2A La Prensa Panamá, viernes 16 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mario De Gracia [email protected] Luis Duke, diputado de la coalición Vamos. Itzalí Pérez Duke: ‘Auditoría de la Contraloría en la Asamblea no debe ser un ‘show’ mediático’ ’BOTELLAS’ Muy cerca del control de la bancada de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional se encontrará, una vez más, el diputado Luis Duke, reelecto como subjefe para acompañar ahora a Roberto Zúñiga, nuevo jefe de la bancada legislativa. Superan un convulso primer periodo legislativo, en el que la Contraloría General de la República efectuó una severa auditoría sobre las planillas del Órgano Legislativo. Sin embargo, Duke ha sido una de las voces críticas de la medida por un error que, asegura, se cometió con su planilla de personal permanente, donde aparecieron hasta 12 personas, cuando en su despacho solo trabajan 7. “Ya recibí respuesta de la Asamblea y me contestaron que no tengo personal permanente asignado a mi planilla y tampoco lo he solicitado, que es la práctica común que tienen otros diputados. Además me indicaron el número correcto de personal asignado a mi planilla es de 7 personas, pero lamentablemente la Contraloría cometió un error y me lo aceptó a mí”, detalló Duke en entrevista con La Prensa ayer. El diputado asegura que fue a Contraloría a entregar una carta para que se corrija la información sobre su planilla, pero apunta que hasta el momento “el contralor, Anel Flores, no le ha dado la cara respecto a ese tema”. Este medio consultó a la Contraloría sobre las razones del error, pero señalaron que para aclarar su situación, el diputado debía acudir al departamento de Recursos Humanos en la Asamblea. Sin embargo, en el Legislativo aseguraron a Duke que en su planilla solo hay 7 personas, no 12. En la página web de la Contraloría para consultar pago de planillas y donaciones por diputado de la Asamblea Nacional, la información correspondiente a 2025 no se encuentra disponible. “Estoy a favor de la auditoría y las botellas deben irse, pero generar irregularidades durante una auditoría genera preocupación”, dijo el diputado. Respecto a la efectividad de la auditoría, en momentos en que ya se retomaron los pagos por transferencia ACH y solo se han retenido hasta 300 pagos a funcionarios, Duke señala que “el contralor tiene claro quiénes son las botellas [funcionarios que cobran pero evaden sus responsabilidades] y no solamente de la Asamblea. Creo que tiene claro quiénes son en todas las instituciones, pero hay que tomar acciones. Yo pienso que esto no debe ser un show mediático, debe terminar en acciones concretas. El pueblo ya está cansado de que se estén robando su plata y que nadie pague en la cárcel”, apuntó el diputado. Panorama legislativo “Janine Prado deja la vara muy alta”, reconoce Duke sobre el periodo legislativo que le espera junto a Zúñiga. Prado lideró a los 20 diputados electos por vía de la libre postulación durante su estreno en el Legislativo, donde por primera vez un colectivo con estas características formabaunabancadamayoritaria. Uno de los objetivos principales en la nueva legislatura será reconstruir la confianza que los ciudadanos depositaron en el colectivo y sus figuras divergentes frente a los partidos políticos. “La diferencia es que nosotros buscamos un debate de ideas, argumentos y posturas, más allá de un debate que busque prebendas o algún beneficio que se pueda obtener del gobierno”, señaló Duke, aludiendo a casos que se han dado en diversas comisiones del Legislativo. El rejuego de poder que describe Duke lo enmarca, además, en uno de los últimos nombramientos del Ejecutivo en medio de las sesiones extraordinarias en el Legislativo: Carlos Godoy como director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). “Los que más llaman la atención son los auxilios económicos que esta persona pudo haber recibido en el periodo anterior, un periodo gobernado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y recibir un auxilio en la situación en la que ya fue director de la institución deja mucho sin sabor. También cuando ha estado involucrado en el caso de las investigaciones de peculado”, apuntó Duke. En 2014, Godoy fue mencionado en una querella penal presentada por el Ifarhu ante el Ministerio Público. La denuncia incluía acusaciones de presunto peculado y delitos contra la administración pública, relacionadas con la entrega supuestamente irregular de becas de asistencia económica educativa durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014. En cuanto a la búsqueda de la presidencia de la Asamblea Nacional por parte del colectivo, Duke prefirió no opinar, señalando que nada es seguro previo al arranque del segundo periodo de sesiones ordinarias, el próximo 1 de julio. Franklin Castrejón, director de Asesoría Legal de la CSS. Ohigginis Arcia J. $400 millones de programas de CSS fueron a parar al Gobierno Central Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] DENUNCIA Según la denuncia, de los $400 millones, $300 millones fueron entregados en 2023 y los $100 millones restantes, en 2024. Los traspasos fueron consignados como préstamo o adelanto que debía ser reembolsado a la CSS en 30 días, lo cual nunca ocurrió. El director legal de la Caja de Seguro Social (CSS), Franklin Castrejón, confirmó que se ha presentado una denuncia formal contra la pasada administración de esa entidad (2019-2024), liderada por Enrique Lau Cortés, por el presunto traslado ilegal de