1A La Prensa Panamá, domingo 18 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 18 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15020 Hoy por hoy La Fiscalía Anticorrupción investiga el presunto desvío de 400 millones de dólares desde la Caja de Seguro Social (CSS) hacia el Gobierno Central durante la gestión de Enrique Lau Cortés. Segúndenuncias presentadas por la propia CSS, estos fondos salieron sin sustento legal y sin que se haya devuelto un centavo, lo que violaría la Ley 51 y la Ley 462, ambas garantes de la autonomía nanciera de la entidad. También se indaga la transferencia de fondos entre programas internos, como los aportes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo cual está prohibido por el principio de responsabilidad individual que rige a la CSS. Además, hay más de 7 mil expedientes sin cobrar, con instituciones públicas y empresas privadas acumulando una deuda de al menos 21 millones de dólares. La CSS no puede seguir operando como caja auxiliar del Ejecutivo ni como refugio de morosos. Lo ocurrido exige justicia, sanciones y una reforma profunda con rendición de cuentas real. Ellas.pa Sebastián Yatra lanza su álbum más íntimo 6B Amarelis De Mera y la historia de una histórica clasificación 1B Deportes Panorama Así se cocinó el asilo de Martinelli; lo que reportó ‘El Tiempo’ 6A Economía El precio del metro cuadrado en Panamá vs. la región 7A Bocas: medicinas por aire y ferias en tierra Ohigginis Arcia J. Yaritza Mojica [email protected] Mientras continúan los bloqueos y las exigencias de derogación de la Ley 462 por parte del sindicato bananero, el Gobierno respondió BLOQUEOS Coobana reactivó parcialmente la producción y exportación de banano en Bocas del Toro, pese a bloqueos y tensiones sindicales. Chiquita, en contraste, suspendió operaciones y trasladó su personal ejecutivo a Costa Rica. con jornadas médicas, ferias institucionales y el envío aéreo de unas 1,500 libras de medicamentos. En paralelo, la cooperativa Coobana reactivó parcialmente la producción y exportación de banano en sus ncas, pese a las tensiones internas con la dirigencia sindical. VEA 3A Enrique Lau LP Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación tras denuncias presentadas por la propia Caja de Seguro Social (CSS), que señalan un posible desvío de fondos entre programas para cubrir pagos del régimen de pensiones. El director de la CSS, Enrique Lau Cortés, gura como responsable de haber autorizado las transferencias, las cuales podrían haber violado la autonomía - nanciera establecida por ley para cada programa de la institución. VEA 4A FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Lau enfrenta denuncias por uso de fondos de IVM El Servicio Aéreo Nacional traslada mercancías a Bocas del Toro. Cortesía Ficalía rastrea la ruta del dinero quellegó a sindicalista Cuando la justicia le da razón al periodismo La scalía rastrea la ruta del dinero que recibió Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, a través de más de 160 mil dólares en depósitos, muchos de ellos realizados por un individuo identi- cado como Luis V. El Ministerio Público investiga posible blanqueo de capitales y triangulación de fondos sindicales. VEA 3A La Corte Suprema rechazó una demanda civil millaria contra La Prensa, sentando un precedente en defensa del periodismo. El fallo adoptó la doctrina de la real malicia, destacando que no se probó falsedad ni intención de dañar. La justicia, esta vez, le dio la razón al interés público. VEA 2A POSIBLE BLANQUEO PRECEDENTE JUDICIAL Town Center, Costa del Este Autos, motos y tecnología; así es ExpomotorKM Hoy, a partir de las 10:00 a.m. se celebra el ExpomotorKM en Town Center de Costa del Este, con la participación de marcas como Coamco, Lynk & Co, Riddara, Chery, Chevrolet, Movinsa, Motores de Centroamérica, Royal Enfield y Kayo Motos. La feria ofrece un ambiente familiar, ideal para conocer las últimas novedades del sector automotriz y explorar opciones de vehículos, motocicletas y tecnología asociada. LP
2A La Prensa Panamá, domingo 18 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Carlos Godoy Archivo Mario De Gracia mario.degrac [email protected] El nuevo nominado para dirigir el Ifarhu también recibió un auxilio económico GOBIERNO Desde el Órgano Ejecutivo se recomendó el nombramiento de Carlos Godoy como director del Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), una designación que debe pasar por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional en medio del llamado a sesiones extraordinarias que hizo el Órgano Ejecutivo hasta el próximo 12 de junio de 2025. La designación ha llamado la atención, incluso de miembros de la Comisión de Credenciales, como el diputado Luis Duke, quien se mostró cauteloso respecto a la designación en una reciente entrevista con La Prensa, particularmente por el pasado de Godoy en la entidad y también por su aparición como beneciario de un auxilio económico. El nominado a director aparece entre los beneciarios para estudiar un doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias en el “Centro París Easy Campus Experience”, según la base de datos de beneciarios de auxilios económicos que dio a conocer el Gobierno Nacional en agosto de 2024. Tras ser contactado por este medio, Godoy dijo que fue un error que la entidad registrara el benecio como doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinaria. Aclaró que el auxilio es para un doctorado virtual en administración de proyectos, en México. En la base de datos de beneciarios, aparece que el monto para cubrir el doctorado es de $23,600, y que la fecha de inicio de los estudios era en noviembre de 2024, un mes después de que el ahora exdirector de la entidad –y el primero nombrado por la administración Mulino–, Jaime Díaz, dijera que el Ifarhu estaba ‘quebrado’. Sin embargo, Godoy asegura que el trámite se realizó antes, cuando estaba a cargo la exdirectora de lfarhu, Ileana Molo (2023-2024), asegurando que no la conoce y que presentó “toda su documentación” como correspondía. No obstante, por el doctorado en la universidad mexicana ya se ha desembolsado un monto de $12,000. Según el listado de auxilios, el “centro de estudios” sería Paris Easy Campus Experience (Peace Campus, por sus siglas en inglés), que no es un centro educativo como tal, sino una empresa que, según su propia descripción en su sitio web, se dedica a “desarrollar colaboraciones y asociaciones interinstitucionales únicas, así como a diseñar planes de estudios internacionales”. Está registrada en Francia. Godoy asegura que el doctorado en línea lo cursa en la universidad mexicana, y así