1A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 20 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15022 Hoy por hoy La huelga indefinida y los bloqueos que persisten en Bocas del Toro, pese a haber sido declarados ilegales por un juzgado laboral, han colocado a la provincia en una situación límite. Sin acceso regular a alimentos, medicinas o combustible, es la propia población —trabajadores, familias, pequeños comercios— la más golpeada por una protesta que ha perdido norte. La defensa de derechos laborales y sociales es legítima, pero no puede sostenerse a costa de otros derechos igualmente fundamentales: salud, movilidad, educación, seguridad alimentaria. El Gobierno ha advertido que hay 7,500 empleos en riesgo. Cada día de paralización profundiza el desabastecimiento y aleja soluciones reales. Por supuesto que la reactivación de labores no significa claudicar en las demandas. Bocas y el país necesitan recuperar su ritmo. Toca restablecer los canales de diálogo sin coacción y con responsabilidad. La salida a esta paralización no será por la imposición, sino por el sentido común: el que pone a la gente por delante. Panorama Director del Ifarhu defiende su trámite de auxilio 4A ADEMÁS Cerro Patacón se quedará sin espacio 9A Juzgado da 24 horas a bananeros de Bocas para reintegrarse al trabajo Ohigginis Arcia Jaramillo Henry Cárdenas [email protected] El Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola declaró ilegal la huelga que mantienen los trabajadores de la empresa bananera HUELGA La ley permite declarar ilegal una huelga si no cumple con los procedimientos establecidos. El Gobierno advierte que están en riesgo 7,500 empleos. Chiquita Panamá, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana), y les otorgó un plazo de 24 horas para retornar a sus puestos, so pena de perder sus derechos laborales. La protesta inició el 28 de abril y ha generado un conflicto prolongado, mientras el Gobierno exige su levantamiento ante el riesgo para más de 7,500 empleos en Bocas del Toro. Pese al fallo judicial, los bloqueos continúan en al menos 20 puntos de la provincia, afectando el suministro de alimentos, medicinas y combustible. Autoridades como la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y el minisLos docentes participando en marchas recurrentes. Alexander Arosemena Aleida Samaniego C. [email protected] La combinación de pandemia, huelgas docentes y protestas sociales ha dejado a los estudiantes panameños con casi 500 días sin clases presenciales desde 2020. La falta de continuidad educativa afecta el aprendizaje, la autoestima y las posibilidades de inserción laboral futura, especialmente en el sector oficial, donde las desigualdades con respecto al sector privado se han profundizado. VEA 8A EDUCACIÓN Paros, pandemia y protestas dejan rezago escolar Ciudadanos de Changuinola tienen que caminar o viajar en bicicleta para movilizarse a sus casas o su trabajo. Alexander Arosemena Mizrachi prorrogó contratos obviando los controles Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La Alcaldía de Panamá ha prorrogado múltiples contratos sin cumplir con los procedimientos de fiscalización ni controles establecidos en el reglamento del Concejo. Las extensiones se han aprobado sin revisión en comisiones ni sustento documental, amparadas en la figura de “urgencia notoria”. Concejales y exfuncionarios advierten que estas prácticas evaden licitaciones, favorecen a proveedores específicos y debilitan la transparencia en el manejo de fondos públicos, sin rendición de cuentas clara ni supervisión institucional efectiva. VEA 2A tro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, han advertido sobre las consecuencias económicas y sociales de la paralización, que mantiene semiaislada a la región. Las conversaciones entre el Gobierno y los trabajadores siguen en curso en busca de una salida negociada. VEA 6A Hallazgo científico Monos que secuestran crías ajenas por diversión En la isla Jicarón, Parque Nacional Coiba, investigadores observaron a jóvenes capuchinos cargando crías de monos aulladores como si fueran suyas. No hay competencia por comida ni depredadores. ¿La razón? Todo apunta al aburrimiento. Para estos inteligentes primates, vivir sin amenazas parece haber generado comportamientos insólitos: ahora secuestran crías ajenas como parte de una “moda” social entre machos jóvenes. Falencias en lectura y matemáticas Un informe del Ministerio de Educación indica que más del 40% de los estudiantes de primaria en escuelas oficiales presentan deficiencias en comprensión lectora y matemáticas, evidenciando las secuelas del rezago educativo acumulado. Caballero usó recursos del Suntracs con aval de sus dirigentes Jaime Caballero usó fondos del sindicato para gastos personales, con transferencias avaladas por los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez, Abdiel Bethancourt y Palacios Becerra. VEA 4A La DGI ha mejorado la recaudación tributaria, pero los ingresos totales del Estado siguen por debajo de lo presupuestado, generando un déficit de $181 millones entre enero y abril. VEA 1B La DGI cobra más impuestos, pero no llena el hueco fiscal UI UNIDAD INVESTIGATIVA Cortesía/STRI
2A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mayer Mizrachi asegura que está haciendo las cosas bien. Archivo ¿Negocios sin competencia? Mizrachi extiende contratos sin justificar su ‘urgencia’ Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El alcalde Mayer Mizrachi impulsó extensiones de contratos sin licitación ni paso por comisiones, alegando urgencia. ‘La Prensa’ no halló justificaciones formales, pese a que la ley exige sustento escrito y aprobación calificada. El Consejo Municipal de Panamá ha aprobado la extensión de varios contratos por servicios a empresas cuestionadas, pero, además, sin sustento formal ni discusión previa en comisiones de trabajo del Municipio, como exige la normativa vigente. De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento Interno del Concejo, toda solicitud de proyecto o prórroga debe ser evaluada, primero por la comisión correspondiente antes de llegar al pleno, salvo que se justifique por escrito su “urgencia notoria” y sea aprobada por dos terceras partes de los concejales. La Prensa revisó el orden del día de varias sesiones recientes y no halló documentación alguna que respalde esa supuesta urgencia ni justificación formal que explique por qué se omitieron los procesos de licitación pública. A pesar de ello, las extensiones han sido aprobadas en el pleno, a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, sin que haya sido analizada, al menos, por la Comisión de Hacienda del Municipio. Fuentes del Concejo advierten que estas decisiones están comprometiendo fondos públicos sin los debidos controles ni procesos de competencia entre los proveedores, lo que ha favorecido a ciertas empresas, con renovaciones casi automáticas. Advierten que esta práctica debilita la transparencia y fomenta la discrecionalidad en el manejo de los recursos municipales. Consultado por La Prensa, Mizrachi defendió su gestión en estos asuntos: “Nuestro deber es con la ciudadanía panameña, y no estamos pa’ jugar los mismos juegos políticos de siempre. Estamos rompiendo el molde, dando resultados, no excusas, y atendiendo las necesidades