1A La Prensa Panamá, martes 13 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 13 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15015 Hoy por hoy Pasan los gobiernos, pero los problemas persisten. Changuinola parece un territorio congelado: pobreza crónica, servicios públicos deficientes, escuelas sin luz ni agua, centros de salud desbordados, caminos que se inundan, comunidades que siguen sin internet. Han gobernado el PRD, el panameñismo y Cambio Democrático, y nada cambia. Lo que sí ha sido constante son los liderazgos de Benicio Robinson y Francisco Smith, figuras que por décadas han dominado el tablero político y sindical del distrito. Mientras otras regiones del país avanzan, Changuinola sigue atada al monocultivo bananero, con salarios bajos, oportunidades mínimas y una juventud que emigra o se resigna. La indignación, cuando llega, se expresa en bloqueos de carretera, porque la protesta sigue siendo la única forma de hacerse oír. Las cifras oficiales lo confirman: la pobreza y la desigualdad aquí no bajan, y los proyectos sociales se diluyen entre promesas repetidas. Changuinola no necesita más discursos. Necesita que quienes han controlado el poder político y sindical durante décadas rindan cuentas. La ciudadaníamerecesaberpor qué, a pesar de los recursos invertidos y las promesas hechas, el desarrollo sigue siendo un sueño lejano. Es hora de que los responsables asuman su parte. Promesas del baloncesto femenino, camino al AmeriCup 8A Deportes Golpe a Chiquita; Mulino ordena despejar las vías Puerto Armuelles colapsó hace dos décadas ; Changuinola va por el mismo camino: protestas, bloqueos y cierres ya afectan exportaciones y empleos. Déficit fiscal alcanza $1,441 millones pese al aumento en ingresos Durante el primer trimestre de 2025, Panamá destinó más de $2,100 millones a subsidios y salarios, lo que equivale al 61% de sus ingresos. Este peso sobre el presupuesto dificulta alcanzar el equilibrio fiscal y cumplir metas de inversión. VEA 1B Anoche, un equipo del Gobierno se reunió con dirigentes bananeros que rechazan la nueva ley de la CSS, en un intento por encontrar una salida. El presidente de la República, José Raúl Mulino, garantizó que se despejarán las vías. Y eso fue lo que se reportó en la tarde con la detención de 14 personas en Veraguas, que bloqueban la Interamericana. VEA 2A y 5A ¿Alto el fuego en guerra comercial? EUA y China logran los primeros acuerdos El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (derecha), y el representante de Comercio, Jamieson Greer, anunciaron ayer en Ginebra la reducción de aranceles a China. Ambos países pactaron una tregua de tres meses en la guerra comercial iniciada en febrero: China bajará sus aranceles del 125 % al 10 %, y Estados Unidos reducirá los suyos del 145% al 30%. VEA 3B EFE/Isabel Saco Daniel Coronell: Petro dio asilo a un corrupto CASO MARTINELLI Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Diversos sectores en Colombia y Panamá criticaron el asilo otorgado por Gustavo Petro al expresidente Ricardo Martinelli. Uno de ellos, el periodista Daniel Coronell, en una entrevista con La Prensa, aseguró que Petro degradó el valor de la figura del asilo político al darle proteger a un corrupto condenado por la justicia. VEA 3A EFE Docentes en paro no cobraron, pero la cúpula magisterial sí Los docentes en paro no cobraron, pero 38 dirigentes magisteriales sí recibieron sus pagos, confirmó la Contraloría General de la República. VEA 5A Getzalette Reyes [email protected]
2A La Prensa Panamá, martes 13 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Momento en que trabajadores bananeros llegan a las instalaciones donde se desarrolla el diálogo, en Bocas del Toro. Cortesía Panamá y el fracaso bananero: ¿Será Changuinola el próximo Barú? Yolanda Sandoval [email protected] AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN El paro actual en las plantaciones de banano no está vinculado con alguna disputa directa entre la empresa y los trabajadores. Las protestas están relacionadas con las reformas al sistema de pensiones. Lo que una vez ocurrió en Puerto Armuelles, distrito de Barú, en Chiriquí, podría estar repitiéndose en Changuinola, Bocas del Toro. Una región sostenida por la industria bananera, resquebrajada entre huelgas, bloqueos y pérdidas millonarias. La analogía con Puerto Armuelles es inevitable. Durante décadas, este puerto chiricano fue el emblema de la industria bananera nacional. Pero a inicios de este siglo, tras años de declive y conflicto social, esa historia llegó a su fin, cuando Chiquita Brands se retiró definitivamente del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, dejando tras de sí una economía local colapsada, desempleo masivo y un proceso de reconversión que, hasta hoy, sigue sin ofrecer resultados. En “Puerto”, como le llaman los chiricanos, las conquistas obtenidas por los trabajadores —como un futuro de mejoras salariales, organización sindical fuerte y, más adelante, participación cooperativa— parecían el inicio de días prósperos para los jornaleros. Pero ese ímpetu no fue acompañado, en algunos casos, por la pericia que se necesita para vender en los mercados internacionales, combatir las plagas en las plantaciones, ser productivos y hacer inversiones para sostener la competitividad en la producción del banano, y en otros, por la mentalidad sindical de que modernizar los procesos de producción representaría menos puestos de trabajo. Para la época, los trabajadores del sector agrícola mejor pagados eran los del sector bananero. Además, las reglas escritas y no escritas del mercado internacional también habían causado daños: medidas restrictivas al comercio de la fruta por parte de la Unión Europea y las políticas de costo que aplicaban las transnacionales estadounidenses. En el primer caso, la aplicación de un sistema de cuota preferencial a favor de las excolonias europeas y territorios de ultramar —conocida como la política de “primer llegado primer servido”— que le daba prioridad al banano que llegaba primero a sus puertos, con lo que Panamá no podía competir y que forzó a los productores a tirar al piso los precios de la fruta que crecía a borbotones en tierras fértiles. En el segundo caso, es decir, las políticas de las transnacionales, la extinta asociación de empresarios bananeros reportó en su momento incumplimiento de contratos y desmejoramiento de los precios a pesar de que la fruta local era de mejor calidad. Pero fue, justamente, esa brecha entre derechos