2A La Prensa Panamá, viernes 9 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] Logo de la alerta Amber. Archivo Presidente sanciona la nueva ley que reformó la alerta Amber NORMA El presidente José Raúl Mulino sancionó ayer jueves la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, la cual reforma la ley que creó la alerta Amber, cuyo objetivo es garantizar la pronta y rápida atención ante la desaparición de menores de edad. De esta forma, esta nueva ley subroga la Ley 230 del 24 de junio de 2021. La nueva normativa crea la Oficina de Activación Temprana, que estará bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y contará con un director ejecutivo. También dispondrá de personal técnico, tanto temporalcomopermanente.Deberá contar una página web, cuentas de redes sociales y una aplicación móvil, a fin de que las personas que la descarguen en sus dispositivos reciban automáticamente notificaciones de activación y desactivación sobre alertas de una persona desaparecida. Suky Yard, abogada y presidenta de la Fundación Vida Mujer, quien participó en las mesas de trabajo para la elaboración de la propuesta y en las discusiones en la Asamblea Nacional, explicó que ahora corresponde la reglamentación de esta nueva norma, especialmente en lo referente a la oficina que se encargará del programa. Indicó que, con esta nueva ley, se mejoraron varios aspectos. Uno de ellos es que la norma anterior criminalizaba la figura de la desaparición de menores, lo que retrasaba la activación de la búsqueda, cuando en realidad el propósito de la alerta es prevenir y actuar rápidamente. La ley establece ahora que el periodo de difusión de la alerta no puede ser menor de cinco horas ni mayor de veinticuatro horas. Otra de las mejoras es que, ahora, esta responsabilidad recae sobre una entidad específica, ya que en el pasado el Ministerio de Seguridad le pasaba la responsabilidad al Ministerio de Gobierno, y este, a su vez, al Ministerio Público. Por ello, en los últimos años, era la Fiscalía de Delincuencia la encargada de emitir las alertas. Yard destacó otro punto importante: las autoridades no tendrán que solicitar permiso a los padres o tutores de los menores desaparecidos para mostrar su imagen en las alertas, ya que hubo casos en los que los propios padres estaban implicados en la sustracción del niño. Ahora, dijo, solo se requiere que cualquier persona que tenga conocimiento de la desaparición informe sobre el caso. Agregó que otro dato a destacar es que se solicita la participación de las empresas telefónicas para que formen parte del programa y colaboren, pues esta ley es de interés social. Las empresas concesionarias y operadoras de telefonía móvil deben poner en conocimiento a sus clientes de la desaparición por medio de mensajes de texto, correos electrónicos o por cualquier otro medio con que cuenten. Yaritza Mojica [email protected] Niña de 4 años sufre grave fractura en la cabeza tras ataque de encapuchados VIOLENCIA Una niña de 4 años de edad sufrió un fuerte golpe en la cabeza con una piedra mientras transitaba con su familia en un vehículo cerca de los predios de la Universidad de Panamá, donde se desarrollaban protestas protagonizadas por personas encapuchadas. La menor recibe atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Ciudad de la Salud, informó la Caja de Seguro Social (CSS). La niña fue trasladada por su madre alrededor de las 8:30 p. m. del miércoles 7 de mayo al Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, ubicado en vía España, donde se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico frontal. La CSS informó que, según lo reportado por la madre al personal médico, el vehículo fue atacado con piedras mientras intentaban desviar su ruta para evitar un cierre de calles en la vía Transístmica. Isla Margarita, Colón Archivo ‘AMP ya canceló’ la concesión de Isla Margarita: Mulino Mónica Palm [email protected] SECTOR MARÍTIMO El Presidente prometió sanciones si se detectan irregularidades. Reiteró su compromiso de revisar todas las concesiones portuarias. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ya procedió a cancelar el contrato de concesión de fondo de mar adjudicado a Panama Colon Container Port (PCC), en Isla Margarita. “La junta directiva de la AMP ya canceló esa concesión”, comunicó Mulino en su conferencia semanal desde la Presidencia. La Prensa conoció que en abril pasado, atendiendo instrucciones de la junta directiva, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, expidió la resolución para rescindir el contrato, que originalmente fue pactado en el año 2013 con unos inversionistas de Hong Kong. También se procedió a cancelar la concesión de United Crown Construction, Inc., una sociedad ligada a PCCP que tenía permiso para construir un patio de contenedores en una zona adyacente al puerto. “Los que somos más viejos podemos dar fe de las décadas que tiene Isla Margarita echando cuento, de uno en otro. Y no tiene nada que ver con otro aspecto que no sea poner orden, sanear un área importantísima en Colón, en la entrada atlántica del Canal, para abrirla a una licitación internacional”, indicó Mulino. Agregó que hay varios “jugadores importantes a nivel internacional” interesados en ese sector, que está en una ubicación privilegiada para el sector marítimo y de transporte logístico. “Ojalá pronto podamos culminar todo ese proceso y abrir una licitación internacional para sacar a Isla Margarita del marasmo en que se encuentra desde hace tanto tiempo”, remarcó Mulino. Esta sería la segunda ocasión en que la AMP intenta cancelar esa concesión, por incumplimiento de contrato. La primera orden fue dada por la junta directiva el 23 de junio de 2021, pero esa instrucción nunca se concretó, porque PCCP se reunió (en varias ocasiones) con el entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo, a quien prometió que el proyecto sería reactivado con el ingreso de nuevos socios, representados por la sociedad Notarc Port Investment, controlado por Notarc Management Group, un fondo de inversión de Bahamas. PCCP no solo mantuvo la concesión, sino que logró que la AMP extendiera su vigencia (por la vía de una adenda) hasta el año 2042. Aunque PCCP prometió completar los trabajos del puerto en 15 meses, eso nunca se cumplió. El proyecto arrastra no solo incumplimientos y morosidades con la AMP, sino que sus socios están inmersos en una disputa legal en Delaware, Estados Unidos. Esta semana, La Prensa recibió (vía correo electrónico) un “comunicado de prensa” que anunciaba la supuesta venta, por parte de Notarc Port Investment, de los activos de PCCP a un denominado “United States Strategic Fund”. El comunicado que La Prensa recibió por correo electrónico no precisaba detalles sobre este fondo, el monto de la transacción ni cuándo sería finiquitada. Al respecto, el administrador Roquebert le dijo a La Prensa que no se puede vender “lo que no existe”, en alusión a que la cancelación de la concesión. Como las concesiones de United Crown Construcción y de PCCP se otorgaron a través de los contratos ley número 42 y número 43 del 18 de junio de 2013, respectivamente, queda la duda si la cancelación de ambos debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. La Prensa hizo la consulta a la AMP, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. La menor perdió el conocimiento tras recibir el impacto. Posteriormente, presentó deterioro neurológico y vómitos durante el proceso de hidratación en el área de urgencias. Dada la gravedad del cuadro clínico, los médicos decidieron su traslado urgente a Ciudad de la Salud. Allí se le practicaron exámenes diagnósticos, incluyendo una tomografía computarizada, que reveló una fractura craneal frontal izquierda acompañada de hemorragia. Actualmente, la paciente se encuentra consciente, aunque somnolienta y sin presentar cefalea. Se prepara su extubación tras una evolución clínica estable. El equipo de neurocirugía ha recomendado, por el momento, un manejo clínico conservador. La CSS hace un llamado a la prudencia y al diálogo, con el fin de evitar que actos de violencia pongan en riesgo la salud y la vida de nuestra niñez y de la ciudadanía en general. “Lamentamos profundamente que la acción vandálica e irresponsable de manifestantes encapuchados haya afectado a una niña panameña”. Protestas frente a la Universidad de Panamá.. Isaac Ortega
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