1A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 21 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15023 Hoy por hoy Panamá invirtió $30 millones en la plataforma Ester para garantizar la continuidad educativa en situaciones de emergencia. Cuatro años después, sigue sin utilizarse, incluso en medio de una huelga nacional que mantiene paralizadas las clases. El Consejo Permanente Multisectorial para la Educación (Copeme) entregó en 2020 protocolos detallados para activar herramientas digitales en momentos de crisis. ¿Por qué no se aplican? La omisión del Ministerio de Educación no es técnica: es política. Se desperdicia una inversión millonaria, se vulnera el derecho a la educación y se profundiza la brecha de aprendizaje, especialmente para los más vulnerables. La suspensión de clases, sin alternativas digitales, se ha convertido en una respuesta sistemática que erosiona el futuro de miles de estudiantes. Mientras las escuelas privadas continúan clases sin mayores contratiempos, el sector público se estanca por falta de visión, voluntad y rendición de cuentas. Exigimos respuestas concretas, transparencia sobre el estado de Ester y acciones inmediatas para cumplir con el mandato legal y moral de garantizar educación continua. Ellas. pa La campaña que invita a abrazar sin prejuicios 5B Christiansen: ‘No es una obligación ganar la Copa Oro’ 10A Deportes Panorama Bajo la lupa, la audiencia múltiple de Jaime Caballero 3A Economía ACP dice que buscará consenso para río Indio 1B Sin clases ni conexión; ¿y Ester? Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Pese a su creación en 2020 y una inversión de $30 millones, la plataforma educativa Ester sigue inactiva. ¿Qué hace el Meduca? Pese a que fue desarrollada en 2020 con una inversión de $30 millones, la plataforma educativa Ester sigue sin activarse, incluso durante la huelga docente que mantiene paralizadas las clases en todo el país. Organizaciones como Jóvenes Unidos por la Educación y exmiembros del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación denuncian la inacción del Meduca, que ignora protocolos creados para asegurar el aprendizaje en situaciones de crisis. La falta de conectividad, equipos y voluntad política agrava la desigualdad educativa, especialmente en zonas vulnerables. VEA 4A Corte ordena a cúpula de Udelas restituir a Rueda La Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó el reintegro de Gianna Rueda como docente en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), tras determinar que su destitución violó el debido proceso y sus garantías constitucionales. Rueda, quien fue proclamada rectora por un grupo de docentes y estudiantes en 2023, fue separada de su cargo mediante una resolución del Tribunal de Disciplina Docente. Un encapuchado tomó por el cuello a la agente Ine Guainora aprovechando que estaba sola. LP Ipacoop clausura cooperativa del Suntracs tras detectar manejo irregular de fondos La medida del Ipacoop, dirigido por Erica Vargas, se fundamentó en una auditoría que reveló préstamos sin sustento, uso político del patrimonio y transacciones que incumplen normas contra el lavado de dinero. El cierre afecta a más de 8 mil asociados. VEA 8A Derogar la ley de la CSS dejaría sin pensión a los jubilados; Bocas del Toro sigue bloqueado GOBERNABILIDAD Katiuska Hernández Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que derogar la Ley 462 de 2025 sería “un grave error” que dejaría a los jubilados sin pensión, dado que los fondos del sistema solidario ya se agotaron. Mientras defiende la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) como “necesaria e inaplazable”, Bocas del Toro permanece aislada por bloqueos, desabastecimiento y creciente tensión social que también se extiende a otras regiones. En Darién, manifestantes retuvieron durante una protesta a la cabo primero Ine Guainora, agente del Senafront. La Fiscalía investiga el caso como presunta privación de libertad. Aunque Chapman reconoció que las leyes pueden mejorarse, insistió en que no se puede ceder ante la presión callejera. La Cámara de Comercio de Bocas del Toro ha advertido sobre un inminente colapso económico si no se reabre el tránsito. En paralelo, la Gobernación de la comarca Guna Yala anunció la suspensión indefinida de actividades institucionales. Por su parte, el presidente José Raúl Mulino se reunió ayer con jefes de bancada legislativa para abordar la posible reforma de la Ley 45 de 2017, que regula el salario base para pensiones por invalidezyvejezparalosobreros bananeros. VEA 6A Y 8A Turistas obligados a caminar por los cierres en Bocas del Toro. Alexander Arosemena Resumen 2020 El Meduca presenta Ester como plataforma digital educativa. Se invierten $30 millones. 2021 Resultados de ERCE 2019 ubican a Panamá por debajo del promedio regional en lectura, matemáticas y ciencias. 2024-25 Meduca aún no activa Ester, ni incorpora plenamente los protocolos propuestos por Copeme para garantizar continuidad educativa en crisis. La Corte también ordenó el pago de los salarios dejados de percibir. Rueda denunció que el entonces rector, Juan Bosco Bernal, se negó a reconocer su elección y promovió acciones disciplinarias en su contra. Posteriormente, Nicolasa Terreros fue elegida como rectora en un proceso cuestionado por Rueda y otros sectores. Rueda celebró el fallo como una victoria para la justicia y la democracia en la universidad.
