1A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 7 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15009
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3A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025 El medio libre de Panamá Hoy por hoy El contrato portuario en Isla Margarita, Colón, debió ser cancelado en 2021 por una cadena de incumplimientos certificados por la Contraloría. La junta directiva de la AMP votó unánimemente a favor de su revocación. Sin embargo, el administrador no ejecutó la decisión y, en cambio, prorrogó la concesión por 20 años más. ¿Qué cambió entre junio y septiembre de 2021? Una reunión en Nueva York entre el presidente Laurentino Cortizo y los nuevos actores del proyecto portuario, representados por Notarc Management Group. A partir de allí, las puertas oficiales se abrieron: se ignoraron las faltas pasadas, se prometieron inversiones millonarias, y hasta se firmó una adenda exprés al contrato ley, sin que nadie preguntara por el historial de incumplimientos. Hoy, ninguna de esas promesas se ha cumplido. La administración Mulino heredó un contrato plagado de sombras, demandas internacionales y dudas legítimas. El país merece saber quién intercedió y por qué. La transparencia no puede seguir siendo la excepción en las decisiones que comprometen el patrimonio nacional. Ellas.pa Equidad e innovación en el WEF Panamá 8B El Inter gana duelo antológico ante el Barcelona 7B Deportes Iglesia católica Cónclave, un ceremonial para elegir al nuevo papa 9B Economía Panamá está en el ‘top 3’ de los destinos para residir 4B Isla Margarita, una prórroga sin explicación Mónica Palm [email protected] En aguas turbias de la administración pasada, un puerto olvidado fue rescatado por manos extranjeras. Se prometieron tesoros, se ignoraron faltas, y hoy el contrato navega entre demandas, sombras y silencios. El contrato para desarrollar un puerto en isla Margarita, Colón, fue declarado en incumplimiento por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en junio de 2021. La junta directiva votó de forma unánime su cancelación, con base en una auditoría de la Contraloría General de la República que documentaba atrasos, morosidades y falta de sanciones. Sin embargo, la decisión no fue ejecutada. En septiembre de ese año, el entonces presidente Laurentino Cortizo se reunió en Nueva York, Estados Unidos, con representantes del fondo Notarc Management Group, nuevos actores del Universitarios marchan y exigen respeto a la autonomía Encabezados por el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, estudiantes y profesores marcharon ayer para exigir respeto a la autonomía universitaria y a la soberanía nacional. VEA 9A Pakistán reporta 8 muertos tras bombardeo de la India CONFLICTO SERVICIOS INTERNACIONALES Al menos ocho civiles murieron y 35 resultaron heridos ayer en Pakistán durante los bombardeos indios en suelo paquistaní, informó el Ejército paquistaní. “Se han llevado a cabo un total de 24 ataques en seis lugares en los que ocho civiles han muerto y otros 35 civiles han resultado heridos y dos están desaparecidos”, dijo en una rueda de prensa el director general del servicio de medios del Ejército paquistaní, Ahmed Sharif Chaudhry. VEA 6A Créditos preferenciales en pausa: bancos piden revisar la ley La entrega de créditos hipotecarios preferenciales sigue paralizada por falta de claridad en la Ley 468. Bancos y promotores solicitan revisar el artículo 12, cuyo alcance genera incertidumbre sobre el subsidio estatal aplicable. VEA 1B Futsal Regresaron nuestras mundialistas La selección femenina de futsal regresó al país tras clasificar por primera vez a un mundial de este deporte. Bajo la dirección de Amarelis De Mera, el equipo logró tres victorias en el torneo de Concacaf y disputará el Mundial Filipinas 2025 del 21 de noviembre al 7 de diciembre. Competirán con las 15 mejores selecciones del planeta. Elysée Fernández proyecto. A partir de entonces, la AMP prorrogó la concesión por 20 años, se ignoraron las faltas previas y se firmó una adenda exprés al contrato ley. Las promesas del contratista no se cumplieron. Hoy, el proyecto enfrenta demandas y cuestionamientos legales. La actual administración evalúa su viabilidad. VEA 4A Condena histórica contra Pegasus Un jurado federal de Estados Unidos ordenó al fabricante del software espía Pegasus pagar una suma récord de 167 millones de dólares, tras hallarlo responsable del hackeo de al menos mil personas a través de WhatsApp. La decisión pone fin, de forma contundente, a seis años de litigio. UI UNIDAD INVESTIGATIVA 75¢ Miércoles 7 de mayo de 2025 - Año 44 - Nº 15009 Alexander Arosemna