gura en su hoja de vida difundida por la Presidencia al momento de su nombramiento. Los estudios de Godoy se extenderían hasta noviembre de 2026, por lo que aún faltaría poco más de un año para completar el programa. Este medio le preguntó cómo planea continuar su doctorado si asume la dirección del Ifarhu. El nominado respondió que seguirá estudiando de forma virtual y que “asumiría todos los costos a partir de la fecha”. No quedó claro cómo lo haría. También se contactó al Ifarhu para conocer el estatus del benecio recibido por Godoy, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En su hoja de vida se indica que fue director de Plani- cación y luego de Finanzas del Ifarhu entre 2009 y 2014, bajo la administración de Sonia Luzcando y durante el gobierno de Ricardo Martinelli (20092014). En ese periodo, Godoy fue mencionado en una investigación por presunto peculado relacionado con el manejo irregular de becas de asistencia económica. “Lo que más llama la atención son los auxilios económicos que esta persona pudo haber recibido (...). Recibir un auxilio habiendo sido director de la institución deja mucho sin sabor. También cuando ha estado vinculado a investigaciones por peculado”, cuestionó Duke, quien espera que Godoy comparezca ante la Comisión de Credenciales. El dilema de los auxilios En una entrevista reciente concedida a este medio, el actual director de Becas del Ifarhu, Santiago Ortega, aseguró que “todos los estudiantes en el exterior se fueron con auxilios económicos”. El problema con el programa, según Ortega, recaía en la discrecionalidad con la que se otorgaban estos benecios y en la ¨exibilidad del esquema, puesto que existía una falta de “métodos de control” que dieran constancia de criterios como la necesidad socioeconómica de los beneciarios. Edificio de Corprensa en la avenida 12 de Octubre, Panamá. LP Un precedente para la libertad de expresión en Panamá Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS La Corte Suprema rechazó una demanda por $25 millones contra ‘La Prensa’ por reportajes de 2006 sobre el exmagistrado César Pereira Burgos. El fallo rearma la libertad de expresión y protege el periodismo. Corporación La Prensa, S.A., fue favorecida por un fallo unánime de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la demanda presentada por la sucesión del exmagistrado César Pereira Burgos (Q.E.P.D.), en la que se reclamaban 25 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios por tres publicaciones del diario La Prensa, realizadas en 2006. La decisión, de 48 páginas y fechada el 17 de marzo de 2025, representa la tercera resolución judicial que rechaza las pretensiones indemnizatorias de la parte demandante. La primera instancia concluyó el 27 de agosto de 2014; la apelación fue resuelta el 14 de abril de 2023; y el fallo de casación civil, emitido en marzo de 2025, llegó más de 18 años después de haberse publicado los reportajes investigativos. Los antecedentes El diario La Prensa publicó, los días 20, 21 y 27 de septiembre de 2006, una serie de reportajes investigativos en los que se reveló que, en julio de 2004, cuando César Pereira Burgos era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, compró un cheque de gerencia del Banco Nacional de Panamá por 25 mil dólares, pagándolo con un cheque personal sin fondos. Posteriormente, cuando el banco requirió el pago, el empresario Roosevelt Thayer emitió un cheque a favor de Pereira Burgos, lo que, según explicó Thayer a La Prensa, constituía un préstamo. Los reportajes documentaron una cadena de hechos que iniciaron en 2003, cuando la entonces Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General ordenó cautelar bienes y cuentas del expresidente Ernesto Pérez Balladares, por un monto de 6.7 millones de dólares. La medida respondía a una investigación por presuntos vínculos entre el expresidente y la empresa portuaria PECC, beneciada con una concesión otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá durante su gobierno. En 2004, ya como magistrado, Pereira Burgos actuó como ponente en un amparo de garantías constitucionales interpuesto contra esas medidas cautelares, a pesar de que existía jurisprudencia que exigía agotar previamente todos los medios de impugnación. Cuatro días después de recibir el préstamo de Thayer, Pereira Burgos y otros cinco magistrados fallaron a favor de Pérez Balladares, ignorando la falta de agotamiento de recursos legales ante la DRP. El proceso En octubre de 2006, Pereira Burgos demandó civilmente a Corporación La Prensa, S.A., por los reportajes. El monto reclamado fue de 25 millones de dólares. Tras su fallecimiento en 2007, su sucesión continuó el litigio. La primera instancia concluyó el 27 de marzo de 2014, con un fallo que desestimó la demanda. El 14 de abril de 2023, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial conrmó la decisión. Ante ello, los demandantes presentaron recurso de casación, que fue rechazado por la Sala Primera de lo Civil. En la página 42 del fallo, los magistrados Olmedo Arrocha Osorio, Miriam Cheng Rosas y Ángela Russo de Cedeño resumieron el caso con una armación clave: “... a nuestro juicio, lo expuesto en las publicaciones guarda relación con las funciones desempeñadas casos [...].” El rol del periodismo El fallo subraya la conexión entre libertad de expresión y periodismo, lo cual sienta un precedente clave. En la página 13, la Sala destaca: “La libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática [...]. Comprende tanto el derecho individual a difundir ideas, como el derecho colectivo a recibirlas [...].” Y en la página 15, se cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “[…] el periodismo es la manifestación primaria y principal de esta libertad [...]. Es fundamental que los periodistas gocen de la protección e independencia necesarias para informar [...].” El fallo también advierte sobre el riesgo de autocensura derivado de demandas con montos exorbitantes. En la página 31 señala: “... no pueden prosperar aquellas indemnizaciones que solo buscan satisfacer los sueños de fortuna de los demandantes, inando desmedidamente sus cuantías a n de acallar a quienes solo han ejercido su derecho a expresarse.” Además, la Sala adopta la doctrina de la “real malicia” establecida por la Corte Suprema de EUA en New York Times v. Sullivan, que exige demostrar falsedad, negligencia grave o intención de causar daño para responsabilizar civilmente por expresiones sobre guras públicas. Comentario final Si bien el fallo fortalece la protección de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico, el hecho de que el proceso haya durado 18 años re¨eja el alto costo emocional y económico de este tipo de litigios. Panamá necesita establecer mecanismos más rápidos y menos onerosos que permitan a las personas proteger su honra sin desalentar ni castigar el periodismo de interés público, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos. por el demandante mientras ocupaba un cargo relevante dentro del Estado, lo cual [...] se encuentra protegido por el derecho de la libertad de expresión. [...] El funcionario o exfuncionario debe mostrar un mayor nivel de tolerancia a las críticas del público en general.” Una vez establecido el interés público de las publicaciones, la Corte analizó su licitud: “De igual forma, el demandante tampoco ha demostrado que los hechos expuestos [...] sean falsos [...]. Siendo ello así, mal pudiera catalogarse lo publicado como un hecho ilícito, pues no se ha acreditado que el comportamiento de la demandada estuviese alejado del estándar exigido para estos
