8A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 Panorama El ruido de la calle y la soledad del bananal. Alexander Arosemena Crisis en Changuinola: apelaciones, nueva Ley 45 y cambio de gobernador Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CRISIS Ayer la crisis giró en torno a posibles apelaciones judiciales, cambios de autoridades y promesas legislativas de una nueva ley 45. Sin embargo, en Changuinola el tiempo corre, y en las fincas bananeras la incertidumbre sigue cosechando su propio fruto amargo. El sol sale como todos los días en Changuinola, Bocas del Toro, pero ya nada es como antes. Desde hace más de dos semanas, el distrito y sus poblados vecinos, como Almirante y Rambala, viven atrapados entre barricadas de piedras, tanques de basura y tablas atravesadas en la carretera. Los bloqueos, encabezados por trabajadores bananeros, obreros de la construcción y docentes, han paralizado el tránsito en al menos veinte puntos. Este martes, la crisis giró en torno a resoluciones judiciales, cambios de autoridades y promesas legislativas. Sin embargo, en Changuinola el tiempo corre, y en las fincas bananeras la incertidumbre sigue cosechando su propio fruto amargo. El conflicto no solo afecta la movilidad. Las estanterías vacías en los comercios locales y la escasez de medicamentos en las farmacias reflejan un desabastecimiento que crece cada día. No hay combustible, los alimentos escasean y el turismo —que solía dar vida a la provincia— apenas resiste. Las reservaciones se cancelan, los hoteles operan a medias y los botes turísticos permanecen amarrados a los muelles, como símbolo de una economía estancada. La mañana del martes 20 de mayo se vivió una tregua breve: algunos puntos entre Changuinola y Almirante fueron reabiertos por tres horas. Pero esa apertura fugaz no bastó para aliviar el peso de las semanas de cierre. “Lo raro sería que todo estuviera abierto”, dice con ironía una vendedora ambulante que ahora camina varios kilómetros para vender sus productos, pues el transporte público ya no cubre rutas completas. Llegar a destino implica bajarse del bus en medio de la nada y caminar entre piedras, polvo y escombros. Mientras los manifestantes reclaman la derogación de la Ley 45 y de la recién aprobada Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, los pobladores se adaptan como pueden. Las motos se han vuelto el nuevo medio de transporte para quienes pueden pagarlas, y los caminos improvisados por veredas y trochas sustituyen a las carreteras cerradas. Voces de afectados En una acera polvorienta de Changuinola, Luis Rivera aguarda con su taxi detenido, mientras observa cómo algunas motos intentan sortear la última barricada improvisada con piedras y tanques oxidados en un puente. Su historia, como la de muchos en Bocas del Toro, está marcada por la frustración. “Tengo más de treinta años manejando, enseñando a conducir, pero aquí todo depende de una carta”, dice, mientras señala con resignación una carpeta de documentos acumulados por años. El nombre del diputado Benicio Robinson aparece como una contraseña indispensable para conseguir empleo público. “Aunque hubiera llegado de China ayer, con esa carta me daban el puesto”, repite con ironía. Rivera, de voz firme y mirada cansada, ha visto pasar los gobiernos sin que cambie su suerte. “El Seguro me tiene esperando una cirugía en los ojos desde hace años, y eso que tengo los papeles en regla. Aquí, si no tienes padrino, ni te atienden”. Su conclusión es lapidaria: “Las instituciones aquí parecen una finca privada del PRD”. Sus palabras no son solo una queja, sino el retrato de una estructura de poder donde los méritospesanmenosquelasconexiones políticas, y donde hasta la salud se convierte en moneda de intercambio. A pesar de su descontento con el sistema, Rivera no apoya los tranques. “Los que más sufren son los pobres, los que tienen que pagar doble pasaje o caminar kilómetros”, comenta. Asegura que las protestas tienen una raíz política, alimentada por quienes no quieren perder privilegios. “Aquí hay una mafia enquistada que no quiere soltar el pastel”, advierte. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenó el cierre definitivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Fuerza R.L., ligada al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), tras detectar manejo irregular de fondos. La decisión fue adoptada el 15 de mayo de 2024 mediante la resolución JD-112024, tras un proceso administrativo iniciado el 17 de marzo de 2023, luego de auditorías e inspecciones técnicas que revelaron una serie de irregularidades. Según Ipacoop, a cargo de Erica Vargas, la cooperativa incumplió disposiciones legales y administrativas, entre ellas la entrega de reportes financieros, registros contables y la realización de asambleas generales. También se detectaron prácticas que comprometían la sostenibilidad financiera de la entidad. La intervención y posterior liquidación se basan en el artículo 95 de la Ley 17 de 1997, que permite al Ipacoop clausurar cooperativas por causas como mala gestión, falta de controles internos o pérdida de capital. La resolución destaca que la cooperativa había sido intervenida desde el 6 de julio de 2023, cuando se designó a un interventor para administrar temporalmente sus operaciones. No obstante, la situación no mejoró. Durante la intervención, se identificaron cuentas bancarias y operaciones que no respondían a los fines cooperativos, así como préstamos sin sustento ni garantía. Además, los libros contables estaban incompletos Ipacoop cierra cooperativa vinculada al Suntracs por sospechas de lavado INVESTIGACIÓN y no se encontró documentación de respaldo para múltiples transacciones. La cooperativa, que tenía más de 5 mil miembros, prestaba servicios de ahorro y crédito a trabajadores afiliados al Suntracs, muchos de los cuales han denunciado la desaparición de sus ahorros. La resolución establece que se procederá a la disolución y liquidación, y el Ipacoop ha designado a un liquidador responsable de manejar los activos y pasivos de la cooperativa. Fuentes internas confirmaron que se adelantan gestiones para recuperar fondos y garantizar que los asociados reciban lo que les corresponde, aunque advierten que la recuperación podría ser limitada debido al desorden administrativo y financiero heredado. El Suntracs, en huelga desde el 28 de abril, reaccionó al gobierno con un mensaje en X en el que acusa al presidente José Raúl Mulino de ejecutar una “agenda oculta” para desarticular al sindicato mediante detenciones, allanamientos y la cancelación de su cooperativa. Rechazan la Ley 462, el memorándum de seguridad, la minería y el embalse del río Indio. José González Pinilla Eliana Morales Gil [email protected] Erica Vargas, directora del Ipacoop, Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia y Eric Navarro, subdirector del Ipacoop. Cortesía Apelación En medio de este ambiente cargado de tensión, los trabajadores bananeros de Bocas del Toro enfrentan una nueva batalla legal. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana) tiene hasta este viernes para apelar el fallo del Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola, que declaró ilegal la huelga iniciada el pasado 28 de abril en 21 fincas de la empresa Chiquita Panamá. El juez Álvaro Jiménez argumentó que la paralización no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa laboral. La resolución cayó como un balde de agua fría sobre los obreros que, durante semanas, han resistido en los bloqueos apostados entre Almirante y Changuinola. La respuesta del sindicato aún no se ha materializado. Hasta las 5:00 p.m. del martes 20 de mayo, no se había registrado ningún recurso de apelación, según confirmó el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, el fallo del juez representa una victoria temporal para la empresa, que desde el inicio cuestionó la legalidad de la huelga. Ley 45 En medio de esta crisis, la diputada Janine Prado anunció que un nuevo proyecto de ley, basado en la Ley 45 de 2017, sería presentado a la Asamblea Nacional esta semana. El texto buscaría incorporar las demandas planteadas por Sitraibana en el reciente diálogo con el Ejecutivo. Desde el Palacio de las Garzas se intenta proyectar calma: se dice que la reforma a la Caja de Seguro Social no afecta al sector bananero, pero las protestas revelan lo contrario. La nueva iniciativa busca, precisamente, dejarlo por escrito y frenar el descontento. Mientras los obreros esperan acciones concretas, el gobierno central mueve fichas políticas en la provincia. Este martes, el gobernador Eddie Ibarra fue destituido en silencio. Aunque no hubo explicación oficial, su ausencia en medio de los bloqueos lo convirtió en blanco de críticas. En su lugar llegaría Bayardo Martínez, suplente en el Parlacen por Realizando Metas, pero cercano al PRD, y especialmente al diputado Benicio Robinson. Martínez ha estado presente en las recientes negociaciones con Sitraibana, acompañado por ministros del gabinete. Mientras tanto, la vida cotidiana en Bocas del Toro se desangra lentamente. La escasez de gasolina, medicamentos y alimentos comienza a sentirse con fuerza. La Cámara de Comercio ha lanzado un llamado urgente al diálogo, alertando sobre un colapso económico.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==