6A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025 Panorama El Ministerio Público realizó una diligencia de inspección en Divisa, provincia de Veraguas relacionada con la desaparición del sacerdote Héctor Gallego. Archivo Buscan restos del sacerdote Gallego en terrenos del INA Juan Manuel Díaz [email protected] MINISTERIO PÚBLICO La inspección se llevó a cabo luego de recibir información sobre la posible existencia de un cuerpo en esa área, el cual podría corresponder al sacerdote colombiano. La Fiscalía Regional de Veraguas practicó una diligencia de inspección ocular en Divisa, provincia de Veraguas, tras recibir información sobre la posible ubicación de restos humanos que podrían pertenecer al sacerdote Héctor Gallego, desaparecido en junio de 1971. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la diligencia se realizó luego de que algunas personas entregaran información sobre la posible ubicación de restos humanos en ese sector, que podrían corresponder a Gallego. La inspección se llevó a cabo en terrenos del Instituto Nacional de Agricultura (INA), luego de recibir información sobre la posible existencia de un cuerpo en esa área, el cual podría corresponder al sacerdote colombiano. En diciembre pasado, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó la reapertura de la investigación por la desaparición de Gallego, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado viernes, la Policía dio con la captura de Eugenio Magallón, sobre quien pesa una condena de 15 años por su participación en la desaparición de Gallego. En un juicio realizado el 26 de octubre de 1993, un jurado de conciencia condenó a los militares Melbourne Walker, Nivaldo Madriñán y Magallón por el secuestro y asesinato de Gallego, cuyo cuerpo nunca fue recuperado. En 1999, se solicitó la revisión de unos restos humanos encontrados en el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen, ante la posibilidad de que fueran los del sacerdote. En 2003, la CIDH recibió una petición del Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG), sobre hechos de violencia, abuso de poder y desapariciones forzadas cometidas por la dictadura militar en Panamá (1968– 1989). Juan Manuel Díaz [email protected] Sede del Consejo de Seguridad. Archivo Caso de espionaje: Rodríguez y Pittí siguen prófugos; tribunal les niega fianza JUSTICIA La jueza Águeda Rentería rechazó una solicitud de fianza presentada por William Pittí y Ronny Rodríguez, prófugos de la justicia señalados como responsables de operar el sistema Pegasus, utilizado para espiar a políticos y líderes sindicales entre 2009 y 2014. Ambos solicitaron a la jueza Rentería que se les concediera una fianza para evitar la detención preventiva. Pittí y Rodríguez debieron enfrentar en 2019 un juicio junto a los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, ambos ya condenados en este proceso. Rodríguez y Pittí están prófugos desde 2015, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia giró órdenes de indagatoria en su contra. Ninguno compareció. Desde entonces, se desconoce su paradero, aunque en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) constan órdenes de detención emitidas por el extinto Juzgado Decimosexto Penal. Un testigo protegido del Ministerio Público declaró que desde el CSN se interceptaron comunicaciones de más de 150 personas, y señaló como responsables a Pérez y Garuz. Ambos fueron condenados a 50 meses de prisión por el Juzgado Decimosexto Penal, fallo que fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El testigo también afirmó que Rodríguez y Pittí eran los encargados del equipo Pegasus, adquirido a la empresa israelí NSO Group, instalado en las oficinas del CSN. Desde allí, se realizaban las escuchas a dirigentes políticos, gremiales e incluso magistrados de la Corte Suprema. Añadió que ambos recibieron entrenamiento especializado y redactaban los informes sobre la información obtenida. El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) también fue investigado por este caso, pero fue declarado no culpable por un tribunal de juicio. Inicialmente, su proceso fue tramitado en la Corte Suprema por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero tras renunciar al cargo, el expediente fue remitido a la justicia ordinaria. Sede del Ministerio de Obras Pública. Cortesía Rehabilitación de vía David–Boquete: 14 empresas interesadas LICITACIÓN José González Pinilla [email protected] Un total de catorce empresas se mostraron interesadas en el proyecto de rehabilitación de la carretera David–Boquete, en la provincia de Chiriquí, un destino conocido por su atractivo turístico. Las compañías participaron ayer en el acto de homologación, como parte del proceso de licitación por mejor valor. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el objetivo de la reunión, realizada de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, fue ofrecer un espacio para que los participantes pudieran formular consultas y observaciones respecto al Pliego de Cargos. El proyecto de la carretera David–Boquete tiene una longitud aproximada de 36 kilómetros. La licitación contempla trabajos de mantenimiento rutinario y periódico, así como el mantenimiento de infraestructuras complementarias, como puentes vehiculares y peatonales. La ejecución del contrato incluirá, además de los trabajos de mantenimiento vial, la elaboración de un Plan de Arborización —de obligatorio cumplimiento— para mitigar el impacto ambiental de las obras, detalló el MOP. Este plan deberá ser aprobado previamente por el Ministerio de Ambiente y evaluado por la Sección Ambiental del MOP, estableciendo como mínimo la plantación de diez árboles por cada ejemplar talado. El ministerio informó que el acto de presentación de propuestas se realizará de forma electrónica en el Sistema de Contrataciones Públicas PanamaCompra, el viernes 6 de junio de 2025. “Ese mismo día se llevará a cabo el acto de apertura de sobres, en el que se recibirán y evaluarán las propuestas técnicas, económicas y las respectivas fianzas presentadas por los proponentes”, agregó el ministerio. Una vista de la destrucción de la mezquita de Bilal después de los ataques de la India en Muzaffarabad, capital de la Cachemira administrada por Pakistán. EFE Pakistán denuncia agresión de India y dice que tiene derecho a defenderse ATAQUE EFE. ISLAMABAD, PAKISTÁN Pakistán informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los ataques con misiles de la India, calificándolos de “flagrante agresión” y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, informó este miércoles el Gobierno paquistaní. En su comunicación al Consejo de Seguridad de la ONU, Pakistán subrayó su derecho a la legítima defensa, consagrado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. “Se ha informado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que Pakistán se reserva el derecho de responder adecuadamente a esta agresión en el momento y lugar que elija, de conformidad con su derecho a la legítima defensa consagrado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, según un comunicado. El Gobierno de Pakistán enfatizó la gravedad de la situación presentada ante el máximo órgano de seguridad de la ONU, destacando la enérgica condena de Pakistán a las acciones de la India, que Islamabad considera una grave violación de su soberanía e integridad territorial. La decisión de informar al Consejo de Seguridad de la ONU se produce tras los ataques con misiles lanzados por la India contra Pakistán y la Cachemira administrada por Pakistán el miércoles por la mañana. La India declaró que estos ataques tuvieron como objetivo presuntas bases militantes en represalia por un ataque mortal contra turistas en la Cachemira administrada por India el 22 de abril. Pakistán ha negado rotundamente cualquier implicación en el ataque del 22 de abril y ha condenado enérgicamente los ataques transfronterizos de la India, reportando víctimas civiles como resultado de los ataques con misiles. La India, sin embargo, ha mantenido que su operación tuvo como objetivo únicamente infraestructura militante y que no se produjeron víctimas civiles.
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