laborales y gestión técnica lo que determinó, en buena parte, el fracaso del modelo y la fragmentación del enclave bananero que una vez sostuvo la economía de Puerto Armuelles. Sitrachilco, como se llamaba el sindicato de trabajadores de la empresa, lideró huelgas que generaron pérdidas millonarias a la empresa, y para la década de 2000, la compañía sumó el argumento de que por cada caja de banano que producía en ese sector del Pacífico perdía un dólar, lo que no le permitía competir con los bajos precios que ofrecía Ecuador, el mayor productor y exportador de banano del mundo para ese momento. El gobierno de Panamá comunicó que la empresa le había anunciado su decisión de cerrar en noviembre de 2022, aunque no se anunció qué día y la empresa impuso ciertas condiciones para no cerrar a fines de ese mismo año. Lo cierto es que para mediados de 2003 los activos de la empresa pasaron a manos de una cooperativa de trabajadores bananeros. El negocio nunca se recuperó. En el Atlántico, el caso de Changuinola podría replicar ese mismo patrón, cuando la región se enfrenta a más de 100 cierres, bloqueos o huelgas cada año, los cuales no permiten que Chiquita saque la producción a los mercados internacionales. En juego no está solo la operación de una empresa, sino la estabilidad de una región cuya economía delunes 12 de mayo que, luego de una primera evaluación de la afectación en las plantaciones bananeras como consecuencia de la huelga laboral, suspenderá de forma definitiva la producción en una finca completa y en áreas adicionales —equivalentes a dos fincas— en Bocas del Toro. La empresa indicó que realizará los trámites legales para el cese definitivo en las áreas de cultivo y en la planta de empaque que se han identificado en esta primera evaluación. Chiquita tiene 21 fincas y solía tener otras 5 subarrendadas, por lo que a la vista de extraños, los cierres de apenas 3 fincas pueden parecer poca cosa. Sin embargo, tomar esta decisión de forma “ definitiva” para una planta de empaque anticiparía que aunque la actual huelga se resuelva, no estarían esperando continuar con el ritmo de producción del último año. El cierre de una planta de empaque es más que una decisión operativa: es una señal de que algo se rompe en la cadena que sostiene las exportaciones. El pasado 9 de mayo, ya Chiquita había formalizado el cierre temporal de sus oficinas administrativas en Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, también como consecuencia de los bloqueos viales y protestas. Ante esta situación, la compañía trasladó a su personal ejecutivo a Costa Rica, donde también mantiene una producción de banano. Sin incluir los últimos dos días de paro, ya se contabilizaban 900 mil cajas de banano sin exportar y pérdidas que superaban los 10 millones de dólares. “Cada día que pasa, la pérdida de fruta y la afectación al área de cultivo siguen en aumento y se hace imposible revertir este efecto negativo a corto plazo. Además, los mercados internacionales ya están reemplazando las exportaciones del banano panameño por productos de otros países, lo que genera un gran obstáculo para recuperar este espacio en el mercado internacional”, afirmó la empresa. pende casi por completo del cultivo y exportación del banano. Como ocurrió en Puerto Armuelles, las señales ya están sobre la mesa: cierre de oficinas, traslado de administrativos, reducción de producción y la búsqueda de la fruta por los compradores en otros mercados. Si la historia sirve de advertencia, este podría ser el último llamado para evitar que Changuinola se convierta en el próximo símbolo del abandono agroindustrial en Panamá. El presidente José Raúl Mulino se reunió la semana pasada con ejecutivos de Chiquita y el fondo de la conversación fue una inminente salida del mercado en el mediano plazo, si la situación persiste. Ya los trabajadores bananeros tienen más de 15 días protestando por las reformas al sistema de pensiones. Chiquita Panamá, en tanto, informó la mañana del Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los obreros aducen que la reforma al sistema de pensiones afecta sus derechos adquiridos. Archivo ‘Derechos de los trabajadores bananeros están garantizados bajo la nueva ley’: CSS DIÁLOGO EN BOCAS Representantes del Órgano Ejecutivo seguían, al cierre de esta edición, reunidos con dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Banano (Sitraibana), en un intento por destrabar el conflicto en la provincia de Bocas del Toro, donde hay varios puntos de cierre que mantienen incomunicada a la región. El encuentro, que arrancó al mediodía de ayer, busca atender las demandas del sindicato, que exige la derogación de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, por considerar que afecta derechos adquiridos y compromete su acceso a prestaciones. La comisión gubernamental la integran JackelineMuñoz,ministradeTrabajo y Desarrollo Laboral; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; y Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS). Por el sindicato está su secretario general, Francisco Smith. Al cierre de esta edición, no se había alcanzado algún acuerdo. En horas de la tarde, un grupo de trabajadores se congregó en las inmediaciones del aeropuerto de Changuinola, donde corearon consignas en rechazo a la reforma de la CSS. La tensión fue en aumento, pero no llegó a mayores gracias a la intervención del secretario general del sindicato, quien actuó como mediador. Explicación de la CSS Francisco Bustamante, asesor de la CSS, desestimó los temores de los trabajadores bananeros, al asegurar que la Ley 462 no elimina los beneficios especiales que establece la Ley 45 de 2017. Explicó que ambas normas coexisten sin contradicción alguna, ya que la ley más reciente reconoce y respeta el régimen particular creado para ese sector. “La nueva ley los incorpora dentro de su texto. No hay ningún cambio que les perjudique”, afirmó Bustamante. Desde una perspectiva legal, Bustamante subrayó que el principio de hermenéutica jurídica establece que, cuando hay normas generales y normas específicas, prevalecen las específicas, a menos que la general disponga expresamente lo contrario. “Eso es lo que ocurre con los maestros, por ejemplo, y también con los bananeros. La Ley 45 es especial y posterior a la ley general de 2005; por tanto, sigue vigente”, sostuvo. Controversia Uno de los puntos de mayor controversia es la aparente diferencia entre los artículos que regulan el subsidio por enfermedad. Mientras la Ley 45 exige que la enfermedad