6A La Prensa Panamá, jueves 15 de mayo de 2025 La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado para que cese la violencia generada a través de las manifestaciones y protestas. Además, denunció que un grupo de obreros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) lanzó piedras contra dos centros educativos que impartían clases este miércoles 14 de mayo. La titular del Ministerio de Educación (Meduca), en conferencia de prensa, explicó que fueron dos centros educativos los atacados con piedras por un grupo de obreros del Suntracs, donde incluso fue vandalizado el vehículo de un educador que se encontraba dando clases. Molinar señaló que, para salvaguardar la integridad de los estudiantes y docentes de estos centros educativos —cuyos nombres y ubicaciones no mencionó por motivos de seguridad—, se requirió la intervención de unidades de la Policía Nacional para custodiar y acompañar a algunos niños hasta sus hogares. Subrayó que se intentó que las directoras de las escuelas interpusieran las denuncias ante el Ministerio Molinar condena actos vandálicos contra escuelas EDUCACIÓN La Policía Nacional informó que, desde el inicio de las protestas hace 21 días, se han contabilizado más de 480 bloqueos en el país y 196 personas han sido aprehendidas Cortesía Diálogo en Bocas detenido; Gobierno espera respuesta Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Yaritza Mojica [email protected] TENSIÓN SOCIAL Mientras los sindicalistas se retiraban para consultar con dirigentes de finca, la delegación gubernamental abandonó la provincia, lo que dejó a la población sin claridad sobre los avances. El proceso de diálogo entre representantes del Gobierno y trabajadores bananeros en Bocas del Toro se interrumpió este miércoles, tras extensas discusiones sin resultados concretos. Mientras los sindicalistas se retiraban para consultar con dirigentes de finca, la delegación gubernamental abandonó la provincia sin brindar la acostumbrada conferencia de prensa en el aeropuerto de Changuinola, lo que dejó a la población sin claridad sobre los avances o retrocesos en la mesa de negociación. El conflicto gira en torno a la Ley 45, que regula el régimen especial de pensiones para el sector bananero, y la Ley 462, que reforma aspectos clave de la Caja de Seguro Social (CSS). Aunque en un inicio los trabajadores exigieron que no se modificara la Ley 45, el martes por la noche endurecieron su postura y solicitaron la derogación total de la Ley 462, lo que agudizó las diferencias y provocó la suspensión de las conversaciones. Esperan llamada de los trabajadores Los dirigentes sindicales insisten en que la nueva normativa borra de facto los derechos consagrados en la anterior Ley 45, mientras que los representantes gubernamentales aseguran que la Ley 462 solo modifica ciertos artículos, sin eliminar los ya existentes. Uno de los aspectos más tensos del debate gira en torno a la modificación del artículo 144, que cambiaba el umbral de incapacidad laboral del 50 %. Según la explicación oficial, el cambio fue solicitado por el propio diputado Benicio Robinson para corregir ambigüedades que permitían discrecionalidad médica. “No se puede estar medio incapacitado; o lo estás o no lo estás”, dijo el director de la CSS, Dino Mon, al ser consultado. Las propuestas del Ejecutivo para resolver el impasse han sido rechazadas por los dirigentes sindicales. El Gobierno ofreció emitir un decreto ejecutivo que aclarara la interpretación de los artículos cuestionados como vía alternativa a la derogatoria. Sin embargo, los trabajadores insisten en que solo una nueva ley podría corregir lo que consideran retrocesos. El ambiente en la provincia se ha vuelto cada vez más tenso. La interrupción de servicios y la amenaza de una paralización prolongada inquietan tanto a las autoridades como a los ciudadanos. El propio equipo de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud (Minsa) ha tenido dificultades para hacer llegar insumos méLas autoridades confirmaron ayer, 14 de mayo, la detención del dirigente sindical Jaime Cabellero, quien fue puesto a órdenes del Ministerio Público luego de que el Sistema de Verificación Ciudadana arrojara que mantiene una orden de aprehensión vigente. Según el reporte policial, Caballero es requerido por el presunto delito contra el orden económico, específicamente por su vinculación con una causa relacionada con blanqueo de capitales. La aprehensión se produjo durante las manifestaciones que tuvieron lugar en la provincia de Chiriquí, en el contexto de protestas ciudadanas. Anteriormente, en una Aprehenden a Jaime Caballero, dirigente del Suntracs POLICÍA audiencia de garantías, un juez le impuso medidas cautelares consistentes en la obligación de firmar dos veces al mes y la prohibición de salir de la provincia, mientras avanzan las investigaciones en su contra. En esta audiencia le imputaron tres cargos: por la presunta comisión de los delitos contra la personalidad interna del Estado, contra la vida en integridad personal, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir. Por su parte, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y llamó a la población a mantener la paz y el orden público. La institución aseguró que continuará implementando acciones preventivas para salvaguardar la convivencia pacífica en todas las regiones del país. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Lucy Molinar, ministra de Educación. Isaac Ortega Jaime Caballero, dirigente sindical. Archivo dicos a la región. Tengo pacientes de diálisis sin sus bolsas, niños esperando operaciones… esto no es sostenible”, afirmó Mon, quien también denunció que a la directora regional del Minsa “casi le tiran una piedra” cuando intentaba ingresar a la zona. Por ahora, el diálogo no ha sido oficialmente suspendido, pero el Ejecutivo estará a la espera del llamado de los sindicalistas. “Yo estoy dispuesto a regresar en los próximos días y cumplir lo prometido”, declaró el director de la CSS. Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, advirtió este jueves que, tras 21 días de protestas en Bocas del Toro, se corre el riesgo de perder más de 30 mil empleos directos e indirectos si no se alcanzan acuerdos urgentes. Aunque reconoció el derecho a la protesta social, enfatizó que este no debe vulnerar derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación, la salud y el trabajo. Leblanc hizo un llamado a las líderes indígenas Elena Cruz y Juliana Santiago Santos para que apliquen la gobernanza y permitan el paso de ambulancias, oxígeno e insumos hacia hospitales en Chiriquí y Changuinola. “Panamá no aguanta una situación parecida a la de Puerto Armuelles en 2003, cuando se cerraron las bananeras”, advirtió . Demanda contra la huelga Este miércoles, los medios de comunicación se sorprendieron porque ambas partes salieron sin brindar declaraciones. De hecho, los sindicalistas comunicaron su decisión de retirarse, sin precisar mayores detalles sobre el motivo, mientras que la comisión gubernamental les dejó claro que, cuando deseen volver a la mesa, solo deben avisar. Aunque los sindicalistas no ofrecieron una versión oficial, todo apunta a que la suspensión del diálogo estaría relacionada con una demanda presentada por la empresa Chiquita ante el juzgado seccional de trabajo, en la que se solicita declarar ilegal la huelga en curso. Cuando una empresa tiene indicios de que una huelga presenta vicios de ilegalidad, puede presentar una demanda, tras lo cual se convoca una audiencia oral. El juez tiene entonces un plazo para emitir un fallo y, de considerarse ilegal, los trabajadores estarían obligados a retornar a sus puestos en un plazo de 24 horas. Hasta el momento, no existen elementos formales que configuren una huelga legal en esta zona. Además, para que una acción de este tipo sea válida, debe haberse presentado un pliego de peticiones, haberse cumplido con los procedimientos ante el Ministerio de Trabajo y respetado los tiempos de mediación establecidos en el Código Laboral. La Prensa pudo conocer que la audiencia judicial relacionada con la demanda de ilegalidad se celebró este mismo miércoles. Ese hecho habría motivado que los dirigentes sindicales abandonaran el diálogo para reunirse con sus distintas bases. Público por estos actos de vandalismo y agresiones; sin embargo, por temor, no lo hicieron. Molinar informó que, ante esta situación, las dos escuelas suspenderán sus actividades. Las agresiones con piedras se dieron en medio de la jornada escolar, mientras los niños recibían clases. “Afortunadamente, no hubo niños heridos”, indicó. “Quiero hacer un llamado respetuoso para que, por favor, paremos esto. Esos intereses que están detrás de estos movimientos, que están pidiendo de todo e intentando crear caos —no sé con qué objetivo—, nada de lo que consigan tendrá buen sabor si el costo lo pagan los más indefensos”, dijo la ministra. Molinar llamó a la conciencia para que cesen estas protestas y se puedan reanudar las clases. “Volvamos a clases. Hay derecho a pelear por las causas que se deseen, pero no a costa de nuestros niños”, señaló. “Hoy más que nunca, necesitamos unir nuestras voces por la educación, que es un derecho fundamental y no debe usarse como causa de un conflicto. Cada aula vacía es una oportunidad perdida para construir un futuro mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes”, concluyó. El llamado para que finalice el paro docente se da en medio de un escenario de manifestaciones, marchas y protestas por parte de los gremios magisteriales, que se oponen a la Ley 462, la cual reformó la Caja de Seguro Social (CSS). Más temprano, las autoridades educativas habían informado que a pesar del paro de los docentes, las puerta de las escuelas están abiertas. Además manifestaron que el calendario escolar 2025 no será modificado. Panorama
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