6A La Prensa Panamá, viernes 9 de mayo de 2025 Panorama La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la pena de cuatro años de prisión impuesta a la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés (2009–2014), sancionada por la comisión del delito de peculado. La decisión —notificada a través del edicto No. 60 y firmada por las magistradas María Eugenia López, Ariadne García y Maribel Cornejo— rechazó un recurso de aclaración de sentencia presentado contra la decisión previa de esa corporación de mantener la condena dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. El fallo del tribunal revocó una decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que había absuelto a Cortés y a otras dos personas por el delito de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo. En este caso también fueron condenados los exfuncionarios del Ministerio de Trabajo Ada Margarita Romero e Iván A. Gantes por el mismo delito. El fallo de la Sala Penal obliga a Cortés a cumplir con la pena de cuatro años de prisión o acudir ante un Sala Penal deja en firme la pena de 4 años de prisión por peculado a Cortés JUSTICIA juez de cumplimiento para solicitar su reemplazo por días-multa o trabajo comunitario. El pasado 27 de agosto, las magistradas de la Sala Penal —a través del edicto No. 145— informaron de la inadmisión de un recurso de casación presentado por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Cortés. El caso está relacionado con el cobro de viáticos por un monto de 49 mil dólares, destinados a cubrir su asistencia a una serie de reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, entre junio y noviembre de 2011. La investigación, iniciada en 2014, guarda relación con esos pagos irregulares. Cortés también fue enjuiciada por el delito de enriquecimiento injustificado, pero aún no se ha dado a conocer la sentencia por ese caso. En este proceso, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena contra la exfuncionaria. Un informe de auditoría determinó un presunto enriquecimiento injustificado de 2 millones 587 mil 929 dólares con 28 centavos, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2015, lapso en el cual la imputada ejerció el cargo de ministra. José Raúl Mulino en su conferencia del 8 de mayo de 2025 LP ‘Es un crimen que los docentes usen a los estudiantes como escudo’ Redacción de La Prensa [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] CONFERENCIA SEMANAL El presidente José Raúl Mulino criticó la huelga docente, defendió la Ley 462 de 2025 al asegurar que no afecta a educadores, advirtió sobre protestas en bananeras, y anunció avances en la reducción del Estado y una nueva ley administrativa. El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que la Ley 462 de marzo de 2025, de la Caja de Seguro Social, “no afecta a los educadores”. Por ello, calificó como un “crimen” la huelga que mantienen sectores magisteriales desde el pasado 23 de abril, en rechazo a la citada norma. “Es un crimen lo que están haciendo, es un crimen que estén usando a sus estudiantes como escudo para protestas politiqueras… no hay razón”, afirmó Mulino durante su conferencia semanal, este 8 de mayo de 2025. Reiteró que no hay ninguna situación en el sector educativo que justifique una paralización de las clases. Añadió que los efectos de la huelga no han sido como ellos quisieran; sin embargo, reconoció que “hay sectores más afectados que otros en la paralización”. Sobre la Ley N.º 462 del 18 de marzo de 2025, el presidente Mulino recordó que la iniciativa fue aprobada con el respaldo de 48 votos de diputados electos por el país. “Nadie puede decir que se hizo un ‘madrugonazo’ en su aprobación”, enfatizó. Aclaró que la ley no se aprobó durante la Navidad, el Día de la Madre, Año Nuevo ni a las 4 de la mañana. Asimismo, el mandatario dejó claro que “no tengo nada que dialogar”. Añadió que se trata de una ley de la República “y se va a mantener”. Bananeras El mandatario expresó su preocupación por las protestas y cierres registrados en las fincas bananeras de Bocas del Toro, señalando que la paralización de actividades podría tener consecuencias devastadoras para la provincia y el país. Mulino evocó el caso de Puerto Armuelles, en Chiriquí, que consideró un ejemplo del colapso productivo que podría repetirse en Bocas del Toro si no se logra una solución