1A La Prensa Panamá, jueves 8 de marzo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 8 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15010 Los 'papables' y sus lazos con América Latina Nombrado por 1989-1992 Trabajó para restablecer los lazos entre México y el Vaticano. 2009 Designado nuncio apostólico en Venezuela 2014 Se involucró en los diálogos con la oposición en Venezuela 2014 Se involucró en los diálogos entre Cuba y el Gobierno de Obama en EE.UU. 2016 Asistió a la firma del acuerdo de paz en Colombia Pietro Parolin 70 años Francisco Francisco Juan Pablo II Nombrado por 1985 Llegó a Perú en una misión agustiniana 1989 Dirigió por 10 años el seminario agustiniano en Trujillo (Perú) 2014 Fue administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo (Perú) y luego obispo de la ciudad 2015 Obtiene la nacionalidad peruana 2018-2023 Formó parte de la Conferencia de Obispos Peruanos 2020-2021 Administrador apostólico de Callao Actualmente es presidente de la Pontificia Comisión para América Latina Robert Prevost 69 años Nombrado por 1970-1972 Fue profesor por dos años en Bogotá (Colombia) 1974 Fue profesor dos años en el seminario mayor de Manizales (Colombia) 1983 Profesor del seminario mayor de Cali (Colombia) y luego rector de esa misma institución 2010 Fue presidente de la Pontifica Comisión para América Latina Marc Ouellet 80 años Nombrado por 1989-1992 Dirigió el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana en El Salvador Michael Czerny 78 años Francisco Francisco Francisco Francisco Francisco Benedicto XVI Nombrado por Muy cercano a la comunidad migrante latinoamericana en EE.UU. Luis Antonio Tagle 67 años Nombrado por 2009 Profesor visitante desde este año en varias universidades católicas de Brasil 2024 Doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Pernambuco (Brasil) 2024 Recibe la medalla Apóstol de São Paulo por su contribución teológica a la iglesia de Brasil José Tolentino de Mendonça 59 años Nombrado por Relación con América Latina 1984-2003 Vivió dos décadas en Paraguay como sacerdote salesiano 2011-2014 Fue superior provincial de los salesianos en Bolivia Cristóbal López Romero 72 años Nombrado por Relación con América Latina 1990 Participó en las mediaciones para la paz en Guatemala Matteo Zuppi 69 años Nombrado por Relación con América Latina 1981 Viajó como misionero a Colombia 1990-1998 Fue pastor y párroco en Popayán (Colombia) Gerald Cyprien Lacroix 67 años Fuente: Elaboración propia Agencia EFE Italia Perú Canadá Canadá Filipinas Portugal VLTRA PLVS España Italia Canadá Hoy por hoy El reciente fallo de la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito Judicial de Estados Unidos ha dejado claro que el principio de especialidad no protege al expresidente Ricardo Martinelli. En tres ocasiones, el Departamento de Estado estadounidense comunicó oficialmente a Panamá que este principio ya no aplicaba. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, mediante la nota A.J.-MIRE-2024-057600 del 24 de agosto de 2024, certificó que no consta ninguna solicitud para el levantamiento del principio de especialidad. Esto plantea una inquietante interrogante: ¿para quién trabaja realmente nuestra cancillería? La insistencia en desconocer las comunicaciones oficiales de Estados Unidos sugiere una preocupante disposición a desinformar y manipular la verdad jurídica. Más grave aún es que esta actitud podría influir en decisiones judiciales en Panamá, donde el magistrado Olmedo Arrocha tiene en su conocimiento tres demandas de inconstitucionalidad que buscan anular la condena a Martinelli en el caso New Business. El principio de especialidad no es un derecho del extraditado, sino una prerrogativa del país que concede la extradición. Mal puede el Ministerio de Relaciones Exteriores ignorar las comunicaciones de Estados Unidos y obstaculizar la justicia en Panamá. Ellas.pa Enrique Iglesias y sus 30 años de carrera 5B Las chicas del futsal se preparan para Filipinas 4B Deportes Panorama Padres de familia rechazan los cierres 6A Economía Mulino aborda con Conep y Capac la tensión social 3B AMP desconoce ‘venta’ de puerto en Isla Margarita Mónica Palm [email protected] La AMP negó conocer la supuesta venta del puerto en Isla Margarita anunciada por Notarc Port. El comunicado afirma que la transacción fue notificada, pero la entidad insiste en que no ha sido informada oficialmente. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) afirmó no tener conocimiento oficial sobre la supuesta venta de Panama Colon Container Port (PCCP), proyecto de puerto de carga en Isla Margarita, Colón. La declaración surge tras un comunicado recibido por La Prensa, presuntamente enviado por Notarc Port Investment LLC, que anuncia la transferencia de sus activos e intereses en PCCP y en United Crown Construction (UCC) a un fondo llamado “United States Strategic Fund”. El documento asegura que la AMP fue notificada de la transacción, pero el administrador de la entidad, Luis Roquebert, lo desmintió: “Los únicos que pueden traspasar concesiones son la AMP”, subrayó. La revelación ocurre a pocas semanas de que el presidente José Raúl Mulino señalara que su gobierno no apoyará el proyecto, calificando la concesión original como “mal otorgada”. En 2022, una situación similar ocurrió cuando Notarc dijo haber adquirido el proyecto, lo que frenó una revocatoria impulsada por la AMP. El nuevo comunicado repite elementos de discursos estadounidenses contra la supuesta influencia china en Panamá. Sin embargo, ni la firma emisora ni sus representantes legales han dado declaraciones adicionales sobre la autenticidad o detalles del anuncio de venta. VEA 2A Principio de especialidad; Martinelli sufre revés en EUA La Corte Federal de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta confirmó que el expresidente Ricardo Martinelli no goza del principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos. Este principio impide que una persona extraditada sea juzgada por delitos distintos a los que motivaron su extradición. Un aspecto destacado en la sentencia es la omisión de la Cancillería panameña al no responder las comunicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, las cuales indicaban que el principio de especialidad ya no aplicaba a Martinelli. VEA 4A Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Planillas legislativas:¿Participación ciudadana o clientelismo disfrazado? FONDOS PÚBLICOS Eliana Morales Gil [email protected] Las oficinas de Participación Ciudadana de la Asamblea operan en provincias con altos costos y numerosas planillas, pero sin informes de gestión. Aunque se justifican como espacios de acercamiento ciudadano, su productividad es incierta. En Herrera hay 36 funcionarios asignados y en Veraguas 59, pero no se conocen La Contraloría paga ahora con cheques a los funcionarios de la Asamblea Nacional.. Elysée Fernández Gobierno estudia prorrogar incentivos fiscales turísticos El gobierno de José Raúl Mulino analiza extender los incentivos fiscales al turismo que vencen este año. Gloria De León, administradora de la ATP, señaló que “hay algunos incentivos que se utilizan más que otros” y que deben mantenerse para que Panamá siga siendo competitivo. VEA 1B Crisis en Bocas: bloqueos ahogan la economía La Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro advirtió que, tras 48 horas de cierres continuos debido a protestas, la región se encuentra al borde del caos. El sector turístico, principal motor económico de la zona, está prácticamente paralizado desde el inicio de los bloqueos. Manuel Sanjur, presidente del gremio, señaló que la economía insular aún no se recupera