3A La Prensa Panamá, domingo 18 de mayo de 2025 Panorama El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos, trasladó ayer sábado 17 de mayo un cargamento de 1,500 libras de medicamentos e insumos, valorado en $65,000, a la provincia de Bocas del Toro. La medida responde al cierre de vías por parte de manifestantes, lo que ha impedido el transporte terrestre de estos productos. Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos, informó que el envío se realizó por vía aérea con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y que los insumos llegaron al Almacén Regional de Medicamentos para su posterior distribución al hospital regional y a los centros de atención primaria. Entre los productos enviados se incluyen tratamientos para la hipertensión, diabetes, colesterol, tuberculosis, así como antibióticos y suplementos nutricionales infantiles. El Minsa reiteró que, de continuar los bloqueos, se mantendrán los envíos a través del corredor humanitario, con el objetivo de garantizar el abastecimiento ininterrumpido. En esta provincia operan más de 20 centros e instalaciones de salud. Por su parte, el subdirector nacional de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, Toric Arce, explicó que durante la semana del 12 al 16 de mayo la atención en los centros y puestos de salud de Bocas del Toro se mantuvo activa. Sin embargo, advirtió que, de persistir los bloqueos, la situación podría agravarse, ya que la población tendría dicultades para movilizarse, lo que podría generar la pérdida de citas médicas y cirugías programadas. Arce también señaló que, debido a las protestas, el horario de atención en el Minsa-Capsi de Finca 30 se ha reducido. Actualmente, los turnos se extienden hasta las 7:00 p.m., mientras que anteriormente se ofrecía atención hasta las 11:00 p.m. Jornada de salud Para brindar atención a la población bocatoreña, el Minsa realizó ayer sábado una jornada de salud en la que se ofreció diversos servicios, entre ellos: consulta médica, vacunación, exámenes de laboratorio, atención odontológica, toma de presión arterial, control de peso y talla, entrega de medicamentos, orientación por parte del personal de trabajo social y actividades de promoción de la salud. Durante esta jornada, organizada por la Región de Salud de Bocas del Toro, se atendieron a 119 pacientes, de los cuales 116 fueron vacunados, 107 recibieron control de peso y talla, 88 se sometieron a la toma de presión arterial, 56 acudieron al laboratorio, 34 fueron evaluados por odontología, 15 atendidos por trabajo social, y se entregaron 153 medicamentos. Minsa traslada por vía aérea 1,500 libras de medicamentos LOGÍSTICA Comenzó la actividad bananera en Bocas del Toro pese al intento cerrar la actividad. Cortesía Diálogo se reactiva; Coobana empieza a exportar banano Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Yaritza Mojica [email protected] BLOQUEOS Changuinola vive protestas y negociaciones mientras se reactiva la producción bananera. En Chiriquí, imponen toque de queda para menores y medidas cautelares a manifestantes detenidos en Viguí y San Lorenzo por disturbios recientes. E n medio de un clima de creciente tensión social en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, las autoridades panameñas han implementado medidas para preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Changuinola: Diálogo y reactivación económica En Changuinola, Bocas del Toro, se llevó a cabo una feria gubernamental con la presencia de ministros y autoridades locales, en un intento por acercar servicios estatales a la población. Paralelamente, se desarrollaron negociaciones a puerta cerrada entre representantes gubernamentales y líderes sindicales, buscando soluciones a las demandas sociales que han generado protestas en la región. En este contexto, la Cooperativa Bananera del Atlántico (Coobana) anunció la reactivación de la producción bananera, lo que representa un paso signicativo hacia la recuperación económica de la zona y la generación de empleo para los habitantes locales. Chiriquí: Toque de queda para menores de edad Ante un aumento en los hechos delictivos y disturbios durante manifestaciones sociales, la Gobernación de Chiriquí decretó un toque de queda para menores de edad en los distritos de Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé. La medida, vigente desde el sábado 17 de mayo, restringe la circulación de menores entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Además, se prohibió el consumo y venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos y locales comerciales durante el mismo horario, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad en la región. Acciones judiciales contra manifestantes El 14 de mayo, durante protestas en la vía Interamericana en los sectores de Viguí y San Lorenzo, fueron detenidos varios manifestantes tras enfrentamientos con la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional. En audiencias realizadas el 16 de mayo, la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en Chiriquí, Bienvenida Araúz Chavarría, impuso medidas cautelares a los detenidos. A nueve de ellos se les imputaron cargos por delitos contra la administración pública y se les ordenó presentarse periódicamente ante la Casa de Paz más cercana a sus residencias, además de prohibirles salir de la provincia. Otros cinco enfrentan cargos adicionales por delitos contra la vida e integridad personal, especícamente por lesiones personales, y se les impusieron medidas similares. (Con información de José González Pinilla, Yaritza Mojica y Yasser Yáñez García) Como parte del proceso legal que enfrenta Jaime Caballero, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el