cause al menos un 50 % de incapacidad para que el trabajador tenga derecho al 80 % del salario, la Ley 462 omite esa condición. Esto, lejos de representar un retroceso, significa una mejora, dice Bustamante: “Ahora basta con que haya una incapacidad. No importa si es del 10 %, 20 % o 40 %. El derecho al subsidio se mantiene”. El asesor reiteró que esa eliminación del umbral mínimo de incapacidad favorece a los trabajadores, ya que evita que queden desprotegidos por diagnósticos que no lleguen al 50%. A su juicio, se trata de un avance en la protección social que beneficia a los empleados de las bananeras sin comprometer la sostenibilidad del sistema. “La ley no dice en ningún momento que deroga la 45 ni ninguna otra especial. Por eso me preocupa la desinformación que está generando alarma innecesaria entre los trabajadores”, expresó. El funcionario insistió en que no hay motivo legal ni técnico para pensar que se les ha despojado de sus derechos adquiridos. Para Bustamante, las protestas de los trabajadores responden más a una mala interpretación del nuevo marco legal que a una amenaza real a sus beneficios. “Están siendo confundidos. Es legítimo que se preocupen, pero no hay base jurídica para pensar que han perdido derechos. Al contrario, el nuevo texto mejora sus condiciones”, concluyó. Mientras tanto, la CSS mantiene su posición de que los derechos de los bananeros se encuentran plenamente garantizados bajo la nueva ley.
3A La Prensa Panamá, martes 13 de mayo de 2025 Panorama “Colombia ha sido tierra de asilo; es un derecho universal. No importa que sean de derecha, no importa que sean de izquierda, o que sean poetas, o que sean políticos, o que sean perseguidos”. Así se refirió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al asilo concedido por su gobierno al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quien fue condenado a más de diez años de prisión por lavado de dinero en el caso New Business. “Colombia debe ser, como lo fue Panamá, un sitio de refugio. Un sitio de libertad, un sitio de libre expresión”, continuó. Por su parte, el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) señaló que el asilo a Martinelli “cierra con un lamentable sello de impunidad el largo y arduo camino” de la justicia, que lo declaró culpable por corrupción. La ONG anticorrupcion pidió a su vez al Ministerio Público solicitar con urgencia una alerta de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra el exmandatario para evitar que “pasee por el mundo a su antojo”. En tanto, Angela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, insinuó que el asilo pudo haber tenido un costo económico. En una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Benedetti escribió: “Con razón la frecuencia de los viajes de Laura a Panamá. Ese asilo le debió costar una plática importante a Martinelli. ConozcobienaMartinelli,también a Laura. Ninguno de los dos hace nada gratis. También a Martínez Acha, cancillerdePanamá.Blancoes,gallina lo pone”. Petro defiende el asilo; las ONG afirman que se trata del triunfo de la impunidad REACCIONES Gustavo Petro (a la izquierda) recibió críticas en su país por asilar a Martinelli (derecha). Las nuevas reglas del asilo de Ricardo Martinelli Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Getzalette Reyes Yasser Yánez García [email protected] ANÁLISIS El expresidente pasó de un asilo diplomático en Nicaragua a uno territorial en Colombia, donde tiene mayores libertades. Sin embargo, su situación podría cambiar si otro gobierno colombiano acepta extraditarlo o si sale del país. El pasado sábado 10 de mayo, en horas de la noche, el expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal fue trasladado en un vehículo diplomático hacia un avión que lo llevó desde la ciudad de Panamá hasta Bogotá. Cuando el vuelo que lo transportaba entró en el espacio aéreo colombiano, cambió el marco jurídico que lo amparaba. Mientras el político panameño estuvo alojado durante 15 meses y 3 días en la embajada de la República de Nicaragua, su situación estuvo regulada por las convenciones de La Habana de 1928 y de Montevideo de 1933 sobre Asilo Diplomático. Aunque el gobierno de Nicaragua no respetó los mandatos de dichos acuerdos —pues Martinelli tenía prohibido hacer expresiones políticas, intervenir en los asuntos internos de Panamá e incluso realizar reuniones de carácter político dentro de la jurisdicción diplomática—, se le permitió actuar con libertad dentro de la sede. Con su llegada a Colombia, Martinelli quedó bajo el amparo de la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas de1954.Estoseexplica porque, al encontrarse fuera de una embajada o misión internacional, su asilo dejó de ser diplomático y, al estar dentro del territorio colombiano, pasó a ser considerado territorial. Los principios El principio universal de todas las convenciones de asilo —sea diplomático o territorial— es que el país asilante califica el delito por el cual la persona ha sido procesada o condenada. Esto lo hizo Colombia cuando informó por escrito a Panamá que aceptaba al exmandatario como un “perseguido político”. Esta es una prerrogativa que no está sujeta a reclamación por otro Estado, como lo establece el artículo I de la Convención de Caracas: “Artículo I. Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”. Las diferencias entre el asilo territorial y el diplomático se evidencian en los artículos VII y VIII de dicha Convención. En el asilo diplomático, el asilado tiene la obligación de guardar silencio sobre temas políticos y asuntos de gobierno del Estado del que busca protección. En cambio, el asilo territorial es más garantista y permite al asilado ejercer su libertad de expresión, como señala el artículo VII: “Artículo VII. La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado, partiendo de conceptos que contra éste o su gobierno expresan públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante”. A su vez, los asilados bajo el régimen territorial tienen derecho a la libertad de asociación, es decir, pueden reunirse con quienes consideren apropiado. En el asilo diplomático sí existe la limitación de realizar reuniones políticas. Esta garantía está reconocida en el artículo VIII: “Artículo VIII. Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación que la legislación interna de éste reconoce a todos los extranjeros dentro de su territorio, a menos que tales reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el empleo de la fuerza o la violencia contra el gobierno del Estado solicitante”. La extradición La Convención de Asilo Territorial sigue su lógica jurídica al pie de la letra. Si un Estado califica como persecución política la actuación del sistema judicial de otro Estado y, en virtud de ello, concede asilo territorial, entonces debe negar una solicitud de extradición, como lo establece el artículo IV: “Artículo IV. La extradición no es procedente cuando se trata de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con móviles políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”. Esto no significa que Colombia jamás extraditará a Ricardo Martinelli de vueltaaPanamá.Elpróximo7de agosto de 2026 tomará posesión un nuevo presidente o presidenta en Colombia, cuyo gobierno podría cambiar de criterio sobre la calificación hecha por el gobierno de Gustavo Petro respecto a la condena contra Martinelli por blanqueo de capitales en el caso New Business. Incluso el propio gobierno de Petro podría reconsiderar su posición y aceptar una solicitud de extradición. Esta protección contra la extradición no ampara al exmandatario si abandona el territorio colombiano, por lo que es válido que el Órgano Judicial de Panamá tramite una alerta roja de Interpol en caso de que Martinelli salga fueradelajurisdiccióndeColombia. Una desventaja para él es que, fuera de Panamá, no goza de la garantía constitucional del artículo 24, que prohíbe la extradición de ciudadanos panameños. Lo anterior significa que fiscales de un tercer país podrían solicitar su extradición para procesarlo penalmente. Por ejemplo, en España se adelantan dos causas vinculadas con Martinelli: una por el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa constructora FCC durante el periodo 2009-2014, y otra por una denuncia de una residente en Mallorca que asegura haber sido seguida ilegalmente y que sus comunicaciones fueron interceptadas mediante el software Pegasus. Otro país que podría tener interés es Estados Unidos, donde los hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, fueron condenados en una corte federal de Nueva York por blanquear parte de los fondos de sobornos pagados por Odebrecht. En ese proceso existe un encausamiento sellado que involucra a otras nueve personas cuyas identidades no se han hecho públicas. Un precedente panameño en materia de asilo territorial fue el otorgado el 19 de noviembre de 2010 por el gobierno de Ricardo Martinelli a la ciudadana colombiana María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien estaba siendo investigada en su país por intervenciones telefónicas ilegales. El 24 de junio de 2014, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional ese asilo. Como resultado, Hurtado enfrentó la justicia colombiana y fue condenada por el caso de las “chuzadas”. Un desenlace similar podría ocurrir en Colombia. El asilo otorgado por el presidente colombiano Gustavo Petro al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado en firme por blanqueo de capitales, ha provocado una ola de críticas, especialmente por parte del periodista colombiano Daniel Coronell. En entrevista con La Prensa, Coronell —reconocido por sus investigaciones sobre corrupción— calificó la decisión como una degradación del concepto de asilo político y una contradicción con la tradición diplomática de Colombia. A juicio del periodista, lejos de proteger a un perseguido político, el gobierno colombiano decidió amparar a un “delincuente común” condenado por desviar fondos públicos. “Eso es lo que representa Martinelli”, afirmó con contundencia. Coronell comparó este caso con el de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, quien también intentó escudarse en un discurso de persecución política cuando enfrentaba cargos comunes. Para Coronell, el mensaje que transmite Petro a la región es peligroso: “En vez de fortalecer la lucha contra la corrupción, este gesto la debilita”. Recordó que el propio Petro había criticado duramente a Martinelli en el pasado. Hoy, sin embargo, lo protege. “Es una contradicción moral”, dijo, subrayando que el expresidente panameño incluso otorgó asilo a Hurtado, quien interceptó ilegalmente las comunicaciones de Petro cuando era opositor. El periodista también puso en duda los argumentos ofrecidos por Petro para justificar el asilo, entre ellos, la intención de “estrechar la asociación con el pueblo de Panamá”. Según Coronell, esa explicación es insostenible. “Este asilo no es un gesto hacia el pueblo panameño, sino una forma de proteger a un político condenado”, señaló. Incluso dejó entrever la posibilidad de que haya un trasfondo político o un intercambio de favores. Daniel Coronell: ‘Petro ha degradado el valor del asilo político al proteger a un corrupto’ ENTREVISTA Desde su perspectiva, ni Colombia ni Panamá salen bien paradas. Panamá ve burlado su sistema judicial, mientras Colombia mancha su historial de defensa del asilo como instrumento de protección a perseguidos reales, no a corruptos. “El único que gana es Martinelli”, dijo. También criticó el secretismo con que se manejó la salida de Martinelli hacia Bogotá, y la forma en que fue recibido y expuesto públicamente, en contraste con el supuesto quebranto de salud que alegaba. Coronell concluyó anticipando que habrá impugnaciones legales al asilo, por tratarse de un acto administrativo revisable, y lamentó el golpe a la credibilidad del gobierno de Petro: “Es una inconsistencia grave que debilita su promesa de combatir la corrupción”. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Daniel Coronell. Archivo
