2A La Prensa Panamá, martes 13 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Momento en que trabajadores bananeros llegan a las instalaciones donde se desarrolla el diálogo, en Bocas del Toro. Cortesía Panamá y el fracaso bananero: ¿Será Changuinola el próximo Barú? Yolanda Sandoval [email protected] AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN El paro actual en las plantaciones de banano no está vinculado con alguna disputa directa entre la empresa y los trabajadores. Las protestas están relacionadas con las reformas al sistema de pensiones. Lo que una vez ocurrió en Puerto Armuelles, distrito de Barú, en Chiriquí, podría estar repitiéndose en Changuinola, Bocas del Toro. Una región sostenida por la industria bananera, resquebrajada entre huelgas, bloqueos y pérdidas millonarias. La analogía con Puerto Armuelles es inevitable. Durante décadas, este puerto chiricano fue el emblema de la industria bananera nacional. Pero a inicios de este siglo, tras años de declive y conflicto social, esa historia llegó a su fin, cuando Chiquita Brands se retiró definitivamente del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, dejando tras de sí una economía local colapsada, desempleo masivo y un proceso de reconversión que, hasta hoy, sigue sin ofrecer resultados. En “Puerto”, como le llaman los chiricanos, las conquistas obtenidas por los trabajadores —como un futuro de mejoras salariales, organización sindical fuerte y, más adelante, participación cooperativa— parecían el inicio de días prósperos para los jornaleros. Pero ese ímpetu no fue acompañado, en algunos casos, por la pericia que se necesita para vender en los mercados internacionales, combatir las plagas en las plantaciones, ser productivos y hacer inversiones para sostener la competitividad en la producción del banano, y en otros, por la mentalidad sindical de que modernizar los procesos de producción representaría menos puestos de trabajo. Para la época, los trabajadores del sector agrícola mejor pagados eran los del sector bananero. Además, las reglas escritas y no escritas del mercado internacional también habían causado daños: medidas restrictivas al comercio de la fruta por parte de la Unión Europea y las políticas de costo que aplicaban las transnacionales estadounidenses. En el primer caso, la aplicación de un sistema de cuota preferencial a favor de las excolonias europeas y territorios de ultramar —conocida como la política de “primer llegado primer servido”— que le daba prioridad al banano que llegaba primero a sus puertos, con lo que Panamá no podía competir y que forzó a los productores a tirar al piso los precios de la fruta que crecía a borbotones en tierras fértiles. En el segundo caso, es decir, las políticas de las transnacionales, la extinta asociación de empresarios bananeros reportó en su momento incumplimiento de contratos y desmejoramiento de los precios a pesar de que la fruta local era de mejor calidad. Pero fue, justamente, esa brecha entre derechos laborales y gestión técnica lo que determinó, en buena parte, el fracaso del modelo y la fragmentación del enclave bananero que una vez sostuvo la economía de Puerto Armuelles. Sitrachilco, como se llamaba el sindicato de trabajadores de la empresa, lideró huelgas que generaron pérdidas millonarias a la empresa, y para la década de 2000, la compañía sumó el argumento de que por cada caja de banano que producía en ese sector del Pacífico perdía un dólar, lo que no le permitía competir con los bajos precios que ofrecía Ecuador, el mayor productor y exportador de banano del mundo para ese momento. El gobierno de Panamá comunicó que la empresa le había anunciado su decisión de cerrar en noviembre de 2022, aunque no se anunció qué día y la empresa impuso ciertas condiciones para no cerrar a fines de ese mismo año. Lo cierto es que para mediados de 2003 los activos de la empresa pasaron a manos de una cooperativa de trabajadores bananeros. El negocio nunca se recuperó. En el Atlántico, el caso de Changuinola podría replicar ese mismo patrón, cuando la región se enfrenta a más de 100 cierres, bloqueos o huelgas cada año, los cuales no permiten que Chiquita saque la producción a los mercados internacionales. En juego no está solo la operación de una empresa, sino la estabilidad de una región cuya economía delunes 12 de mayo que, luego de una primera evaluación de la afectación en las plantaciones bananeras como consecuencia de la huelga laboral, suspenderá de forma definitiva la producción en una finca completa y en áreas adicionales —equivalentes a dos fincas— en Bocas del Toro. La empresa indicó que realizará los trámites legales para el cese definitivo en las áreas de cultivo y en la planta de empaque que se han identificado en esta primera evaluación. Chiquita tiene 21 fincas y solía tener otras 5 subarrendadas, por lo que a la vista de extraños, los cierres de apenas 3 fincas pueden parecer poca cosa. Sin embargo, tomar esta decisión de forma “ definitiva” para una planta de empaque anticiparía que aunque la actual huelga se resuelva, no estarían esperando continuar con el ritmo de producción del último año. El cierre de una planta de empaque es más que una decisión operativa: es una señal de que algo se rompe en la cadena que sostiene las exportaciones. El pasado 9 de mayo, ya Chiquita había formalizado el cierre temporal de sus oficinas administrativas en Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, también como consecuencia de los bloqueos viales y protestas. Ante