6A La Prensa Panamá, jueves 8 de marzo de 2025 Panorama Argumentando que las manifestaciones y protestas en la Universidad de Panamá (UP) comprometen la seguridad, la Contraloría General de la República informó que retira a su personal fiscalizador de la casa de Octavio Méndez Pereira. Así lo manifestó la entidad auditora ayer miércoles 7 de mayo a través de un comunicado, donde también indicó que se trata de una medida temporal. Los fiscalizadores serán movilizados a una oficina de la Contraloría en Plaza Edison, lugar desde donde continuarán sus labores de fiscalización, aseguró la entidad. Los funcionarios de Contraloría solían laborar en el edificio de la rectoría, en la llamada colina universitaria. “A partir de la fecha, [la Contraloría] ha decidido retirar temporalmente a su equipo de fiscalización destacado en la Universidad de Panamá, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus funcionarios”, señala el comunicado de la entidad auditora. Sobre las manifestaciones, la Contraloría señala que “han generado un entorno que compromete la seguridad y el libre ejercicio de las funciones de control que realiza esta entidad”. La Prensa contactó a la UP para conocer si ya se le ha notificado la medida formalmente. “Observamos con atención el retiro temporal del equipo de fiscalizadores de la Contraloría”, dijo la entidad en una respuesta oficial. La unidad académica apuntó a reiterar su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en sus procesos administrativos y financieros. Contraloría retira al personal fiscalizador de la UP MEDIDA Los docentes están en paro indefinido desde el pasado 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que incluye reformas a la Caja de Seguro Social. Elysée Fernández Padres denuncian ilegalidad en cierre de escuelas por huelga de docentes Yaritza Mojica [email protected] Mario De Gracia [email protected] EDUCACIÓN PANAMEÑA La Asociación Nacional de Padres de Familia calificó como ilegal el cierre de escuelas por el paro docente y advirtió sobre sus consecuencias legales y educativas. Aunque algunos grupos respaldan la huelga, el llamado general fue a buscar soluciones sin interrumpir las clases La Asociación Nacional de Padres de Familia calificó como “incorrecta e ilegal” la medida de cerrar, incluso con candados, los centros educativos. Algunas asociaciones, sin embargo, han expresado, a través de sus redes sociales, su respaldo al paro de los docentes. Aldo Bazán, representante de los padres de familia ante la comunidad educativa de Panamá Centro, expresó su preocupación por el impacto de las protestas en el sistema educativo. Esto ante el paro de labores que los gremios magisteriales mantienen desde el pasado 23 de abril, en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Según Bazán, quien forma parte de la Asociación Nacional de Padres de Familia, los l padres tienen todo el derecho de decidir si envían o no a su acudido a la escuela. “Es una decisión propia; pero, como agrupación, como asociación de padres de familia, ninguna tiene potestad para cerrar una escuela y decir que no se impartirán clases porque decidieron apoyar la huelga”. Bazán considera que la acción de cerrar una escuela es ilegal, ya que solo el director del plantel tiene esa autoridad en caso de peligro o contingencia. Advirtió que cerrar una escuela puede constituir un delito y acarrear consecuencias legales. Señaló que la situación actual está siendo influenciada por factores externos y que no se está analizando con claridad el daño a futuro, especialmente en el ámbito educativo. Por ello, hizo un llamado al diálogo para buscar soluciones sin interrumpir las clases. El dirigente mencionó casos como el de Bocas del Toro, donde se utilizaron cadenas para impedir el acceso a los estudiantes, y confirmó que hay reportes similares en otras regiones, como el área Este y Colón. Aunque no son mayoría, estas acciones van en aumento. Finalmente, subrayó que, mientras otros sectores económicos continúan operando normalmente, la educación permanece paralizada, lo que afecta directamente el futuro de los jóvenes. “La mejor herencia que se puede dejar a los hijos es la educación, y no debe sacrificarse por causas externas al sistema escolar”, destacó. Para el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Ariel Hughes Garrido, la crisis actual del sistema educativo en Panamá es consecuencia de la “negligencia acumulada de los sucesivos gobiernos, quienes han fallado en atender los problemas administrativos, estructurales y curriculares de forma integral. En lugar de implementar reformas profundas, han recurrido a medidas improvisadas y manipulaciones, perpetuando el deterioro del sistema”. Hughes denunció que esta situación ha fragmentado a la sociedad y ha limitado las oportunidades para niños y jóvenes. Hizo un llamado urgente a una reforma educativa estructural, basada en altos estándares de calidad, participación ciudadana, transparencia y un enfoque en el desarrollo humano integral. En medio de este panorama de paros docentes y de otros sectores del país, Hughes instó a las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) a entablar puentes de comunicación para la solución del conflicto. “Es