scal Emeldo Márquez reveló nuevos detalles sobre su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales. Entre las evidencias presentadas destacan movimientos bancarios que podrían revelar vínculos - nancieros entre miembros del sindicato y un individuo identicado como Luis V, supuesto responsable de la transferencia de fondos cuestionados. Según la Fiscalía, entre diciembre de 2023 y enero de 2025, la cuenta de ahorros de Caballero —identi- cada con el número 04-4898-30-35-34-1— recibió al menos 27 depósitos por un total de 57,093.36 dólares. Todos estos depósitos habrían sido realizados por una persona identicada como Luis V. La frecuencia, constancia y volumen de estas transferencias revelan un ¨ujo nanciero signicativo que, para el Ministerio Público, genera dudas sobre su origen, propósito y justi- cación. No obstante, la cuenta de Caballero ya mostraba actividad desde 2020, cuando comenzó a recibir depósitos de diferentes personas. El primer registro de interés se remonta al 13 de noviembre de ese año, cuando se efectuó un depósito por 4,000 dólares. A esta operación le siguieron varias transacciones similares a lo largo de 2021, con montos que oscilaron entre 1,400 y 4,000 dólares, sumando al menos 11,900 dólares en ese periodo. Durante 2023, la actividad en la cuenta se intensi- có, con depósitos documentados en julio, noviembre y diciembre, muchos de ellos realizados por Luis V. En este periodo también se descubrió un vínculo adicional: parte de los fondos transferidos a la cuenta de Caballero fueron utilizados por su hija, Katia Elena Batista Caballero, para saldar un préstamo de automóvil, según consta en los registros nancieros analizados. La secuencia de transferencias continuó en 2024, con un depósito registrado el 30 de enero por 2,506 dólares, seguido de otros en marzo y abril. Destacan las operaciones consecutivas entre el 26 de abril y el 30 de junio, durante las cuaEl misterioso ‘Luis V’ y los depósitos a Jaime Caballero que investiga la Fiscalía POSIBLE BLANQUEO les Luis V transrió montos que oscilaron entre 1,100 y 2,800 dólares, manteniendo un ritmo constante de depósitos. La lista de operaciones no termina allí. En diciembre de 2024 se reportaron más de cinco depósitos, entre ellos uno por 2,617 dólares el día 23. En enero de 2025, Caballero volvió a depositar 2,000 dólares, y cuatro días después, Luis V trans- rió 1,845.32 dólares a la misma cuenta. Ese mes cerró con cinco depósitos adicionales. Según el informe bancario, entre 2020 y 2025 se habrían depositado aproximadamente 166,807 balboas. Las autoridades judiciales consideran que estos movimientos podrían constituir indicios de una posible triangulación de fondos. “Estos depósitos totalizan un monto aproximado de 166,807 balboas”, dijo el scal durante la audiencia a Caballero. Otros detalles Además, la Fiscalía informó que el 21 de junio de 2024 el dirigente utilizó fondos provenientes del sindicato para pagar una morosidad de 39,252.72 dólares al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), producto de un préstamo que recibió de esa entidad bancaria en 2015 por 850,000 dólares. Por su parte, César Ruiloba, abogado defensor de Caballero, alegó durante la audiencia que en este caso no hay delito precedente del cual pueda derivarse el blanqueo de capitales, ya que el BDA no ha presentado ningún perjuicio o reclamo en cuanto al préstamo otorgado a su cliente. Además, sostuvo que las transferencias a las cuentas de Caballero fueron realizadas para sustentar las actividades del Suntracs, debido al bloqueo impuesto a las cuentas del sindicato. Ruiloba agregó que la Fiscalía no presentó una auditoría forense de los fondos manejados por su cliente que indicara la existencia de un hecho delictivo. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Jaime Caballero durante la audiencia. LP Miembros del SENAN trasladaron los medicamentos. Cortesía Padres exigen el retorno a clases Padres de familia de diversos centros educativos han solicitado el retorno a las aulas de clases a partir del próximo lunes 19 de mayo, tras 24 días de paralizaciones de labores de los docentes, movimiento que está en contra de la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).
4A La Prensa Panamá, domingo 18 de mayo de 2025 Panorama La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que ya fueron recuperadas las dos cajas negras del avión de Air Panamá accidentado el viernes 16 de mayo en el aeropuerto Capitán José Ezequiel Hall, de Isla Colón, Bocas del Toro. “El accidente está en fase de investigación y ya se recuperaron las dos cajas negras”, señaló Rafael Bárcenas, director de la AAC, durante una conferencia de prensa ofrecida ayer sábado, descartando al momento cualquier hipótesis incidental. Bárcenas indicó que se procederá con el análisis del contenido de las cajas negras. Adelantó que ambos pilotos de la aerolínea ya rindieron declaración ante el comité investigador del accidente, y ninguno reportó la presencia de personas en la pista del aeropuerto, descartando esto como una posible causa del siniestro aéreo. Hasta el momento, se ha informado que la aeronave, con matrícula HP-1899 PST, aterrizaba en medio de una intensa lluvia a las 9:01 p.m. del viernes en el aeropuerto de Isla Colón, algo que Bárcenas catalogó como “condiciones pobres”, con “visibilidad baja” para los pilotos. Los 35 pasajeros que transportaba el avión resultaron sin heridas de gravedad. No hubo víctimas fatales. El capitán del vuelo sufrió una fractura de muñeca, por la que ya recibió atención médica. Tras el hecho, la Cámara de Turismo de Bocas del Toro emitió un comunicado en el que advirtió que este tipo de eventos no deben consiAeronáutica recupera cajas negras del avión accidentado en Isla Colón INVESTIGACIÓN derarse aislados, sino como una consecuencia de años de negligencia e infraestructura deciente. Durante al menos 15 años y bajo tres administraciones, las obras públicas en Isla Colón han estado marcadas por la mala planicación y la ausencia de rendición de cuentas. Entre las deciencias mencionadas, la Cámara denunció la compra de equipos de navegación que nunca se instalaron, el pago de diseños que no fueron ejecutados y la reiteración de promesas incumplidas. Para el gremio, estos proyectos son elaborados desde despachos en la capital sin consulta local, lo que ha generado una serie de obras costosas, inservibles o inacabadas. “El problema no es la falta de fondos ni de leyes. Es una cultura de despilfarro disfrazada de desarrollo”, sostienen. La cámara pidió a las autoridades impulsar una inversión pública que responda verdaderamente a las necesidades, con planicación, transparencia e integridad. Enrique Lau Cortés dirigió la Caja Seguro Social entre 2019 y 2024. Archivo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Mario De Gracia Yasser Yánez García [email protected] IRREGULARIDADES La Fiscalía Anticorrupción se trasladó el pasado hasta las ocinas administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicadas en el área de Clayton, corregimiento de Ancón, tras recibir dos denuncias formales presentadas por la propia entidad. Según fuentes del Ministerio Público, las querellas están relacionadas con un presunto traslado irregular de fondos de la CSS hacia el Gobierno Central, una maniobra que podría implicar violaciones al marco legal que rige la autonomía de la institución. También se investiga la transferencia de fondos de programas de la CSS al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), hecho que, de conrmarse, representaría una violación a la normativa que regula la entidad. Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado la recopilación de documentos y la realización de entrevistas con funcionarios para determinar si existió responsabilidad administrativa o penal. De hecho, la CSS conrmó a este medio que ha cooperado con las diligencias. Las denuncias Todo esto ocurre un día después de que la CSS presentara tres denuncias por la posible comisión de delitos contra la administración pública. La más grave involucra a la pasada administración de la entidad (2019-2024), liderada por Enrique Lau Cortés, por el presunto traslado ilegal de recursos hacia el Gobierno Central. Según el director legal de la CSS, Franklin Castrejón, se detectó un movimiento de fondos cercano a los 400 millones de dólares entre 2023 y los primeros meses de 2024, cuando Lau Cortés dirigía la institución. Aunque evitó precisar de qué programas especícos provenían los fondos, alegó que esa información se encuentra bajo reserva y será revelada “en su momento” al país. Castrejón subrayó que la operación carecía de sustento legal, ya que tanto la Ley 51 como la actual Ley 462 prohíben expresamente cualquier desvío de fondos entre la CSS y otras entidades del Estado. “Eso constituye un delito contra la administración pública en varias modalidades”, armó el funcionario, al tiempo que explicó que corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales. De los 400 millones de dólares, 300 millones fueron entregados al Gobierno Central en 2023 y los 100 millones restantes en 2024. Estos traspasos eran consignados como un préstamo o adelanto que debía ser reembolsado a la CSS en un plazo de 30 días, lo cual nunca ocurrió. Se pudo conocer que las órdenes directas para ejecutar estos movimientos provenían, supuestamente, del despacho de Lau Cortés. Otras denuncias También se presentó otra denuncia relacionada con la asignación de 2,000 millones de dólares al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) entre los años 2010 y 2023, para cubrir faltantes y asegurar el pago a jubilados. La CSS opera bajo un régimen de responsabilidad individual, lo que signica que cada programa debe - nanciarse con los aportes de los asegurados y empleadores vinculados a ese sistema. Es decir, no se pueden transferir recursos de un programa a otro. Además, otra querella fue presentada por la retención ilegal del pago de cuotas obrero-patronales. Castrejón detalló que la actual administración de la CSS encontró, en octubre, alrededor de 7,000 expedientes pendientes. “Son diferentes empresas privadas, y tenemos aproximadamente 120 municipios y alcaldías que también están morosos, con una deuda aproximada de 21 millones de dólares. A la fecha, hemos presentado 350 querellas contra empresarios por un monto cercano a 8.5 millones de dólares”, armó. El director de Asesoría Legal no especicó los nombres de las personas contra quienes se presentaron las denuncias, indicando que esa responsabilidad le corresponde al Ministerio Público tras las investigaciones pertinentes. Miembros de la comunidad china de Panamá expresaron su preocupación ante los nuevos proyectos que gestiona la Alcaldía de Arraiján (Panamá Oeste) y que probablemente incluyan la remoción de estructuras y monumentos representativos de China del Mirador del Puente de las Américas. En una carta enviada a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, la Sociedad de Beneficencia Fa Yen, en la que resaltan y apoyan los esfuerzos del Municipio de Arraiján para recuperar y embellecer áreas de interés común, incluyendo el emblemático Mirador del Puente de Inquietud por posible remoción de mirador en el puente de las Américas COMUNIDAD CHINA las Américas. Sin embargo, expresan su inquietud por la circulación en redes sociales de bosquejos arquitectónicos compartidos por la Alcaldía, donde se observa la ausencia de varias estructuras y monumentos que actualmente celebran la presencia histórica de la etnia china en Panamá. “Consideramos que las mejoras se pueden realizar sin afectar la presencia de los monumentos. En materia de mejoramiento y embellecimiento, La Asociación China de Panamá ha indicado mediante correspondencia oficial al Municipio de Arraiján que cuenta con la disposición y los fondos necesarios para los trabajos de restauración y embellecimiento de los monumentos y ha expresado reiteradamente al Municipio su deseo de ejecutar las obras”, se plasma en el comunicado. Para la Asociación, el Mirador y los monumentos ubicados en el lugar son clave para recordar los orígenes y proyectar el futuro, tanto como comunidad como país. Por este motivo, solicitaron respetuosamente que se incorpore a miembros de su organización en el grupo de profesionales que evaluará las obras a realizar. Proponen que, mediante consultas adecuadas, se encuentre una alternativa que permita mejorar el Parque Mirador del Puente de las Américas y, al mismo tiempo, preservar y restaurar las estructuras que conmemoran los más de 175 años de presencia de la comunidad china y sus descendientes en Panamá. En enero pasado, la alcaldesa Peñalba divulgó en redes sociales unas imágenes sobre cómo podría quedar el Mirador del Puente de Las Américas. Henry Cárdenes [email protected] Mirador del puente de las Américas. Isaac Ortega El incidente ocurrió mientras la aeronave aterrizaba en medio de una intensa lluvia a las 9:01 p.m. Cortesía / Cuerpo de Bomberos Lau en la mira: Fiscalía inspecciona la CSS por presunto desvío de fondos La denuncia más grave involucra a la pasada administración de la Caja de Seguro Social (2019-2024), liderada por Enrique Lau Cortés, por el presunto traslado ilegal de $400 millones hacia el Gobierno Central.