de la gente. No existe una alcaldía más transparente y comunicativa que esta”, afirmó. Sin embargo, consultado sobre la documentación que justificaría cada una de las extensiones de los contratos, Mizrachi se limitó a responder que “todo [fue] justificado con el aval de un Concejo, que entiende las circunstancias extraordinarias actuales”. Una figura de urgencia que se volvió regla Un representante que pidió no ser identificado por temor a represalias explicó que la Comisión de Hacienda Municipal debería encargarse de revisar estas contrataciones. Sin embargo, denunció que muchos de los proyectos llegan directamente al pleno bajo la etiqueta de “urgencia notoria”, lo que impide el debate y evita el requisito de presentar documentación detallada. “La urgencia notoria se está utilizando de forma reiterada para renovar contratos sin una justificación clara. Debería ser la excepción, pero se ha convertido en la norma”, reveló la fuente. Agregó que la falta de discusión en las comisiones impide que los concejales ejerzan con rigor su labor fiscalizadora. “Estos acuerdos no se discuten, llegan al pleno y se aprueban. La mayoría no incluye explicaciones sobre por qué no se abrió un concurso”. Algunos concejales aseguran sentirse marginados del proceso. Alegan que, aunque presentan objeciones, estas son ignoradas, ya que sus colegas prefieren guardar silencio por temor a que, en represalia, no se aprueben sus proyectos comunitarios. Como resultado de ello, los contratos sin sustento se imponen sin debate. “Pedimos que se envíe a comisión, hacemos preguntas, pero no tenemos los votos. Lo aprueban todo con su mayoría”, declaró una de las fuentes. También hay preocupación por el creciente nivel de autonomía que se le contratar de forma directa”, explicó Ruiz. Sin embargo, denunció que la Dirección Administrativa no ejecutó lo acordado, y con el paso de los meses se optó por simples prórrogas. Citó el caso, por ejemplo, de la empresa Hombres de Blanco, que prestaba servicios sin un contrato refrendado y “a su propio riesgo”. También el contrato de insumos alimentarios para comedores y albergues, que antes eran preparados, supuestamente, en instalaciones del Municipio, con estufas industriales nuevas que hoy permanecen en desuso. Ruiz también cuestionó que algunas prórrogas se hayan hecho por períodos menores al contrato original, lo que evita alcanzar el umbral de los $300 mil, que obligaría a buscar la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA). “La anterior subdirectora de Contrataciones Públicas ya había indicado el procedimiento correcto para convocar licitaciones, pero fue ignorada y luego desvinculada en febrero”, advirtió. Además, señaló su preocupación por tres acuerdos aprobados bajo la figura de urgencia notoria: uno para la creación de la ya citada sociedad anónima municipal; otro vinculado al uso de criptomonedas, y un tercero sobre contrataciones tecnológicas. “Solicitaré copia de estos acuerdos al Concejo para remitirlos a la Sala Tercera, ya que podrían estar violando diversas disposiciones legales”, anunció. Con todo, Mizrachi sostiene que su administración está “haciendo las cosas bien y los resultados se están viendo”. está otorgando al Municipio, sin establecer contrapesos claros. Particularmente, se cuestiona la reciente creación de una empresa municipal, que carece de mecanismos de fiscalización, representación del Concejo, ni siquiera el deber de rendir cuentas periódicas. “No se puede permitir que el municipio se fiscalice a sí mismo...”, dijo una fuente. Recursos públicos en juego El vicealcalde en licencia, Roberto Ruiz, confirmó que desde julio —incluso durante el periodo de transición— se tenía plena información sobre los contratos próximos a vencer o ya vencidos. “Se acordó que debían prepararse actos públicos de licitación para evitar justificar falta de tiempo o UI UNIDAD INVESTIGATIVA Eliana Morales Gil [email protected] Dana Castañeda y Anel Flores. Archivo Auditoría de la Contraloría obliga a la Asamblea a congelar movimientos de personal FONDOS PÚBLICOS La presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, ordenó la suspensión inmediata de todo tipo de movimientos de personal, modificaciones en la estructura organizativa, traslados y trámites de vacaciones, según una circular interna emitida el pasado 15 de mayo. La medida responde a las auditorías que actualmente realiza la Contraloría General de la República en el órgano legislativo. De acuerdo con el comunicado, la suspensión incluye específicamente procesos como traslados, préstamos de personal, licencias y ajustes en la estructura laboral, y se mantendrá vigente “hasta nuevo aviso”. La nota también subraya que los jefes inmediatos serán responsables de hacer cumplir el reglamento interno de la Dirección de Recursos Humanos, así como de aplicar sanciones en caso de incumplimiento. La decisión busca alinear las operaciones de la Asamblea con los requerimientos de la auditoría en curso, aunque no se detalló cuánto tiempo durará esta intervención ni el alcance exacto de las evaluaciones. Esta medida llega pocos días después de que la Contraloría hiciera pública la planilla que administra cada uno de los 71 diputados, lo que reveló el tamaño y costo del personal contratado por las distintas bancadas. En total, ese órgano tiene 4 mil funcionarios, con un costo mensual estimado de $7 millones para el Estado. La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), compuesta por 12 diputados, encabeza la lista con la planilla más costosa, al reportar más de 700 funcionarios, que representan un gasto mensual de $1.2 millones. Entre los casos más notorios está el del diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, quien cuenta con 145 personas en su despacho, lo que equivale a $261,225 al mes, convirtiéndolo en el legislador con el mayor gasto en personal. Le siguen sus copartidarios Marcos Castillero (150 funcionarios, $226,282), Jaime Vargas (82 funcionarios, $164,120) y Crispiano Adames (63 funcionarios, $122,850). El análisis de estas planillas revivió el debate público sobre la opacidad en el uso de fondos públicos en la Asamblea Nacional, una institución que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el manejo discrecional de recursos y la escasa fiscalización efectiva de sus gastos. Al Ministerio Público Recientemente el contralor de la República, Anel Flores, anunció que remitirá al Ministerio Público a más de 400 personas señaladas por cobrar sin trabajar en la Asamblea Nacional, es decir, los denominados “botellas”. La medida surge tras una serie de auditorías que han revelado una red de irregularidades que involucra a diputados, funcionarios, exdiputados e, incluso, familiares insertos en las planillas legislativas. Según el contralor, ya cuentan con testimonios de testigos internos que han identificado a las personas que no asisten a sus puestos pero aparecen en nómina. “Todo el mundo se conoce. En ese edificio no caben 1.500 personas. Y el día que llegamos había casi 3.000”, sostuvo. En los últimos días, la Contraloría ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante dos últimas quincenas, los pagos de salarios se hicieron mediante cheques, en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identificar a las personas que cobran sin trabajar.