de los efectos de la pandemia ni de anteriores cierres provocados por crisis pasadas. Se anticipa un desabastecimiento de productos básicos en los próximos día. VEA 1B Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] sus funciones ni resultados. Estos casos reflejan la falta de control y transparencia en el uso de recursos por parte del Legislativo. VEA 5A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, jueves 8 de marzo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Construcción del puerto y patio de contenedores en Isla Margarita, Colón. Cortesía El discurso de Louis Sola resuena en la disputa portuaria en Isla Margarita Monica Palm [email protected] La Autoridad Marítima de Panamá negó conocer la supuesta venta del proyecto portuario PCCP en Isla Margarita, mientras crecen las dudas sobre la legitimidad y actores detrás de la transacción. E n la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), nadie tiene conocimiento de la “venta” de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que impulsa la construcción de un puerto de carga en Isla Margarita, Colón. La Prensa contactó a la AMP luego de recibir por correo electrónico un comunicado, supuestamente emitido por Notarc Port Investment LLC, en el que se anuncia la presunta venta de sus “intereses” y “activos” en PCCP y en otra sociedad llamada United Crown Construction (UCC), la cual debía construir un patio de contenedores en una zona adyacente al puerto. Aunque en dicho comunicado se indica que la AMP fue debidamente “notificada” de esta transacción —que aún estaría en proceso—, la entidad reaccionó con incredulidad. “Los únicos que, por ley, dentro del territorio panameño, pueden traspasar o dar concesiones son la AMP, y no deben ser esos grupos los que decidan a quién lo dan como terceros”, indicó Luis Roquebert, administrador de la AMP. “Estas áreas son del Estado panameño. Veremos cómo avanzamos de la mejor forma para lograr este desarrollo portuario, tan esperado por el sector marítimo”, agregó. De confirmarse, esta venta se daría dos semanas después de que el presidente José Raúl Mulino anunciara que su gobierno no seguiría “impulsando” el proyecto de Isla Margarita. También expresó que el contrato de concesión a favor de PCCP fue “mal otorgado”. En Notarc pensarán que, si el anuncio de la compra del proyecto les quitó la presión de encima una vez, en 2022, ¿por qué no habría de funcionar de nuevo? Con Cortizo... Hace cuatro años, los contratistas originales de PCCP y UCC estuvieron a punto de ser expulsados de Isla Margarita. Esa era la orden, hasta que el 19 de abril de 2022, el CEO de Notarc Port Investment, Dion Bowe, escribió al entonces administrador de la AMP, Noriel Araúz, para informarle que el fondo de inversiones Notarc Management Group (NMG), inscrito en Bahamas, había adquirido la totalidad de las acciones de PCCP. En esa nota, Bowe solicitó revocar la orden que 10 meses antes había dado la junta directiva de la AMP, para rescindir (por incumplimiento) el contrato de concesión de fondo de mar adjudicado en 2013. A cambio, ofrecía llevar a cabo una inversión de $1,000 millones, generar más de 1,300 empleos, renovar las fianzas y pólizas, y terminar los trabajos del puerto (que sería operado por MSC) en 15 meses. Como resultado, Araúz firmó una adenda al contrato-ley de 2013, el cual extendió la vigencia de la concesión hasta 2042. En el interín, hubo reuniones (en Panamá y en Nueva York) con el entonces presidente Laurentino Cortizo y miembros de su Gabinete. Cortizo incluso apadrinó el lanzamiento en Nasdaq, en septiembre de 2021, de un supuesto fondo de capital de riesgo llamado “Panama Development Fund”, creado por NMG en asociación con la firma Fuel Venture Capital, de Miami. El supuesto comprador actual sería otro fondo con nombre sugerente: “United States Strategic Fund”. El comunicado que La Prensa recibió por correo electrónico no precisaba detalles sobre este fondo, el monto de la transacción ni cuándo sería finiquitada. En el presunto comunicado —que no ha circulado públicamente ni ha sido compartido en el sitio web notarc.com— se afirma que la transferencia de los activos al referido fondo coloca el proyecto en Isla Margarita “bajo una gestión alineada con Estados Unidos, reforzando un legado de cooperación entre Estados Unidos y Panamá”. Además, se refiere a los anteriores concesionarios del proyecto como “una empresa china con vínculos confirmados con el Partido Comunista Chino”. ¿Acaso eso no suena igual que el discurso de cierto comisionado marítimo? Discursos conocidos Como si esas fuesen frases de moda que constituOtro personaje presente en la reunión fue Carlos Trujillo, quien fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el primer mandato de Trump. Actualmente, Trujillo dirige Continental Strategy, una firma de cabildeo que fundó en Washington D.C. Ahí trabaja Anthony Sola, hijo del comisionado marítimo Sola. Trujillo también tiene una firma de abogados, llamada Continental PLLC, donde laboran Jennifer Hernández y John Arrastia Jr., defensores de Dion Bowe, Leslie Bethel, Notarc Port Investment y otras tres sociedades vinculadas a este grupo inversor, en una demanda civil presentada por Landbridge Port Services (Hong Kong) Ltd. ante tribunales de Delaware. Landbridge alega haber sido despojada de su participación accionaria e inversión en el proyecto de Isla Margarita. Landbridge está controlada por Ye Cheng, un empresario chino residente en Rizhao, provincia de Shandong. No se sabe si Landbridge es “la empresa china con vínculos confirmados con el Partido Comunista Chino” a la que aludiría Notarc Port en su presunto comunicado de prensa, aunque Dion Bowe y Leslie Bethel también tendrían nexos con inversionistas chinos. En concreto, con Liang Zhang, quien también está incluido en la demanda presentada por Landbridge en Delaware. Zhang, quien en su momento fue presidente de PCCP y llegó a recibir las llaves de la ciudad de Colón, es el accionista único de Notarc Global Investment Limited, creada en Hong Kong en julio de 2021. Este hecho fue documentado por Landbridge como parte de su demanda. Zhang entregó una declaración notariada en la que asegura haber utilizado el nombre con autorización de los inversionistas bahamenses, y que la sociedad sería utilizada para buscar oportunidades de negocios en Asia, los cuales, según él, finalmente no se materializaron. Seguramente, en el sector marítimo no hay nadie más prominente que Louis Sola que critique con tanta dureza las operaciones portuarias en Panamá y la cacareada influencia china. ¿Por qué no ha dicho nada sobre Isla Margarita, como sí lo hizo respecto a Balboa y Cristóbal, los puertos operados por PPC, filial del consorcio hongkonés CK Hutchison? Se intentó ampliar la información sobre Notarc Port, pero la firma de relaciones públicas Cavalry Strategies, que envió el comunicado sobre la supuesta venta de PCCP, no atendió el requerimiento de La Prensa. Tampoco respondió el abogado Juan Felipe Pitty, consejero de Notarc Port Investment. yen fórmulas infalibles ante cuestionamientos en materia portuaria, lo que presuntamente ha expresado Notarc Port Investment LLC se asemeja mucho al discurso de Louis Sola, presidente de la Federal Maritime Commission (FMC) de Estados Unidos. Sola se ha referido en varias ocasiones a una supuesta influencia de China en las operaciones del Canal de Panamá, apoyando así la narrativa del expresidente Donald Trump, ampliamente desmentida por el gobierno panameño y la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Trump ha dicho que quiere recuperar el control de la vía, alegando supuestas violaciones al Tratado de