5A La Prensa Panamá, domingo 18 de mayo de 2025
6A La Prensa Panamá, domingo 18 de mayo de 2025 Panorama El cantautor panameño Rubén Blades criticó la sorpresiva salida del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) hacia Colombia bajo la gura de “asilo político”, tras recibir un salvoconducto del gobierno nacional, encabezado por el presidente José Raúl Mulino. En un artículo publicado en su columna digital La Esquina de Rubén Blades, el también exministro denunció lo que considera una maniobra para proteger a un “corrupto lavador de dinero convicto y prófugo”. Blades cuestionó que la cancillería colombiana haya aceptado a Martinelli bajo la gura de “perseguido político”, calicando esa justicación como errónea. “Martinelli no es un perseguido político, es un corrupto lavador de dinero, convicto y prófugo de la justicia”, sentenció. El artista señaló además la aparente contradicción de que Martinelli haya elegido Colombia como destino, considerando su historial de ataques verbales con el presidente colombiano Gustavo Petro. Sugiere que la decisión de recibirlo habría sido acordada en conversaciones de alto nivel durante la reciente visita de Petro a Panamá en marzo pasado. El embajador panameño en Colombia, Mario Boyd, también fue blanco de críticas por recibir a Martinelli “en calidad ocial” y tomarse una fotografía que circuló en redes sociales. Blades ironizó la escena describiendo al exmandatario como “feliz y contento”, acompañado de su mascota Bruno, “el único ser viviente que lo lame y no le cobra”. Blades sobre Martinelli: ‘es un corrupto lavador de dinero, convicto y prófugo’ En la columna, también se rerió a la huelga nacional que atraviesa el país, la cual cumple ya tres semanas. El músico señaló que, aunque no todos los sectores productivos apoyan el paro, sus consecuencias económicas podrían llevar al gobierno a adquirir más deuda, profundizando la crisis scal. Entre los factores que alimentan el malestar ciudadano, mencionó la falta de claridad sobre el futuro de la Caja del Seguro Social (CSS), el contenido de acuerdos recientes entre Panamá y Estados Unidos, y la incertidumbre sobre el caso de Minera Panamá y su vinculación con la empresa First Quantum Minerals. El autor advirtió que, al igual que protestas anteriores, esta huelga carece de una propuesta concreta para cambiar el sistema de clientelismo político que — según él— perpetúa la corrupción. “Lo que parece obvio es que nadie sabe para dónde va el asunto”, escribió Blades, quien concluyó alertando sobre una posible crisis de gobernabilidad en un país que “ni siquiera tiene vicepresidente”. Foto difundida por el expresidente Martinelli en Bogotá. Tomada de @ricardomartinelli99 Vehículo diplomático, salvoconducto y asilo: el día que Martinelli voló Yasser Yánez García [email protected] Yasser Yánez García [email protected] IMPUNIDAD El diario ‘El Tiempo’ revela que el expresidente Ricardo Martinelli salió de la embajada de Nicaragua con pasaporte nicaragüense, escoltado en vehículo diplomático, tras una operación coordinada por Colombia y autorizada por Panamá mediante un salvoconducto. Bajo la supervisión del presidente Gustavo Petro y la coordinación de la canciller Laura Sarabia, el gobierno colombiano ejecutó el traslado del expresidente panameño Ricardo Martinelli desde la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá hacia Bogotá, donde le fue concedido asilo político. La operación incluyó el uso de un pasaporte nicaragüense, un vehículo diplomático y el otorgamiento de un salvoconducto por parte de las autoridades panameñas . Así lo reveló una investigación del diario El Tiempo de Bogotá, que Fabio Mariño, embajador colombiano en Panamá y exmiembro del M-19, jugó un papel clave en la negociación. ¿Cómo se dio el asilo? Según cita la investigación de El Tiempo de Bogotá, “Martinelli envió al menos tres solicitudes de asilo a paísescomoHondurasyColombia y esta última, a pesar de ser a un gobierno de izquierda, afín a la dictadura de Ortega, le terminó respondiendo, tras un par de llamadas gobierno a gobierno”, señaló una fuente diplomática desde Ciudad de Panamá. Y agregan que “el presidente José Raúl Mulino, exministro de Martinelli y a quien este le hizo el guiño para que ganara las presidenciales de 2024 (tras quedar inhabilitado por la condena), estuvo enterado de cada paso”. Sin embargo, Mulino señaló en su conferencia de prensa del jueves 15 de mayo, que Panamá supo del trámite “casi en el momento en que el gobierno colombiano nos informó que estaban procesando esa petición. El gobierno panameño no gestionó esa petición”. El Tiempo obtuvo acceso a la carta que Martinelli envió a la embajada de Colombia: “(...) Me dirijo con preocupación e inquietud al gobierno de Colombia al encontrarme en estos momentos en una situación que representa una amenaza a mi integridad mental así como al pleno ejercicio de mis derechos humanos fundamentales y mi integridad física”. La investigación revela también que Panamá consultó a la Interpol en Lyon,- Francia para descartar que existiera una circular roja en contra de Martinelli. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, explicó a El Tiempo que en el caso New Business, se agotaron las instancias ordinarias en la justicia. Sin embargo, “están pendientes de resolver recursos extraordinarios de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, por haberse violado el principio de especialidad y el debido proceso”. Y aseguró, que existe una demanda contra Panamá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a sus derechos. El artículo asegura que Martinelli se iría a vivir a Cartagena porque la altura de Bogotá le estaría afectando. El Ministerio de Educación (Meduca) anunció un plan de inversión en infraestructura escolar estimado en $97 millones, distribuidos en órdenes de proceder ya entregadas por al menos $26.4 millones, y otras que serán emitidas en las próximas semanas por un monto de $71 millones. Las primeras siete órdenes de proceder ya fueron adjudicadas a centros educativos ubicados en seis regiones del