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4A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] EL RATÓN Y EL QUESO. Nombrar como director del Ifarhu a alguien que recibió un auxilio económico de la misma institución es como poner al ratón a cuidar el queso. El Ministerio Público dice estar investigando esos auxilios. Vamos, que no es tan difícil: hay muchos beneficiarios, pero también hay muchos profesionales sin este descarado conflicto de interés. ¿Tan difícil era elegir uno de esos? AUXILIOS PARA LOS NECESITADOS. No olvidemos el escándalo de los auxilios económicos discrecionales del Ifarhu. Entre los “necesitados” estaban familiares de políticos y funcionarios. Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, recibió $190 mil. María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea, Quibián Panay, y exasistente del exdirector Bernardo Meneses, obtuvo $81 mil. ¿Y Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez? $61 mil, aunque el reglamento exige demostrar necesidad económica. Su padre gana $18,304 en la ACP, y Zulay recibía $7 mil como diputada. ¿Necesitados? Sí, pero de vergüenza. ¿PAGOS SELECTIVOS? (PARTE 2). Otro día pasó y los funcionarios de la Asamblea Nacional siguen sin cobrar. Ni respuesta, ni explicación. ¿Será que deben ir a donde Benicio para que los adopte? Porque parece ser él quien manda en la Asamblea. Los 145 empleados de Benicio y los 63 de Crispiano no parecen tener problemas. ¿Y el contralor? Bien, gracias… seguramente ajustando sus lentes para no ver el problema. HUELGA EN EL LIMBO. El cierre en Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande sigue, y la huelga banaSede del Ifarhu en la ciudad de Panamá. Isaac Ortega Ministerio Público mantiene tres investigaciones sobre auxilios económicos del Ifarhu Juan Manuel Díaz [email protected] FONDOS PÚBLICOS Los fiscales anticorrupción informaron ayer que un total de 6,977 beneficios económicos del Ifarhu, de entre los años 2019 y 2020, están en la mira. El Ministerio Público mantiene abiertas tres investigaciones relacionadas con la entrega de auxilios económicos por un monto de 155 millones, que involucran un total de 6,977 ayudas entregadas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Un informe hecho público ayer lunes por los fiscales anticorrupción revela que la primera investigación involucra el período de los años 2019-2020, con un total de 2,774 auxilios económicos por un monto superior a los $61 millones. La segunda investigación está relacionada con la entrega de 4,203 auxilios económicos que fueron hechos efectivos entre los años 2021-2022 por un monto de $94 millones. Mientras que la tercera investigación está enfocada en la entrega de auxilios económicos que no mantenían una asignación presupuestaria. Según el informe del Ministerio Público, las investigaciones están compuestas de más de 70 tomos que contienen múltiples diligencias, entre inspecciones oculares y documentación requerida de las personas beneficiadas con los auxilios económicos. El informe detalla que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado asistencias internacionales a varios países para conocer la condición de algunos beneficiarios de estos programas que están en el extranjero. La fiscalía mantiene tres investigaciones contra el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, dos de ellas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y una tercera por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Juan Manuel Díaz [email protected] Imagen de la audiencia. LP Dirigencia del Suntracs entregó fondos a Caballero que luego desvió a terceros PRESUNTO LAVADO Un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, reveló que el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, recibió múltiples transferencias desde las cuentas del sindicato en el Banco Nacional —autorizadas por sus dirigentes— que luego depositó en su cuenta personal del Banco General y fraccionó para entregarlas a terceros. El informe, presentado por la fiscalía durante la audiencia de imputación contra Caballero realizada el pasado viernes, precisa que los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez y Abdiel Bethancourt autorizaron dichas transferencias. Según la documentación aportada por el Ministerio Público, los cheques recibidos por Caballero estaban firmados por los dirigentes del Suntracs Méndez, Palacios Becerra y Bethancourt. La investigación también señala que en 2023 y 2024 Caballero presentó declaraciones de renta por $244,810 y $189,206, respectivamente; montos que, según la fiscalía, no se compadecen con sus ingresos reales, que ascienden a unos $60 mil. De acuerdo con la fiscalía, esta información presentada a la Dirección General de Ingresos (DGI) es falsa, pues habría sido elaborada por María Esther Aispurúa, quien figura con una licencia de contador público correspondiente a una persona fallecida. El expediente también recoge que entre diciembre de 2023 y enero de 2025, Caballero recibió 27 depósitos por un total de $57,093.36 realizados por una persona identificada como “Luis V.”. Estos fondos fueron consignados directamente en su cuenta personal y forman parte del conjunto de transacciones bajo sospecha de blanqueo. En total, la fiscalía rastrea movimientos por aproximadamente $166 mil desde 2020 en sus cuentas. Según la fiscalía, estos fondos fueron utilizados para el pago de deudas personales, incluyendo letras de autos, servicios públicos, un préstamo de $39,252 con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), y en otras ocasiones fueron entregados a sus hijos. La fiscalía ya había documentado que dicho préstamo fue saldado en junio de 2024 con fondos provenientes del sindicato, lo que refuerza la tesis de que se desviaron recursos sindicales para fines personales. La investigación reveló que estas transferencias se realizaron con pleno conocimiento de los dirigentes Méndez y Bethancourt, y que los fondos correspondían a las cuotas sindicales de los trabajadores. Según el Ministerio Público, la actuación de los dirigentes es contraria a los estatutos del Suntracs, en los que se establece que los fondos entregados por los trabajadores solo pueden usarse para actividades relacionadas con los obreros o para el pago de salarios durante huelgas. Caballero fue imputado el pasado viernes por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros, y se ordenó su detención preventiva. Sin embargo, su abogado defensor, César Ruiloba, apeló la decisión de la juez de garantías. Ruiloba sostiene que no hay delito precedente, y que las transferencias hacia la cuenta de Caballero se realizaron con el consentimiento del sindicato para sortear el bloqueo de sus cuentas bancarias. El dirigente sindical también enfrenta un proceso en la provincia de Chiriquí