2A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Yasser Yánez García Yaritza Mojica [email protected] Momento en que los padres de familia y los estudiantes bloquean la salida del avión. Cortesía Acudientes y estudiantes cierran pista en Jaqué; exigen docentes PROTESTA SOCIAL Padres de familia y estudiantes del Centro Educativo Marcos Medina Ambulo de Jaqué, Darién, bloquearon la pista de aterrizaje local como medida de presión ante el deterioro de las instalaciones de su escuela. De acuerdo con una de las estudiantes que hace parte del bachiller en ciencias, en el centro educativo no imparten las materias de física, matemática y biología. “La escuela está derrumbándose, los baños son un asco, el agua no se puede tomar y muchas cosas más, pero lo principal son los profesores porque somos unos estudiantes graduandos y necesitamos a los profesores para graduar”, expresó. La manifestación impidió el despegue de una aeronave de la aerolínea Air Panamá, correspondiente al vuelo PST 6601, según informó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) en un comunicado de prensa. Padres de familia del Centro Educativo Marco Medina Ambulo, en Jaqué, han protestado en reiteradas ocasiones solicitando al Ministerio de Educación (Meduca) y a la Regional Educativa de Darién una respuesta ante los problemas de infraestructura que, por años, ha presentado la escuela. Los padres y estudiantes denuncian la falta de salones de laboratorio, la necesidad de cambiar todo el techo del plantel, ya que tiene filtraciones y goteras. Además, solicitan el nombramiento de un director titular y de docentes permanentes para Física, Química, Biología, Matemáticas y Español. La comunidad educativa asegura que las clases permanecerán suspendidas hasta que una comisión del Gobierno se traslade al lugar para constatar la situación. La directora regional de Educación de Darién, Libertad Rivera, dijo que la situación de la escuela tiene más de 15 años sin resolverse. Explicó que el problema es la falta de gestión adecuada de fondos debido a la ausencia de un director, lo que dificulta las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. Rivera indicó que han lanzado licitaciones para la rehabilitación de la escuela y han quedado desiertas debido a la lejanía del centro educativo. Precisó que existe un proyecto aprobado para el cambio del techo del centro educativo. Actualmente este centro educativo no figura entre los cuatro proyectos de infraestructura que aparecen en la plataforma Meduca SIG, y tampoco está incluido para el presente período en el Plan de Mantenimiento. El Hospital del Niño, con el apoyo del Minsa, está implementando un tamizaje neonatal ampliado, mediante la tecnología de espectrómetro de masas en tándem. Archivo Pruebas de tamizaje neonatal disminuyeron en 2024 Aleida Samaniego C. [email protected] PREVENCIÓN El tamizaje neonatal es un programa de salud pública que busca detectar enfermedades metabólicas, genéticas y endocrinas en recién nacidos. En 2024, el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel registró 20,622 pruebas de tamizaje neonatal, 4,051 menos que en 2020, lo que preocupa a los especialistas debido a la constante disminución en la realización de estas pruebas esenciales. Indira Herrera Rodríguez, jefa del Servicio de Genética y Genómica del Hospital del Niño, indicó que esta caída se debe principalmente al desconocimiento de la población sobre la relevancia de la prueba del talón, la cual puede ser crucial para la vida de un recién nacido. El tamizaje neonatal, un programa de salud pública fundamental, busca detectar de manera temprana enfermedades metabólicas, genéticas y endocrinas. La prueba consiste en extraer una pequeña muestra de sangre del talón del bebé dentro de los primeros 28 días de vida. Si bien es rápida y prácticamente indolora, su efectividad depende de su realización dentro de este periodo crucial. Herrera Rodríguez advirtió que no realizarla puede tener consecuencias graves, como discapacidades o incluso la muerte prematura de los recién nacidos. El tamizaje neonatal no debe confundirse con los análisis clínicos comunes, ya que es una herramienta universal que se realiza a todos los recién nacidos, sin necesidad de que presenten síntomas. Actualmente, permite detectar siete condiciones graves y tratables, como el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística y la fenilcetonuria, entre otras. Oleg Saldaña, genetista del Hospital del Niño, enfatizó que la detección temprana permite iniciar un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de los niños diagnosticados. En respuesta a esta preocupación, el Hospital del Niño, con el apoyo del Ministerio de Salud (Minsa), está implementando un tamizaje neonatal ampliado que, mediante la nueva tecnología de espectrómetro de masas en tándem, permitirá identificar 20 condiciones adicionales, alcanzando un total de 27 diagnósticos posibles. Este nuevo enfoque está siendo evaluado y se espera que esté en plena aplicación antes de finales de 2025. Aunque los avances tecnológicos y la formación del personal del hospital son fundamentales, tanto Herrera Rodríguez como Saldaña hicieron un llamado urgente a los padres para que lleven a sus hijos a realizarse la prueba, la cual sigue siendo obligatoria y gratuita en todas las instalaciones de salud pública. Credenciales recomienda a Godoy para dirigir el Ifarhu La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó el nombramiento de Carlos Godoy como director del Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), a pesar de los cuestionamientos de distintos diputados por el auxilio económico que mantiene Godoy para estudiar un doctorado en modalidad virtual hasta 2026. Contactado por La Prensa, Godoy aseguró que renunciaría al beneficio que recibió por un total de $23,600, por el cual ya se le han desembolsado $12,000. Votaron a favor la suplente de Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático, Sara Magallón; Shirley Castañeda, de Realizando Metas; Nelson Jackson y Yesica Romero, de Cambio Democrático; y Edwin Vergara, del Partido Panameñista. En contra votaron Alexandra Brenes, Janine Prado y Grettel Garrido, suplente de Luis Duke, de la coalición Vamos. ASAMBLEA NACIONAL Mario De Gracia [email protected] Carlos Godoy. Isaac Ortega
3A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 Panorama Audiencia de garantías del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. LP La audiencia combo de Jaime Caballero, bajo la lupa Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS El dirigente del Suntracs fue imputado por blanqueo de capitales y falsedad contable. La jueza validó su detención provisional. La defensa alega uso legítimo de fondos sindicales y persecución política. E l 16 de mayo se realizó una audiencia “combo” delegalizacióndeaprehensión e imputación contra Jaime Alberto Caballero Quirós, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) para Chiriquí y Bocas del Toro. La sesión duró poco más de seis horas y se dividió en tres fases, en las que el Ministerio Público y la defensa se enfrentaron intensamente. La audiencia fue conducida por el fiscal superior de Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, junto al fiscal de circuito Gilberto Arjona. La defensa estuvo a cargo del abogado César Ruiloba, acompañado por Mario Prado. La jueza de garantías Meylin Jaén presidió la audiencia. La transcripción del acto abarca 70 páginas, reflejo de la intensidad del debate. La aprehensión El 14 de mayo, Caballero, de 55 años, acudió a una audiencia en David, Chiriquí, por cargos de asociación ilícita, delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. Al finalizar, se le impuso restricción de salida de la provincia y obligación de notificación quincenal. Sin embargo, al salir, fue aprehendido por orden del fiscal Márquez por