Neutralidad. Por lo pronto, ya logró un acuerdo de compensación para el tránsito de buques de la Armada estadounidense y un memorando de entendimiento en materia de seguridad, que algunos sectores han considerado una amenaza a la soberanía panameña. En febrero pasado, Sola propuso la creación de un “fondo soberano” para impulsar inversiones estadounidenses en instalaciones logísticas y puertos panameños, con el fin de contrarrestar la presencia de China. El 19 de abril de 2024, Sola participó en una reunión en Washington sobre “potenciales oportunidades de cooperación en el sector marítimo”, junto al bahamense Leslie Bethel, socio de Bowe y CEO de NMG, y el entonces ministro consejero para la facilitación de inversiones privadas, José Alejandro Rojas Pardini. Rojas Pardini, quien hasta hace poco fue miembro de la junta directiva de la AMP, ya conocía a los de Notarc e incluso los acompañó a la presentación en el Nasdaq en aquel viaje de Cortizo a Nueva York, en septiembre de 2021. UI UNIDAD INVESTIGATIVA De Izq. a Der.: Luis Sola, presidente de la FMC; Wendall Jones, embajador de Bahamas en Estados Unidos; Leslie Bethel, CEO de Notarc Management Group; el entonces ministro consejero panameño José Alejandro Rojas Pardini y Carlos Trujillo, de Continental Strategy, en una reunión celebrada el 19 de abril de 2024, en Washington. Foto tomada de bahamaschronicle.com
3A La Prensa Panamá, jueves 8 de marzo de 2025
4A La Prensa Panamá, jueves 8 de marzo de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] TOBILLERA. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha dicho que el Consejo de Gabinete todavía no ha aprobado el contrato directo a favor de Sprintico Corp. para el alquiler de brazaletes electrónicos por $37 millones. Por tanto, si alguna empresa interesada “objeta” el acto y presenta una oferta, esta podría ser considerada. No debe haber muchos proponentes aptos para competir, teniendo en cuenta que la proveedora actual lleva años prestando el servicio. Después se molestan cuando la población considera que estas son licitaciones en las que ya hay un contratista beneficiado y, a partir de allí, se generan todos los términos de referencia. MANO ESCONDIDA. ¿Qué factor común tienen aquellos que agredieron a la alcaldesa Irma Hernández? Su exjefe. Hernández lo ha denunciado por lo menos en tres ocasiones. La última fue presentada el 21 de abril pasado, luego de nueve meses reuniendo pruebas. ¿Se necesita ser un genio para saber de dónde provienen esos ataques? EMPANADITA. La Asamblea Nacional ha aprobado el desembolso de casi $30,000 para pagar el catering que servirá el Hotel Panamá en distintas reuniones que se celebrarán hasta el 30 de junio. Pero si están en receso y ya ni las comisiones legislativas se reúnen, ¿para quién son esas boquitas? ¿Para los auditores de la Contraloría? Ricardo Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua para evitar su detención. EFE Tribunal federal de EUA rechaza demanda de Ricardo Martinelli Rodrigo Noriega Especial para La Prensa [email protected] PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD La Cancillería panameña certificó que no existían solicitudes para levantar el principio de especialidad de Martinelli, omitiendo mencionar tres comunicaciones oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos que confirmaban dicha renuncia. E n un fallo de 25 páginas, la Corte Federal de Apelaciones del 11° Circuito Judicial, con sede en Atlanta, Georgia, confirmó ayer 7 de mayo la decisión de la jueza Jill Pryor, del Distrito Sur de Florida, de rechazar la demanda civil presentada por el expresidente Ricardo Martinelli contra el procurador general de Estados Unidos, el secretario de Estado y el exfuncionario Thomas B. Heinemann. La demanda buscaba una declaración judicial que determinara, entre otras cosas, que el principio de especialidad contenido en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá seguía vigente para Martinelli. El expresidente fue extraditado en 2018 desde Miami para enfrentar un proceso penal por las escuchas ilegales, del que fue absuelto en 2019. Posteriormente, se le inició investigación por los casos New Business y Odebrecht, lo que dio pie a esta acción legal. El proceso civil, presentado hace unos dos años, formaba parte de una estrategia para impugnar esos nuevos procesos penales, bajo el argumento de que violaban el principio de especialidad al cual, según su defensa, Martinelli aún estaba protegido tras su extradición. El 4 de marzo de 2024, la condena de 10 años y 8 meses por el caso New Business quedó en firme. Mientras tanto, el proceso por el caso Odebrecht aún no ha llegado a audiencia de fondo. Las peticiones ante la Corte La sentencia describe que los abogados de Martinelli solicitaron siete declaraciones judiciales, todas enfocadas en validar la vigencia del principio de especialidad en su favor. Las solicitudes eran las siguientes: • Que Heinemann no tenía autoridad para declarar que el principio de especialidad no se aplicaba a Martinelli. • Que el tratado incluye “condiciones subsecuentes” que deben cumplirse para extinguir el principio. • Que las cartas enviadas por Heinemann al gobierno panameño no equivalían a una renuncia válida del principio de especialidad. • Que la interpretación del tratado hecha por Heinemann era incorrecta. • Que Heinemann no tenía autoridad para hablar en nombre de Estados Unidos sobre este tema. • Que la adopción de la opinión de Heinemann por parte del Departamento de Estado violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. • Que el principio de especialidad sigue siendo aplicable a Martinelli. • Rechazo por falta de legitimación procesal La Corte de Apelaciones respaldó a la jueza Pryor, quien desestimó la demanda por falta de legitimación procesal. Este concepto, central en el derecho estadounidense, establece que una persona debe demostrar un daño directo atribuible a la conducta del demandado para tener derecho a demandar. En este caso, tanto la jueza como el tribunal de apelaciones concluyeron que los supuestos daños alegados por Martinelli no fueron provocados por funcionarios estadounidenses, sino por decisiones adoptadas por las autoridades judiciales panameñas, que no son parte en la demanda. La corte también desestimó el argumento de que Martinelli conservaba legitimación por el principio de especialidad, señalando que Estados Unidos ya había renunciado formalmente a esa protección en su caso. Tres comunicaciones y una omisión La Corte Federal reseñó que el Departamento de Estado de Estados Unidos envió al gobierno panameño tres comunicaciones formales —en diciembre de 2019, octubre de 2020 y diciembre de 2020— en las que notificaba su renuncia al principio de especialidad respecto a Martinelli. Sin embargo, la cancillería panameña, en la nota A.J.