esta situación, la compañía trasladó a su personal ejecutivo a Costa Rica, donde también mantiene una producción de banano. Sin incluir los últimos dos días de paro, ya se contabilizaban 900 mil cajas de banano sin exportar y pérdidas que superaban los 10 millones de dólares. “Cada día que pasa, la pérdida de fruta y la afectación al área de cultivo siguen en aumento y se hace imposible revertir este efecto negativo a corto plazo. Además, los mercados internacionales ya están reemplazando las exportaciones del banano panameño por productos de otros países, lo que genera un gran obstáculo para recuperar este espacio en el mercado internacional”, afirmó la empresa. pende casi por completo del cultivo y exportación del banano. Como ocurrió en Puerto Armuelles, las señales ya están sobre la mesa: cierre de oficinas, traslado de administrativos, reducción de producción y la búsqueda de la fruta por los compradores en otros mercados. Si la historia sirve de advertencia, este podría ser el último llamado para evitar que Changuinola se convierta en el próximo símbolo del abandono agroindustrial en Panamá. El presidente José Raúl Mulino se reunió la semana pasada con ejecutivos de Chiquita y el fondo de la conversación fue una inminente salida del mercado en el mediano plazo, si la situación persiste. Ya los trabajadores bananeros tienen más de 15 días protestando por las reformas al sistema de pensiones. Chiquita Panamá, en tanto, informó la mañana del Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los obreros aducen que la reforma al sistema de pensiones afecta sus derechos adquiridos. Archivo ‘Derechos de los trabajadores bananeros están garantizados bajo la nueva ley’: CSS DIÁLOGO EN BOCAS Representantes del Órgano Ejecutivo seguían, al cierre de esta edición, reunidos con dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Banano (Sitraibana), en un intento por destrabar el conflicto en la provincia de Bocas del Toro, donde hay varios puntos de cierre que mantienen incomunicada a la región. El encuentro, que arrancó al mediodía de ayer, busca atender las demandas del sindicato, que exige la derogación de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, por considerar que afecta derechos adquiridos y compromete su acceso a prestaciones. La comisión gubernamental la integran JackelineMuñoz,ministradeTrabajo y Desarrollo Laboral; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; y Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS). Por el sindicato está su secretario general, Francisco Smith. Al cierre de esta edición, no se había alcanzado algún acuerdo. En horas de la tarde, un grupo de trabajadores se congregó en las inmediaciones del aeropuerto de Changuinola, donde corearon consignas en rechazo a la reforma de la CSS. La tensión fue en aumento, pero no llegó a mayores gracias a la intervención del secretario general del sindicato, quien actuó como mediador. Explicación de la CSS Francisco Bustamante, asesor de la CSS, desestimó los temores de los trabajadores bananeros, al asegurar que la Ley 462 no elimina los beneficios especiales que establece la Ley 45 de 2017. Explicó que ambas normas coexisten sin contradicción alguna, ya que la ley más reciente reconoce y respeta el régimen particular creado para ese sector. “La nueva ley los incorpora dentro de su texto. No hay ningún cambio que les perjudique”, afirmó Bustamante. Desde una perspectiva legal, Bustamante subrayó que el principio de hermenéutica jurídica establece que, cuando hay normas generales y normas específicas, prevalecen las específicas, a menos que la general disponga expresamente lo contrario. “Eso es lo que ocurre con los maestros, por ejemplo, y también con los bananeros. La Ley 45 es especial y posterior a la ley general de 2005; por tanto, sigue vigente”, sostuvo. Controversia Uno de los puntos de mayor controversia es la aparente diferencia entre los artículos que regulan el subsidio por enfermedad. Mientras la Ley 45 exige que la enfermedad cause al menos un 50 % de incapacidad para que el trabajador tenga derecho al 80 % del salario, la Ley 462 omite esa condición. Esto, lejos de representar un retroceso, significa una mejora, dice Bustamante: “Ahora basta con que haya una incapacidad. No importa si es del 10 %, 20 % o 40 %. El derecho al subsidio se mantiene”. El asesor reiteró que esa eliminación del umbral mínimo de incapacidad favorece a los trabajadores, ya que evita que queden desprotegidos por diagnósticos que no lleguen al 50%. A su juicio, se trata de un avance en la protección social que beneficia a los empleados de las bananeras sin comprometer la sostenibilidad del sistema. “La ley no dice en ningún momento que deroga la 45 ni ninguna otra especial. Por eso me preocupa la desinformación que está generando alarma innecesaria entre los trabajadores”, expresó. El funcionario insistió en que no hay motivo legal ni técnico para pensar que se les ha despojado de sus derechos adquiridos. Para Bustamante, las protestas de los trabajadores responden más a una mala interpretación del nuevo marco legal que a una amenaza real a sus beneficios. “Están siendo confundidos. Es legítimo que se preocupen, pero no hay base jurídica para pensar que han perdido derechos. Al contrario, el nuevo texto mejora sus condiciones”, concluyó. Mientras tanto, la CSS mantiene su posición de que los derechos de los bananeros se encuentran plenamente garantizados bajo la nueva ley.
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