz, maquillada y sin base en un conocimiento claro de la historia ni del sentido de la seguridad social. El bienestar general y la paz social básica no existen. Las estadísticas internacionales nos ubican como un país rico con una distribución de la riqueza deplorable. Hay Carlos Pareja Seguridad vial frente al cambio climático Planificación urbana El cambio climático no es solo un desafío ambiental; es una bomba de tiempo financiera para la infraestructura vial. El Banco Mundial estima que, para 2050, los desastres climáticos costarán a América Latina $17.5 mil millones anuales en daños a carreteras. En Panamá, las lluvias extremas han aumentado un 30% desde el año 2000, colapsando drenajes y elevando los accidentes viales en un 18%, según el Ministerio de Obras Públicas (2023). Este artículo ofrece un análisis de los crecientes costos de la inacción, las soluciones sostenibles disponibles y los casos de éxito que demuestran que invertir en resiliencia no solo es prudente, sino rentable. Desafíos financieros: el costo de la inacción El deterioro acelerado de las carreteras por el cambio climático está disparando los gastos. La CEPAL (2022) calcula que reparar vías dañadas por inundaciones cuesta entre tres y cinco veces más que construirlas con criterios resilientes desde el inicio. En Colombia, las lluvias extremas de 2023 colapsaron 15 km de la vía Medellín-Bogotá, generando pérdidas de $12 millones en tres semanas. En Panamá, el estrés térmico (temperaturas de 38 °C) agrietó el Puente Centenario en 2022, lo que requirió $2.3 millones en reparaciotoneladas). Estas cifras convierten la sostenibilidad en una inversión con retornos a largo plazo. Casos de éxito: lecciones globales Los ejemplos prácticos refuerzan el argumento financiero. En La Paz, Bolivia, el tráfico se redujo un 35% con teleféricos urbanos de cero emisiones. En Copenhague, los accidentes viales bajaron un 72% desde 2010 con ciclovías; y en Noruega se avanza hacia autopistas sin diésel para 2025, con corredores eléctricos. En Panamá, el Corredor Sur evitó $8 millones en pérdidas anuales por inundaciones tras instalar pavimentopermeable,segúnelBanco Mundial (2023). Estos proyectos demuestran que la sostenibilidad no solo mitiga riesgos, sino que genera ahorros y beneficios sociales tangibles. Una apuesta por el futuro Ignorar el cambio climático en la planificación vial es apostar contra la lógica financiera. La infraestructura resiliente no es un lujo, sino una necesidad para minimizar costos, proteger vidas y cumplir con estándares globales como el Acuerdo de París. Para Panamá y la región, los próximos cinco años son cruciales: auditorías climáticas, pilotos con materiales innovadores y alianzas público-privadas pueden transformarelpanorama.Lapreguntanoessi podemos permitirnos invertir en sostenibilidad, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Opinión LOS AUTORES son abogado y economista, respectivamente. LA AUTORA es geógrafa y exministra de Ambiente. EL AUTOR es médico jubilado. Roberto Ogg Fábrega Emmanuel Ureña Ruiz más de 50 políticos millonarios cuyas fortunas nadie puede justificar con transparencia. Nuestra doctrina nacional parece guiada por la corrupción, la impunidad y el “juega vivo”. Este sistema funciona bien en el caldo de cultivo de una democracia débil y una cultura cívica erosionada. Según la escuela de Noam Chomsky, se nos manipula: creemos que la gran corrupción es la de los titulares, pero también lo es el acomodo en las sombras, el silencio cómplice y la aceptación de pequeños privilegios. Lo que vivimos va más allá de la negligencia: hay una fusión entre crimen organizado y corrupción institucional. Necesitamoscambiardeactitud.Exijamos justicia transparente. Los partidos políticos carecen de ética y de un rumbo coherente para garantizar el bienestar común. ¿PorquéPanamánoesunademocracia coherente y ética en la práctica? • Por un fracaso político estructural. • Por la mala distribución de los recursos. • Por desaprovechar una posición geográfica privilegiada. • Porque la democracia existe más en el papel que en la realidad. Síntomas de esta crisis: A. Corrupción estructural: clientelismo, nepotismo, impunidad y opacidad institucional. B. Instituciones cooptadas, sin meritocracia ni capacidad técnica. C. Desigualdad económica que excluye, especialmente a jóvenes y mujeres. D. Falta de credibilidad en los procesos electorales y en la clase política. E. Mal uso de recursos nacionales como el Canal de Panamá. La vida es un camino, no un destino. Caminemos con respeto, hermandad, solidaridad y amor. Cambiemos de actitud y de rumbo. Hoy, los ciudadanos parecemos simples “materias primas” en un sistema que no garantiza paz, bienestar ni dignidad. La crisis no es solo responsabilidad del presidente José Raúl Mulino. Somos nosotros, los residentes del país, quienes componemos esa materia prima. Apenas un 0.8% de la población —una clase política con genes de saqueo— decide qué se hace. A eso se suma un 10.2% de empresarios que rotan con afinidad al gobierno de turno, aprovechando la globalización para obtener contratos y negociados con jugosas recompensas que deberían destinarse a obras de interés social. Luego está el 49%: una masa laboral estatal, con un 10% de desempleo formal y cerca de 48% de ocupación informal, marcada por escasa cultura cívica, educación débil, ausencia de meritocracia y falta de ética. Esta burocracia es incapaz de cumplir sus tareas con efectividad y eficiencia. Sus superiores solo piensan en lo propio. No hay docencia, ni supervisión, ni mantenimiento institucional. El “juega vivo” es norma dentro de una desgobernanza estructural, donde el mensaje tácito es claro: no esperes nada; aprovéchate del sistema. Hoy, casi todo servicio público tiene un precio, y se exige incluso cuando es una obligación funcional. Vivimosunacompraventasubliminal en los altos despachos del Estado. Las compras públicas y grandes obras están contaminadas por corrupción: adendas que incrementan los costos hasta en 30%. Genéticamente, el mayor objetivo de quieLigia Castro de Doens
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