-MIRE-2024-057600 del 24 de agosto de 2024, certificó que en sus archivos no constaban solicitudes de levantamiento del principio de especialidad por parte del Ministerio Público, el Órgano Judicial ni la Procuraduría General de la Nación, en relación con los casos New Business y Odebrecht. La omisión radica en que esa certificación no incluyó referencia a las comunicaciones del Departamento de Estado, pese a que estas fueron emitidas en respuesta a una solicitud hecha por la entonces procuradora general, Kenia Porcell, en 2019. Un fallo con implicaciones El propósito de la demanda era obtener una declaración judicial que, de haber sido favorable, pudiera utilizarse ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ya fuera como recurso de revisión para revertir la condena en el caso New Business o como argumento en demandas de inconstitucionalidad. Esta vía, sin embargo, se cerró con el rechazo de la Corte Federal de Apelaciones. Aunque técnicamente cabe la posibilidad de que Martinelli apele ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la probabilidad de que esta acepte el caso es mínima. Este tribunal solo revisa alrededor de 300 casos por año, priorizando aquellos con relevancia constitucional o impacto nacional. La demanda de Martinelli no parece cumplir esos criterios. Lo que sigue en Panamá En la Corte Suprema de Justicia de Panamá reposan actualmente tres demandas de inconstitucionalidad presentadas por la defensa de Martinelli, todas argumentando violación al principio de especialidad. Estas demandas buscan anular la condena impuesta por el caso New Business. El magistrado Olmedo Arrocha tiene a su cargo el análisis de esos recursos. La sentencia del tribunal estadounidense, al aclarar que Estados Unidos renunció expresamente al principio de especialidad, podría influir en el debate jurídico local. Si en la jurisdicción que concedió la extradición se considera extinguida esa protección, difícilmente se sostendría que aún tiene validez en Panamá. Con este fallo, la estrategia internacional del expresidente ha llegado a su fin. Queda ahora en manos de la justicia panameña determinar si el principio de especialidad puede seguir siendo invocado como argumento legal en su defensa. Mario De Gracia [email protected] Embajada de Estados Unidos. Cortesía Embajada de Estados Undidos defiende el MoU firmado con el gobierno de Mulino ACUERDO La Embajada de Estados Unidos en Panamá emitió un extenso comunicado para señalar algunos puntos del Memorándum de Entendimiento (MoU) en materia de seguridad firmado durante la visita del secretario de defensa de ese país, Pete Hegseth, el pasado 8 de abril, a suelo panameño. Es la primera comunicación oficial —y por escrito—, de esa misión diplomática luego de que Kevin Marino Cabrera presentara sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en Panamá el pasado lunes 5 de mayo. La embajada asegura que el memorándum “es un entendimiento mutuo entre dos socios soberanos, Estados Unidos y Panamá, para fortalecer la cooperación en seguridad frente amenazas regionales que compartimos”. Además, se detalla que “es un mecanismo para que Estados Unidos utilice conjuntamente sitios específicos establecidos por ambos países en tres instalaciones panameñas existentes”. Respecto a la utilización de instalaciones panameñas, la misión diplomática asegura que el Memorándum “no autoriza bases militares estadounidenses en Panamá, ni temporales, ni permanentes”. Por otro lado, se señala que el entendimiento “consolida la asistencia en seguridad de más de 230 millones de dólares que Estados Unidos ha destinado a Panamá en los últimos cinco años”. La comunicación emitida en inglés y español, en esta ocasión, no contiene omisiones en la traducción del contenido. El pasado 10 de abril, Panamá dirigió una carta a la Embajada de Estados Unidos para solicitar la actualización de la declaración conjunta en el que la Secretaría de Defensa estadounidense omitió reconocer la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá. La Embajada indicó a este medio que “no hace comentarios sobre notas diplomáticas específicas”, ante una consulta sobre la actualización de la declaración conjunta solicitada por Panamá. No obstante, el pasado 14 de abril, la Embajada divulgó un video en el que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirma respetar la soberanía de los panameños y del Canal de Panamá”. BOFETON. El loco está en negación y se resiste a reconocer el fallo de un tribunal de apelaciones estadounidense, que declaró (una vez más…) que no le es aplicable el principio de especialidad contenido en el tratado bilateral de extradición. Que entienda de una vez que allá no lo quieren, ni aunque compre puestos en las cenas de Mar-a-Lago.
5A La Prensa Panamá, jueves 8 de marzo de 2025 La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) confirmó ayer que recibió 16 denuncias anónimas sobre la supuesta existencia de funcionarios “botellas” en la Asamblea Nacional, a través de su plataforma Antai Smart CID. Según la entidad, estos señalamientos podrían constituir un delito penal, por lo que serán remitidos a la Fiscalía Anticorrupción para que se inicien las investigaciones correspondientes. En un comunicado,Antai respaldó las auditorías que actualmente adelanta la Contraloría General de la República en el Legislativo. La institución valoró estas acciones como un paso clave para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. “Estas acciones representan una señal clara de que las instituciones cumplen con su deber de velar por el correcto uso del erario”, señaló el documento. No obstante, Antai aclaró que no tiene competencia legal para investigar a los diputados de la Asamblea Nacional. Según explicó, de acuerdo con el ordenamiento jurídico panameño, esa atribución recae exclusivamente en la Corte Suprema de Justicia. Esta limitación no impide que la entidad continúe con las pesquisas sobre los funcionarios que no gozan de fuero especial y que estén presuntamente involucrados en estas prácticas. El término “botellas” se refiere coloquialmente a personas que figuran en la planilla estatal como empleados, pero que en realidad no cumplen ninguna función. Esta práctica ha sido objeto de críticas constantes por parte de la ciudadanía y organizaciones cívicas, al ser percibida como una forma de clientelismo político que debilita la Antai remite a la Fiscalía Anticorrupción 16 denuncias por ‘botellas’ en la Asamblea CORRUPCIÓN institucionalidad. La Antai aseguró que continuará investigando dentro del marco de sus competencias legales y aplicando sanciones cuando se vulneren los principios éticos del servicio público. “Nos mantenemos firmes en nuestra misión de promover una cultura ética y sancionar enérgicamente a los funcionarios que vulneren el Código de Ética de los Servidores Públicos”, enfatizó la entidad. La planilla promedio Un análisis del gasto promedio por diputado en la Asamblea Nacional expone una marcada desigualdad en el uso de los recursos públicos entre las distintas bancadas políticas. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) encabeza la lista con un promedio de $102,384 por diputado, una cifra que contrasta fuertemente con los niveles de gasto de las bancadas minoritarias. La coalición independiente Vamos y el Movimiento Otro Camino (MOCA) se sitúan en el extremo opuesto, con promedios de 15 mil 222 dólares y 16 mil 383 dólares, respectivamente, lo que los perfila como los grupos más austeros de la Asamblea Nacional. Entre estos extremos, bancadas como Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista (PAN) presentan niveles de gasto intermedios, reflejando una distribución desigual que plantea interrogantes sobre los criterios de asignación y uso de fondos dentro del órgano legislativo. Por ejemplo, el CD y el Partido Panameñista, cuyas bancadas de ocho diputados reportan gastos de 270 mil 645 dólares y 251 mil 388 dólares, respectivamente, tienen gastos promedio de 33 mil 830 dólares y 31 mil 423 dólares por diputado. Por otro lado, la bancada de Realizando Metas (RM), con 15 diputados, presenta un gasto promedio de 37 mil 410 dólares, acumulando un total de 561 mil 150 dólares. Oficinas provinciales de la Asamblea: costosas, opacas y con fines electorales Eliana Morales Gil [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] DESPACHOS El contralor Flores afirma que en cada una de estas oficinas hay 30, 40 personas o más. Mientras que en el Legislativo guardan silencio. Las