por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, atentado contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. En tanto, Paola Caballero, hija de Jaime Caballero, denunció a través de redes sociales que no se ha podido hacer entrega de sus artículos de uso personal, lo cual, afirma, constituye una violación de sus derechos fundamentales. nera exige la derogación de la ley 462 que modifica la ley de la Caja de Seguro Social. Lo irónico es que arriesgan sus empleos, porque si las bananeras cierran, se quedan sin cobertura del seguro. Algo en esta ecuación no cuadra. ¿Luchar por la CSS perdiendo el trabajo que les da acceso a la CSS? ¿Estrategia brillante, un tiro en el pie o manipulación sindical en su máxima expresión? Godoy reconoció que es miembro del partido RM. Isaac Ortega Designado director del Ifarhu justifica el auxilio económico que recibió ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] Carlos Godoy, designado como nuevo director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), defendió nuevamente el auxilio económico que recibió por parte de la entidad que está próximo a dirigir. Aseguró que realizó “el trámite como cualquier ciudadano”. Godoy compareció ayer ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, la instancia encargada de evaluar su perfil antes de someter su ratificación al pleno legislativo (71 diputados). Este es uno de los requisitos para asumir oficialmente el cargo. Godoy, licenciado en administración pública, economía y contabilidad, figura en la base de datos del Ifarhu como beneficiario de un auxilio económico por $23,600 para cursar un doctorado en “ciencias silvoagropecuarias y veterinarias” en el “Centro París Easy Campus Experience” (Peace Campus, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ante los diputados aclaró que el doctorado “no es como está ahí”, en referencia a la información publicada por el Ifarhu. Precisó que los estudios corresponden a un doctorado en administración de proyectos, que cursa en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en México. Este programa, dijo, es producto de un acuerdo entre la Universidad de Panamá, donde labora como docente e investigador, y el Ifarhu. También respondió a pregunta sobre una denuncia por supuesto delitos de peculado y contra la administración pública, relacionados con la entrega irregular de becas durante su primera gestión. Godoy afirmó que recibió un sobreseimiento definitivo. “Como funcionario estamos expuestos a que se nos querelle”, respondió.
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6A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Panorama Bocas del Toro al borde del colapso: bloqueos, huelga ilegal y pérdidas millonarias Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONFLICTO En los cierres la escena se repite como un ritual: barricadas de piedras bloquean el paso, carteles improvisados con consignas contra el Gobierno y, entre la espera y el hastío, algunas manifestantes matan el tiempo jugando dominó o bingo sobre mesas plásticas. Han pasado más de dos semanas desde que trabajadores del sector bananero salieron a las calles para exigir que no se desmejore la Ley 45, que regula las pensiones y jubilaciones del sector. También piden la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS). La esperanza de una solución rápida se ha desvanecido. “Teníamos la esperanza de que se llegara a un feliz término, pero no ha sido así”, lamentó Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro. En los cierres —al menos 20 entre Changuinola y Almirante— la escena se repite como un ritual: barricadas de piedras bloquean el paso, carteles improvisados con consignas contra el Gobierno y, entre la espera y el hastío, algunas manifestantes matan el tiempo jugando dominó o bingo sobre mesas plásticas. El sol, cuando castiga, lo hace sin tregua, aunque hay días en que la lluvia cae con fuerza, empapando los cuerpos y enfriando los ánimos por momentos. El conflicto, que comenzó a finales de abril, mantiene en jaque al comercio local, la agricultura y el turismo. “Dos semanas sin poder movernos por las calles. Así no se puede trabajar”, dijo Pimentel, visiblemente preocupado por el futuro económico del distrito. Algunas empresas han reducido personal; otras han cerrado temporalmente. La escasez de combustible ya se siente, y aunque algunos días se han abierto “ventanas” para el ingreso de alimentos, los precios de los productos han subido en varias zonas. “El escenario es bien difícil”, resumió el empresario. En el sector insular, la situación no es mejor: sin turistas, los lancheros protestan por la caída de sus ingresos. Las pérdidas económicas estimadas superan el millón y medio de dólares diarios en toda la provincia, de acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio. “Los ingresos están paralizados en todo el sector agrícola. Si no se puede cosechar ni transportar, no hay nada que vender”, explicó Pimentel. La cadena productiva está rota. Su llamado al Ejecutivo es firme: “No corte el diálogo. Todo conflicto se resuelve en la mesa”. Huelga ilegal Mientras tanto, el conflicto entró en una nueva etapa tras una decisión judicial clave. El Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola declaró ilegal la huelga de los trabajadores de la empresa Chiquita Panamá, que inició el pasado 28 de abril. La resolución fue emitida el viernes 16 y notificada el lunes 19 de mayo. La empresa había presentado la solicitud contra el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana), alegando que la paralización en al menos 21 fincas no cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo. El juez Álvaro Jiménez falló a favor de la compañía. En su resolución, el juez ordenó a los trabajadores reincorporarse en un plazo de 24 horas. De no hacerlo, podrían perder sus derechos laborales y ser despedidos sin responsabilidad por parte del empleador. “Se ordena cumplir el artículo 507 del Código de Trabajo”, indicó el documento. Además, la sentencia faculta a Chiquita Panamá a contratar nuevo personal y retomar sus operaciones sin impedimento legal. También declara que la empresa no incurrió en responsabilidad durante el periodo de huelga, lo que abre la puerta a una reactivación inmediata de sus actividades. El llamado del Gobierno La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, reaccionó al fallo con un llamado enfático a los trabajadores. “Nos preocupan sus empleos, la estabilidad de la provincia, nos preocupa la pérdida de humanidad de las personas”, expresó en conferencia de prensa desde la Presidencia de la República. Muñoz advirtió que están en juego más de 7,500 empleos en el sector bananero de Bocas del Toro. “Es importante que se respeten las vías del diálogo y se retomen las labores”, insistió. La ministra apeló a la responsabilidad de los trabajadores para evitar consecuencias irreversibles. Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al impacto de los cierres en la economía local. “Estos cierres tienen a Bocas ahorcado”, afirmó. El funcionario remarcó que la libre circulación en la provincia debe garantizarse para restablecer el orden productivo. Con la presión del fallo judicial, los exhortos del Gobierno y la economía paralizada, la provincia de Bocas del Toro atraviesa un momento decisivo. La tensión crece en calles bloqueadas, mientras, del otro lado, autoridades y empresarios aguardan una respuesta: ¿regresarán los trabajadores a sus fincas o se profundizará el conflicto? Algunas personas intentan cruzar los bloqueos, que incluyen el uso de cadenas. Alexander Arosemena Una olla común para pasar la jornada. Alexander Arosemena Los bloqueos de vías han impedido el paso de insumos básicos para la provincia, entre ellos, medicinas, alimentos y combustible. Alexander Arosemena Ante la paralización, el juego de dominó para pasar el tiempo. Alexander Arosemena
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8A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Panorama El Tribunal Supremo permitió al presidente estadounidense, Donald Trump, revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más de 300,000 venezolanos. Los abogados del Ejecutivo habían solicitado a la máxima instancia judicial anular una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de ese país suramericano. La Administración había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de EE.UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”. El litigio del caso está previsto que continúe ahora en cortes inferiores. El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. Poco después de asumir el poder el pasado 20 de enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y criminales. El Supremo permite a Trump retirar la protección legal a miles de venezolanos DEPORTACIONES A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un “daño irreparable” a quienes se han acogido a dicha protección y sus familias. Bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), el DHS decidió extender este beneficio a los venezolanos argumentado que Venezuela estaba pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica. Según recuerda el diario The Washington Post, el Ejecutivo republicano frenó esa extensión en febrero antes de que entrara en vigor. Sin ella esas protecciones iban a acabar para algunos migrantes en abril y para otros en septiembre. La Casa Blanca ha dejado en pie el TPS otorgado a otras nacionalidades como la de los salvadoreños, que protege a unos 200.000 inmigrantes desde 2001. Los educadores están en paro indefinido desde el pasado 23 de abril. Richard Bonilla El daño irreversible de casi 500 días sin clases presenciales Aleida Samaniego C. [email protected] EFE. WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS EDUCACIÓN La educación en Panamá enfrenta una crisis profunda, con casi 500 días de clases perdidas por la pandemia y los paros docentes, situación que afecta el aprendizaje y las oportunidades de los estudiantes, especialmente en el sector público. La educación panameña atraviesa una crisis profunda, especialmente en el sector oficial, que exige medidas urgentes. Los paros docentes, sumados a las secuelas de la pandemia, han agravado aún más la situación. En los últimos años, los estudiantes panameños han estado fuera de las aulas por casi 500 días, lo que ha afectado su aprendizaje y desarrollo académico. Este déficit de tiempo es grave, ya que los estudiantes han tenido que enfrentar tanto los efectos de la pandemia como la inestabilidad provocada por huelgas y el cierre de escuelas. La especialista en educación Nivia Rossana Castrellón señala que aproximadamente 465 días de clases presenciales se han perdido debido a huelgas y cierres de escuelas. A esto se suman los días de suspensión de clases en 2025, lo que eleva el total a casi 500 días sin clases presenciales. Castrellón sostiene que esta interrupción prolongada ha truncado el aprendizaje de los estudiantes, creando una brecha de conocimientos difícil de recuperar. Según Castrellón, las consecuencias de esta pérdida educativa son profundas. Además de afectar la calidad de la educación, los estudiantes se enfrentan a serias dificultades para acceder al mercado laboral en el futuro. El retraso académico ha dejado a muchos jóvenes en una posición vulnerable, reduciendo sus oportunidades de progreso y movilidad social. La falta de aprendizaje no solo afecta los resultados académicos, sino también la autoestima, la motivación y la confianza de los estudiantes en sus capacidades. A esto se suma la grave situación en el mercado laboral. Los jóvenes panameños, en promedio, tienen solo 10.7 años de escolaridad, mientras que el mercado exige al menos 11.7 años. Como resultado, aproximadamente mil jóvenes se convierten en “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) cada mes. Castrellón plantea que esta tendencia tiene consecuencias claras para la sociedad: estos jóvenes estarán atrapados en un círculo de exclusión social y tendrán pocas opciones de acceder a empleos formales ni cotizar a la Caja de Seguro Social, lo que limita sus perspectivas de estabilidad económica. Disparidad educativa El contexto es aún más preocupante si se considera que los estudiantes de escuelas oficiales han tenido acceso limitado a clases virtuales y plataformas de aprendizaje alternativo. Mientras, las escuelas privadas han podido continuar sus estudios de manera más constante gracias a mejores recursos tecnológicos. Esta disparidad refleja las desigualdades dentro del sistema educativo panameño, donde el acceso a las herramientas digitales sigue siendo un lujo para muchos. Otro factor agravante es la disparidad en la cantidad de horas de clases. Los estudiantes de escuelas privadas reciben al menos siete horas al día, mientras que en las escuelas oficiales el tiempo de instrucción se reduce a solo cuatro horas y media. Castrellón afirma que esta diferencia en la cantidad de tiempo dedicado a la enseñanza es una de las principales razones por las que los estudiantes del sector público no alcanzan el mismo nivel académico que sus compañeros en el sector privado. Además, las clases en las escuelas oficiales son más cortas. Mientras que en las privadas las clases pueden durar entre 45 y 60 minutos, en las públicas los estudiantes más grandes tienen clases de solo 37 minutos. Esta brecha no solo afecta la cantidad de contenido cubierto, sino también la calidad de la enseñanza, ya que los docentes tienen menos tiempo para abordar los temas de manera adecuada. El panorama se complica aún más por el contexto de movilizaciones sociales. En los