presunto blanqueo de capitales y delito financiero, y trasladado en avión a la ciudad de Panamá. La jueza Jaén validó el procedimiento, ordenó retirarle las esposas y verificó su identidad. Caballero declaró ingresos anuales por $60 mil, dato que luego tendría relevancia. El Ministerio Público sostuvo que la investigación comenzó el 18 de marzo, tras una alerta de la Unidad de Análisis Financiero sobre transacciones superiores a $10 mil de cuatro personas, incluida Caballero. Se abrieron 20 tomos, bajo reserva, que la defensa no conocía. La fiscalía detalló movimientos bancarios entre 2020 y 2025 desde cuentas del Suntracs en el Banco Nacional y Multibank hacia cuentas de Caballero en el Banco General. Se subrayó la cancelación anticipada de préstamos en la Caja de Ahorros y el BAC, así como un pago de $39,250.72 al BDA por intereses y capital morosos. Cuando se le pidió justificar ese dinero, Caballero mintióalafirmarqueproveníade actividades ganaderas y cafetaleras. Una inspección de sus fincas en Boquete no halló ganado, y tampoco figura como miembro de la Asociación Nacional de Ganaderos. Los cargos Los pagos del Suntracs a Caballero llegaron por cheques, transferencias ACH y Yappy, firmados por Saúl Méndez, José Palacios Becerra y Abdiel Bethancourt. Caballero usó esos fondos para gastos personales y transferencias a familiares. En total, recibió $699,256.16 entre 2020 y 2025. La fiscalía consideró esto indicio de blanqueo de capitales. El segundo cargo fue falsedad en registros contables, ya que contrató a María Esther Aizpurúa Sánchez para elaborar un informe financiero. Se comprobó que ella no es contadora autorizada y usó la idoneidad de un profesional fallecido en 1990. Ambos delitos conllevan penas de entre 11 y 20 años. En casos de blanqueo, la carga probatoria se invierte: la defensa debe demostrar el origen lícito de los fondos. La defensa En la fase de imputación, Ruiloba tomó protagonismo. Reconoció que Caballero mintió al BDA sobre el origen del dinero, pero minimizó el hecho. Argumentó que desde 2012 Caballero obtuvo cinco préstamos del BDA por $850 mil y que era agricultor, abogado y dirigente sindical con tierras heredadas. Ruiloba afirmó que las transferencias del sindicato provenían de cuotas sindicales, por lo tanto, no eran ilícitas. También presentó actas de junta directiva del Suntracs y alegó que Caballero debía cubrir gastos logísticos en ambas provincias. Añadió que, ante el cierre de cuentas del sindicato, era razonable que sus dirigentes manejaran fondos en nombre de la organización. Lasdeterminaciones La jueza Jaén validó la aprehensión y avaló la imputación, resaltando las dos mentiras de Caballero: al oficial del BDA y al tribunal sobre sus ingresos. Atendiendo al riesgo de fuga, destrucción de evidencia y obstaculización del proceso, concedió al Ministerio Público seis meses de investigación y dictó detención provisional. Aunque la defensa solicitó el traslado a Tinajita, la jueza explicó que no era de su competencia. Ruiloba anunció apelación. Grietas en el caso Si los fondos del Suntracs tienen origen lícito, no aplicaría el delito de blanqueo. En todo caso, podría tratarse de apropiación indebida (artículo 227 del CódigoPenal), que requiere querella de parte, inexistente hasta ahora. El blanqueo de capitales exige pluralidad de autores. Sin coimputados y sin medidas contra Méndez, Palacios y Bethancourt, quienes firmaron los cheques, las pruebas contra Caballero se debilitan. La supuesta falsificación contable involucra a Aizpurúa, quien tampoco ha sido imputada. El mayor riesgo para este proceso es que se perciba como una persecución política a un dirigente sindical incómodo, en lugar de un caso sólido de corrupción. MundoSocial @mundosocial
4A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] GATO ENCERRADO. El nuevo gobernador de Bocas del Toro huele más a PRD que a RM. Aunque oficialmente es suplente de diputado del Parlacen por Realizando Metas, su afinidad con el gato más influyente del PRD ha sido imposible de disimular. ¿O es que alguien cree que dirigir el MOP en Bocas durante el gobierno pasado fue por méritos partidistas y no por apadrinamiento político? El nombramiento tiene nombre, maullido y dueño. TEATRO LEGISLATIVO. Después del show de Bolota en el pleno, donde juró que votaría en contra de todos los nombramientos del Ejecutivo por no escuchar las protestas por la ley de la CSS… adivinen quién sí votó a favor. ¡Su suplente! Que le dio el visto bueno al director “auxiliado” del IFARHU en la comisión de Credenciales. Tremendo acto de magia: Bolota grita “¡no!” en la Asamblea, y su suplente susurra “sí” en comisión. Aquí no hay coherencia, pero sobra el guión. MUNDO AL REVÉS. Mientras los gremios de educadores protestan a nivel nacional por la reforma a la Caja, en Jaqué los estudiantes hacen su propia protesta: piden escuelas en buen estado y profesores de Física y Biología para poder graduarse. Sí, leyó bien. Los estudiantes rogando por clases, y los profesores en la calle. Mejor que los muchachos de Jaqué les den una lección a los gremios sobre cuál es la verdadera vocación: educar, no abandonar aulas. Porque mientras unos luchan por sus beneficios, otros luchan por su futuro. PAZ CON REJAS. La cabo Ine Guainora fue privada de su libertad cuando se dirigía a trabajar. ¿Su delito? Vestir uniforme y cumplir su deber. La encerraron en su propia comunidad, Arimae, por manifestantes que confundieron protesta con secuestro. Los que dicen luchar por justicia, comenzaron por violarla. Ojalá los líderes que incitan el caos entiendan que la causa se pierde cuando la violencia toma el micrófono. PUENTE FANTASMA. La pandemia trajo consigo el reto de implementar la educación virtual en el país. Tres meses y medio después de la suspensión de clases, el 20 de julio de 2020, el Meduca incluyó en sus estrategias llevar la enseñanza a través de la plataforma virtual. Archivo ¿Dónde están los $30 millones? Plataforma Ester está inactiva Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN La plataforma, desarrollada durante la pandemia, sigue sin ser activada por el Meduca, a pesar de la crisis educativa y los protocolos establecidos para garantizar la continuidad del aprendizaje. En medio de la crisis que atraviesa el sistema educativo panameño, la plataforma Ester, que surgió como parte de la Estrategia Nacional de Educación Multimodal desarrollada en 2020 —durante la pandemia de covid-19— con una inversión de $30 millones, no ha sido activada por el Ministerio de Educación (Meduca). Esto ocurre pese a que el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), ente asesor adscrito al Meduca, elaboró desde ese mismo año una hoja de ruta que subraya la urgencia de incorporar tecnologías —presenciales y no presenciales— al sistema educativo, especialmente en momentos de crisis. Como parte de ese documento estratégico, el Copeme desarrolló protocolos específicos para garantizar la continuidad del derecho a la educación ante situaciones que interrumpan las clases presenciales, como pandemias, desastres naturales o eventos de fuerza mayor. Uno de estos protocolos, titulado Atención educativa con modalidades a distancia y medios tecnológicos, establece principios rectores para asegurar oportunidades de aprendizaje equitativas mediante modalidades no presenciales. En el texto se reconoce el acceso a la tecnología como un derecho humano fundamental y se promueve una oferta educativa flexible, adaptada a las condiciones regionales y culturales del país. El Copeme también propuso otro protocolo, Desarrollo e implementación de plataformas tecnológicas, que fija estándares para el uso, aplicación y monitoreo de las herramientas digitales. Este protocolo está dirigido a docentes, estudiantes, instructores y personal de apoyo, con el objetivo de asegurar su aprovechamiento efectivo. Ambos