oficinas de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en las provincias, creadas originalmente para acercar el trabajo legislativo al ciudadano, se encuentran hoy en el centro de una tormenta política. Esta semana, el contralor Anel Flores lanzó una contundente acusación contra estos despachos: “son estructuras electorales de los diputados, financiadas por el Estado” Según Flores, estas sedes operan en casi todas las provincias del país y, aunque cuentan con una generosa planilla, “la ciudadanía no conoce qué hacen”. De acuerdo con el contralor, en Chitré, provincia de Herrera, por ejemplo, hay 36 funcionarios. “¿Qué hacen? Nadie sabe”, expresó en declaraciones recientes En Veraguas, según información oficial obtenida mediante solicitudes de acceso a la información por la diputada independiente Janine Prado, hay 59 personas asignadas a esas oficinas “Tengo una posición muy clara. Las oficinas de participación ciudadana son el punto donde los ciudadanos pueden llegar, presentar sus iniciativas, hacer consultas y acercar a la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo que no amerita es que una oficina de participación ciudadana tenga más de 50 personas en esas planillas. Y quiero hacer la salvedad que en el caso específico de Veraguas, ninguna de esas personas ha sido nombrada por los dos diputados del circuito 9-1”, manifestó la diputada a este medio. El contralor Flores afirma que en cada una de estas oficinas hay 30, 40 personas o más. Sin embargo, estos datos no coinciden con la planilla de la Asamblea divulgada por la Contraloría, que registra apenas 39 personas en esa dependencia del Palacio Justo Arosemena. En abril pasado, Karina Connell, presidenta de la Asociación de Servidores Públicos del Legislativo, aseguró que Participación Ciudadana cuenta con 600 funcionarios en todo el país. Loscontratosdealquiler A esta opaca y costosa maquinaria se suma el gasto que implica mantener estos despachos: alquileres de oficinas y servicios públicos. Recientemente, Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional renovó contratos de arrendamiento para las sedes de Coclé, Veraguas, Herrera y Bocas del Toro. El alquiler de la Oficina de Participación Ciudadana en Penonomé, Penonomé, costará $49,440.24 por un periodo de dos años. El contrato fue suscrito con la sociedad M y C Cuatro S.A., representada legalmente por Mario Luis Araúz Valdés. En Chitré, provincia de Herrera, existen dos contratos vigentes para la sede correspondiente. El primero cubre del 1 al 31 de enero de 2025, con un costo de $1,276.62; el segundo abarca del 1 de febrero de 2025 hasta enero de 2027, por un monto total de $41,492.88. En ambos casos, la contraparte de la Asamblea Nacional es la empresa Inversiones y Desarrollo Corro Pérez S.A. (Indecop S.A.), representada por Miguel Antonio Corro Pérez. Una situación similar se presentó en Santiago, Veraguas. Del 1 al 31 de enero pasado se alquilaron dos locales a la empresa Grupo Compostela S.A. por $2,849.95. Sin embargo, ya se había pactado previamente un contrato con esa misma sociedad para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024, por un valor de $17,099.70. El representante legal de Grupo Compostela S.A. es Rogelio Estevez Carneiro. Por su parte, en Changuinola, Bocas del Toro, la Asamblea Nacional acordó pagar $45,335.04 por dos años de alquiler de un local arrendado a la sociedad Villa Pacífica S.A., representada legalmente por Miao Feng Luo Lau de León. Pese a los altos costos, la Asamblea no ha publicado ningún informe sobre las actividades realizadas por estas oficinas ni indicadores de cumplimiento. Tampoco ha respondido públicamente cómo se evalúa la productividad de estos despachos. Un“esfuerzodedescentralización”, según la Asamblea En defensa de estos espacios, la Asamblea Nacional, presidida por la diputada oficialista Dana Castañeda, justificó los alquileres argumentando que la institución ha “determinado la necesidad de mantener la presencia física fuera de la ciudad capital” con el objetivo de extender la participación ciudadana. Aseguran que las oficinas cuentan con “condiciones especiales de localización, comodidades y avances tecnológicos”. Así constaendocumentospublicados en Panamá Compra. Sin embargo, la retórica institucional contrasta con una realidad marcada por el silencio administrativo y las denuncias sobre su uso político-electoral. Iniciativas En la sección de Participación Ciudadana del sitio web del Legislativo constan varias propuestas de ley que han llegado al Palacio Justo Arosemena por esta vía. Por ejemplo, la que regula el personal de atención en las estaciones de combustible, la que crea el cripto balboa, la criptomoneda oficial de Panamá, y la que introduce el día de la basquiña. También se incluyen iniciativas relacionadas con derechos digitales, protección del ciudadano ante la inteligencia artificial, desarrollo de semiconductores, regulación de la inteligencia artificial en Panamá, garantía del libre tránsito y regulación del ejercicio de la abogacía. La lista es más extensa; aquí se mencionan sólo algunos ejemplos. Varias de estas propuestas han sido calificadas como viables y se encuentran en comisiones de trabajo a la espera de ser debatidas Preguntassinresponder La Prensa envió las siguientes preguntas a la Asamblea, pero al momento de redactar esta noticia no habían sido respondidas: ¿Cuál es el propósito de las oficinas de Participación Ciudadana? ¿Qué iniciativas han impulsado? ¿Cuántas de estas oficinas hay en las distintas provincias y cuál es el propósito de las mismas? ¿Cuántos funcionarios tienen a nivel nacional (en la sede de Panamá y en las provincias)? ¿Cuántos proyectos de ley surgidos de estas oficinas se han aprobado? ¿Cómo responden a la crítica del contralor Flores de que “son estructuras electorales de los diputados, financiadas por el Estado”? En medio de una auditoría, la Contraloría decidió pagar con cheques a los funcionarios de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández Oficinas provinciales de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, hoy bajo escrutinio por su alto costo, falta de transparencia y señalamientos de uso político-electoral Isaac Ortega Resumen Denuncia de la Antai La Antai recibió 16 denuncias anónimas sobre presuntos funcionarios “botellas” en la Asamblea, a través de Smart CID. Las denuncias serán remitidas a la Fiscalía Anticorrupción, ya que podrían constituir delitos penales. La Antai respalda las auditorías de la Contraloría en el Legislativo, considerándolas claves para la rendición de cuentas.
