11A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. medio promocionó en redes sociales mi intervención, salvo contadas excepciones, la mayoría de quienes comentaron no debatieron lo que opinaba, sino que se dedicaron a descalificarme. Es decir, no escucharon lo que tenía que decir en su totalidad, pero aun así me lanzaron todo tipo de epítetos, incluso insultaron a mi madre, que ya falleció hace varios años. Y yo pregunto: ¿de qué sirve esa descalificación? ¿De sentirse que han podido descargar su ira por no poder escuchar —y menos comprender— lo que se iba a discutir en el programa? Sinceramente, me he convencido de que muchos panameños creen que descalificar a un rival o contrincante equivale a haber ganado una discusión, aunque ni siquiera haya existido un verdadero debate. Lo que hoy se discute en las calles, comedores y hasta en los aeropuertos va mucho más allá de una disputa superficial: nos estamos jugando la estabilidad jurídica y económica del país. No se trata de una minoría, como algunos han querido hacer ver. ¿O ya se nos olvidó que, durante la pandemia o el cierre de finales de 2023, no importaba si tenías dinero o no? Faltó comida, faltaron medicinas, y lo más importante: faltó la solidaridad que siempre nos ha caracterizado. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Ya basta de ese espejismo de riqueza temporal… Minería Sobre la pretensión del Ejecutivo de reactivar la extracción de minerales metálicos en la mina de cobre del distrito de Donoso, corresponde señalar al señor presidente de la República, así como a los ministros de Ambiente y de Comercio e Industrias, que —ya sea mediante administración estatal o a través de una asociación público-privada— tal iniciativa, por su macroincidencia ambiental, debe someterse al proceso de consulta pública, conforme lo establece la Ley 125 de 2020. Es decir, el Gobierno está imperativamente obligado a consultar a la población, exponiendo sin reservas los impactos que esta actividad tendría en el medio ambiente y, por ende, en la salud de las poblaciones colindantes. Tras el estallido social que paralizó a la República durante octubre y noviembre de 2023 —en rechazo a la destructiva actividad de la mina de cobre en Donoso, cuya afectación más visible ha sido la desaparición de cientos de hectáreas de bosque primario dentro del Corredor Biológico Mesoamericano y de los ecosistemas que con esa devastación se perdieron— debe tener muy claro el Órgano Ejecutivo que su deber primordial es proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Ante una colisión entre intereses económicos y los derechos a la salud y a la vida, estos últimos deben prevalecer, tal como lo sentenció la Corte en la histórica declaración de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023, recaída sobre la Ley 406 de 2023. Señor presidente, intentar vendernos la idea de que seremos derrotados ante instancias arbitrales internacionales es insustancial e innecesario, ya que el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Canadá —marco bajo el cual deben evaluarse los presuntos incumplimientos contractuales— establece estrictas normas de respeto y observancia en materia de protección ambiental. Existen pruebas fehacientes de que la empresa minera ha violado reiteradamente la normativa ambiental panameña, como consta en los expedientes del Ministerio de Ambiente. Además, nunca se cumplió el requisito legal de convocar un proceso de licitación pública para la extracción de minerales del subsuelo. Entre 2018 y 2023, y sin contrato vigente, la empresa operó, extrajo y comercializó minerales por más de 14,500 millones de dólares. ¿A qué le teme el señor presidente,sicontamosconuncaudalprobatorioque puede presentarse ante las instancias arbitrales internacionales? Hay más. Nuestra Constitución, en su artículo 259, establece que “las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público”. ¿Qué de todo esto hemos visto durante los años de operación de esa empresa en la República? Nada, señor presidente. Finalmente, en la cuadragésima sexta cláusula del fenecido contrato con la empresa minera, las partes se comprometieron a someterse a la jurisdicción nacional en lo concerniente a la guarda de