4A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El 23 de septiembre de 2021, el presidente Laurentino Cortizo participó en la presentación del denominado ‘Panama Development Fund’, en la sede de Nasdaq, Nueva York. Con el estaban los ejecutivos de NMG y Fuel Venture Capital Partners. Tomada de @fuelventurecapital De cómo un contrato casi cancelado volvió a la vida Mónica Palm [email protected] El 23 de junio de 2021 , la junta directiva de la AMP se reunió con dos importantes puntos en la agenda, y uno de ellos era la cancelación administrativa de dos concesiones de fondo de mar para desarrollar un puerto y un patio de contenedores en isla Margarita. Esta es una historia en la que sus protagonistas más visibles son prácticamente unos ilustres desconocidos en nuestro país. Pero eso no significa que no se movieran de la mano de prominentes personajes de la vida política. De hecho, la aparición de estos ilustres actores da sentido a muchas de las interrogantes que esta investigación ha planteado. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) pasó de repudiar el proyecto portuario en isla Margarita, Colón, a apadrinarlo abiertamente dentro y fuera de Panamá? Si la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había decidido revocar el contrato de concesión, ¿por qué, en lugar de ejecutar la orden, su administrador extendió su vigencia por 20 años más? ¿Qué les hizo cambiar de parecer? Giro en la AMP El 23 de junio de 2021 marcó un punto de inflexión en esta historia. Ese día se reunió la junta directiva de la AMP, con dos importantes puntos en la agenda. Uno era la prórroga del contrato a favor de Panama Ports Company (PPC), para la explotación de los puertos de Balboa y Cristóbal. El otro era la cancelación administrativa de dos concesiones de fondo de mar para desarrollar un puerto y un patio de contenedores en isla Margarita. Lógicamente, toda la atención del país estaba puesta en el contrato de PPC, así que el de isla Margarita pasó prácticamente inadvertido. Por eso, el gobierno pudo adoptar decisiones que posteriormente incumplió sin que nadie se inmutara en alzar la voz, y mucho menos salir a protestar. Aquel 23 de junio, la ingeniera Flor Pitty, que en ese momento fungía como directora general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, le explicó a la junta directiva que el proyecto portuario adjudicado 10 años antes a la sociedad Panama Colon Container Port Inc. (PCCP) presentaba una cadena de incumplimientos contractuales, debidamente certificados a través de una auditoría conducida por la Contraloría General de la República. José Alejandro Rojas Pardini, quien era ministro consejero de “facilitación de la inversión privada”, estaba presente en la reunión, como miembro de la junta directiva de la AMP. Ahí comentó que la construcción del proyecto tenía “casi tres años de estar parada”. El mismo grupo inversor tenía otro contrato de concesión para establecer un patio de contenedores en un área adyacente. Ese contrato también registraba incumplimientos, ya que su ejecución estaba ligada a la construcción del puerto. La ingeniera Pitty informó, además, que a PCCP nunca se le había multado ni sancionado, pese a que había un evidente atraso en el cronograma de construcción y arrastraba una morosidad en el pago de arriendos mensuales a la AMP. Posteriormente, de forma unánime, la junta directiva votó a favor de la cancelación administrativa del contrato. No obstante, el entonces administrador de la AMP, Noriel Salerno, en lugar de ejecutar la orden, adoptó una decisión diametralmente opuesta. New York, New York El domingo 19 de septiembre de 2021, casi tres meses después de la reunión de la junta directiva de la AMP, el presidente Cortizo viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. De paso, arregló citas con directivos de empresas y fondos de inversión. Lo acompañaba el ministro consejero Rojas Pardini. Una de esas reuniones fue con ejecutivos de Notarc Management Group (NMG), un fondo de inversión dirigido por los bahamenses Dion Bowe y Leslie Bethel. Se desconoce exactamente de qué conversaron, porque la Presidencia de la República no informó nada al respecto. Cortizo habló en la plenaria de la ONU el jueves 23 de septiembre y, una vez concluyó su intervención, se dirigió a la sede del Nasdaq, donde participó en la presentación del “Panama Development Fund”, un nombre sugerente para un fondo “de capital de riesgo y oportunidades enfocado en América Latina”, establecido por la ya casi omnipresente NMG, en asociación con Fuel Venture Capital Partners, con sede en Miami. Localmente, casi nadie conoce ese fondo, aunque — según una nota de prensa de los creadores— su objetivo sería “expandir las inversiones tecnológicas en América Central y del Sur, a través de su centro en Panamá, donde ya cuenta con una cartera de más de $7,000 millones en inversiones en infraestructura, bienes raíces y energías renovables”. Esa cantidad representa