6A La Prensa Panamá, jueves 8 de marzo de 2025 Panorama Argumentando que las manifestaciones y protestas en la Universidad de Panamá (UP) comprometen la seguridad, la Contraloría General de la República informó que retira a su personal fiscalizador de la casa de Octavio Méndez Pereira. Así lo manifestó la entidad auditora ayer miércoles 7 de mayo a través de un comunicado, donde también indicó que se trata de una medida temporal. Los fiscalizadores serán movilizados a una oficina de la Contraloría en Plaza Edison, lugar desde donde continuarán sus labores de fiscalización, aseguró la entidad. Los funcionarios de Contraloría solían laborar en el edificio de la rectoría, en la llamada colina universitaria. “A partir de la fecha, [la Contraloría] ha decidido retirar temporalmente a su equipo de fiscalización destacado en la Universidad de Panamá, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus funcionarios”, señala el comunicado de la entidad auditora. Sobre las manifestaciones, la Contraloría señala que “han generado un entorno que compromete la seguridad y el libre ejercicio de las funciones de control que realiza esta entidad”. La Prensa contactó a la UP para conocer si ya se le ha notificado la medida formalmente. “Observamos con atención el retiro temporal del equipo de fiscalizadores de la Contraloría”, dijo la entidad en una respuesta oficial. La unidad académica apuntó a reiterar su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en sus procesos administrativos y financieros. Contraloría retira al personal fiscalizador de la UP MEDIDA Los docentes están en paro indefinido desde el pasado 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que incluye reformas a la Caja de Seguro Social. Elysée Fernández Padres denuncian ilegalidad en cierre de escuelas por huelga de docentes Yaritza Mojica [email protected] Mario De Gracia [email protected] EDUCACIÓN PANAMEÑA La Asociación Nacional de Padres de Familia calificó como ilegal el cierre de escuelas por el paro docente y advirtió sobre sus consecuencias legales y educativas. Aunque algunos grupos respaldan la huelga, el llamado general fue a buscar soluciones sin interrumpir las clases La Asociación Nacional de Padres de Familia calificó como “incorrecta e ilegal” la medida de cerrar, incluso con candados, los centros educativos. Algunas asociaciones, sin embargo, han expresado, a través de sus redes sociales, su respaldo al paro de los docentes. Aldo Bazán, representante de los padres de familia ante la comunidad educativa de Panamá Centro, expresó su preocupación por el impacto de las protestas en el sistema educativo. Esto ante el paro de labores que los gremios magisteriales mantienen desde el pasado 23 de abril, en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Según Bazán, quien forma parte de la Asociación Nacional de Padres de Familia, los l padres tienen todo el derecho de decidir si envían o no a su acudido a la escuela. “Es una decisión propia; pero, como agrupación, como asociación de padres de familia, ninguna tiene potestad para cerrar una escuela y decir que no se impartirán clases porque decidieron apoyar la huelga”. Bazán considera que la acción de cerrar una escuela es ilegal, ya que solo el director del plantel tiene esa autoridad en caso de peligro o contingencia. Advirtió que cerrar una escuela puede constituir un delito y acarrear consecuencias legales. Señaló que la situación actual está siendo influenciada por factores externos y que no se está analizando con claridad el daño a futuro, especialmente en el ámbito educativo. Por ello, hizo un llamado al diálogo para buscar soluciones sin interrumpir las clases. El dirigente mencionó casos como el de Bocas del Toro, donde se utilizaron cadenas para impedir el acceso a los estudiantes, y confirmó que hay reportes similares en otras regiones, como el área Este y Colón. Aunque no son mayoría, estas acciones van en aumento. Finalmente, subrayó que, mientras otros sectores económicos continúan operando normalmente, la educación permanece paralizada, lo que afecta directamente el futuro de los jóvenes. “La mejor herencia que se puede dejar a los hijos es la educación, y no debe sacrificarse por causas externas al sistema escolar”, destacó. Para el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Ariel Hughes Garrido, la crisis actual del sistema educativo en Panamá es consecuencia de la “negligencia acumulada de los sucesivos gobiernos, quienes han fallado en atender los problemas administrativos, estructurales y curriculares de forma integral. En lugar de implementar reformas profundas, han recurrido a medidas improvisadas y manipulaciones, perpetuando el deterioro del sistema”. Hughes denunció que esta situación ha fragmentado a la sociedad y ha limitado las oportunidades para niños y jóvenes. Hizo un llamado urgente a una reforma educativa estructural, basada en altos estándares de calidad, participación ciudadana, transparencia y un enfoque en el desarrollo humano integral. En medio de este panorama de paros docentes y de otros sectores del país, Hughes instó a las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) a entablar puentes de comunicación para la solución del conflicto. “Es momento de exigir transparencia, participación ciudadana y coherencia entre el discurso y la acción. La educación debe volver a ser un pilar de justicia social y no un instrumento de manipulación política. Los padres de familia estamos llamados a exigirle al regente de la educación un equilibrio que permita mejorar el sistema educativo nacional y devolverle el sitial que le corresponde, rechazando las estrategias políticas partidistas que son las culpables del rezago educativo”, afirmó. Centros educativos como el Colegio Félix Olivares en Chiriquí y el Colegio Daniel Octavio Crespo en Bugaba han informado, a través de los padres de familia que luego de realizar asambleas con los acudientes, decidieron no enviar a los estudiantes con la finalidad de salvaguardar su integridad ante la situación nacional que se vive y en apoyo al paro indefinido. Mientras el Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la detención preventiva de Abraham Rico Pineda, imputado por blanqueo de capitales en la operación Jericó, el colombiano Juan Pablo Morales Gaviria también fue detenido, señalado como operador logístico de esa red criminal. En una audiencia celebrada ayer miércoles, el Tribunal decidió mantener la medida cautelar contra Rico Pineda al considerar que existe riesgo de fuga y que se le vincula con un delito grave. Este caso también salpica a su padre, el diputado Raúl Pineda. Por otro lado, en otra audiencia, el colombiano Juan Pablo Morales Gaviria —prófugo desde 2023— fue detenido por cargos de conspiración para la introducción de drogas. La aprehensión de Morales Gaviria, ocurrida el martes de madrugada en el corregimiento de Betania, se produjo después de más de un año prófugo. Fue detenido cuando transitaba en un vehículo con vidrios polarizados, pese a tener activa una orden de captura desde 2023. En la audiencia, la Fiscalía de Drogas argumentó que representa un riesgo para la sociedad, señalando su papel clave en la introducción de más de 600 kilos de cocaína en el país. La droga habría sido movilizada desde el Darién, con apoyo de oficiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), y luego ocultada en un taller de Juan Díaz, propiedad de Edgar Ocigian, ya condenado por pandillerismo. Según la fiscalía, Morales Gaviria sostenía reuniones estratégicas con otros jefes de la red —incluido Jorge Néstor Sánchez, detenido en Colombia— en el apartamento 38B del PH Green Garden, en Santa María. Las interceptaciones telefónicas revelaron, además, comunicación directa con Francisco Serrano, otro supuesto cabecilla, en operaciones que involucraban vehículos con compartimentos ocultos y funcionarios públicos presuntamente corrompidos para facilitar los traslados. La operación Jericó: una red de alto nivel Esta captura se enmarca en la operación Jericó, iniciada el 30 de junio de 2023 y considerada una de las investigaciones más complejas en materia de crimen organizado en Panamá. Según el Ministerio Público, esta red transnacional movilizaba cargamentos de cocaína, lavaba capitales y tejía alianzas con sectores del Abraham Rico Pineda seguirá detenido; cae otro miembro de red del caso Jericó NARCOTRÁFICO poder político, empresarial y de seguridad del país. La investigación, que ya acumula 40 tomos, 1,666 interceptaciones telefónicas y 153 diligencias de vigilancia, ha derivado en la detención de 35 personas, entre ellas Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda. Sobre el diputado, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se le