país, con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje para unos 4,600 estudiantes. Los planteles beneciados en esta primera fase son: la escuela Isidro Guainora, en la comarca Emberá Wounaan ($10.7 millones); la escuela Cerro Cruz ($857 mil 497) y el Centro Educativo Politécnico Agropecuario Buenos Aires ($346 mil 653), ambos en la comarca Ngäbe Buglé. También guran la Escuela El Marañonal, en Panamá Oeste ($2.9 millones); el Colegio Manuel María Tejada Roca, en Los Santos ($11.2 millones); el Instituto Profesional y Técnico de Don Bosco, en Panamá Centro ($206 mil ), y el Primer Ciclo Corozo, en Chiriquí ($78 mil 587). La directora nacional de Infraestructura del Meduca, María Pineda, explicó que las obras cumplirán con los estándares técnicos y pedagógicos denidos por la institución, garantizando salones amplios, ventilación cruzada, altura adecuada y pasillos con buena circulación. En paralelo, el Meduca también avanza en la regularización legal de las escueTrabajos en siete escuelas; Meduca anuncia inversiones por $97 millones EDUCACIÓN las. La ministra de Educación, Lucy Molinar, recibió de parte de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) 20 títulos de propiedad a nombre del Estado, lo que facilita la ejecución de futuros proyectos en terrenos debidamente registrados. Entre las escuelas tituladas guran: Gran Bretaña, Carlos Constantino Arosemena y Tierra Prometida (Panamá); La Playa y el CEBG Juana B. Macías (Veraguas); el CEBG en Machuca, el CEBG en Toabré Abajo y la escuela El Palmar (Coclé); la escuela República de Nicaragua (Bocas del Toro); Mendoza (Panamá Oeste), Bella Vista y Las Vueltas (Chiriquí), entre otras. El Meduca adelantó que en las próximas semanas se otorgarán las nuevas órdenes de proceder por unos $71 millones, en bene- cio de al menos 8,300 estudiantes en cuatro regiones educativas. Los trabajos deberán iniciarse en los próximos días. Yaritza Mojica [email protected] La primera fase de inversión por $26.4 millones incluye mejoras en siete escuelas de seis regiones educativas. Cortesía Rubén Blades. EFE El presidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE La canciller de Colombia, Laura Sarabia Archivo El presidente de Panamá, José Raúl Mulino. LP
7A La Prensa Panamá, domingo 18 de mayo de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Panamá, el metro cuadrado más accesible de la región El precio estable por metro cuadrado refuerza el atractivo del país entre inversionistas locales y extranjeros que buscan oportunidades en bienes raíces con alto potencial de valorización. Vista de la ciudad de Panamá, donde el precio por metro cuadrado se mantiene por debajo del promedio regional, consolidando su atractivo para invertir en bienes raíces. Alexander Arosemena Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Aunque el volumen de ventas todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19), el mercado inmobiliario panameño navega por aguas estables, con un rango de precio por metro cuadrado que lo mantiene accesible tanto para nacionales como para extranjeros. Sarita Hanono de Hamui, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), comentó a La Prensa que el precio por metro cuadrado se ha mantenido estable, con incrementos moderados que demuestran la solidez del país y su capacidad de adaptación a las circunstancias actuales. “El precio por metro cuadrado en Panamá ha mostrado una evolución ordenada y responsable. Dependiendo del segmento, vemos precios desde los 638 dólares hasta los 3,869 dólares”, indicó. En la ciudad capital, zonas como Costa del Este, Santa María y San Francisco encabezan la lista con una valorización sostenida. En el interior del país, áreas de playa como Venao, en la provincia de Los Santos, registran una alta demanda, con precios que rondan los 2,200 dólares por metro cuadrado. Durante la pandemia, y producto de la estricta cuarentena ordenada por las autoridades, las propiedades cercanas a las playas experimentaron una fuerte demanda, ante la necesidad de contar con espacios abiertos. La presidente de Acobir indicó que esta tendencia por propiedades de playa se ha mantenido activa, no solo por parte de compradores locales, sino también como una opción atractiva para inversionistas extranjeros. Esto, según destacó, gracias al apoyo bancario y al marco legal panameño. Hanono de Hamui subrayó que, entre 2020 y 2024, en algunos segmentos del mercado inmobiliario, hasta el 40% de las propiedades fueron adquiridas por inversionistas extranjeros. “Invertir en Panamá signi- ca tener un activo en un país con proyección de crecimiento, ubicación estratégica, uso del dólar y apertura a la reventa de propiedades”, sostuvo. En el último año, los apartamentos con precios entre 70 mil y 300 mil dólares han liderado las preferencias de los compradores, especialmente los de dos recámaras. Además, se ha registrado un mayor dinamismo en el mercado secundario de viviendas, en particular aquellas con ubicación céntrica. Esta demanda por propiedades usadas, comentó la presidenta de Acobir, ha sido respaldada por el sector bancario, que ha incrementado el catálogo de bienes para remate. Cabe recordar que la Ley 415 de 2023 establece que, en remates judiciales de bienes inmuebles, la base del remate debe - jarse en función del valor de mercado o valor comercial. “Esto ha generado un entorno más transparente, creando oportunidades adicionales para quienes buscan invertir de forma estratégica”, concluyó Hanono de Hamui. Y la región ¿Pero, en comparación con otras capitales latinoamericanas, cómo está Panamá en precio por metro cuadrado? Aunque todo dependerá del área, tamaño y otras variantes, diversos informes ubican a la capital panameña en un punto accesible para los compradores. De acuerdo con los datos revelados en marzo pasado por el Relevamiento Inen sectores como Obarrio, Marbella y San Francisco. Otras plataformas que miden el comportamiento de los precios en Panamá indican que, en marzo pasado, el precio promedio en la provincia de Panamá fue de 2,378 dólares por metro cuadrado en apartamentos, mientras