dos veces el presupuesto inicial de la ampliación del Canal. Seguramente, algo de esa dimensión alguien tendría que haberlo notado en Panamá. En cambio, transcurrió de forma casi imperceptible. Puertas abiertas En la AMP, todos los pormenores sobre los incumplimientos del proyecto en Isla Margarita empezaron a ser ignorados. El 19 de abril de 2022, el administrador Noriel Arauz recibió una nota de Dion Bowe, anunciando que el fondo de inversiones NMG había adquirido la totalidad de las acciones de PCCP. Bowe pidió que la AMP revocara la orden de rescisión del contrato de PCCP. A cambio, prometió una inversión de $1,000 millones, saldar todas las deudas pendientes, generar “por lo menos” 1,340 empleos, renovar las pólizas y fianzas, y completar las obras en 15 meses. En esa nota a Arauz, Bowe aludió a una “comunicación del día 24 de marzo de 2022”, en la que se había informado a la AMP y al presidente Cortizo sobre el nuevo rol de NMG en el proyecto de isla Margarita. Además, prometió que uno “de los operadores más grandes del mundo” se encargaría de gestionar el puerto. El operador resultó ser Mediterranean Shipping Company (MSC), que se sumó a través de su filial Terminal Investment Limited. El 18 de mayo de 2022, durante el Bloomberg New Economy Forum que se celebró en Panamá en esa fecha, se firmó el acuerdo de 2022 (es decir, apenas 13 días después de que el tema fuese tratado en Gabinete). Cortizo las sancionó el 1 de noviembre de ese año. Pero el cuento está lejos de tener un final feliz. La disputa legal En febrero de 2024, Bowe, Bethel, Colin Michael Martínez, Liang Zhang, NMG y otras cuatro sociedades fueron demandadas por Lanbridge Port Services (Hong Kong) Ltd., la cual alega haber sido despojada de su participación accionaria en PCCP. La demanda fue presentada en Delaware, Estados Unidos, ya que la mayoría de las sociedades involucradas fueron creadas en esa jurisdicción. Landbridge los acusa por supuesto enriquecimiento, apropiación indebida y conspiración, entre otros delitos. Además, pide que se suspenda el arbitraje que Notarc solicitó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap), por considerarlo una farsa. Dion Bowe, a su vez, presentó en febrero de 2023 una querella penal contra Haiyan Tang, David Michael Orta y Lucas Loviscek, socios de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, la firma de abogados que representa a Landbridge en el litigio en Delaware. Bowe presentó la querella penal a través de la firma Infante & Pérez Almillano, fundada por el abogado Héctor Infante, quien actualmente es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Nada de lo que Bowe prometió a la AMP pareciera haberse materializado, porque el presidente José Raúl Mulino —quien reemplazó a Cortizo el 1 de julio de 2024— ya se quejó públicamente y opinó que el contrato había sido “mal otorgado”. Notarc, que había guardado silencio desde aquellas declaraciones de Mulino, ahora estaría vendiendo su participación en PCCP a “United States Strategic Fund.” ‘Se vende’ En un supuesto comunicado enviado por correo electrónico por la firma de relaciones públicas Cavalry Strategies, se indica que la AMP ya fue debidamente notificada de la transacción, “que actualmente se encuentra en proceso de culminación”. El propósito, supuestamente, es fomentar la “cooperación” entre Estados Unidos y Panamá. Además, sostiene que los anteriores concesionarios del proyecto tenían “vínculos confirmados con el Partido Comunista Chino”. Asegura haber invertido “millones de dólares en la revitalización del proyecto” y comprometido más de $1,000 millones en capital a largo plazo. Se desconoce quién es el comprador y el comunicado compartido por email no está en las redes sociales de las empresas. La Prensa consultó a la AMP sobre esta transacción y en la entidad se mostraron sorprendidos. Incluso solicitaron copia del comunicado que mandó Cavalry Strategies. Un giro inesperado en una historia que todavía tiene más sorpresas. Más detalles en la tercera entrega de esta historia. entre NMG y TIL. Como testigos de honor estuvieron el ministro consejero Rojas Pardini y el administrador Arauz. También estaba el abogado Juan Felipe Pitty, asesor de Notarc Port Investment. Pitty fue embajador y cónsul en Filipinas durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). En la firma forense Pitty Legal Bureau también trabaja Fernando Solórzano, administrador de la AMP de 2007 a 2009, también con Torrijos. Además, Solórzano fue “asesor del administrador” de la AMP entre 2019 y 2021; por tanto, estaba cerca de Noriel Arauz en momentos en que se discutía el futuro de la concesión en isla Margarita. Pero todavía quedaba formalizar una adenda al contrato ley que PCCP había firmado con la AMP en 2013, ya que era necesario modificar el cronograma de