7A La Prensa Panamá, lunes 12 de mayo de 2025 Panorama A.V/0000000 EMBAJADA DEL JAPÓN usó ese nombre con autorización de los inversionistas bahameses, y que la sociedad serviría para buscar oportunidades de negocios en Asia, las cuales —según él— no se materializaron. Zhang y Dion Bowe también fueron apoderados conjuntos de Sinolam Smarter Energy LNG Power (antes Martano Inc.), la sociedad que obtuvo un fallido contrato para construir una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, Colón. En cuanto a Pitty, personalmente ha estado en China buscando clientes. En noviembre de 2017, apenas cinco meses después de que Panamá rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán para restablecerlas con China, Pitty viajó a Shanghai para visitar las oficinas de Capital Equity Legal Group (CELG), con quienes firmó un acuerdo de cooperación para establecer una “plataforma conjunta” de servicios legales orientada a promover inversiones entre China y Panamá. Una nota de prensa en el sitio celg.cn registró la visita de Pitty, quien fue presentado como “asesor del presidente de Panamá”, un detalle sorprendente considerando que, en esa época, el presidente era el panameñista Juan Carlos Varela. Pitty milita en el PRD, donde incluso ocupó el cargo de quinto subsecretario del CEN. La carta del abogado (con copia al embajador) intenta confundir, al sostener que el Estado no puede convocar una licitación internacional en Isla Margarita (como anunció el presidente José Raúl Mulino el pasado 8 de mayo), ya que la misma es propiedad de PCCP. “Isla Margarita es de propiedad 100% privada, a diferencia de todas las otras concesiones portuarias en Panamá que fueron construidas sobre tierras del Estado panameño”, escribió. Sin embargo, omitió mencionar que, para construir el puerto y el patio de contenedores, la AMP entregó a su cliente dos concesiones de fondo de mar que suman poco más de 81 hectáreas. El 10 de abril de 2025, el administrador de la AMP ordenó la cancelación de ambas concesiones, alegando incumplimientos del contrato, como atrasos en el cronograma de construcción y morosidad. La decisión aún no está ejecutoriada, ya que fue impugnada ante la junta directiva de la AMP y también se han presentado recursos de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El contrato ley fue adjudicado en 2013 y, ya en 2021, la junta directiva ordenó su cancelación por incumplimiento. PCCP logró mantener la concesión porque Dion Bowe prometió invertir más de $1,000 millones y terminar la construcción del puerto en 15 meses, lo que no ocurrió. El propio Pitty sostiene que se han invertido $300 millones (según una “auditoría” de CBRE Richard Ellis, una firma de bienes raíces), una cantidad muy inferior a la prometida. Se intentó ampliar la información sobre la venta de PCCP, pero Pitty no había atendido un cuestionario enviado por La Prensa, al momento de redactar esta nota. Tampoco hubo respuesta a un cuestionario enviado a Cavalry Strategies.
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