2A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mayer Mizrachi asegura que está haciendo las cosas bien. Archivo ¿Negocios sin competencia? Mizrachi extiende contratos sin justificar su ‘urgencia’ Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El alcalde Mayer Mizrachi impulsó extensiones de contratos sin licitación ni paso por comisiones, alegando urgencia. ‘La Prensa’ no halló justificaciones formales, pese a que la ley exige sustento escrito y aprobación calificada. El Consejo Municipal de Panamá ha aprobado la extensión de varios contratos por servicios a empresas cuestionadas, pero, además, sin sustento formal ni discusión previa en comisiones de trabajo del Municipio, como exige la normativa vigente. De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento Interno del Concejo, toda solicitud de proyecto o prórroga debe ser evaluada, primero por la comisión correspondiente antes de llegar al pleno, salvo que se justifique por escrito su “urgencia notoria” y sea aprobada por dos terceras partes de los concejales. La Prensa revisó el orden del día de varias sesiones recientes y no halló documentación alguna que respalde esa supuesta urgencia ni justificación formal que explique por qué se omitieron los procesos de licitación pública. A pesar de ello, las extensiones han sido aprobadas en el pleno, a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, sin que haya sido analizada, al menos, por la Comisión de Hacienda del Municipio. Fuentes del Concejo advierten que estas decisiones están comprometiendo fondos públicos sin los debidos controles ni procesos de competencia entre los proveedores, lo que ha favorecido a ciertas empresas, con renovaciones casi automáticas. Advierten que esta práctica debilita la transparencia y fomenta la discrecionalidad en el manejo de los recursos municipales. Consultado por La Prensa, Mizrachi defendió su gestión en estos asuntos: “Nuestro deber es con la ciudadanía panameña, y no estamos pa’ jugar los mismos juegos políticos de siempre. Estamos rompiendo el molde, dando resultados, no excusas, y atendiendo las necesidades de la gente. No existe una alcaldía más transparente y comunicativa que esta”, afirmó. Sin embargo, consultado sobre la documentación que justificaría cada una de las extensiones de los contratos, Mizrachi se limitó a responder que “todo [fue] justificado con el aval de un Concejo, que entiende las circunstancias extraordinarias actuales”. Una figura de urgencia que se volvió regla Un representante que pidió no ser identificado por temor a represalias explicó que la Comisión de Hacienda Municipal debería encargarse de revisar estas contrataciones. Sin embargo, denunció que muchos de los proyectos llegan directamente al pleno bajo la etiqueta de “urgencia notoria”, lo que impide el debate y evita el requisito de presentar documentación detallada. “La urgencia notoria se está utilizando de forma reiterada para renovar contratos sin una justificación clara. Debería ser la excepción, pero se ha convertido en la norma”, reveló la fuente. Agregó que la falta de discusión en las comisiones impide que los concejales ejerzan con rigor su labor fiscalizadora. “Estos acuerdos no se discuten, llegan al pleno y se aprueban. La mayoría no incluye explicaciones sobre por qué no se abrió un concurso”. Algunos concejales aseguran sentirse marginados del proceso. Alegan que, aunque presentan objeciones, estas son ignoradas, ya que sus colegas prefieren guardar silencio por temor a que, en represalia, no se aprueben sus proyectos comunitarios. Como resultado de ello, los contratos sin sustento se imponen sin debate. “Pedimos que se envíe a comisión, hacemos preguntas, pero no tenemos los votos. Lo aprueban todo con su mayoría”, declaró una de las fuentes. También hay preocupación por el creciente nivel de autonomía que se le contratar de forma directa”, explicó Ruiz. Sin embargo, denunció que la Dirección Administrativa no ejecutó lo acordado, y con el paso de los meses se optó por simples prórrogas. Citó el caso, por ejemplo, de la empresa Hombres de Blanco, que prestaba servicios sin un contrato refrendado y “a su propio riesgo”. También el contrato de insumos alimentarios para comedores y albergues, que antes eran preparados, supuestamente, en instalaciones del Municipio, con estufas industriales nuevas que hoy permanecen en desuso. Ruiz también cuestionó que algunas prórrogas se hayan hecho por períodos menores al contrato original, lo que evita alcanzar el umbral de los $300 mil, que obligaría a buscar la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA). “La anterior subdirectora de Contrataciones Públicas ya había indicado el procedimiento correcto para convocar licitaciones, pero fue