recursos hacia el gobierno central. Según Castrejón, se detectó un movimiento de fondos cercano a los 400 millones de dólares entre 2023 y los primeros meses de 2024, cuando el director de la institución era Lau Cortés. Aunque evitó precisar de qué programas específicos de la CSS provinieron los fondos, alegó que esa información se encuentra bajo reserva y será revelada “en su momento” ante el país. Castrejón subrayó que la operación carecía de sustento legal, ya que tanto la Ley 51 como la actual Ley 462 prohíben expresamente cualquier desvío de fondos entre la CSS y otras entidades del Estado. “Ese es un delito contra la administración pública en varias modalidades”, afirmó el funcionario, al tiempo que explicó que corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales. De los $400 millones, $300 millones fueron entregados al gobierno central en 2023 y los $100 millones restantes, en 2024. Estos traspasos eran consignados como un préstamo o adelanto que debía ser reembolsado a la CSS en un plazo de 30 días, lo cual nunca ocurrió. Se pudo conocer que las órdenes directas para realizar estos traspasos provenían, supuestamente, del despacho de Lau Cortés. Los detalles Sobre este tema, el actual director de la CSS, Dino Mon, subrayó que los traslados se hicieron sin la autorización de la junta directiva. Según Mon, este desvío causó una lesión patrimonial a los asegurados, ya que los fondos no fueron invertidos como corresponde. Aunque reconoció que el actual gobierno, encabezado por José Raúl Mulino, devolvió el dinero a través de descuentos del impuesto sobre la renta, lamentó que durante el tiempo en que los recursos estuvieron fuera de la CSS no generaron rendimiento alguno. “El Ministerio Público debe investigar y deslindar responsabilidades”, subrayó Mon, quien insistió en que la Caja de Seguro Social no puede seguir siendo tratada como “la caja menuda del Estado”. Recordó que la CSS es una entidad autónoma, cuyos recursos pertenecen a los trabajadores y empleadores, y están destinados exclusivamente al financiamiento de servicios de salud, riesgos profesionales y el sistema de pensiones. “Los dineros de la CSS no pueden usarse para fines ajenos. Son fondos de terceros, y debemos protegerlos con firmeza”, concluyó. Además, indicó que este jueves se presentaron al menos 40 nuevas denuncias penales contra empleadores por la retención indebida de cuotas obrero-patronales, sumándose a las más de 300 que ya había acumulado la institución en meses anteriores. “La sociedad no lo sabe, pero estamos trabajando para recuperar estos fondos y denunciar estas prácticas que atentan contra las jubilaciones y la salud de todos los panameños”, declaró Mon. Explicó que cuando un empleador no declara la cuota correspondiente, el trabajador pierde su ficha y, con ello, el derecho a la cobertura de salud que garantiza la CSS. Mon destacó que muchas de estas denuncias han sido posibles gracias a los canales habilitados a través de la plataforma Mi Caja Digital, La junta directiva El exmiembro de la Junta Directiva de la CSS, César Tribaldos, aseguró que con la aprobación de la Ley 51 en 2005, se debió crear un fondo de transición entre el sistema anterior y el nuevo, con aportes anuales de entre $400 millones y $450 millones, pero ese compromiso nunca se cumplió en su totalidad. Tribaldos responsabilizó directamente a los expresidentes Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (20142019) y Laurentino Cortizo (2019-2024) por no haber tomado decisiones estructurales frente al colapso anunciado del sistema. “Torrijos solo destinó fondos parciales; Martinelli no quiso hacer nada; Varela lo reconoció, pero no actuó; y Cortizo creó un diálogo que no dio resultados y luego dijo que no tenía capital político”, reprochó. El exdirectivo también señaló que la Junta Directiva de la CSS violó la ley al no actuar cuando, en 2014, las reservas cayeron por debajo del umbral legal establecido —2.25 veces el gasto del año anterior—, lo que obligaba a proponer reformas. “Tienen responsabilidad legal por omisión. Sabían lo que iba a ocurrir y no hicieron nada”, sentenció. De manera similar se expresó el también expresidente de la Junta Directiva, Carlos Abadía, quien señaló que la junta, como principal responsable de la CSS, “tiene mucho que decir en estos temas”. Por su parte, el líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, afirmó que el cumplimiento de la ley es ineludible para los funcionarios, por lo que espera que todo sea investigado y, de haber responsables, estos sean sancionados. Se intentó obtener la versión de los exdirectores de la CSS Guillermo Sáez-Llorens (2009-2014), Estivenson Girón y Alfredo Martiz (2014-2019) y Enrique Lau Cortés (2019-2024), y no hubo respuesta. por donde ciudadanos han reportado irregularidades. “Hemos podido caerle a todas estas empresas”, dijo, señalando que algunas ya figuraban en los listados de morosidad, mientras que otras son casos nuevos. Además se presentó otra denuncia ya que entre los años 2010 y 2023 se asignaron al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 2,000 millones de dólares para cubrir el faltante y así poder pagarles a los jubilados. La CSS opera bajo un régimen de responsabilidad individual, lo que significa que cada programa se financia con los aportes de los asegurados y los empleadores que están cubiertos por ese sistema. Es decir, que no se podía transferir de un programa a otro.
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