protocolos fueron entregados al Meduca en abril de 2020 como respuesta a la emergencia educativa causada por la pandemia. Desde entonces, el Copeme ha reiterado la importancia de implementarlos para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en situaciones de crisis. Denuncian inacción ante recursos disponibles A pesar de contar con protocolos claros y una plataforma tecnológica, Ester no ha sido utilizada, ni siquiera durante la huelga docente que mantiene paralizadas las clases en todo el país. Yair Velásquez, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, recordó que al inicio del año escolar se anunció el uso de la plataforma y la libreta digital. Sin embargo, posteriormente se ordenó a los docentes no utilizarlas y elaborar las libretas de calificaciones a mano. “El país invirtió $30 millones en Ester y otros recursos que, según el protocolo de educación a distancia de Copeme, deberían activarse en situaciones como una huelga o cualquier otra interrupción del sistema. Las plataformas digitales, la televisión y la radio deben estar al servicio de los estudiantes”, señaló. El diputado independiente de la coalición Vamos, Jorge Bloise, envió en enero pasado una carta a la ministra de Educación, Lucy Molinar, solicitando información detallada sobre el estado de Ester, especialmente en lo que respecta a su implementación y uso para la realización de cursos y otras actividades educativas en línea. Sin embargo, a la fecha, no ha recibido respuesta. Entre la información solicitada estaban: en qué fase de implementación se encuentra la plataforma, si está plenamente operativa para todos los niveles educativos o si existen limitaciones de acceso o funcionalidad en determinadas regiones o grupos; la cantidad de cursos disponibles actualmente; qué tipo de información se está ofreciendo a través de Ester, el soporte y mantenimiento, así como los planes a futuro. Un ‘desacierto’ El 27 de abril de 2025, la organización Jóvenes Unidos por la Educación emitió un comunicado en el que calificó como un “desacierto” la decisión del Meduca de suspender las clases para el lunes 28 de abril, como respuesta a la huelga convocada por gremios docentes y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). Aunque la organización reconoció que la seguridad de los estudiantes es prioritaria, advirtió que suspender clases se ha convertido en una medida sistemática ante cualquier tipo de conflicto social. “Cada día sin aprendizaje es un retroceso, especialmente para los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad, y contribuye a ampliar la brecha educativa y la desigualdad social”, señalaron. En su pronunciamiento, Jóvenes Unidos por la Educación instó al Meduca a: •Activar de inmediato plataformas como Ester para asegurar la continuidad educativa. •Establecer protocolos claros en los que el cierre de escuelas sea el último recurso. •Implementar mecanismos de rendición de cuentas por cada jornada académica perdida. La organización recordó que Panamá ya ostenta el lamentable récord de haber tenido uno de los cierres escolares más prolongados de América Latina durante la pandemia de covid-19. Y subrayó que proteger a los estudiantes también implica garantizar su derecho a aprender de forma continua y sin interrupciones innecesarias. Falta de resultados concretos Por su parte, Humberto Montero, exmiembro del Copeme y vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, sostuvo que la plataforma Ester, creada durante la administración pasada, fue presentada como una solución tecnológica para mejorar la enseñanza en el país. Este sistema prometía ser una herramienta accesible para docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general, ofreciendo contenidos digitales, imágenes interactivas y recursos educativos para todas las asignaturas. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, ha sido un proyecto fallido debido a la falta de infraestructura adecuada. Montero expresó su preocupación sobre la falta de resultados de Ester, especialmente al señalar la escasa disponibilidad de internet en las escuelas y hogares del país. De las más de 3,000 escuelas existentes, solo unas pocas cuentan con acceso a internet, lo que limita la efectividad de la plataforma. A pesar de que el Gobierno Nacional lanzó la herramienta digital, no ha realizado las inversiones necesarias para dotar a las escuelas de equipos de computación adecuados o acceso a internet de calidad. Recordó que durante la pandemia, tanto docentes como padres de familia tuvieron que improvisar y adaptar sus hogares como aulas digitales, enfrentando altos costos para adquirir dispositivos y pagar servicios de internet, sin recibir apoyo del Ministerio de Educación. Además, muchos estudiantes en áreas rurales y de difícil acceso no pudieron conectarse a las clases virtuales, lo que evidenció la profunda brecha digital que persiste en el sistema educativo. El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Ariel Hughes, destacó la importancia de activar la Ley 245 de 2021 y la plataforma Ester para garantizar la continuidad educativa, a pesar de que las autoridades educativas han desestimado la efectividad de las clases virtuales, algo que algunas escuelas privadas manejan con éxito. Además, advirtió sobre los posibles riesgos para los estudiantes si se siguen suspendiendo las clases presenciales sin alternativas. En medio de la difícil situación educativa, la activación de plataformas como Ester no es solo una necesidad, sino una obligación para garantizar que ningún estudiante se quede atrás. La falta de acción solo agrava el panorama educativo que enfrenta Panamá. Juan Manuel Díaz [email protected] Reunión de la AND para discusión de proyectos. Cortesía AND: El MP tramita 169 denuncias sobre fondos DESCENTRALIZACIÓN PARALELA El Ministerio Público (MP) tramita 169 denuncias relacionadas con la entrega de fondos por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), que involucran unos 600 corregimientos en todo el país. Un informe del MP detalla que las fiscalías anticorrupción a cargo de estas investigaciones han realizado 75 inspecciones oculares y 200 entrevistas a personas responsables de las Juntas Comunales y Municipios a las que fueron asignados los fondos. También ha obtenido documentación de la AND y de la Contraloría General de la República sobre la cantidad de recursos asignados a dichas Juntas Comunales y Municipios. La fiscalía anticorrupción califica esta investigación como una causa compleja debido al gran volumen documentos y a que algunas de ellas se encuentran en sitios de difícil acceso, lo que se convierte en un obstáculo para la acceder a las obras realizadas. Algunas juntas comunales y municipios no han podido justificar el uso de los recursos, es decir, que en sus archivos no reposa documentación sobre los gastos realizados con el dinero de la descentralización paralela, a pesar de haberlo recibido. La fiscalía también debe verificar la construcción de cientos de obras que fueron contratadas. Algunos representantes de corregimiento explicaron que al momento de asumir el cargo en 2024 encontraron cientos de obras inconclusas, muchas sin documentación sustentatoria y con cuentas por pagar. Las investigaciones relacionadas con los fondos de la descentralización se iniciaron en 2024 y preliminarmente se habla de fondos por un monto de $360 millones. El profe preguntó en el #MERNI cuánto más nos va a costar el cuarto puente sobre el Canal tras 3 semanitas de paro... y la respuesta vino con todos sus ceros: $10 millones más. ¡Gracias, Suntracs! El único sindicato en el mundo que, como dice el profe, milita activamente por el desempleo. Mientras en otros países los obreros protestan para trabajar, aquí paran para que la obra no avance. El puente sigue sin aparecer, pero los sobrecostos ya pueden cruzar el Canal solitos.