ignorada y luego desvinculada en febrero”, advirtió. Además, señaló su preocupación por tres acuerdos aprobados bajo la figura de urgencia notoria: uno para la creación de la ya citada sociedad anónima municipal; otro vinculado al uso de criptomonedas, y un tercero sobre contrataciones tecnológicas. “Solicitaré copia de estos acuerdos al Concejo para remitirlos a la Sala Tercera, ya que podrían estar violando diversas disposiciones legales”, anunció. Con todo, Mizrachi sostiene que su administración está “haciendo las cosas bien y los resultados se están viendo”. está otorgando al Municipio, sin establecer contrapesos claros. Particularmente, se cuestiona la reciente creación de una empresa municipal, que carece de mecanismos de fiscalización, representación del Concejo, ni siquiera el deber de rendir cuentas periódicas. “No se puede permitir que el municipio se fiscalice a sí mismo...”, dijo una fuente. Recursos públicos en juego El vicealcalde en licencia, Roberto Ruiz, confirmó que desde julio —incluso durante el periodo de transición— se tenía plena información sobre los contratos próximos a vencer o ya vencidos. “Se acordó que debían prepararse actos públicos de licitación para evitar justificar falta de tiempo o UI UNIDAD INVESTIGATIVA Eliana Morales Gil [email protected] Dana Castañeda y Anel Flores. Archivo Auditoría de la Contraloría obliga a la Asamblea a congelar movimientos de personal FONDOS PÚBLICOS La presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, ordenó la suspensión inmediata de todo tipo de movimientos de personal, modificaciones en la estructura organizativa, traslados y trámites de vacaciones, según una circular interna emitida el pasado 15 de mayo. La medida responde a las auditorías que actualmente realiza la Contraloría General de la República en el órgano legislativo. De acuerdo con el comunicado, la suspensión incluye específicamente procesos como traslados, préstamos de personal, licencias y ajustes en la estructura laboral, y se mantendrá vigente “hasta nuevo aviso”. La nota también subraya que los jefes inmediatos serán responsables de hacer cumplir el reglamento interno de la Dirección de Recursos Humanos, así como de aplicar sanciones en caso de incumplimiento. La decisión busca alinear las operaciones de la Asamblea con los requerimientos de la auditoría en curso, aunque no se detalló cuánto tiempo durará esta intervención ni el alcance exacto de las evaluaciones. Esta medida llega pocos días después de que la Contraloría hiciera pública la planilla que administra cada uno de los 71 diputados, lo que reveló el tamaño y costo del personal contratado por las distintas bancadas. En total, ese órgano tiene 4 mil funcionarios, con un costo mensual estimado de $7 millones para el Estado. La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), compuesta por 12 diputados, encabeza la lista con la planilla más costosa, al reportar más de 700 funcionarios, que representan un gasto mensual de $1.2 millones. Entre los casos más notorios está el del diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, quien cuenta con 145 personas en su despacho, lo que equivale a $261,225 al mes, convirtiéndolo en el legislador con el mayor gasto en personal. Le siguen sus copartidarios Marcos Castillero (150 funcionarios, $226,282), Jaime Vargas (82 funcionarios, $164,120) y Crispiano Adames (63 funcionarios, $122,850). El análisis de estas planillas revivió el debate público sobre la opacidad en el uso de fondos públicos en la Asamblea Nacional, una institución que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el manejo discrecional de recursos y la escasa fiscalización efectiva de sus gastos. Al Ministerio Público Recientemente el contralor de la República, Anel Flores, anunció que remitirá al Ministerio Público a más de 400 personas señaladas por cobrar sin trabajar en la Asamblea Nacional, es decir, los denominados “botellas”. La medida surge tras una serie de auditorías que han revelado una red de irregularidades que involucra a diputados, funcionarios, exdiputados e, incluso, familiares insertos en las planillas legislativas. Según el contralor, ya cuentan con testimonios de testigos internos que han identificado a las personas que no asisten a sus puestos pero aparecen en nómina. “Todo el mundo se conoce. En ese edificio no caben 1.500 personas. Y el día que llegamos había casi 3.000”, sostuvo. En los últimos días, la Contraloría ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante dos últimas quincenas, los pagos de salarios se hicieron mediante cheques, en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identificar a las personas que cobran sin trabajar.
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