8A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Panorama El Tribunal Supremo permitió al presidente estadounidense, Donald Trump, revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más de 300,000 venezolanos. Los abogados del Ejecutivo habían solicitado a la máxima instancia judicial anular una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de ese país suramericano. La Administración había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de EE.UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”. El litigio del caso está previsto que continúe ahora en cortes inferiores. El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. Poco después de asumir el poder el pasado 20 de enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y criminales. El Supremo permite a Trump retirar la protección legal a miles de venezolanos DEPORTACIONES A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un “daño irreparable” a quienes se han acogido a dicha protección y sus familias. Bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), el DHS decidió extender este beneficio a los venezolanos argumentado que Venezuela estaba pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica. Según recuerda el diario The Washington Post, el Ejecutivo republicano frenó esa extensión en febrero antes de que entrara en vigor. Sin ella esas protecciones iban a acabar para algunos migrantes en abril y para otros en septiembre. La Casa Blanca ha dejado en pie el TPS otorgado a otras nacionalidades como la de los salvadoreños, que protege a unos 200.000 inmigrantes desde 2001. Los educadores están en paro indefinido desde el pasado 23 de abril. Richard Bonilla El daño irreversible de casi 500 días sin clases presenciales Aleida Samaniego C. [email protected] EFE. WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS EDUCACIÓN La educación en Panamá enfrenta una crisis profunda, con casi 500 días de clases perdidas por la pandemia y los paros docentes, situación que afecta el aprendizaje y las oportunidades de los estudiantes, especialmente en el sector público. La educación panameña atraviesa una crisis profunda, especialmente en el sector oficial, que exige medidas urgentes. Los paros docentes, sumados a las secuelas de la pandemia, han agravado aún más la situación. En los últimos años, los estudiantes panameños han estado fuera de las aulas por casi 500 días, lo que ha afectado su aprendizaje y desarrollo académico. Este déficit de tiempo es grave, ya que los estudiantes han tenido que enfrentar tanto los efectos de la pandemia como la inestabilidad provocada por huelgas y el cierre de escuelas. La especialista en educación Nivia Rossana Castrellón señala que aproximadamente 465 días de clases presenciales se han perdido debido a huelgas y cierres de escuelas. A esto se suman los días de suspensión de clases en 2025, lo que eleva el total a casi 500 días sin clases presenciales. Castrellón sostiene que esta interrupción prolongada ha truncado el aprendizaje de los estudiantes, creando una brecha de conocimientos difícil de recuperar. Según Castrellón, las consecuencias de esta pérdida educativa son profundas. Además de afectar la calidad de la educación, los estudiantes se enfrentan a serias dificultades para acceder al mercado laboral en el futuro. El retraso académico ha dejado a muchos jóvenes en una posición vulnerable, reduciendo sus oportunidades de progreso y movilidad social. La falta de aprendizaje no solo afecta los resultados académicos, sino también la autoestima, la motivación y la confianza de los estudiantes en sus capacidades. A esto se suma la grave situación en el mercado laboral. Los jóvenes panameños, en promedio, tienen solo 10.7 años de escolaridad, mientras que el mercado exige al menos 11.7 años. Como resultado, aproximadamente mil jóvenes se convierten en “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) cada mes. Castrellón plantea que esta tendencia tiene consecuencias claras para la sociedad: estos jóvenes estarán atrapados en un círculo de exclusión social y tendrán pocas opciones de acceder a empleos formales ni cotizar a la Caja de Seguro Social, lo que limita sus perspectivas de estabilidad económica. Disparidad educativa El contexto es aún más preocupante si se considera que los estudiantes de escuelas oficiales han tenido acceso limitado a clases virtuales y plataformas de aprendizaje alternativo. Mientras, las escuelas privadas han podido continuar sus estudios de manera más constante gracias a mejores recursos tecnológicos. Esta disparidad refleja las desigualdades dentro del sistema educativo panameño, donde el acceso a las herramientas digitales sigue siendo un lujo para muchos. Otro factor agravante es la disparidad en la cantidad de horas de clases. Los estudiantes de escuelas privadas reciben al menos siete horas al día, mientras que en las escuelas oficiales el tiempo de instrucción se reduce a solo cuatro horas y media. Castrellón afirma que esta diferencia en la cantidad de tiempo dedicado a la enseñanza es una de las principales razones por las que los estudiantes del sector público no alcanzan el mismo nivel académico que sus compañeros en el sector privado. Además, las clases en las escuelas oficiales son más cortas. Mientras que en las privadas las clases pueden durar entre 45 y 60 minutos, en las públicas los estudiantes más grandes tienen clases de solo 37 minutos. Esta brecha no solo afecta la cantidad de contenido cubierto, sino también la calidad de la enseñanza, ya que los docentes tienen menos tiempo para abordar los temas de manera adecuada. El panorama se complica aún más por el contexto de movilizaciones sociales. En los últimos cinco años, los estudiantes del sector oficial solo han tenido un año escolar regular: 2024. En 2020 y 2021, las escuelas estuvieron cerradas debido a la pandemia, y las clases se impartieron de manera virtual, lo que representó un desafío enorme. En 2022 y 2023, las huelgas y paros docentes interrumpieron nuevamente el calendario escolar, y en 2025, el paro magisterial ha detenido el proceso educativo, dejando a los estudiantes aún más rezagados. Las protestas sociales de 2022, que incluyeron gremios docentes, sindicatos, pueblos indígenas y otros sectores, fueron impulsadas por el alto costo de la vida, el aumento en los precios del combustible, la corrupción y la falta de transparencia. En 2023, las movilizaciones se intensificaron después de la aprobación del contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina Cobre Panamá. En 2025, las protestas continúan, con dirigentes que exigen la derogación de la Ley 462, que reformó las pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Esta situación ha dejado a los estudiantes atrapados en un conflicto que está afectando su derecho a una educación de calidad. La posición de los docentes Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, afirmó que los docentes seguirán en las calles hasta que se derogue la Ley 462, que consideran perjudicial para la población panameña. Ábrego manifestó que la protesta no solo representa a los gremios docentes, sino también a la clase trabajadora y sus familias, quienes se sienten directamente afectados. Según el dirigente, la protesta ha sido respaldada por padres de familia y estudiantes que se han unido a las demandas. El dirigente subrayó que la lucha no es por una reforma de la ley, sino por su derogación total. “Queremos que se mantenga la Ley 51, y a partir de ahí, podemos discutir en los próximos dos o tres meses una nueva legislación que realmente represente los intereses de la mayoría”, explicó. El presidente José Raúl Mulino reiteró la semana pasada que la derogación de la Ley 462 no es competencia del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, que la aprobó con 48 votos. Reconoció que el texto final no es idéntico al proyecto original del Ejecutivo, pero defendió que “se puede vivir con ella” y que su aplicación ya comenzó en la CSS. A su juicio, las críticas provienen, en gran medida, de sectores políticos que “buscan generar inestabilidad”. La crisis educativa en Panamá es un problema complejo que requiere soluciones urgentes. Aunque las protestas y las huelgas son una manifestación legítima de descontento, el impacto en los estudiantes no puede seguir ignorándose. La educación es un derecho fundamental que no debe verse comprometido por los conflictos políticos o sociales. Es necesario que tanto el gobierno como los educadores trabajen juntos para encontrar una solución que permita recuperar el tiempo perdido, garantizar la calidad educativa y ofrecer a todos los estudiantes las mismas oportunidades de éxito, sin importar su situación socioeconómica. Donald Trump planea deportaciones masivas. EFE
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