nuestra Constitución. Por tanto, no corresponde al Órgano Ejecutivo otra cosa que ejercer, conforme a las normas de preeminencia, la defensa de los intereses nacionales. Urge, entonces, aprobar el plan de preservación y cierre seguro de la mina de cobre en Donoso, así como realizar las auditorías correspondientes, con el fin de garantizar la seguridad de las poblaciones aledañas y ordenar el material probatorio que fortalezca nuestra defensa ante las instancias arbitrales internacionales. Nunca debe fomentarse artificios, señor presidente, para favorecer espejismos de riqueza temporal acompañada de una ruina creciente. La extracción será permanente solo en sus secuelas, cuando la mina se agote. En su lugar, impulse nuevos proyectos y actividades económicas de reemplazo, y abandone —de una vez por todas— las acciones de reapertura de la mina, que serán irremediablemente derrotadas por la población, tantas veces como se intenten. Entre la lucha y la pérdida: las aulas en pausa Educación atrapada futuro de miles de estudiantes queda en pausa. El impacto acumulado de las interrupciones educativas que ha enfrentado Panamá en los últimos años hace aún más urgente atender el tema. Durante la pandemia de la covid-19, el país lideró el ranking mundial de cierres escolares, con 211 días sin clases presenciales entre marzo de 2020 y febrero de 2021. En total, las escuelas permanecieron cerradas por casi dos años. A ello se sumaron una huelga docente de aproximadamente un mes en 2022 y una suspensión de clases de al menos cuatro semanas en 2023 debido a las protestas contra el contrato minero. Se calcula que, entre 2020 y 2023, los estudiantes panameños perdieron entre 445 y 460 días de clases presenciales, una de las cifras más altas a nivel global. Más alarmante aún es que, según una encuesta de Unicef, apenas el 53% de los hogares panameños reportaron haber recibido algún tipo de educación a distancia durante los cierres escolares, lo que revela una grave brecha de acceso a la educación remota. No existe otro ámbito con un impacto tan determinante, no solo porque afecta directamente a los estudiantes que hoy se encuentran en clases, sino porque muchas de sus consecuencias solo se evidenciarán con el paso del tiempo. La pérdida de tiempo de aprendizaje genera efectos acumulativos que pueden repercutir de manera significativa en el desarrollo académico y personal de los estudiantes a lo largo de los años. Uno de los principales desafíos en la gestión de estas crisis es la limitada capacidad de representación efectiva por parte de los gremios. En contextos donKevin Rodríguez ¡A negociar! Bloqueos Hace unos días, escuchaba una vieja canción de esos años en los que todavía se podía “bailar pegao” con quien a uno le gustaba. Me refiero al grupo Bread y a la canción I Want to Make It with You, cuya letra me hizo reflexionar sobre la difícil situación que atraviesa el país. La frase dice: Have you ever tried really reaching out for the other side?, que podría traducirse como: “¿Alguna vez has tratado de llegarle al otro lado?” Quisiera aplicar esa frase a la situación de incertidumbre que estamos viviendo, en la que grupos sindicales han declarado huelga, suspendido clases, organizado marchas y concentraciones, además de los impopulares cierres de calles y carreteras, que no hacen más que perjudicar a quienes los promueven o participan en ellos. Siento que los distintos lados de esta ecuación han levantado la voz y, de una forma u otra, han manifestado sus posiciones, pero pocos las escuchan y muchos menos las comprenden. Un hombre muy sabio, que en muchas cosas me ha servido de ejemplo, decía: para discutir (o pelear) se necesitan dos. Mientras más altos son los gritos en una discusión, menos entendimiento hay. Recientemente participé en un programa de televisión local y, cuando el Para buscar soluciones, los seres humanos debemos primero conversar. Luego analizar, debatir y construir acuerdos. Si no empezamos por ahí, no podremos avanzar en ninguno de los otros pasos necesarios para entendernos. Por eso, algunos estamos convencidos de que un buen inicio para este proceso —llámese conversación, diálogo, reunión o encuentro— es sentarnos a hablar. Eso sí: todos