que en el segmento de casas fue de 1,288 dólares. En ambos casos se registró una disminución del 4% en comparación con los valores de nales de 2024. La presidente de Acobir comenta que Panamá ofrece una de las mejores relaciones costo-benecio para la inversión inmobiliaria en América Latina. Hanono de Hamui señala que las preferencias del comprador panameño cambiaron tras la pandemia, y ahora se priorizan los espacios con luz natural, áreas verdes, zonas sociales abiertas y espacios internos que permitan trabajar desde casa. Mercado de oficinas Siguiendo la tendencia del mercado residencial, el metro cuadrado destinado a ocinas en Panamá tampoco está entre los más costosos de la región. Un reporte de la rma Newmark indica que, en el mercado eciente (bajo), Panamá tiene un costo de 980 dólares por metro cuadrado, colocándose en el puesto seis de 14 países, justo por encima del promedio. En el mercado medio, con 1,240 dólares por metro cuadrado, Panamá también se ubica en la parte media del rango, por debajo de países como Jamaica, Barbados y México. Mientras que en el mercado alto, con 1,500 dólares por metro cuadrado, Panamá queda en la posición 11 de 14, lo que indica que hay varios países con propiedades más costosas en esa gama, como Trinidad y Tobago, El Salvador y Perú. Al revisar los resultados, Panamá presenta un mercado inmobiliario urbano de clase media-alta, con precios razonables en comparación con la región. BIENES RAÍCES mobiliario de América Latina (RIAL), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina, el precio por metro cuadrado en la ciudad de Panamá se ubica en la novena posición, con un promedio de 1,804 dólares. Montevideo (Uruguay), Ciudad de México, Lima (Perú), Guadalajara (México), Río de Janeiro y São Paulo registraron precios superiores a los 2,000 dólares. Comparando los precios reportados por el RIAL en abril de 2019, Panamá muestra una disminución del 7%, siendo una de las pocas ciudades donde se redujo el valor por metro cuadrado. Los datos del RIAL se basan en precios ofertados en propiedades ubicadas El Tribunal Administrativo Tributario Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco economí[email protected] tiva, las apelaciones contra los actos administrativos que expida la Dirección General de Ingresos (DGI) y las Administraciones Provinciales de Ingresos. Estas resoluciones incluyen reclamaciones de devoluciones de tributos nacionales, resoluciones relativas a los alcances scales, solicitudes varias ante la DGI, resoluciones de multas y sanciones, así como cualquier otro acto administrativo relacionado directamente con la liquidación y determinación de tributos administrados por la DGI. Se excluye de su competencia la materia tributaria aduanera, municipal y de seguridad social. También resuelve en vía de apelación las tercerías, excepciones e incidentes que se interpongan en el procedimiento de cobro coactivo de la DGI. Las decisiones que dicte el TAT agotan la vía gubernativa, y el contribuyente podrá recurrir a la vía contencioso-administrativa de acuerdo con lo establecido por la ley. Mediante la Ley 76/2019, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario (CPT), se subrogó toda la normativa referente al TAT contenida en la Ley 8/2010. En particular, el artículo 325 de la Ley76/2019 establece (igual que la Ley 8/2010) que el TAT quedará integrado por tres magistrados, de los cuales dos serán abogados y uno contador público autorizado (CPA), todos con sus respectivos suplentes. Estos funcionarios serán nombrados por el Presidente de la República y raticados por la Asamblea Nacional por un período de cinco años. La Ley 8/2010 establecía que los primeros nombramientos de los magistrados se realizarían por períodos escalonados de tres, cuatro y cinco años, y así ocurrió. Sin embargo, posteriormente no se designaron a tiempo, por parte del Órgano Ejecutivo, los reemplazos correspondientes, por lo que los magistrados principales y suplentes tuvieron que ocupar sus puestos por más tiempo, lo que alteró signicativamente los períodos escalonados de nombramiento. Este sistema de nombramiento escalonado garantiza, entre otros aspectos, que no todos los magistrados sean designados en un mismo período de gobierno. Recientemente, mediante Decreto Ejecutivo 22/2025 (que reglamenta el procedimiento de selección delos magistrados del TAT) y a través de la convocatoria reciente emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicada en la Gaceta Oficial 30278 de 15/05/2025, se convocó a todos los interesados en participar como aspirantes a los cargos de magistrado principal abogado, magistrado principal CPA y sus respectivos suplentes. (De acuerdo con el artículo 326 del CPT, solo podrán ser magistrados suplentes los funcionarios del TAT). Cápsula fiscal: Los aspirantes a los cargos de magistrados principales y suplentes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 326 del CPT, los cuales se sustentarán mediante la presentación de una listade documentos señalados en el artículo 5 del D.E. 22/2025 y en la convocatoria del MEF antes mencionada. Los aspirantes deberán presentar su solicitud en la Secretaría General del MEF, ubicada en Vía España, Edicio Ogawa, junto a los documentos requeridos en originales o copias autenticadas ante Notario Público, indicando el cargo al cual aspiran y adjuntando una hoja de vida. El período para la recepción de estas solicitudes será de diez días hábiles contados desde el 16/05/2025, en horario de9:00 a.m. a 4:00 p.m. El autor es abogado especializado en materia tributaria. La Ley 8/2010 creó el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) como un ente independiente dentro del Órgano Ejecutivo, especializado e imparcial, con sede en la ciudad de Panamá y jurisdicción en todo el país. El TAT tiene competencia y, entre otras funciones, puede conocer y resolver, como última instancia administraEMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 86.28 pies 238.49 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal
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