4A La Prensa Panamá, martes 13 de mayo de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DIFERENCIA. Parece que, después de todo, los esposos Ortega eran los verdaderos carceleros de Martinelli, ya que, ahora que salió de la embajada nica y viajó a Bogotá, vuela más libre que una paloma. Incluso Camacho sostiene que su amo no tiene impedimento para andar por el mundo “sin restricciones”, como lo hace el venezolano Edmundo González, asilado en España. ¿Por qué insisten en esa comparación? ¿Acaso Edmundo también lavó plata? Debemos habernos perdido de esa parte de la historia. EMPLEADO. El embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo, ha generado más titulares ahora que cuando fue candidato a vicepresidente de la República en el año 2019, en la nómina encabezada por Marco Ameglio. Camacho dice que las atenciones de Boyd no son solo por su amistad con Martinelli, sino porque su función es asistir a los panameños que tienen “necesidades” en Colombia. Pero, ¿qué necesidad tan apremiante puede tener alguien que está todo el tiempo acompañado de un séquito de abogados y de personal a su servicio? Además, el asilado se la pasa diciendo que está “feliz y contento”, ya que ni siquiera tuvo que preocuparse por pagar la multa de $19.2 millones antes de embarcar. Casi le meten el dinero en una maleta y se lo cargan hasta el avión. ATM. La Fiscalía 10ª Delegada de Colombia, que la semana pasada anunció que investiga a la canciller Laura Sarabia por enriquecimiento ilícito, seguramente no tarde en citar a declarar a la exembajadora en Panamá, Ángela Benedetti. Ayer, Benedetti afirmó que el asilo “le debió costar una platica importante a Martinelli”, y que Sarabia no es de las que trabaja “gratis”. Pronto no sabremos cuál es la diferencia entre Martinelli y un cajero automático. ¡Ah!, sí hay una y es esencial: el cajero suele despachar el dinero a un cuentahabiente por razones legítimas. DESEQUILIBRADA.Zenia Vásquez, quien fue secretaria general de la Contraloría durante el mandato de Gerardo Solís, ha presentado una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema para que sea declarada “nula por ilegal” la reEl pleno del legislslativo Isaac Ortega Nombramientos bajo la lupa en sesiones extraordinarias Mario De Gracia [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Ayer iniciaron las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Mulino para revisar 42 nombramientos, entre ellos los de Wigberto Quintero, David Díaz y tres miembros de la directiva de la Autoridad del Canal. La Asamblea Nacional fue convocada a sesiones extraordinarias desde ayer, lunes 12 de mayo, y hasta el 12 de junio. ¿La razón? Aprobar hasta 42 nombramientos en distintas instancias de los poderes Ejecutivo y Judicial. Algunos de los nombres que ahora buscan aprobación pasaron por el Órgano Legislativo durante el periodo de sesiones ordinarias, que llegó a su fin el pasado 30 de abril. Unos cuantos fueron severamente cuestionados en la Comisión de Credenciales de la Asamblea y ahora esperan la aprobación del pleno. Es el caso de Wigberto Quintero, designado por el Ejecutivo para ocupar el cargo de subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Su paso por la Comisión de Credenciales fue criticado por diputados de la coalición Vamos, puesto que Quintero fungió como asesor jurídico y administrativo de la Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos, en el distrito de Panamá, una entidad investigada por presunto mal manejo de fondos de descentralización entre 2019 y 2024. A pesar de que se suspendió varias veces el nombramiento de Quintero, diputados de Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) dieron su respaldo en la Comisión de Credenciales para recomendar al pleno de la Asamblea Nacional su nombramiento, instancia que ahora tendría que decidir entre aprobarlo u objetarlo. “Yo por lo menos te puedo decir que los nombramientos que me dejan una mala sensación son Wigberto Quintero y David Díaz [designado a la Empresa Nacional de Autopistas] (...). Pero esto depende mucho de los 71 diputados. Te puedo decir que de parte de Vamos estamos totalmente en contra”, detalló el diputado Luis Duke, de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Credenciales, respecto a los dos nombramientos que le resultan incómodos. David Díaz, designado a la junta directiva de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), también corrió la misma suerte en Credenciales. Enfrentó oposición de diputados, en este caso, porque sus estudios superiores –algunos no culminados– se basaban en música; sin embargo, buscaba el nombramiento en la empresa pública que gestiona los corredores Norte y Sur de la ciudad de Panamá. A pesar de ello, la Comisión recomendó al pleno del Legislativo su ratificación. Más funciones Hasta abril pasado, Carlos Hoyos Boyd fungió como viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI); luego fue designado como viceministro de Relaciones Exteriores, tras la renuncia repentina de Carlos Ruiz-Hernández, en medio de una serie de cuestionamientos a la Cancillería por la firma de acuerdos en materia de seguridad con Estados Unidos de América (EUA). Un cargo más se sumará al historial de Hoyos Boyd por los círculos de poder de la administración pública, esta vez, como representante del Ejecutivo en la junta directiva de la Agencia del Área Económica Especial de Panamá Pacífico (APP). Lupa en lo marítimo Por otro lado, la junta directiva del Canal de Panamá ha estado esperando el nombramiento de tres nuevos miembros: Domingo Latorraca, que ya fue recomendado por la Comisión de Credenciales al pleno; Jorge Vallarino Miranda y Diego Herrera Dutari, que todavía deben pasar por el escrutinio de Credenciales. Estos nombramientos fueron anunciados en febrero pasado para reemplazar a Ricardo Arango, Óscar Ramírez y Francisco Sierra Fábrega, a quienes ya se les venció su periodo de nueve años en la mesa que determina el rumbo de la vía interoceánica, que actualmente se mantiene en la mira internacional por la expresa intención del gobierno de EUA de influir en sus asuntos, mitigando “la presencia de China”. Otra entidad que espera la ratificación de los miembros de su junta directiva es la Autoridad Marítima de Panamá(AMP):CarlosMoreno Dávila y Joaquín De Obarrio Sosa. De Obarrio Sosa ha tenido relación con la firma de abogados Patton, Moreno & Asvat. En la actualidad, figura como uno de los socios de la firma en su sitio web. La firma fue mencionada en una investigación de la Fiscalía argentina entre 2019 y 2022 sobre el enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte de ese país, Ricardo Jaime. En dicha investigación, se analizó el presunto uso de estructuras societarias offshore en Panamá para facilitar la adquisición de un millonario yate para Jaime. No obstante, ningún socio de la firma ha sido formalmente acusado ni procesado por este caso. Otras designaciones Mientras algunos nombramientos tienen que pasar aún por la Comisión de Credenciales, otros solo deben pasar el pleno. Este último es el caso de seis de los miembros de la junta directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB): Walkyria Alguero García, principal; Elizabeth Batista Gaitán, suplente; Héctor Lastra Araúz, principal en representación de las personas que compran billetes; Melissa Álvarez Díaz, suplente; Ángela Ruiz de Quintero, principal en representación del sindicato de billeteros, y María Cruz Solís de López, suplente. Por otro lado, la