debemos dejar la mochila, las piedras, los insultos y los prejuicios en la puerta de entrada, y entrar solamente con una banderita de Panamá en el corazón. Los representantes del Órgano Ejecutivo deben prepararse para escuchar, acompañados de personas calificadas. No necesariamente quienes han dado la cara hasta ahora, sino otros dispuestos a ponerse la camiseta roja que lleva nuestra bandera sobre la tetilla izquierda. Mientras tanto, los dirigentes deben dejar los insultos, la falta de respeto y los bloqueos en la misma puerta de entrada. Se debe nombrar un mediador que genere la confianza que tanto se necesita. Estar dispuestos a escuchar y comprender. Digo esto porque hablar de “derogar” una ley no es competencia del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, por lo que también deben estar representados. Todos deben entrar sabiendo que se va a negociar, no a imponer. Que se discuta lo que legalmente se puede modificar para mejorar, y que haya un compromiso de actuar con la mayor celeridad y diligencia posibles. Si esto no ocurre, tendremos problemas mucho más serios que los vividos hasta ahora y que aquellos que padecimos en las ocasiones anteriores a las que me referí más arriba. Opinión LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación. Martita Cornejo Robles de los sindicatos —no solo del sector educativo, sino también de áreas como la construcción, la salud o el sector bananero— carecen de una clara coordinación, las huelgas tienden a convertirse en conflictos prolongados, sin canales eficientes de diálogo ni mecanismos adecuados de negociación. Mejorar los mecanismos de diálogo social no puede seguir siendo una promesa lejana, sino una prioridad concreta para prevenir y atender las crisis educativas con visión y compromiso. Miles de estudiantes aún luchan por alcanzar los niveles de aprendizaje esperados para su edad. El gobierno no puede seguir aferrado a posturas rígidas ni cerrarse al diálogo frente a los reclamos sociales. Buena parte del descontento ciudadano responde, precisamente, a la forma en que se gestionan estas situaciones. Una democracia auténtica no se mide solo por la celebración de elecciones, sino por la capacidad de sus instituciones para escuchar activamente las voces del pueblo y responder con sensibilidad y apertura. Saber cuándo escuchar y actuar en consecuencia es también un signo de liderazgo responsable. Incluir a las diferentes organizaciones no solo es un acto de justicia, sino una estrategia necesaria para construir consensos duraderos. Solo a través de una participación real y constante podremos hablar de políticas sostenibles y de una educación verdaderamente comprometida con su presente y su futuro. La situación que atraviesa actualmente el país, si bien no ha escalado a niveles alarmantes, debe interpretarse como una señal clara del creciente descontento nacional. Cuando estas inquietudes no son atendidas de manera oportuna y efectiva, aumenta el riesgo de que surjan protestas prolongadas que, entre otras consecuencias, paralicen el sistema educativo. Claro que me preocupa mi futuro y la posibilidad de envejecer sin un trabajo ni una jubilación que me permita vivir con dignidad. Me inquieta vivir en un país que no protege su naturaleza o que pueda ceder su soberanía ante intereses externos. Pero no creo que estemos condenados a la resignación. Tenemos la responsabilidad de actuar. Lamentablemente, cuando estas situaciones ocurren, uno de los sectores más afectados, además del económico, es el educativo. Por eso debo visibilizar una realidad que muchas veces se omite o se minimiza. Las protestas y movilizaciones sociales son, sin duda, expresiones legítimas de una ciudadanía que exige respuestas y cambios. Sin embargo, cuando esas protestas derivan en huelgas prolongadas del sector docente, la educación se convierte en una de las grandes perjudicadas. Las aulas se detienen, los aprendizajes se estancan y el Un buen inicio para este proceso —llámese conversación, diálogo, reunión o encuentro— es sentarnos a hablar. Eso sí: todos debemos dejar la mochila, las piedras, los insultos y los prejuicios en la puerta de entrada. Juan B. McKay A.
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