trabajo, los montos de inversión, el polígono de la concesión y la vigencia de la misma, que se extendió hasta el año 2042. Las adendas El tema fue discutido en el Consejo de Gabinete del 11 de octubre de 2022. Nadie preguntó por qué no se ejecutó la orden de rescisión del contrato, a pesar de tantos incumplimientos. Ni Cortizo, ni Arauz, ni Rojas Pardini (quien también estaba presente en la reunión del Gabinete de ese día) mencionaron nada respecto a sus encuentros con Notarc y el “Panama Investment Fund”, así que la firma de la adenda recibió una autorización exprés. La sesión, que había iniciado a las 3:24 p.m., terminó a las 5:30 p.m. Las adendas al contrato ley de 2013 fueron llevadas a la Asamblea Nacional, que las aprobó el 24 de octubre UI UNIDAD INVESTIGATIVA En la mesa principal están, de izquierda a derecha, Leslie Bethel, CEO de NMG; Romain Simon, CIO de TIL/MSC, y Dion Bowe, CEO de Notarc Port Investment. Detrás (de Izq. a Der.) aparecen José Alejandro Rojas Pardini, ministro consejero para la atracción de inversiones privadas; Noriel Arauz, administrador de la AMP; Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, y Juan Felipe Pitty, consejero de Notarc Port Investment. Foto: Notarc y AMP
5A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025 Panorama Los migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump a Panamá no tienen claro su futuro. Ohigginis Arcia Jaramillo Migrantes deportados por Trump a Panamá: Se agota el tiempo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] MIGRACIÓN La historia de estas personas comenzó lejos de Panamá. En febrero, 299 migrantes fueron deportados por el gobierno de Donald Trump en varios vuelos a nuestro país. Según Marco Gómez, director de Fe y Alegría, esta semana se cumplen 60 días desde que el gobierno les otorgó un permiso humanitario por hasta 90 días. “Ya esta semana se cumple el segundo período de 30 días”, explicó, detallando que el permiso migratorio otorgado en ese momento fue extendido automáticamente a 90 días, con vigencia hasta el 5 de junio. El número de personas refugiadas ha disminuido, pero todavía quedan decenas de migrantes esperando una solución. De los 48 que se alojaban inicialmente en el albergue de Fe y Alegría, ahora permanecen solo 36, mientras que otros siete están bajo el cuidado del Hogar Luisa. A ellos se suman varias familias albergadas por UNICEF en un hotel de la localidad, aunque el sacerdote aclara que no conoce la cifra exacta. “Yo calculo que entre todos hay unas 70 personas todavía en el país”, estimó. Entre los refugiados aún se encuentran casos emblemáticos, como el de un ciudadano afgano que colaboró con el ejército estadounidense y un ruso que desertó. Ambos han decidido permanecer en Panamá mientras definen su futuro. Gómez indicó que muchas de las migrantes camerunesas ya salieron del refugio por decisión propia, pero subrayó que desconoce su paradero. “Mis funciones terminan cuando salen de acá”, comentó, advirtiendo que, por ley, no puede involucrarse en sus planes migratorios. La postura oficial del Estado ha sido ofrecer vuelos de repatriación. “Lo que esta gente no quiere —los migrantes— es lo que les están ofreciendo”, afirmó el sacerdote. El llamado Ante la falta de alternativas viables, Gómez instó al gobierno panameño a ofrecer una solución humanitaria dentro del país. “Pedimos que les den un permiso temporal, de uno o dos años, con opción a trabajar”, declaró. Fe y Alegría no solo da techo y comida. También coordina asistencia legal. Los migrantes no quieren volver a sus países. Tampoco parece viable regresar a Estados Unidos. Algunos exploran la posibilidad de pedir asilo en Panamá, pero el proceso es incierto. “Cada caso es distinto y el sistema no está preparado para atender tantas nacionalidades diferentes”, dice Gómez. Aún así, no se rinden. “Esto es una crisis humanitaria”, sentencia el padre. “Aquí hay víctimas de políticas que los sobrepasan. Gente en el limbo. Pero en medio de tanta dificultad, también vemos la fuerza del ser humano, la resiliencia. Solo pedimos que el gobierno panameño asuma su parte y que la comunidad internacional no los olvide”, dijo. La historia de estas personas comenzó lejos de Panamá. En febrero, 299 migrantes fueron deportados por el gobierno de Donald Trump en varios vuelos. La mayoría fue enviada a sus países de origen en África y Asia, pero 112 de ellos se negaron a volver. Alegaron temores fundados: persecución, cárcel, incluso la muerte. Tras un tránsito por la estación migratoria de San Vicente, en Darién, y una estadía temporal en un hotel capitalino, fueron llevados a un centro sin condiciones adecuadas para albergarlos. El gobierno panameño les otorgó un permiso humanitario temporal de hasta 90 días, válido desde el 7 de marzo hasta el próximo mes de junio. EUA