Comisión de Credenciales quedó convocada este martes 13 de mayo, para hacer el primer escrutinio en 11 nombramientos, entre ellos, también el de Víctor Epifanio Malpassi, como miembro de la junta directiva del Banco de Desarrollo Agropecuario de Panamá (BDA), en representación del sector productor. Mario De Gracia [email protected] Los pagos presenciales causaron aglomeración en los pasillos del Legislativo. Archivo Contraloría retoma pagos por ACH para los funcionarios de la Asamblea Nacional PLANILLAS Algunos funcionarios de la Asamblea Nacional volverán a cobrar por transferencia ACH, mientras que otros lo seguirán haciendo a través de cheques. Así lo señaló el contralor general de la República, Anel Flores, ayer, al tiempo que dijo que presentará denuncias ante el Ministerio Público. “Tenemos aproximadamente 300 cheques y pagos retenidos, porque son gente que vamos a llevar al Ministerio Público para que expliquen cuáles son sus funciones, porque no las hemos encontrado (...). Esas personas tendrán que responderle al Ministerio y darle fe de dónde trabajan y cuáles son sus asistencias al trabajo”, dijo Flores en una entrevista con TVN. El contralor planteó las medidas como parte del proceso de auditoría sobre las planillas de la Asamblea Nacional, que inició el pasado 25 de marzo de 2025. Desde esa fecha, la modalidad de pago a los cerca de 4 mil funcionarios del Órgano Legislativo ha sido a través de cheques; pero, luego de un mes de auditoría, las transferencias por ACH volverán. “A partir de mañana [hoy], que comienza el pago, es normal. Muchos van a ser por ACH, como es de costumbre; otros, por cheques, que es la forma como se ha hecho siempre. Vamos a seguir investigando (...). Los cheques [de 300 funcionarios] van a ser entregados al Ministerio Público”, dijo Flores. La denuncia de la Contraloría tendría base en la falta de registro de la asistencia de algunos funcionarios del Legislativo, razón por la que se han retenido los cheques. De acuerdo con el contralor, estas personas tendrían que sustentar ante el Ministerio Público la razón de las irregularidades identificadas por la Contraloría. solución que ordenó su destitución del cargo. Vásquez formó parte de un periodo que representa todo lo que la Contraloría no debe ser. ¿Quién querría mantenerla dentro de esa entidad? Solo aquellos que necesiten que los encubran o que quieran destruir pruebas. AL TINACO. Dana Castañeda ya no tiene excusa para no mandar a retirar todos los carteles de “#FreeMartinelli”, que ahora solo evocan la complicidad en un acto de fuga que ya se consumó. Impresentable.
5A La Prensa Panamá, martes 13 de mayo de 2025 Panorama Agentes que hicieron frente a los indígenas ngäbe-buglé en el sector de Ojo de Agua, provincia de Veraguas, depejan las vías. EFE/Bienvenido Velasco Meduca retiene pago a docentes; 38 dirigentes sí cobraron Redacción de La Prensa [email protected] HUELGA INDEFINIDA El contralor de la República confirmó que los líderes magisteriales hicieron una jugada y aparecían como que asistieron a dar clases, mientras se encontraban en las calles. El Ministerio de Educación informó ayer que retuvo el pago a los educadores que no han cumplido con las funciones inherentes a su cargo, es decir, aquellos que se mantienen en huelga desde el pasado 23 de abril en rechazo a la Ley 462, aprobada en marzo de 2025, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá. La entidad recalcó que, como servidores públicos, “estamos obligados a cumplir las normas que nos exigen prestar el servicio para el cual hemos sido contratados”. “Como institución pública, no podemos tomar acciones que permitan el pago de salarios a quienes no han ejercido sus funciones”, reiteró el Meduca en un comunicado oficial. Asimismo, hizo un llamado “sincero y respetuoso a todos los educadores” a regresar a las aulas, recordando que los estudiantes “los necesitan”. No obstante, un grupo de 38 dirigentes magisteriales sí recibió su pago completo. Así lo reveló el contralor general de la República, Anel Flores en entrevista con TVN Noticias ayer. “Hicieron una jugada que no la agarró el Ministerio de Educación”, dijo, al explicar que los dirigentes hicieron ver que asistían a clases cuando en realidad se encontraban en las calles. Flores calificó esta situación como un “juegavivo” y aseguró que se está reforzando la fiscalización en campo para verificar quiénes realmente están trabajando. En Panamá, el sistema educativo está marcado por la existencia de al menos 14 gremios magisteriales que agrupan a docentes de todas las provincias. Flores respaldó la decisión del Meduca de retener los pagos de los docentes que no han cumplido con sus responsabilidades laborales, subrayando que ya se han descontado salarios a casi 2,000 educadores que se mantienen fuera de las aulas desde el pasado 23 de abril. “No se va a pagar por ahora”, añadió. El contralor aseguró que la retención de pagos es “completamente legal”, pues no se trata de una huelga, sino de una paralización de hecho. El ministerio, dirigido por Lucy Molinar, enfatizó en su comunicado que la educación no debe ser interrumpida y reiteró que las puertas de los centros educativos se mantienen abiertas. Los gremios magisteriales se mantienen en su exigencia de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, derogue la Ley 462 Orgánica de la CSS y que la ministra de Educación renuncie. Mulino asegura que garantizará libre tránsito El presidente José Raúl Mulino reafirmó que el libre tránsito es un derecho que será garantizado. Lo dijo durante un encuentro con miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en el que se abordaron diversos temas relacionados con la actualidad nacional. Durante la reunión, los empresarios manifestaron respaldo a los proyectos de inversión y a las acciones del Ejecutivo para reactivar la economía. Sin embargo, también expresaron su preocupación por los efectos negativos que generan los bloqueos en el comercio minorista, el sector de compras y la construcción. El mandatario subrayó que respeta el derecho ciudadano a la protesta, pero destacó que el libre tránsito es un derecho y será garantizado, informó la Presidencia de la República en un comunicado. SIP alerta sobre los efectos de los bloqueos Más temprano, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) emitió un comunicado en el que alertó de los efectos de la huelga que se registra en el sector bananero, especialmente en las fincas de Chiquita Panamá en la provincia de Bocas del Toro. El gremio advirtió que el cierre definitivo de una finca completa y la suspensión de actividades en otras tres representa la pérdida directa de empleos en una provincia que depende en gran medida de esta actividad económica. Remarcó que el impacto también se extiende a múltiples fuentes de trabajo indirectas y a sectores vinculados a la producción y comercialización del banano. En el plano internacional, apuntó el SIP, la situación afecta la capacidad del país para competir en los mercados globales. La reducción en las exportaciones y la dificultad para recuperar los espacios perdidos representan un serio desafío para la industria bananera panameña, recordó. Frente a este escenario, el gremio de industriales hizo un llamado a los trabajadores para que retomen sus labores, ya que la prolongación del conflicto pone en riesgo empleos adicionales. (Con información de Getzalette Reyes, Yasser Yánez y Henry Cárdenas)
