4A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] EL RATÓN Y EL QUESO. Nombrar como director del Ifarhu a alguien que recibió un auxilio económico de la misma institución es como poner al ratón a cuidar el queso. El Ministerio Público dice estar investigando esos auxilios. Vamos, que no es tan difícil: hay muchos beneficiarios, pero también hay muchos profesionales sin este descarado conflicto de interés. ¿Tan difícil era elegir uno de esos? AUXILIOS PARA LOS NECESITADOS. No olvidemos el escándalo de los auxilios económicos discrecionales del Ifarhu. Entre los “necesitados” estaban familiares de políticos y funcionarios. Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, recibió $190 mil. María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea, Quibián Panay, y exasistente del exdirector Bernardo Meneses, obtuvo $81 mil. ¿Y Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez? $61 mil, aunque el reglamento exige demostrar necesidad económica. Su padre gana $18,304 en la ACP, y Zulay recibía $7 mil como diputada. ¿Necesitados? Sí, pero de vergüenza. ¿PAGOS SELECTIVOS? (PARTE 2). Otro día pasó y los funcionarios de la Asamblea Nacional siguen sin cobrar. Ni respuesta, ni explicación. ¿Será que deben ir a donde Benicio para que los adopte? Porque parece ser él quien manda en la Asamblea. Los 145 empleados de Benicio y los 63 de Crispiano no parecen tener problemas. ¿Y el contralor? Bien, gracias… seguramente ajustando sus lentes para no ver el problema. HUELGA EN EL LIMBO. El cierre en Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande sigue, y la huelga banaSede del Ifarhu en la ciudad de Panamá. Isaac Ortega Ministerio Público mantiene tres investigaciones sobre auxilios económicos del Ifarhu Juan Manuel Díaz [email protected] FONDOS PÚBLICOS Los fiscales anticorrupción informaron ayer que un total de 6,977 beneficios económicos del Ifarhu, de entre los años 2019 y 2020, están en la mira. El Ministerio Público mantiene abiertas tres investigaciones relacionadas con la entrega de auxilios económicos por un monto de 155 millones, que involucran un total de 6,977 ayudas entregadas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Un informe hecho público ayer lunes por los fiscales anticorrupción revela que la primera investigación involucra el período de los años 2019-2020, con un total de 2,774 auxilios económicos por un monto superior a los $61 millones. La segunda investigación está relacionada con la entrega de 4,203 auxilios económicos que fueron hechos efectivos entre los años 2021-2022 por un monto de $94 millones. Mientras que la tercera investigación está enfocada en la entrega de auxilios económicos que no mantenían una asignación presupuestaria. Según el informe del Ministerio Público, las investigaciones están compuestas de más de 70 tomos que contienen múltiples diligencias, entre inspecciones oculares y documentación requerida de las personas beneficiadas con los auxilios económicos. El informe detalla que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado asistencias internacionales a varios países para conocer la condición de algunos beneficiarios de estos programas que están en el extranjero. La fiscalía mantiene tres investigaciones contra el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, dos de ellas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y una tercera por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Juan Manuel Díaz [email protected] Imagen de la audiencia. LP Dirigencia del Suntracs entregó fondos a Caballero que luego desvió a terceros PRESUNTO LAVADO Un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, reveló que el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, recibió múltiples transferencias desde las cuentas del sindicato en el Banco Nacional —autorizadas por sus dirigentes— que luego depositó en su cuenta personal del Banco General y fraccionó para entregarlas a terceros. El informe, presentado por la fiscalía durante la audiencia de imputación contra Caballero realizada el pasado viernes, precisa que los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez y Abdiel Bethancourt autorizaron dichas transferencias. Según la documentación aportada por el Ministerio Público, los cheques recibidos por Caballero estaban firmados por los dirigentes del Suntracs Méndez, Palacios Becerra y Bethancourt. La investigación también señala que en 2023 y 2024 Caballero presentó declaraciones de renta por $244,810 y $189,206, respectivamente; montos que, según la fiscalía, no se compadecen con sus ingresos reales, que ascienden a unos $60 mil. De acuerdo con la fiscalía, esta información presentada a la Dirección General de Ingresos (DGI) es falsa, pues habría sido elaborada por María Esther Aispurúa, quien figura con una licencia de contador público correspondiente a una persona fallecida. El expediente también recoge que entre diciembre de 2023 y enero de 2025, Caballero recibió 27 depósitos por un total de $57,093.36 realizados por una persona identificada como “Luis V.”