investigue por presunto blanqueo de capitales, una decisión aún en análisis por el magistrado Olmedo Arrocha. Las evidencias entregadas por la fiscalía apuntan a posibles conexiones entre las operaciones financieras de la red y estructuras políticas en Panamá. Aunque la Corte aún no se ha pronunciado formalmente sobre la admisión o no del proceso contra el diputado Pineda, la presión pública y mediática sobre este caso sigue en aumento. Jericó también ha puesto en evidencia cómo sectores de las fuerzas de seguridad panameñas —como Senafront— habrían sido infiltrados para proteger cargamentos y facilitar su tránsito por el país, especialmente desde áreas como Darién, Chepo y Juan Díaz, hasta llegar a escondites urbanos en Ciudad de Panamá. Prófugo y reincidente Según la fiscalía, Morales Gaviria salió de Panamá hacia Colombia cinco días después de los primeros allanamientos y arrestos masivos en 2023. A pesar de las alertas, volvió a ingresar al país este año, lo que permitió su reciente captura. Durante la audiencia celebrada en Plaza Ágora, se legalizó su aprehensión, se imputaron cargos y se decretó su detención preventiva por su papel en la coordinación operativa de la red. Las autoridades insisten en que siguen abiertas varias líneas de investigación, incluyendo los nexos entre Morales Gaviria y redes de protección institucional aún no desmanteladas. Juan Manuel Díaz [email protected] En 2023 Ministerio Público realizó allanamientos en varias residencias en Panamá en el marco de la Operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA Hay docentes que acudenalas aulas, pese alparo de los educadores. Elysée Fernández
7A La Prensa Panamá, jueves 8 de marzo de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. cer y comprender. Siempre han sido la punta de lanza en sus negociaciones con Panamá y otros Estados. ¿Entonces de qué tipo de negociación se habla? Suena más bien como una pelea de tigre contra burro amarrado. En las negociaciones sobre el Tratado de Neutralidad se puede ver con claridad el uso de la falacia del miedo. Ellos —los gringos— siempre apelan a esta táctica y son expertos en su aplicación. Respaldan sus posiciones con engaños, mentiras y propaganda destinada a exacerbar temores y prejuicios hacia la competencia. Sus argumentos presentan ilusiones negativas o falsas vivencias que afectan emocionalmente, y cuentan con toda una maquinaria mediática para sostener su narrativa, sobre la cual sustentan su actuar presente y futuro. Entonces, mis estimados leyentes: ¿es el Canal de Panamá lo que es neutral, o lo es Panamá? ¿Es posible vislumbrar a Panamá como un país beligerante en alguna oportunidad? Eso no ocurrirá, salvo que seamos atacados. Y como eso no es parte de nuestra cultura nacional, jamás estaremos preparados para tal propósito. Pero sí es cultura, forma de vida y economía para esa nación que nos hizo su “socio”, aplicando falacias de miedo y engaño mediante un instrumento firmado para mantener su presencia en suelo patrio. Siempre generarán una amenaza bélica con la cual arrastran a esta nación, a través de la falacia llamada Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Ese tratado ha sido siempre un sofisma, porque plantea razonamientos falsos, y fue utilizado para persuadir a Panamá de que era necesaria la presencia militar de Estados Unidos para defender el Canal. Cualquiera que lo lea puede pensar que es válido Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Segunda vuelta electoral: un paso hacia la legitimidad Sistema electoral bles, es importante considerar el contexto del sistema electoral panameño: en Panamá no existe una normativa que contemple la “segunda vuelta electoral” para ningún cargo de elección popular, y las elecciones presidenciales se resuelven mediante mayoría simple en una sola jornada, lo que significa que cualquier candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos puede ser elegido sin necesidad de alcanzar un porcentaje mínimo. El descontento popular ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de la conveniencia de implementar una “segunda vuelta” para asegurar una mayor representatividad y legitimidad. Es relevante recordar que la Constitución Política, en su artículo 177, establece claramente que “El Presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos, para un período de cinco años”. En este contexto, la mayoría de los votos se entiende como una mayoría simple, no absoluta, por lo que una futura segunda vuelta permitiría que el ganador obtenga un respaldo más amplio y gobierne con mayor legitimidad. Desde un punto de vista jurídico, existen dos posturas principales: por un lado, algunos juristas sostienen que sería necesario reformar constitucionalmente el artículo citado —o incluso redactar una nueva Constitución que contemple la figura de la segunda vuelta electoral— para luego modificar el Código Electoral; otros expertos opinan que se podría alterar directamente el Código Electoral actual sin recurrir a cambios constitucionales, aunTomás Alonso Tratado de Neutralidad del Canal: entre falacia y sofisma Soberanía Veamos los términos. Una falacia, según la RAE, es un pensamiento que, aunque puede parecer válido, es incorrecto desde el punto de vista lógico. Es una forma de argumentar que engaña o resulta engañosa, y puede ser utilizada para persuadir o convencer de manera incorrecta. Este concepto, a todas luces, parece bastante claro. ¿Qué ocurre si pensamos en el cómo o en el para qué podría utilizarse la falacia como herramienta? No sé si quienes tenemos por lengua el español, al momento de su uso profundo —por ejemplo, en tratados y convenios entre partes negociadoras que emplean otro idioma— no somos capaces de utilizar conscientemente nuestro propio idioma. Por momentos, siento que nos vencen en el terreno del lenguaje, o acaso es por falta de experiencia o por el pecado de creer que se sabe. Lo anterior demuestra que el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá es una falacia mucho más profunda, diseñada, concebida y elaborada por el gran país del norte, más allá de lo que Panamá pudo entender o negociar en los años setenta. En otro escrito mencioné el uso del miedo y la mentira como herramientas. Son instrumentos clásicos de Estados Unidos, que todo aquel que trate con ese país debe conoy cierto, pero oculta mentiras y emplea engaños para alcanzar su fin. Hoy repiten las mismas tácticas, con los mismos instrumentos: falacias y sofismas. Y aún así, el gobierno de turno no lo comprende, no lo ve y cae nuevamente en el juego del engaño, firmando un instrumento supuestamente inocente, sin mayor peso legal: un memorando de entendimiento. Pero en realidad es un instrumento de convenio, un tratado que el Ejecutivo panameño refrenda sin que la Asamblea Nacional opine ni apruebe, como correspondería. Mientras tanto, ellos interpretan al pie de la letra lo “acordado” y actuarán a su libre albedrío. Hasta donde comprendo, la neutralidad es una posición de no tomar partido en un conflicto o desacuerdo, ni apoyar a ninguna de las partes beligerantes. Por tanto, resulta inverosímil que haya que emprender acciones para defender una posición de neutralidad. Uno puede firmar un tratado de paz —como los hay desde 1648 con el Tratado de Westfalia—, pero ¿un tratado de neutralidad? Por favor, que alguien me ilustre, porque puedo estar equivocado, pero no conozco otro en el mundo de tal naturaleza. Es el sofisma más grande que han utilizado los gringos, y Panamá parece no haberse percatado de semejante mentira. Lo contrario de la neutralidad es tomar partido, que es precisamente lo que logró el vecino del norte con la firma