últimos cinco años, los estudiantes del sector oficial solo han tenido un año escolar regular: 2024. En 2020 y 2021, las escuelas estuvieron cerradas debido a la pandemia, y las clases se impartieron de manera virtual, lo que representó un desafío enorme. En 2022 y 2023, las huelgas y paros docentes interrumpieron nuevamente el calendario escolar, y en 2025, el paro magisterial ha detenido el proceso educativo, dejando a los estudiantes aún más rezagados. Las protestas sociales de 2022, que incluyeron gremios docentes, sindicatos, pueblos indígenas y otros sectores, fueron impulsadas por el alto costo de la vida, el aumento en los precios del combustible, la corrupción y la falta de transparencia. En 2023, las movilizaciones se intensificaron después de la aprobación del contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina Cobre Panamá. En 2025, las protestas continúan, con dirigentes que exigen la derogación de la Ley 462, que reformó las pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Esta situación ha dejado a los estudiantes atrapados en un conflicto que está afectando su derecho a una educación de calidad. La posición de los docentes Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, afirmó que los docentes seguirán en las calles hasta que se derogue la Ley 462, que consideran perjudicial para la población panameña. Ábrego manifestó que la protesta no solo representa a los gremios docentes, sino también a la clase trabajadora y sus familias, quienes se sienten directamente afectados. Según el dirigente, la protesta ha sido respaldada por padres de familia y estudiantes que se han unido a las demandas. El dirigente subrayó que la lucha no es por una reforma de la ley, sino por su derogación total. “Queremos que se mantenga la Ley 51, y a partir de ahí, podemos discutir en los próximos dos o tres meses una nueva legislación que realmente represente los intereses de la mayoría”, explicó. El presidente José Raúl Mulino reiteró la semana pasada que la derogación de la Ley 462 no es competencia del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, que la aprobó con 48 votos. Reconoció que el texto final no es idéntico al proyecto original del Ejecutivo, pero defendió que “se puede vivir con ella” y que su aplicación ya comenzó en la CSS. A su juicio, las críticas provienen, en gran medida, de sectores políticos que “buscan generar inestabilidad”. La crisis educativa en Panamá es un problema complejo que requiere soluciones urgentes. Aunque las protestas y las huelgas son una manifestación legítima de descontento, el impacto en los estudiantes no puede seguir ignorándose. La educación es un derecho fundamental que no debe verse comprometido por los conflictos políticos o sociales. Es necesario que tanto el gobierno como los educadores trabajen juntos para encontrar una solución que permita recuperar el tiempo perdido, garantizar la calidad educativa y ofrecer a todos los estudiantes las mismas oportunidades de éxito, sin importar su situación socioeconómica. Donald Trump planea deportaciones masivas. EFE
9A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Panorama En el relleno sanitario de Cerro Patacón requieren que se desarrollen tres proyectos para evitar la contaminación ambiental. Elysée Fernández Cerro Patacón se quedará sin espacio técnicamente adecuado Aleida Samaniego C. [email protected] MANEJO DE DESECHOS La AAUD solicitó 2.5 millones de dólares para ejecutar proyectos urgentes en el relleno, como la rehabilitación de la tina de lixiviados y el manejo del biogás. El relleno sanitario de Cerro Patacón, ubicado en el corregimiento de Ancón, sigue siendo una grave fuente de contaminación ambiental debido a la falta de ejecución de proyectos urgentes. La situación, que afecta directamente a comunidades vecinas como Kuna Nega, fue expuesta por el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Moreno acudió a solicitar un traslado de partida por 2.5 millones de dólares para ejecutar tres proyectos clave que, según advirtió, no pueden seguir esperando. Uno de los más urgentes es la rehabilitación de la tina de lixiviados, que desde 2021 se encuentra dañada, provocando la filtración de líquidos contaminantes hacia ríos, quebradas y aguas subterráneas. “Es una situación fuera de control”, alertó Moreno, sobre el impacto directo que ya se registra en los cuerpos de agua de comunidades cercanas. Otro proyecto pendiente es el manejo del biogás generado por la descomposición de los residuos. Actualmente, el gas metano se libera sin control, lo que representa un riesgo ambiental y sanitario considerable. Además, Moreno explicó que solo queda espacio tecnicamente habilitado para recibir desechos por un año más. Por ello, la AAUD busca financiar un tercer proyecto: la adecuación de una nueva área de disposición final, que extendería la vida útil del relleno entre cuatro y cinco años. Este último tiene un costo inicial estimado de un millón de dólares. El administrador de la AAUD indicó que por el momento no hay planes de trasladar el relleno sanitario, por lo que están tratando de corregir los errores que hay en el área. Recordó que el relleno está comprendido por 162 hectáreas, pero que solo un 35% esta habilitado como corresponde para recibir desechos, por lo que la vida útil aún es mayor. Ante la gravedad del panorama, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Sergio Gálvez, aprobó el traslado de partida interinstitucional desde el Ministerio de Educación (Meduca) hacia la AAUD, por un monto total de 2.5 millones de dólares. En febrero pasado, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, indicó que lo encontrado en el relleno de Cerro Patacón era un desastre ambiental y una situación de emergencia sin precedentes. Las laderas estaban cubiertas de basura, chatarras, llantas y escombros. Además, era un foco de violencia, con delitos como asesinatos, tráfico de drogas y caos. Con apoyo policial, hemos avanzado, pero aún falta mucho por hacer, señaló Navarro. Durante años, Cerro Patacón ha recibido desechos sin control, generando graves problemas de contaminación en cuerpos de agua subterráneos, ríos y afluentes cercanos, afectando a comunidades como Kuna Nega. A esto se suman otras amenazas, como las quemas indiscriminadas y los riesgos de incendios provocados por la exposición de residuos. En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto, Moreno también denunció la desaparición de 148 vehículos de la institución durante la pandemia, los cuales fueron trasladados al relleno de Cerro Patacón para su custodia, pero nunca fueron recuperados. Además, reveló irregularidades internas, como la falta de bienes por un valor de 1.8 millones de dólares en el área de almacén, lo que ha llevado a auditorías y denuncias ante el Ministerio Público.