5A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 Panorama La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realizó un allanamiento en la sede del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), en la provincia de Chiriquí, dentro de la investigación seguida al dirigente de esa organización, Jaime Caballero, imputado por delitos financieros y blanqueo de capitales. Según los reportes, el fiscal Emeldo Márquez, a través de exhorto, solicitó a la Fiscalía de David, Chiriquí, practicar la diligencia en busca de documentos relacionados con la entrega de fondos del Suntracs. Se informó que la diligencia se inició a las 9:00 a.m. y se extendió por unas dos horas en el local del Suntracs en esa provincia. Trascendió que durante la diligencia la fiscalía analizó las computadoras que se encontraban en el local y pidió copia de las facturas de las actividades del Suntracs. Se informó que se requirió información relacionada con estados de cuentas por pagar y datos sobre el cobro de la cuota sindical que se le descuenta a los obreros. Por su parte el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, aseguró que la diligencia es una nueva maniobra de las autoridades para frenar las acciones que Fiscalía allana sede del Suntracs en Chiriquí INVESTIGACIÓN las organizaciones populares realizan en rechazo de la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Caballero permanece detenido desde el pasado viernes en el Centro Penitenciario La Joya, en espera de una audiencia de apelación, pedida por su abogado defensor, César Ruiloba, quien apeló la medida aplicada a su cliente. En tanto, Rubén Castrejo, del equipo de abogados del Suntracs, confirmó que la diligencia fue ordenada por el fiscal Emeldo Márquez. También calificó la acción como parte de la persecución que realiza el gobierno por las acciones contra las reformas al sistema de pensiones de la Caja Seguro Social. Momento en que el presidente de la República, José Raúl Mulino, estaba reunido con un grupo de diputados, ayer. Cortesía Mulino plantea a diputados ley especial para sector bananero Mario De Gracia [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] PARO INDEFINIDO El Ejecutivo presentaría un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para cumplir con las exigencias de trabajadores bananeros tras 10 días de diálogo en Changuinola, Bocas del Toro. Una reunión entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y los jefes de bancada de la Asamblea Nacional se desarrolló ayer en el Palacio de las Garzas. Desde Presidencia, se planteó una medida para abordar el paro de labores que mantienen trabajadores del sector bananero, que incluiría la presentación de un nuevo proyecto de ley, con base en la Ley 45 de 2017, que establece el salario base para el cálculo de pensiones de invalidez y de retiro por vejez. El nuevo texto incluiría las solicitudes que los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana) han planteado durante 10 días de diálogo en Changuinola, Bocas del Toro; según informó Presidencia. De acuerdo al sindicato, la nueva ley 462, que reformó la Ley 51, Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), afecta sus pensiones. No obstante, desde el Ejecutivo se ha sostenido que la nueva norma no les afecta; por lo que dejarían esto plasmado en el nuevo proyecto de ley. “El presidente manifestó el tema de las bananeras [para abordarlo] con una ley especial. Por nuestra parte, solicitamos la apertura al diálogo para modificaciones a la ley 462, informó la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, al salir de la reunión. Se estaría presentando un proyecto a la Asamblea Nacional para “revivir” la Ley 45 de 2017, expresó Prado. Por otro lado, no hubo confirmación de parte del Ejecutivo para incluir algunos artículos de la Ley 462 en la agenda del Legislativo para las sesiones extraordinarias, pese a las manifestaciones en distintos sectores del país. Gremios docentes y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se encuentran en paro de labores desde abril pasado, en rechazo a la Ley 462. Por parte del Legislativo, asistieron a la reunión con el presidente los diputados: Alaín Cedeño, de Realizando Metas (RM); Janine Prado, coalición Vamos; Javier Sucre, Partido Revolucionario Democrático (PRD); Jorge Herrera, Partido Panameñista; Eliécer Castrellón, Bancada Mixta (Alianza, Molirena y Partido Popular); Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca). Por el Ejecutivo participó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Solicitudes A pesar de no conformar una bancada legislativa, la diputada Grace Hernández, también fue invitada al encuentro con el Presidente. Ayer, Hernández firmó una solicitud, junto con un grupo de diputados de su colectivo y de Vamos, para que el presidente Mulino incluya en las sesiones extraordinarias los artículos de la Ley 462 que han provocado manifestaciones y paros de labores de parte de gremios docentes, desde el pasado 23 de abril, y de gremios de trabajadores de la construcción, desde el 28 de abril. Según expresa la nota, la idea sería “mejorar algunos de los artículos” para buscar consenso y aceptación de quienes se oponen a la norma. La solicitud la firmaron los diputados Ernesto Cedeño, José Pérez Barboni y Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca); Betserai Richards y Manuel Cheng, de la coalición Vamos. Después de la reunión en Presidencia, no se brindaron mayores detalles sobre la acogida o el rechazo de esta solicitud. En medio de la crisis social desatada por las protestas contra la Ley 462, que reforma el sistema de jubilaciones del país, la Gobernación de la Comarca Guna Yala anunció ayer la suspensión indefinida de actividades institucionales en la zona. En una circular oficial dirigida a directores regionales, coordinadores y enlaces de la comarca, la gobernadora de Guna Yala, Angelmira Correa, explicó que la suspensión de actividades institucionales tiene como propósito “salvaguardar la integridad física y el bienestar” del personal, considerando las manifestaciones registradas en múltiples sectores del país. Las movilizaciones, lideradas por sindicatos, educadores, y grupos indígenas, exigen la derogación de la Ley 462, aprobada en marzo pasado, por considerar que reduce pensiones y privatiza beneficios del Seguro Social. A esto se suma el descontento por la firma de un memorándum en materia de seguridad con Estados Unidos, percibido como una injerencia a la soberanía y la oposición a la minería. Sin embargo, la misma circular dice que se mantendrá la jornada de capacitación sobre la controvertida Ley 462, agendada para el jueves 22 de mayo en la sede del Ministerio de Gobierno, ubicada en el Casco Antiguo, de la capital. La medida surge el mismo Gobierno cierra instituciones en Guna Yala por ola de manifestaciones GOBERNACIÓN día en que una agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) fue retenida en medio de protestas que protagonizó un grupo de personas en el sector de Arimae, provincia de Darién. El suceso desencadenó un enfrentamiento entre miembros de la comunidad indígena Emberá Wounaan y agentes de la Policía Nacional. La Prensa pudo conocer que los manifestantes se encontraban en proceso de organización cuando las unidades antidisturbios comenzaron a dispersarlos utilizando gases lacrimógenos. Según un comunicado del Senafront, el hecho ocurrió mientras la agente, miembro de la etnia emberá y residente en Arimae, se dirigía desde su residencia hacia su puesto de trabajo en Metetí. La Fiscalía Regional de Darién anunció que inició una investigación de oficio por el delito de privación de libertad en perjuicio de la agente. Eliana Morales Gil [email protected] Momento en que la agente del Senafront es atacada por un manifestante. Captura de video Fachada de la sede del Suntracs en Chiriquí. EFE