momento de exigir transparencia, participación ciudadana y coherencia entre el discurso y la acción. La educación debe volver a ser un pilar de justicia social y no un instrumento de manipulación política. Los padres de familia estamos llamados a exigirle al regente de la educación un equilibrio que permita mejorar el sistema educativo nacional y devolverle el sitial que le corresponde, rechazando las estrategias políticas partidistas que son las culpables del rezago educativo”, afirmó. Centros educativos como el Colegio Félix Olivares en Chiriquí y el Colegio Daniel Octavio Crespo en Bugaba han informado, a través de los padres de familia que luego de realizar asambleas con los acudientes, decidieron no enviar a los estudiantes con la finalidad de salvaguardar su integridad ante la situación nacional que se vive y en apoyo al paro indefinido. Mientras el Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la detención preventiva de Abraham Rico Pineda, imputado por blanqueo de capitales en la operación Jericó, el colombiano Juan Pablo Morales Gaviria también fue detenido, señalado como operador logístico de esa red criminal. En una audiencia celebrada ayer miércoles, el Tribunal decidió mantener la medida cautelar contra Rico Pineda al considerar que existe riesgo de fuga y que se le vincula con un delito grave. Este caso también salpica a su padre, el diputado Raúl Pineda. Por otro lado, en otra audiencia, el colombiano Juan Pablo Morales Gaviria —prófugo desde 2023— fue detenido por cargos de conspiración para la introducción de drogas. La aprehensión de Morales Gaviria, ocurrida el martes de madrugada en el corregimiento de Betania, se produjo después de más de un año prófugo. Fue detenido cuando transitaba en un vehículo con vidrios polarizados, pese a tener activa una orden de captura desde 2023. En la audiencia, la Fiscalía de Drogas argumentó que representa un riesgo para la sociedad, señalando su papel clave en la introducción de más de 600 kilos de cocaína en el país. La droga habría sido movilizada desde el Darién, con apoyo de oficiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), y luego ocultada en un taller de Juan Díaz, propiedad de Edgar Ocigian, ya condenado por pandillerismo. Según la fiscalía, Morales Gaviria sostenía reuniones estratégicas con otros jefes de la red —incluido Jorge Néstor Sánchez, detenido en Colombia— en el apartamento 38B del PH Green Garden, en Santa María. Las interceptaciones telefónicas revelaron, además, comunicación directa con Francisco Serrano, otro supuesto cabecilla, en operaciones que involucraban vehículos con compartimentos ocultos y funcionarios públicos presuntamente corrompidos para facilitar los traslados. La operación Jericó: una red de alto nivel Esta captura se enmarca en la operación Jericó, iniciada el 30 de junio de 2023 y considerada una de las investigaciones más complejas en materia de crimen organizado en Panamá. Según el Ministerio Público, esta red transnacional movilizaba cargamentos de cocaína, lavaba capitales y tejía alianzas con sectores del Abraham Rico Pineda seguirá detenido; cae otro miembro de red del caso Jericó NARCOTRÁFICO poder político, empresarial y de seguridad del país. La investigación, que ya acumula 40 tomos, 1,666 interceptaciones telefónicas y 153 diligencias de vigilancia, ha derivado en la detención de 35 personas, entre ellas Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda. Sobre el diputado, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se le investigue por presunto blanqueo de capitales, una decisión aún en análisis por el magistrado Olmedo Arrocha. Las evidencias entregadas por la fiscalía apuntan a posibles conexiones entre las operaciones financieras de la red y estructuras políticas en Panamá. Aunque la Corte aún no se ha pronunciado formalmente sobre la admisión o no del proceso contra el diputado Pineda, la presión pública y mediática sobre este caso sigue en aumento. Jericó también ha puesto en evidencia cómo sectores de las fuerzas de seguridad panameñas —como Senafront— habrían sido infiltrados para proteger cargamentos y facilitar su tránsito por el país, especialmente desde áreas como Darién, Chepo y Juan Díaz, hasta llegar a escondites urbanos en Ciudad de Panamá. Prófugo y reincidente Según la fiscalía, Morales Gaviria salió de Panamá hacia Colombia cinco días después de los primeros allanamientos y arrestos masivos en 2023. A pesar de las alertas, volvió a ingresar al país este año, lo que permitió su reciente captura. Durante la audiencia celebrada en Plaza Ágora, se legalizó su aprehensión, se imputaron cargos y se decretó su detención preventiva por su papel en la coordinación operativa de la red. Las autoridades insisten en que siguen abiertas varias líneas de investigación, incluyendo los nexos entre Morales Gaviria y redes de protección institucional aún no desmanteladas. Juan Manuel Díaz [email protected] En 2023 Ministerio Público realizó allanamientos en varias residencias en Panamá en el marco de la Operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA Hay docentes que acudenalas aulas, pese alparo de los educadores. Elysée Fernández
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