10A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025
11A La Prensa Panamá, martes 20 de mayo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. medio promocionó en redes sociales mi intervención, salvo contadas excepciones, la mayoría de quienes comentaron no debatieron lo que opinaba, sino que se dedicaron a descalificarme. Es decir, no escucharon lo que tenía que decir en su totalidad, pero aun así me lanzaron todo tipo de epítetos, incluso insultaron a mi madre, que ya falleció hace varios años. Y yo pregunto: ¿de qué sirve esa descalificación? ¿De sentirse que han podido descargar su ira por no poder escuchar —y menos comprender— lo que se iba a discutir en el programa? Sinceramente, me he convencido de que muchos panameños creen que descalificar a un rival o contrincante equivale a haber ganado una discusión, aunque ni siquiera haya existido un verdadero debate. Lo que hoy se discute en las calles, comedores y hasta en los aeropuertos va mucho más allá de una disputa superficial: nos estamos jugando la estabilidad jurídica y económica del país. No se trata de una minoría, como algunos han querido hacer ver. ¿O ya se nos olvidó que, durante la pandemia o el cierre de finales de 2023, no importaba si tenías dinero o no? Faltó comida, faltaron medicinas, y lo más importante: faltó la solidaridad que siempre nos ha caracterizado. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Ya basta de ese espejismo de riqueza temporal… Minería Sobre la pretensión del Ejecutivo de reactivar la extracción de minerales metálicos en la mina de cobre del distrito de Donoso, corresponde señalar al señor presidente de la República, así como a los ministros de Ambiente y de Comercio e Industrias, que —ya sea mediante administración estatal o a través de una asociación público-privada— tal iniciativa, por su macroincidencia ambiental, debe someterse al proceso de consulta pública, conforme lo establece la Ley 125 de 2020. Es decir, el Gobierno está imperativamente obligado a consultar a la población, exponiendo sin reservas los impactos que esta actividad tendría en el medio ambiente y, por ende, en la salud de las poblaciones colindantes. Tras el estallido social que paralizó a la República durante octubre y noviembre de 2023 —en rechazo a la destructiva actividad de la mina de cobre en Donoso, cuya afectación más visible ha sido la desaparición de cientos de hectáreas de bosque primario dentro del Corredor Biológico Mesoamericano y de los ecosistemas que con esa devastación se perdieron— debe tener muy claro el Órgano Ejecutivo que su deber primordial es proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Ante una colisión entre intereses económicos y los derechos a la salud y a la vida, estos últimos deben prevalecer, tal como lo sentenció la Corte en la histórica declaración de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023, recaída sobre la Ley 406 de 2023. Señor presidente, intentar vendernos la idea de que seremos derrotados ante instancias arbitrales internacionales es insustancial e innecesario, ya que el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Canadá —marco bajo el cual deben evaluarse los presuntos incumplimientos contractuales— establece estrictas normas de respeto y observancia en materia de protección ambiental. Existen pruebas fehacientes de que la empresa minera ha violado reiteradamente la normativa ambiental panameña, como consta en los expedientes del Ministerio de Ambiente. Además, nunca se cumplió el requisito legal de convocar un proceso de licitación pública para la extracción de minerales del subsuelo. Entre 2018 y 2023, y sin contrato vigente, la empresa operó, extrajo y comercializó minerales por más de 14,500 millones de dólares. ¿A qué le teme el señor presidente,sicontamosconuncaudalprobatorioque puede presentarse ante las instancias arbitrales internacionales? Hay más. Nuestra Constitución, en su artículo 259, establece que “las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público”. ¿Qué de todo esto hemos visto durante los años de operación de esa empresa en la República? Nada, señor presidente. Finalmente, en la cuadragésima sexta cláusula del fenecido contrato con la empresa minera, las partes se comprometieron a someterse a la jurisdicción nacional en lo concerniente a la guarda de nuestra Constitución. Por tanto, no corresponde al Órgano Ejecutivo otra cosa que ejercer, conforme a las normas de preeminencia, la defensa de los intereses nacionales. Urge, entonces, aprobar el plan de preservación y cierre seguro de la mina de cobre en Donoso, así como realizar las auditorías correspondientes, con el fin de garantizar la seguridad de las poblaciones aledañas y ordenar el material probatorio que fortalezca nuestra defensa ante las instancias arbitrales internacionales. Nunca debe fomentarse artificios, señor presidente, para favorecer espejismos de riqueza temporal acompañada de una ruina creciente. La extracción será permanente solo en sus secuelas, cuando la mina se agote. En su lugar, impulse nuevos proyectos y actividades económicas de reemplazo, y abandone —de una vez por todas— las acciones de reapertura de la mina, que serán irremediablemente derrotadas por la población, tantas veces como se intenten. Entre la lucha y la pérdida: las aulas en pausa Educación atrapada futuro de miles de estudiantes queda en pausa. El impacto acumulado de las interrupciones educativas que ha enfrentado Panamá en los últimos años hace aún más urgente atender el tema. Durante la pandemia de la covid-19, el país lideró el ranking mundial de cierres escolares, con 211 días sin clases presenciales entre marzo de 2020 y febrero de 2021. En total, las escuelas permanecieron cerradas por casi dos años. A ello se sumaron una huelga docente de aproximadamente un mes en 2022 y una suspensión de clases de al menos cuatro semanas en 2023 debido a las protestas contra el contrato minero. Se calcula que, entre 2020 y 2023, los estudiantes panameños perdieron entre 445 y 460 días de clases presenciales, una de las cifras más altas a nivel global. Más alarmante aún es que, según una encuesta de Unicef, apenas el 53% de los hogares panameños reportaron haber recibido algún tipo de educación a distancia durante los cierres escolares, lo que revela una grave brecha de acceso a la educación remota. No existe otro ámbito con un impacto tan