de ese tratado. Para ellos, el principio de neutralidad no existe; el tratado simplemente los faculta para estar presentes en territorio panameño, y el mundo lo sabe y siempre lo ha entendido así. ¿Cómo puede ser neutral un país que tiene como socio, mediante un instrumento legal, a un Estado guerrero cuya cultura es la no paz y el intervencionismo? Opinión EL AUTOR es abogado y urbanista. EL AUTOR es abogado, investigador y doctor en Derecho. que en el pasado la Asamblea de Diputados no logró el apoyo suficiente para ello. La implementación de la “segunda vuelta electoral” se plantea como un mecanismo que conferiría mayor legitimidad al gobierno electo, lo que en la práctica se traduciría en un fortalecimiento de las decisiones gubernamentales ante la sociedad. Además, esta medida apunta a evitar la formación de gobiernos débiles o a que se asuma el poder sin el respaldo necesario del electorado, lo que favorece la gobernabilidad. De igual forma, adoptar la segunda vuelta se presenta como una herramienta eficaz en períodos de polarización, permitiendo que el presidente enfrente los cuestionamientos sobre su mandato desde una posición fortalecida, tanto para alcanzar acuerdos como para formar nuevas alianzas políticas. Cabe destacar que el sistema electoral actual favorece a los partidos tradicionales, dotados de estructuras sólidas y antecedentes históricos, mientras que la segunda vuelta brindaría la oportunidad a partidos nuevos o independientes de competir, ofreciendo nuevas opciones a los electores. Uno de los efectos prácticos de implementar la segunda vuelta es la reducción de la fragmentación del voto, ya que este mecanismo disminuye el número de candidatos que avanzan a la votación final y concentra los votos dispersos de la primera ronda en los dos candidatos más votados, dando una expresión más clara de las intenciones del electorado. Sin embargo, entre los aspectos negativos se encuentra el aumento de costos, gastos y la extensión del período electoral, por lo que es crucial que esto se realice de manera ágil, en un plazo mínimo de una semana y máximo de un mes, para evitar un clima de incertidumbre política. Panamá se encuentra en una posición atípica dentro de América Latina, donde la segunda vuelta electoral es una norma en la mayoría de los sistemas presidenciales. Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros, cuentan con legislación que regula este mecanismo. El país se encuentra en un período de agitación política, en el que varios temas están en el centro de la atención pública. Entre ellos se destacan la aprobación de una ley sobre la Caja del Seguro Social y el sistema de pensiones, que ha generado descontento; la posible reapertura de una mina; y la firma de un memorando relacionado con la soberanía nacional. Además, se evidencian problemas significativos en el sistema educativo, que se suman a una planilla excesiva en el sector público, a las dificultades en la entrega de becas educativas y a una Asamblea Nacional que no ha cumplido plenamente su papel, acompañada de controversias y escándalos recurrentes. Actualmente, se registran cierres de calles, protestas y la adhesión de diversas organizaciones gremiales a convocatorias y llamados a huelga. Sin duda, estos son problemas que el gobierno actual debe abordar y resolver, ya que se trata de cuestiones estructurales que definen nuestro futuro y requieren ser gestionadas de manera responsable. Un sector significativo de la población panameña ha manifestado su descontento con las decisiones del gobierno, argumentando que este fue elegido con solo el 34.23% de los votos, lo cual pone en entredicho su legitimidad. No se trata de una situación inédita, ya que en 1994 Ernesto Pérez Balladares ganó con un 33.3% y, en 2019, Laurentino Cortizo lo hizo con un 33.5%. Ambos casos exhibieron márgenes estrechos que generaron debates sobre la baja representatividad. Históricamente, además, los gobiernos del PRD han encontrado problemático el uso de esta figura. Aunque estos argumentos son comprensiRené Pardo C. Existen diversas modalidades para aplicar la segunda vuelta electoral: por ejemplo, si entre el candidato que obtuvo la mayoría de los votos y el que le sigue existe una diferencia superior a 10 puntos porcentuales o si se alcanza un mínimo del 45% de los votos, la segunda vuelta no sería necesaria. Existen diversas modalidades para aplicar la segunda vuelta electoral: por ejemplo, si entre el candidato que obtuvo la mayoría de los votos y el que le sigue existe una diferencia superior a 10 puntos porcentuales o si se alcanza un mínimo del 45% de los votos, la segunda vuelta no sería necesaria; asimismo, en casos en los que el candidato mayoritario obtenga el 50% más un voto, tampoco se requiere. En situaciones en las que ningún candidato logra más del 50% de los votos válidos en la primera ronda, simplemente los dos candidatos más votados compiten en una segunda vuelta; en otros casos, la regla general es elegir a los dos candidatos más votados sin importar la diferencia, decidiendo la elección final mediante mayoría simple. Si se aprobara la segunda vuelta electoral, será necesario implementarla después de un período de transición que permita al Tribunal Electoral organizar los recursos, la logística y los calendarios electorales correspondientes. Aunque pueden existir circunstancias que excluyan la necesidad de esta medida, en casos donde los resultados electorales sean muy ajustados o se obtenga la victoria por un número muy reducido de votos válidos, es imperativo recurrir a la segunda vuelta. Este mecanismo ha sido objeto de debate en Panamá durante décadas y, para avanzar en esta dirección, es fundamental alcanzar un consenso político y realizar una consulta pública, además de fomentar la participación ciudadana activa que motive a las autoridades electas a debatir el tema. Sin duda, la segunda vuelta electoral por sí sola no resolverá problemas endémicos como el clientelismo, la corrupción, la falta de concursos públicos ni el nepotismo; sin embargo, representa un avance hacia futuros cambios electorales que puedan aplicarse en transformaciones estructurales dentro de nuestra sociedad. Como dice una canción: ¿cómo se puede entender la necesidad de defender la posición de neutralidad, cuando quien la “defiende” es el mismo que hoy saca a flote su verdad sobre el tratado de los años setenta, aparece como Juan por su casa, lanza en ristre, y exige tratos preferentes? Si lo firmado hubiera sido un tratado de paz, ¿por qué entonces el sinnúmero de intervenciones gringas en el territorio nacional y en la vida social y política de la República siempre han sido de guerra? La historia, de haberse basado en un verdadero tratado de paz, pudo haber sido muy distinta. Pero sabían que ese no era el instrumento apropiado para garantizar su permanencia en el país. Desde que el tratado establece paso expedito para su flota marítima, jamás ha existido neutralidad. Mucho menos si debo tener un socio para defenderla: algo que no requiere defensa alguna. Si hubiese sido un tratado de paz, lo habrían firmado muchas más naciones —al menos aquellas con flota marítima— y no existirían esos nefastos intereses de presencia eterna en territorio panameño, mancillando nuestra soberanía y exigiendo cobros por servicios que no prestan, que nadie demanda, y que no se requieren. Es tiempo de que la nación exija el respeto que merece como Estado soberano e independiente. Estados Unidos pretende sacar provecho de todo, gratuitamente, de este país. Y a cambio, quiere elegir a nuestros clientes y que soportemos su irrespeto.
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