6A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 Panorama La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realizó un allanamiento en la sede del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), en la provincia de Chiriquí, dentro de la investigación seguida al dirigente de esa organización, Jaime Caballero, imputado por delitos financieros y blanqueo de capitales. Según los reportes, el fiscal Emeldo Márquez, a través de exhorto, solicitó a la Fiscalía de David, Chiriquí, practicar la diligencia en busca de documentos relacionados con la entrega de fondos del Suntracs. Se informó que la diligencia se inició a las 9:00 a.m. y se extendió por unas dos horas en el local del Suntracs en esa provincia. Trascendió que durante la diligencia la fiscalía analizó las computadoras que se encontraban en el local y pidió copia de las facturas de las actividades del Suntracs. Se informó que se requirió información relacionada con estados de cuentas por pagar y datos sobre el cobro de la cuota sindical que se le descuenta a los obreros. Por su parte el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, aseguró que la diligencia es una nueva maniobra de las autoridades para frenar las acciones que Fiscalía allana sede del Suntracs en Chiriquí INVESTIGACIÓN las organizaciones populares realizan en rechazo de la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Caballero permanece detenido desde el pasado viernes en el Centro Penitenciario La Joya, en espera de una audiencia de apelación, pedida por su abogado defensor, César Ruiloba, quien apeló la medida aplicada a su cliente. En tanto, Rubén Castrejo, del equipo de abogados del Suntracs, confirmó que la diligencia fue ordenada por el fiscal Emeldo Márquez. También calificó la acción como parte de la persecución que realiza el gobierno por las acciones contra las reformas al sistema de pensiones de la Caja Seguro Social. Momento en que el presidente de la República, José Raúl Mulino, estaba reunido con un grupo de diputados, ayer. Cortesía Mulino plantea a diputados ley especial para sector bananero Mario De Gracia [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] PARO INDEFINIDO El Ejecutivo presentaría un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para cumplir con las exigencias de trabajadores bananeros tras 10 días de diálogo en Changuinola, Bocas del Toro. Una reunión entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y los jefes de bancada de la Asamblea Nacional se desarrolló ayer en el Palacio de las Garzas. Desde Presidencia, se planteó una medida para abordar el paro de labores que mantienen trabajadores del sector bananero, que incluiría la presentación de un nuevo proyecto de ley, con base en la Ley 45 de 2017, que establece el salario base para el cálculo de pensiones de invalidez y de retiro por vejez. El nuevo texto incluiría las solicitudes que los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana) han planteado durante 10 días de diálogo en Changuinola, Bocas del Toro; según informó Presidencia. De acuerdo al sindicato, la nueva ley 462, que reformó la Ley 51, Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), afecta sus pensiones. No obstante, desde el Ejecutivo se ha sostenido que la nueva norma no les afecta; por lo que dejarían esto plasmado en el nuevo proyecto de ley. “El presidente manifestó el tema de las bananeras [para abordarlo] con una ley especial. Por nuestra parte, solicitamos la apertura al diálogo para modificaciones a la ley 462, informó la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, al salir de la reunión. Se estaría presentando un proyecto a la Asamblea Nacional para “revivir” la Ley 45 de 2017, expresó Prado. Por otro lado, no hubo confirmación de parte del Ejecutivo para incluir algunos artículos de la Ley 462 en la agenda del Legislativo para las sesiones extraordinarias, pese a las manifestaciones en distintos sectores del país. Gremios docentes y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se encuentran en paro de labores desde abril pasado, en rechazo a la Ley 462. Por parte del Legislativo, asistieron a la reunión con el presidente los diputados: Alaín Cedeño, de Realizando Metas (RM); Janine Prado, coalición Vamos; Javier Sucre, Partido Revolucionario Democrático (PRD); Jorge Herrera, Partido Panameñista; Eliécer Castrellón, Bancada Mixta (Alianza, Molirena y Partido Popular); Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca). Por el Ejecutivo participó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Solicitudes A pesar de no conformar una bancada legislativa, la diputada Grace Hernández, también fue invitada al encuentro con el Presidente. Ayer, Hernández firmó una solicitud, junto con un grupo de diputados de su colectivo y de Vamos, para que el presidente Mulino incluya en las sesiones extraordinarias los artículos de la Ley 462 que han provocado manifestaciones y paros de labores de parte de gremios docentes, desde el pasado 23 de abril, y de gremios de trabajadores de la construcción, desde el 28 de abril. Según expresa la nota, la idea sería “mejorar algunos de los artículos” para buscar consenso y aceptación de quienes se oponen a la norma. La solicitud la firmaron los diputados Ernesto Cedeño, José Pérez Barboni y Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca); Betserai Richards y Manuel Cheng, de la coalición Vamos. Después de la reunión en Presidencia, no se brindaron mayores detalles sobre la acogida o el rechazo de esta solicitud. En medio de la crisis social desatada por las protestas contra la Ley 462, que reforma el sistema de jubilaciones del país, la Gobernación de la Comarca Guna Yala anunció ayer la suspensión indefinida de actividades institucionales en la zona. En una circular oficial dirigida a directores regionales, coordinadores y enlaces de la comarca, la gobernadora de Guna Yala, Angelmira Correa, explicó que la suspensión de actividades institucionales tiene como propósito “salvaguardar la integridad física y el bienestar” del personal, considerando las manifestaciones registradas en múltiples sectores del país. Las movilizaciones, lideradas por sindicatos, educadores, y grupos indígenas, exigen la derogación de la Ley 462, aprobada en marzo pasado, por considerar que reduce pensiones y privatiza beneficios del Seguro Social. A esto se suma el descontento por la firma de un memorándum en materia de seguridad con Estados Unidos, percibido como una injerencia a la soberanía y la oposición a la minería. Sin embargo, la misma circular dice que se mantendrá la jornada de capacitación sobre la controvertida Ley 462, agendada para el jueves 22 de mayo en la sede del Ministerio de Gobierno, ubicada en el Casco Antiguo, de la capital. La medida surge el mismo Gobierno cierra instituciones en Guna Yala por ola de manifestaciones GOBERNACIÓN día en que una agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) fue retenida en medio de protestas que protagonizó un grupo de personas en el sector de Arimae, provincia de Darién. El suceso desencadenó un enfrentamiento entre miembros de la comunidad indígena Emberá Wounaan y agentes de la Policía Nacional. La Prensa pudo conocer que los manifestantes se encontraban en proceso de organización cuando las unidades antidisturbios comenzaron a dispersarlos utilizando gases lacrimógenos. Según un comunicado del Senafront, el hecho ocurrió mientras la agente, miembro de la etnia emberá y residente en Arimae, se dirigía desde su residencia hacia su puesto de trabajo en Metetí. La Fiscalía Regional de Darién anunció que inició una investigación de oficio por el delito de privación de libertad en perjuicio de la agente. Eliana Morales Gil [email protected] Momento en que la agente del Senafront es atacada por un manifestante. Captura de video Fachada de la sede del Suntracs en Chiriquí. EFE
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