6A La Prensa Panamá, martes 13 de mayo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. lativa. Esta mayor eficiencia generaría ventajas competitivas, facilitando el acceso a más mercados y aumentando las perspectivas de ganancias. A su vez, abrir los mercados locales a la importación de bienes extranjeros beneficiaría a los consumidores, al ofrecerles productos más baratos y de mejor calidad. Durante el siglo XIX, los avances tecnológicos en distintas industrias y en el comercio mundial propiciaron la apertura de mercados no solo a las exportaciones de Inglaterra, sino también de países como Alemania, Francia y Estados Unidos, que comenzaban a industrializarse. Sin embargo, el libre comercio —que exige que cada país elimine todas sus barreras proteccionistas, arancelarias o de cualquier otro tipo— no ha sido más que una aspiración utópica. Cada vez que una industria nacional ha sido desplazada por la competencia foránea, ya sea en el mercado internacional o en el propio país, resurgen los llamados al proteccionismo. Desde inicios del siglo pasado, muchos países industrializados comenzaron a retomar políticas proteccionistas, generando tensiones internacionales como las que desembocaron en la Primera Guerra Mundial en 1914 y en la Gran Depresión de la década de 1930, periodos marcados por el surgimiento de “guerras comerciales” multilaterales. Tras la Segunda Guerra Mundial, y luego de años de negociaciones, se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles y ComerLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Perdón, señor presidente Rofeo presidencial Quiero pedirle perdón por llamarlo “el rofión de Las Garzas”. Expresó hace días que a usted lo ofenden y nadie le pide perdón. Dirá, “¡vaya pendejo este!”, pero, aun así, perdone. Lo más seguro es que nunca haya leído una línea de lo que he escrito. Sé que lleva una vida muy ocupada para leer, y se nota —perdone—, pero usted ocupa Las Garzas, rofea, y el resto es historia: calificativo más nombre, igual a sobrenombre o caricatura —perdone otra vez, se me sube el escritor a la cabeza. Sé que su 34% es legítimo, y que hay quien se hace el pendejo, como si todo el “mal Panamá” hubiera nacido con su mal gobierno, pero es usted quien ocupa la silla, y la sombra alargada de RM se le nota. Usted no es transparente —omnipresencia en medios no es transparencia, es “taquilla”—, mire la “yuca USA” que nos endosó. Espero no estar ofendiéndolo; si es así, le pido perdón, sin argumentar el tamaño de la mecha. Usted no tiene que ser buena gente; fue elegido para ser buen gobernante. No exagere, ni meta a su familia en esto —ni hermanos, hijas ni esposa—: a la política se viene solo. A lo otro se le llama nepotismo, aunque se disfrace de embajada o de despacho de primera dama. Y sí, es cierto: nadie debe faltarle al respeto a los familiares de la persona con la que se debate. Es ignorancia, y merece nuestro desprecio. Nos dejamos confeccionar un país de ciegos, con un par de tuertos que se ríen al ver cómo nos comemos unos a otros, un poco como usted —perdón—, en su perdón leído y reído, como contento de tenernos donde estamos. Perdone, serán cosas mías, pero aquí van mis disculpas. Y qué magnánimo usted, que ya ha pasado página, pero intuyo que seguirá rofeando, creyendo que hay que gobernar contra todos: mucha testosterona y poca neurona. Perdone: lo eligieron justo para lo contrario. Las vulnerabilidades en la gobernanza Ley 462, MoU y mina con los Estados Unidos en abril del presente año; y la posible reactivación de la minería, cuya reapertura, de manera unilateral, podría no pasar por la Asamblea Nacional. En primer lugar, dejando de lado los tecnicismos y los nuevos fundamentos introducidos en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la forma en que se aprobó dicha reforma —en particular, la extensión del plazo para la revisión de la edad de jubilación— parece responder a una estrategia política de evasión del costo electoral por parte de los diputados, quienes buscan evitar las consecuencias asociadas a decisiones impopulares sobre un tema tan sensible como la seguridad social. Por otro lado, la polarización de opiniones frente a estas reformas surge de disputas ideológicas que pretenden imponer una visión sobre otra, lo que conduce a la ciudadanía a presenciar, una vez más, la postergación de soluciones estructurales a los problemas del sistema. Todo ello ocurre en nombre de reelecciones, aspiraciones políticas futuras y el afán de notoriedad, alimentado por la constante desinformación promovida por individuos que se presentan como los únicos capacitados para resolver los problemas nacionales. Adicionalmente, la firma del memorándum de entendimiento entre el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y autoridades panameñas plantea posibles violaciones a la neutralidad de la República de Panamá y al Tratado Concerniente a la Neutralidad del Canal de Panamá. Aunque el gobierno lo niegue, el país atraviesa una crisis diplomática. Luis Credidío El espejismo del libre comercio mundial (I) Globalización económica A inicios del siglo XVIII, el comercio mundial estaba frenado por el mercantilismo: una gama de políticas impuestas por los Estados para proteger sus propios sectores económicos frente a la competencia de las importaciones en sus mercados locales. A partir de la llamada Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, surge la primera democracia moderna. La clase burguesa, nacida del comercio de bienes y servicios, impulsa la invención de tecnologías innovadoras, dando origen a la Revolución Industrial y