7A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025
8A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 Panorama El ruido de la calle y la soledad del bananal. Alexander Arosemena Crisis en Changuinola: apelaciones, nueva Ley 45 y cambio de gobernador Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CRISIS Ayer la crisis giró en torno a posibles apelaciones judiciales, cambios de autoridades y promesas legislativas de una nueva ley 45. Sin embargo, en Changuinola el tiempo corre, y en las fincas bananeras la incertidumbre sigue cosechando su propio fruto amargo. El sol sale como todos los días en Changuinola, Bocas del Toro, pero ya nada es como antes. Desde hace más de dos semanas, el distrito y sus poblados vecinos, como Almirante y Rambala, viven atrapados entre barricadas de piedras, tanques de basura y tablas atravesadas en la carretera. Los bloqueos, encabezados por trabajadores bananeros, obreros de la construcción y docentes, han paralizado el tránsito en al menos veinte puntos. Este martes, la crisis giró en torno a resoluciones judiciales, cambios de autoridades y promesas legislativas. Sin embargo, en Changuinola el tiempo corre, y en las fincas bananeras la incertidumbre sigue cosechando su propio fruto amargo. El conflicto no solo afecta la movilidad. Las estanterías vacías en los comercios locales y la escasez de medicamentos en las farmacias reflejan un desabastecimiento que crece cada día. No hay combustible, los alimentos escasean y el turismo —que solía dar vida a la provincia— apenas resiste. Las reservaciones se cancelan, los hoteles operan a medias y los botes turísticos permanecen amarrados a los muelles, como símbolo de una economía estancada. La mañana del martes 20 de mayo se vivió una tregua breve: algunos puntos entre Changuinola y Almirante fueron reabiertos por tres horas. Pero esa apertura fugaz no bastó para aliviar el peso de las semanas de cierre. “Lo raro sería que todo estuviera abierto”, dice con ironía una vendedora ambulante que ahora camina varios kilómetros para vender sus productos, pues el transporte público ya no cubre rutas completas. Llegar a destino implica bajarse del bus en medio de la nada y caminar entre piedras, polvo y escombros. Mientras los manifestantes reclaman la derogación de la Ley 45 y de la recién aprobada Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, los pobladores se adaptan como pueden. Las motos se han vuelto el nuevo medio de transporte para quienes pueden pagarlas, y los caminos improvisados por veredas y trochas sustituyen a las carreteras cerradas. Voces de afectados En una acera polvorienta de Changuinola, Luis Rivera aguarda con su taxi detenido, mientras observa cómo algunas motos intentan sortear la última barricada improvisada con piedras y tanques oxidados en un puente. Su historia, como la de muchos en Bocas del Toro, está marcada por la frustración. “Tengo más de treinta años manejando, enseñando a conducir, pero aquí todo depende de una carta”, dice, mientras señala con resignación una carpeta de documentos acumulados por años. El nombre del diputado Benicio Robinson aparece como una contraseña indispensable para conseguir empleo público. “Aunque hubiera llegado de China ayer, con esa carta me daban el puesto”, repite con ironía. Rivera, de voz firme y mirada cansada, ha visto pasar los gobiernos sin que cambie su suerte. “El Seguro me tiene esperando una cirugía en los ojos desde hace años, y eso que tengo los papeles en regla. Aquí, si no tienes padrino, ni te atienden”. Su conclusión es lapidaria: “Las instituciones aquí parecen una finca privada del PRD”. Sus palabras no son solo una queja, sino el retrato de una estructura de poder donde los méritospesanmenosquelasconexiones políticas, y donde hasta la salud se convierte en moneda de intercambio. A pesar de su descontento con el sistema, Rivera no apoya los tranques. “Los que más sufren son los pobres, los que tienen que pagar doble pasaje o caminar kilómetros”, comenta. Asegura que las protestas tienen una raíz política, alimentada por quienes no quieren perder privilegios. “Aquí hay una mafia enquistada que no quiere soltar el pastel”, advierte. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenó el cierre definitivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Fuerza R.L., ligada al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), tras detectar manejo irregular de fondos. La decisión fue adoptada el 15 de mayo de 2024 mediante la resolución JD-112024, tras un proceso administrativo iniciado el 17 de marzo de 2023, luego de auditorías e inspecciones técnicas que revelaron una serie de irregularidades. Según Ipacoop, a cargo de Erica Vargas, la cooperativa incumplió disposiciones legales y administrativas, entre ellas la entrega de reportes financieros, registros contables y la realización de asambleas generales. También se detectaron prácticas que comprometían la sostenibilidad financiera de la entidad. La intervención y posterior liquidación se basan en el artículo 95 de la Ley 17 de 1997, que permite al Ipacoop clausurar cooperativas por causas como mala gestión, falta de controles internos o pérdida de capital. La resolución destaca que la cooperativa había sido intervenida desde el 6 de julio de 2023, cuando se designó a un interventor para administrar temporalmente sus operaciones. No obstante, la situación no mejoró. Durante la intervención, se identificaron cuentas bancarias y operaciones que no respondían a los fines cooperativos, así como préstamos sin sustento ni garantía. Además, los libros contables estaban incompletos Ipacoop cierra cooperativa vinculada al Suntracs por sospechas de lavado INVESTIGACIÓN y no se encontró documentación de respaldo para múltiples transacciones. La cooperativa, que tenía más de 5 mil miembros, prestaba servicios de ahorro y crédito a trabajadores afiliados al Suntracs, muchos de los cuales han denunciado la desaparición de sus ahorros. La resolución establece que se procederá a la disolución y liquidación, y el Ipacoop ha designado a un liquidador responsable de manejar los activos y pasivos de la cooperativa. Fuentes internas confirmaron que se adelantan gestiones para recuperar fondos y garantizar que los asociados reciban lo que les corresponde, aunque advierten que la recuperación podría ser limitada debido al desorden administrativo y financiero heredado. El Suntracs, en huelga desde el 28 de abril, reaccionó al gobierno con un mensaje en X en el que acusa al presidente José Raúl Mulino de ejecutar una “agenda oculta” para desarticular al sindicato mediante detenciones, allanamientos y la cancelación de su cooperativa. Rechazan la Ley 462, el memorándum de seguridad, la minería y el embalse del río Indio. José González Pinilla Eliana Morales Gil [email protected] Erica Vargas, directora del Ipacoop, Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia y Eric Navarro, subdirector del Ipacoop. Cortesía Apelación En medio de este ambiente cargado de tensión, los trabajadores bananeros de Bocas del Toro enfrentan una nueva batalla legal. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana) tiene hasta este viernes para apelar el fallo del Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola, que declaró ilegal la huelga iniciada el pasado 28 de abril en 21 fincas de la empresa Chiquita Panamá. El juez Álvaro Jiménez argumentó que la paralización no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa laboral. La resolución cayó como un balde de agua fría sobre los obreros que, durante semanas, han resistido en los bloqueos apostados entre Almirante y Changuinola. La respuesta del sindicato aún no se ha materializado. Hasta las 5:00 p.m. del martes 20 de mayo, no se había registrado ningún recurso de apelación, según confirmó el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, el fallo del juez representa una victoria temporal para la empresa, que desde el inicio cuestionó la legalidad de la huelga. Ley 45 En medio de esta crisis, la diputada Janine Prado anunció que un nuevo proyecto de ley, basado en la Ley 45 de 2017, sería presentado a la Asamblea Nacional esta semana. El texto buscaría incorporar las demandas planteadas por Sitraibana en el reciente diálogo con el Ejecutivo. Desde el Palacio de las Garzas se intenta proyectar calma: se dice que la reforma a la Caja de Seguro Social no afecta al sector bananero, pero las protestas revelan lo contrario. La nueva iniciativa busca, precisamente, dejarlo por escrito y frenar el descontento. Mientras los obreros esperan acciones concretas, el gobierno central mueve fichas políticas en la provincia. Este martes, el gobernador Eddie Ibarra fue destituido en silencio. Aunque no hubo explicación oficial, su ausencia en medio de los bloqueos lo convirtió en blanco de críticas. En su lugar llegaría Bayardo Martínez, suplente en el Parlacen por Realizando Metas, pero cercano al PRD, y especialmente al diputado Benicio Robinson. Martínez ha estado presente en las recientes negociaciones con Sitraibana, acompañado por ministros del gabinete. Mientras tanto, la vida cotidiana en Bocas del Toro se desangra lentamente. La escasez de gasolina, medicamentos y alimentos comienza a sentirse con fuerza. La Cámara de Comercio ha lanzado un llamado urgente al diálogo, alertando sobre un colapso económico.
9A La Prensa Panamá, miércoles 21 de mayo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. pontánea, sino planeada; ni frente a ciudadanos desesperados que agotan los recursos legales disponibles. Se trata de una agrupación sindical con poder estructurado y respaldo político, que ha tomado como rehén a toda una provincia para negociar con base en la fuerza lo que no logra mediante el diálogo ni la legalidad. Que el gobierno permita —o peor aún, pacte con— este tipo de medidas equivale a ceder el control de su función esencial: garantizar el orden público dentro del marco de la ley. Una democracia no puede funcionar si el cumplimiento de la ley depende del poder de presión del infractor. Tolerar que un sindicato bloquee carreteras sin consecuencias judiciales, mientras otros panameños deben cumplir rigurosamente con sus deberes, equivale a establecer una ciudadanía de dos niveles: unos con inmunidad callejera y otros con sujeción absoluta. Es cierto que la protesta es un derecho fundamental. El artículo 38 de la Constitución lo garantiza, pero con una condición clave: debe ejercerse “sin armas” y “sin alterar el orden público”. No hay derecho alguLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Día del Médico Mensaje Hoy alzamos la voz como país y como institución para rendir homenaje a quienes hacen de la medicina no solo una ciencia, sino un acto cotidiano de humanidad y compromiso. Celebramos con orgullo y gratitud a los médicos panameños, y de manera muy especial, a quienes forman parte de la Caja de Seguro Social. Cada 21 de mayo conmemoramos la fundación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, hito que marcó el inicio de una historia de servicio y entrega al pueblo panameño. Esta fecha, oficializada por el Decreto n.º 148 del 19 de junio de 1978, es mucho más que una efeméride: es un llamado a reconocer la dimensión ética, técnica y humana de una profesión esencial. Los médicos de la CSS son custodios de vidas. Su labor va más allá del conocimiento clínico: encarna vocación, sacrificio y resiliencia. En cada consulta, en cada sala de urgencias, en cada visita a una comunidad lejana, se expresa una misma verdad: la salud de nuestra gente está en manos de profesionales que no se rinden. En tiempos de transformación institucional, su ejemplo inspira. La medicina no solo se practica con bisturíes o recetas, sino también con escucha, empatía y palabras que sanan. Son ustedes quienes humanizan nuestros servicios y quienes llevan esperanza donde muchos solo ven diagnóstico. Doctoras y doctores: ustedes honran el título con cada acto de servicio. Su ética es guía; su esfuerzo, sostén; su humanidad, faro. En la Caja de Seguro Social, ser médico no es simplemente una profesión: es una vocación de vida. Hoy no solo los felicitamos. Hoy los reconocemos. Y lo hacemos en nombre de cada paciente, de cada familia y de una institución que tiene en ustedes una de sus columnas más firmes. ¡Gracias por cuidar a Panamá con ciencia, con entrega y con corazón!¡Feliz Día del Médico! EUA y su política de intervención en América Latina Geopolítica soberanos, sin aclarar si esa soberanía es realmente plena sobre todo nuestro territorio. Los hechos sugieren lo contrario. Esta alusión al pasado es pertinente para ilustrar el intervencionismo estadounidense en los asuntos internos de otras naciones, a menudo recurriendo a la intimidación arancelaria o al chantaje en su política exterior y comercial. Recientemente, Estados Unidos ha declarado que la influencia china es “maligna” para América Latina, después de años de desdén hacia el continente, como cuando afirmaron que “ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos”. Ahora pretenden aplicar la política del “garrote” para entorpecer y obstaculizar el desarrollo de los países que acepten cooperación de quien les tienda la mano. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado emitió una amenaza clara: “Estados Unidos se opondrá enérgicamente a proyectos recientes y futuros desembolsos del BID y otras instituciones financieras para empresas estatales y controladas por el gobierno chino en Colombia (y en otros países de la región donde la Iniciativa de la Franja y la Ruta tenga proyectos). Estos proyectos ponen en peligro la seguridad de la región”. En respuesta, el presidente Gustavo Petro anunció: “Ya entramos a la Ruta de la Seda”, enfrentando abiertamente la posición estadounidense. Según explicó, esta decisión permitiría reducir el déficit comercial de 14 mil millones de dólares con China y revitalizar la zona del litoral Pacífico colombiano, desde donde se abrió en febrero una conexión marítima con Shanghái. Antes, Perú ya había recibido una advertencia similar, a pesar de que China había financiado el megaproyecto del puerto de ChanJorge Obediente Es hora de gobernar, no de ceder Legalidad democrática En los últimos días hemos sido testigos de un hecho que afecta gravemente el Estado de derecho en Panamá: el gobierno ha permitido que un sindicato bananero, junto con otros grupos que lo respaldan, cierre calles y bloquee carreteras sin consecuencia legal alguna, vulnerando el derecho constitucional a la libre circulación y dejando a la ciudadanía a merced de una minoría organizada. Este acto no solo constituye una omisión intolerable del deber de gobernar, sino también una renuncia tácita a los principios que sostienen la legalidad democrática. El derecho a la circulación, consagrado en el artículo 27 de nuestra Constitución, no es un mero privilegio con límites imprecisos, en el que no se sabe dónde empieza una cosa y dónde termina la otra: es una garantía individual que permite a cada persona desplazarse libremente dentro del territorio nacional. Cuando el Estado consiente pasivamente en su violación, abre la puerta a una anarquía selectiva, en la que unos pocos imponen su voluntad al resto sin contrapeso ni sanción. No estamos aquí ante una protesta esno que ampare impedir a otros ir al trabajo, al hospital o a la escuela. No puede haber justificación moral ni legal para el uso sistemático de bloqueos como forma de chantaje colectivo. Protestar no es sinónimo de sabotear. El gobierno panameño debe asumir su responsabilidad institucional. La autoridad que no actúa frente al quebrantamiento del orden público no solo pierde su legitimidad, sino que se convierte en cómplice por omisión. No hay neutralidad posible cuando se trata de garantizar derechos fundamentales. O se hace valer la ley para todos, o el país caerá en un estado de excepción informal donde el más fuerte impone su ley de facto. Panamá necesita gobernantes que no teman ejercer la autoridad legítima. Tolerar abusos como los actuales, en nombre de una malentendida paz social, es sembrar la semilla de futuros estallidos aún más difíciles de contener. La justicia social no puede construirse sobre el atropello de derechos ajenos. El Estado debe rectificar. Aplicar la ley no es represión: es justicia. Defender el derecho a circular no es un capricho exclusivo ni un privilegio, sino un acto de defensa de la dignidad de cada panameño que madruga para trabajar, estudiar o vivir en paz. Ceder ante el chantaje de unos pocos es perder el control del país. Es hora de gobernar, no de ceder. Opinión EL AUTOR es director ce la Caja de Seguro Social. EL AUTOR es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. EL AUTOR es ciudadano. Dino Mon cay. En el reciente foro China-CELAC, en el cual Panamá no tuvo una representación de peso, el gobierno chino reafirmó su compromiso de fortalecer la relación comercial con América Latina y el Caribe, anunciando líneas de financiamiento por más de 8 mil millones de dólares. En contraste, el caso de Panamá resulta patético: fue obligado a abandonar la Iniciativa de la Franja y la Ruta, perdiendo así la oportunidad de acceder a financiamiento para proyectos estratégicos como el canal seco entre Chiriquí y Bocas del Toro, o la línea ferroviaria hacia Costa Rica y el resto de Centroamérica. Nuestros gobernantes no han hecho nada al respecto. Este nuevo episodio de intervencionismo incluye incluso la identificación de “candidatos preferidos” en elecciones nacionales por venir en América Latina, con el fin de apoyarlos y consolidar su influencia geopolítica en la región. ¿Quién es, entonces, la verdadera influencia maligna? Las finanzas estadounidenses tampoco atraviesan su mejor momento. Una calificadora de riesgo rebajó recientemente la nota de la deuda soberana, señalando un continuo deterioro fiscal. Esto ha encarecido los bonos a 30 años, y si los tenedores masivos los liquidaran en el mercado, se elevarían aún más los intereses, afectando seriamente la economía interna. Pese a ello, Washington sigue aplicando su política de garrote internacional mientras enfrenta una profunda crisis interna, marcada por una polarización política que probablemente se reflejará en las elecciones de medio término. Mientras más países se resisten a sus presiones, mayor es la vulnerabilidad de Estados Unidos... y más fortalecidos emergen los demás en esta larga carrera de resistencia. Dos preguntas para nuestros gobernantes:¿Mantenemos soberanía plena sobre todo el territorio, salvo lo ocupado por fuerzas extranjeras?¿Qué esperamos para reincorporarnos a la Ruta de la Seda? Volviendo la mirada hacia atrás, recordamos cómo la interferencia de Estados Unidos, a través de su agencia de tres letras especializada en operaciones extraterritoriales —y posiblemente amparada por la prerrogativa constitucional de las “cartas de marca y represalia”— ha permitido entrometerse en las decisiones soberanas de cualquier nación. Quiero referirme a dos intervenciones estadounidenses que cambiaron el destino de dos países: Cuba y Nicaragua. Fulgencio Batista gobernó Cuba desde 1937 hasta 1959, periodo en que ese país fue conocido como la “perla de las Antillas” y experimentó progreso, riqueza literaria, turismo y una relativa estabilidad social. Algo similar ocurrió en Nicaragua con Anastasio Somoza, quien estuvo en el poder de 1937 a 1956, también bajo un clima de desarrollo y estabilidad. Coincidentemente, ambos gobernaron durante la misma época y fueron derrocados por movimientos armados impulsados por facciones extranjeras que promovían la democracia como justificación para acabar con las dictaduras. Batista fue desplazado por Fidel Castro y Somoza por Daniel Ortega. Basta comparar la situación de esos países entonces y ahora. Hay muchos otros ejemplos similares en América Latina, siendo Venezuela uno de ellos, cuando Hugo Chávez sucedió a Carlos Andrés Pérez, seguido por el actual presidente, Nicolás Maduro. Panamá también ha tenido su cuota de dictadores influenciados por los estadounidenses, como Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega, este último derrocado por una invasión cuando dejó de ser útil a sus intereses. Hoy, ese intervencionismo se vive de nuevo en carne propia, aunque el presidente panameño proclame que somos Aplicar la ley no es represión: es justicia. Defender el derecho a circular no es un capricho exclusivo ni un privilegio, sino un acto de defensa de la dignidad de cada panameño que madruga para trabajar, estudiar o vivir en paz. Edgardo Molino Mola Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Washington sigue aplicando su política de garrote internacional mientras enfrenta una profunda crisis interna, marcada por una polarización política que probablemente se reflejará en las elecciones de medio término.
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