determinante, no solo porque afecta directamente a los estudiantes que hoy se encuentran en clases, sino porque muchas de sus consecuencias solo se evidenciarán con el paso del tiempo. La pérdida de tiempo de aprendizaje genera efectos acumulativos que pueden repercutir de manera significativa en el desarrollo académico y personal de los estudiantes a lo largo de los años. Uno de los principales desafíos en la gestión de estas crisis es la limitada capacidad de representación efectiva por parte de los gremios. En contextos donKevin Rodríguez ¡A negociar! Bloqueos Hace unos días, escuchaba una vieja canción de esos años en los que todavía se podía “bailar pegao” con quien a uno le gustaba. Me refiero al grupo Bread y a la canción I Want to Make It with You, cuya letra me hizo reflexionar sobre la difícil situación que atraviesa el país. La frase dice: Have you ever tried really reaching out for the other side?, que podría traducirse como: “¿Alguna vez has tratado de llegarle al otro lado?” Quisiera aplicar esa frase a la situación de incertidumbre que estamos viviendo, en la que grupos sindicales han declarado huelga, suspendido clases, organizado marchas y concentraciones, además de los impopulares cierres de calles y carreteras, que no hacen más que perjudicar a quienes los promueven o participan en ellos. Siento que los distintos lados de esta ecuación han levantado la voz y, de una forma u otra, han manifestado sus posiciones, pero pocos las escuchan y muchos menos las comprenden. Un hombre muy sabio, que en muchas cosas me ha servido de ejemplo, decía: para discutir (o pelear) se necesitan dos. Mientras más altos son los gritos en una discusión, menos entendimiento hay. Recientemente participé en un programa de televisión local y, cuando el Para buscar soluciones, los seres humanos debemos primero conversar. Luego analizar, debatir y construir acuerdos. Si no empezamos por ahí, no podremos avanzar en ninguno de los otros pasos necesarios para entendernos. Por eso, algunos estamos convencidos de que un buen inicio para este proceso —llámese conversación, diálogo, reunión o encuentro— es sentarnos a hablar. Eso sí: todos debemos dejar la mochila, las piedras, los insultos y los prejuicios en la puerta de entrada, y entrar solamente con una banderita de Panamá en el corazón. Los representantes del Órgano Ejecutivo deben prepararse para escuchar, acompañados de personas calificadas. No necesariamente quienes han dado la cara hasta ahora, sino otros dispuestos a ponerse la camiseta roja que lleva nuestra bandera sobre la tetilla izquierda. Mientras tanto, los dirigentes deben dejar los insultos, la falta de respeto y los bloqueos en la misma puerta de entrada. Se debe nombrar un mediador que genere la confianza que tanto se necesita. Estar dispuestos a escuchar y comprender. Digo esto porque hablar de “derogar” una ley no es competencia del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, por lo que también deben estar representados. Todos deben entrar sabiendo que se va a negociar, no a imponer. Que se discuta lo que legalmente se puede modificar para mejorar, y que haya un compromiso de actuar con la mayor celeridad y diligencia posibles. Si esto no ocurre, tendremos problemas mucho más serios que los vividos hasta ahora y que aquellos que padecimos en las ocasiones anteriores a las que me referí más arriba. Opinión LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación. Martita Cornejo Robles de los sindicatos —no solo del sector educativo, sino también de áreas como la construcción, la salud o el sector bananero— carecen de una clara coordinación, las huelgas tienden a convertirse en conflictos prolongados, sin canales eficientes de diálogo ni mecanismos adecuados de negociación. Mejorar los mecanismos de diálogo social no puede seguir siendo una promesa lejana, sino una prioridad concreta para prevenir y atender las crisis educativas con visión y compromiso. Miles de estudiantes aún luchan por alcanzar los niveles de aprendizaje esperados para su edad. El gobierno no puede seguir aferrado a posturas rígidas ni cerrarse al diálogo frente a los reclamos sociales. Buena parte del descontento ciudadano responde, precisamente, a la forma en que se gestionan estas situaciones. Una democracia auténtica no se mide solo por la celebración de elecciones, sino por la capacidad de sus instituciones para escuchar activamente las voces del pueblo y responder con sensibilidad y apertura. Saber cuándo escuchar y actuar en consecuencia es también un signo de liderazgo responsable. Incluir a las diferentes organizaciones no solo es un acto de justicia, sino una estrategia necesaria para construir consensos duraderos. Solo a través de una participación real y constante podremos hablar de políticas sostenibles y de una educación verdaderamente comprometida con su presente y su futuro. La situación que atraviesa actualmente el país, si bien no ha escalado a niveles alarmantes, debe interpretarse como una señal clara del creciente descontento nacional. Cuando estas inquietudes no son atendidas de manera oportuna y efectiva, aumenta el riesgo de que surjan protestas prolongadas que, entre otras consecuencias, paralicen el sistema educativo. Claro que me preocupa mi futuro y la posibilidad de envejecer sin un trabajo ni una jubilación que me permita vivir con dignidad. Me inquieta vivir en un país que no protege su naturaleza o que pueda ceder su soberanía ante intereses externos. Pero no creo que estemos condenados a la resignación. Tenemos la responsabilidad de actuar. Lamentablemente, cuando estas situaciones ocurren, uno de los sectores más afectados, además del económico, es el educativo. Por eso debo visibilizar una realidad que muchas veces se omite o se minimiza. Las protestas y movilizaciones sociales son, sin duda, expresiones legítimas de una ciudadanía que exige respuestas y cambios. Sin embargo, cuando esas protestas derivan en huelgas prolongadas del sector docente, la educación se convierte en una de las grandes perjudicadas. Las aulas se detienen, los aprendizajes se estancan y el Un buen inicio para este proceso —llámese conversación, diálogo, reunión o encuentro— es sentarnos a hablar. Eso sí: todos debemos dejar la mochila, las piedras, los insultos y los prejuicios en la puerta de entrada. Juan B. McKay A.
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