pronta. “Jalaron la soga hasta que se rompió, y hoy es casi una ciudad fantasma”, dijo, aludiendo a la decadencia económica y social del antiguo enclave bananero. Recordó que, décadas después, la región aún lucha por recuperarse del cierre de operaciones y el desempleo masivo. Anunció que se reuniría con el propietario de la empresa Chiquita Brands. “Espero que no traiga malas noticias para Panamá”, dijo Mulino, al tiempo que expresó su deseo de que el encuentro sirva para evaluar soluciones y no para anunciar un eventual retiro de operaciones. Reducción del Estado También el presidente se refirió los esfuerzos por llevar adelante la reducción del tamaño del Estado avanzan. Volvió a referirse a entidades como el Banco Hipotecario, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Ministerio de la Mujer, que estarían en la mira para achicar el gobierno. “La reducción del Estado avanza, pero no con la rapidez que yo quisiera. Esto es una maraña de legislación que lo impide. Sin embargo, estoy avanzando hacia allá. He mencionado casos concretos como el BDA, el Banco Hipotecario y el Ministerio de la Mujer, que estamos avanzando en esa dirección”, señaló Mulino. La eliminación de ministerios e instituciones estatales que pretende el Ejecutivo no es tarea fácil, así lo reconoció el propio mandatario, aludiendo a la legislación que existe para proteger a los servidores públicos. Por esta razón, anunció que el Ejecutivo trabaja una nueva ley de carrera administrativa. “Hay leyes de todo tipo para proteger a todo tipo de funcionario público, con razón o sin ella. Eso hay que superarlo con una nueva ley de carrera administrativa que ya se está trabajando con el ánimo de presentarla a la Asamblea”, señaló el mandatario, describiendo la actual legislación como un impedimento para avanzar en sus intenciones de reducir el Estado. La propia Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), adscrita al Ministerio de la Presidencia, describe en su página web la normativa aplicable en materia de la carrera administrativa, que abarca hasta 24 leyes, 24 decretos ejecutivos y 11 fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de otro número importante de legislación relacionada; razón por la que el presidente describe como extensa la legislación vigente. La nueva ley que propondría el Ejecutivo a la Asamblea tendría efecto sobre la vigente Ley 9 de 1994, que establece la carrera administrativa. Allí se advierte el procedimiento que deben seguir las destituciones de servidores públicos, sujetas a las evaluaciones periódicas de personal, entre otros factores. El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias a través del decreto ejecutivo N° 100 del 8 de mayo de 2025, publicado en la Gaceta Oficial. La convocatoria tiene vigencia desde el próximo lunes 12 de mayo hasta el 12 de junio de 2025 y busca la aprobación de 42 nombramientos, en entidades del Órgano Ejecutivo, Judicial y autónomas. Se trata de algunos nombramientos pendientes, como los de tres miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP): Domingo Latorraca, Diego Herrera y Jorge Vallarino. También el Ejecutivo buscaría la aprobación de los nombramientos de dos nuevos magistrados suplentes de la Sala Tercera de lo contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Eugenio Urrutia Parrilla, suplente de Carlos Alberto Vásquez Reyes y Gisela del Carmen Agurto Ayala, suplente de Cecilio Cedalise Riquelme. Asimismo, el Ejecutivo solicita el nombramiento de un magistrado suplente en la Sala Primera de lo Civil de la CSJ: Lina Elisa Castro de León, para ser suplente de Ángela Russo Adicionalmente, se busca la aprobación del nombraEl Ejecutivo convoca a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias NOMBRAMIENTOS miento del director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), un cargo que hasta la fecha asume de forma interina Gabriel Cajiga, tras la renuncia del exdirector Jaime Díaz. Los nombramientos de los subdirectores de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SerTv) también se buscarían en este llamado a sesiones extraordinarias. De igual forma, se busca la aprobación de 2 nuevos nombramientos en la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Mario De Gracia [email protected] Domingo Latorraca, Diego Herrera y Jorge Vallarino. . 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