convirtiendo la limitada manufactura artesanal en una producción industrial en masa. Para mantener un crecimiento sostenible, luego de acaparar el mercado nacional, las empresas debían expandirse hacia mercados internacionales. Así se inicia un movimiento liderado por intereses económicos y políticos que fue liberando el comercio mundial de sus ataduras proteccionistas. Como sustento intelectual de esta nueva realidad, emergieron teorías económicas que justificaban el libre comercio, tanto dentro de cada país como entre las naciones. Sus máximos exponentes, Adam Smith y David Ricardo, instaron a los países a abandonar sus políticas mercantilistas. Armados con el concepto de ventaja comparativa, demostraron que tanto el capital como el trabajo se beneficiarían si cada nación se especializaba en los sectores productivos donde gozaba de una superioridad recio (GATT, por sus siglas en inglés), que debía regir el comercio mundial entre los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo, con la intención de retornar a los preceptos clásicos del libre mercado. En 1995, en Ginebra, se fundó la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución supranacional donde los países ventilan sus conflictos comerciales bajo el marco legal del GATT y de la propia OMC. Con el objetivo de que los países en vías de desarrollo o emergentes no compitieran en desventaja con las naciones más industrializadas, se les permitió acogerse a una serie de excepciones a las reglas aplicables a los países desarrollados. Algunas de estas excepciones incluyen: la no reciprocidad arancelaria (trato preferencial en aranceles y cuotas de importación en los países destino), un mayor margen de subsidios a sus industrias, la aplicación de la regla de minimis —que evita sanciones por prácticas proteccionistas—, y la no implementación del principio de “nación más favorecida”. Este último obliga a los países desarrollados a ofrecer a todos los miembros de la OMC las mismas condiciones arancelarias que a su socio comercial más favorecido. Hasta aquí, todo parece razonable. El problema surge cuando, para efectos de la OMC, China sigue siendo considerada un país emergente, categoría que mantiene desde su ingreso a la organización en 2001. Esto le permite seguir beneficiándose de todas las ventajas mencionadas, lo que ha generado creciente insatisfacción entre los países desarrollados, que consideran esta situación una práctica desleal. Es evidente que, desde hace años, China es una potencia industrial consolidada y la segunda economía más grande del mundo. Opinión EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es internacionalista y estudiante de Derecho. Pedro Crenes La carencia de personal capacitado y eficiente en materia de relaciones internacionales ha limitado la capacidad de negociación de Panamá, tanto con Estados Unidos como con la República Popular China. Resulta contraproducente, desde una perspectiva estratégica, intentar tomar partido en el contexto de la guerra comercial entre las dos principales potencias mundiales. Panamá —aunque algunos actores no lo comprendan— constituye una economía de conexión, no una economía subsidiaria de Estados Unidos. El cuerpo diplomático panameño debe comenzar por comprender la historia nacional y analizar los valores patrios antes de comprometer principios fundamentales mediante la firma de acuerdos. Su deber es servir al país conforme a sus intereses superiores, promoviendo los valores democráticos y nacionales tanto en el ámbito internacional como en el interno. Finalmente, las declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre la posible reapertura de Minera Panamá sin que exista un contrato que deba ser aprobado por la Asamblea Nacional resultan altamente preocupantes. De concretarse, constituirían una iniciativa arbitraria que quebrantaría el orden democrático. Aunque Panamá puede ser considerado un país con un sistema presidencialista robusto, ello no implica que el presidente goce de poderes absolutos. El papel de la Asamblea Nacional frente a cualquier propuesta del Ejecutivo relacionada con la reactivación de la actividad minera debe ser el de fiscalizar y garantizar que tales acciones no contravengan la legislación vigente ni desobedezcan los precedentes jurídicos establecidos en relación con los planes pasados, presentes y futuros sobre la explotación de recursos naturales. Cabe enfatizar que dichos recursos pertenecen al pueblo panameño, no al gobierno de turno. La limitada legitimidad democrática del actual gobierno representa una vulnerabilidad estructural en lo que respecta a la concentración del poder político, la gobernanza y los mecanismos de control institucional que sustentan al Estado. Si bien es cierto que el sistema electoral panameño permite el acceso al poder con una escasa diferencia de votos, o incluso sin contar con la mayoría absoluta del electorado, ello no implica que tales resultados confieran automáticamente legitimidad política y moral suficiente para gobernar sin restricciones. La legitimidad democrática no debe entenderse únicamente como una cuestión de resultados electorales, sino también como el ejercicio responsable del poder dentro del marco del Estado de derecho. En ese sentido, la noción de que, aun cuando el gobierno se equivoque, “este vuelve a mandar”, resulta improcedente. Los daños ocasionados por decisiones gubernamentales erróneas o arbitrarias deben estar sujetos a los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por la Constitución y el ordenamiento jurídico, a fin de preservar la integridad institucional y la confianza ciudadana en el sistema democrático. De otro modo, nuestra democracia no será muy diferente de un régimen autoritario. A lo anterior se suman tres cuestiones que evidencian vulnerabilidades en la gobernanza panameña durante el primer año del gobierno del presidente José Raúl Mulino: la aprobación de la Ley 462, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social; la firma del memorándum de entendimiento El problema surge cuando, para efectos de la OMC, China sigue siendo considerada un país emergente, categoría que mantiene desde su ingreso a la organización en 2001. Iván Rogelio Robles Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón La carencia de personal capacitado y eficiente en materia de relaciones internacionales ha limitado la capacidad de negociación de Panamá, tanto con Estados Unidos como con la República Popular China.
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