. Estos fondos fueron consignados directamente en su cuenta personal y forman parte del conjunto de transacciones bajo sospecha de blanqueo. En total, la fiscalía rastrea movimientos por aproximadamente $166 mil desde 2020 en sus cuentas. Según la fiscalía, estos fondos fueron utilizados para el pago de deudas personales, incluyendo letras de autos, servicios públicos, un préstamo de $39,252 con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), y en otras ocasiones fueron entregados a sus hijos. La fiscalía ya había documentado que dicho préstamo fue saldado en junio de 2024 con fondos provenientes del sindicato, lo que refuerza la tesis de que se desviaron recursos sindicales para fines personales. La investigación reveló que estas transferencias se realizaron con pleno conocimiento de los dirigentes Méndez y Bethancourt, y que los fondos correspondían a las cuotas sindicales de los trabajadores. Según el Ministerio Público, la actuación de los dirigentes es contraria a los estatutos del Suntracs, en los que se establece que los fondos entregados por los trabajadores solo pueden usarse para actividades relacionadas con los obreros o para el pago de salarios durante huelgas. Caballero fue imputado el pasado viernes por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros, y se ordenó su detención preventiva. Sin embargo, su abogado defensor, César Ruiloba, apeló la decisión de la juez de garantías. Ruiloba sostiene que no hay delito precedente, y que las transferencias hacia la cuenta de Caballero se realizaron con el consentimiento del sindicato para sortear el bloqueo de sus cuentas bancarias. El dirigente sindical también enfrenta un proceso en la provincia de Chiriquí por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, atentado contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. En tanto, Paola Caballero, hija de Jaime Caballero, denunció a través de redes sociales que no se ha podido hacer entrega de sus artículos de uso personal, lo cual, afirma, constituye una violación de sus derechos fundamentales. nera exige la derogación de la ley 462 que modifica la ley de la Caja de Seguro Social. Lo irónico es que arriesgan sus empleos, porque si las bananeras cierran, se quedan sin cobertura del seguro. Algo en esta ecuación no cuadra. ¿Luchar por la CSS perdiendo el trabajo que les da acceso a la CSS? ¿Estrategia brillante, un tiro en el pie o manipulación sindical en su máxima expresión? Godoy reconoció que es miembro del partido RM. Isaac Ortega Designado director del Ifarhu justifica el auxilio económico que recibió ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] Carlos Godoy, designado como nuevo director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), defendió nuevamente el auxilio económico que recibió por parte de la entidad que está próximo a dirigir. Aseguró que realizó “el trámite como cualquier ciudadano”. Godoy compareció ayer ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, la instancia encargada de evaluar su perfil antes de someter su ratificación al pleno legislativo (71 diputados). Este es uno de los requisitos para asumir oficialmente el cargo. Godoy, licenciado en administración pública, economía y contabilidad, figura en la base de datos del Ifarhu como beneficiario de un auxilio económico por $23,600 para cursar un doctorado en “ciencias silvoagropecuarias y veterinarias” en el “Centro París Easy Campus Experience” (Peace Campus, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ante los diputados aclaró que el doctorado “no es como está ahí”, en referencia a la información publicada por el Ifarhu. Precisó que los estudios corresponden a un doctorado en administración de proyectos, que cursa en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en México. Este programa, dijo, es producto de un acuerdo entre la Universidad de Panamá, donde labora como docente e investigador, y el Ifarhu. También respondió a pregunta sobre una denuncia por supuesto delitos de peculado y contra la administración pública, relacionados con la entrega irregular de becas durante su primera gestión. Godoy afirmó que recibió un sobreseimiento definitivo. “Como funcionario estamos expuestos a que se nos querelle”, respondió.
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