reporta caída de 93% de los arrestos en la frontera Los arrestos diarios de migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos registraron una caída del 93% desde la llegada al poder en enero pasado del presidente, Donald Trump, con un récord mínimo en marzo, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En el tercer mes del año se constató “el menor número de arrestos fronterizos registrado en la historia de EUA, con poco menos de 7,200; esto significa que hubo días con menos de 200, lo que, nuevamente, es el nivel más bajo registrado”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ante el Congreso. La baja en los datos de cruces irregulares en la frontera de EUA con México coincide con el endurecimiento en la política migratoria del país tras la llegada al poder en enero de Trump, quien ha prometido una histórica campaña masiva de deportaciones de indocumentados. Durante su comparecencia, Noem resaltó que específicamente el 25 de febrero de 2025, la Patrulla Fronteriza encontró un récord de menos de 160 migrantes en la frontera suroeste con México. En los tres primeros meses del año, el DHS también registró una baja del 94 % en los arrestos con menores migrantes no acompañados. En marzo, el tráfico de fentanilo en la frontera se redujo un 54 % en comparación con el año anterior, según datos oficiales. En ese mismo mes, la Guardia Costera incautó 105.000 kilos de fentanilo y otras drogas ilícitas. MIGRACIÓN EFE. WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS
6A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025 Panorama El Ministerio Público realizó una diligencia de inspección en Divisa, provincia de Veraguas relacionada con la desaparición del sacerdote Héctor Gallego. Archivo Buscan restos del sacerdote Gallego en terrenos del INA Juan Manuel Díaz [email protected] MINISTERIO PÚBLICO La inspección se llevó a cabo luego de recibir información sobre la posible existencia de un cuerpo en esa área, el cual podría corresponder al sacerdote colombiano. La Fiscalía Regional de Veraguas practicó una diligencia de inspección ocular en Divisa, provincia de Veraguas, tras recibir información sobre la posible ubicación de restos humanos que podrían pertenecer al sacerdote Héctor Gallego, desaparecido en junio de 1971. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la diligencia se realizó luego de que algunas personas entregaran información sobre la posible ubicación de restos humanos en ese sector, que podrían corresponder a Gallego. La inspección se llevó a cabo en terrenos del Instituto Nacional de Agricultura (INA), luego de recibir información sobre la posible existencia de un cuerpo en esa área, el cual podría corresponder al sacerdote colombiano. En diciembre pasado, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó la reapertura de la investigación por la desaparición de Gallego, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado viernes, la Policía dio con la captura de Eugenio Magallón, sobre quien pesa una condena de 15 años por su participación en la desaparición de Gallego. En un juicio realizado el 26 de octubre de 1993, un jurado de conciencia condenó a los militares Melbourne Walker, Nivaldo Madriñán y Magallón por el secuestro y asesinato de Gallego, cuyo cuerpo nunca fue recuperado. En 1999, se solicitó la revisión de unos restos humanos encontrados en el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen, ante la posibilidad de que fueran los del sacerdote. En 2003, la CIDH recibió una petición del Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG), sobre hechos de violencia, abuso de poder y desapariciones forzadas cometidas por la dictadura militar en Panamá (1968– 1989). Juan Manuel Díaz [email protected] Sede del Consejo de Seguridad. Archivo Caso de espionaje: Rodríguez y Pittí siguen prófugos; tribunal les niega fianza JUSTICIA La jueza Águeda Rentería rechazó una solicitud de fianza presentada por William Pittí y Ronny Rodríguez, prófugos de la justicia señalados como responsables de operar el sistema Pegasus, utilizado para espiar a políticos y líderes sindicales entre 2009 y 2014. Ambos solicitaron a la jueza Rentería que se les concediera una fianza para evitar la detención preventiva. Pittí y Rodríguez debieron enfrentar en 2019 un juicio junto a los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, ambos ya condenados en este proceso. Rodríguez y Pittí están prófugos desde 2015, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia giró órdenes de indagatoria en su contra. Ninguno compareció. Desde entonces, se desconoce su paradero, aunque en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) constan órdenes de detención emitidas por el extinto Juzgado Decimosexto Penal. Un testigo protegido del Ministerio Público declaró que desde el CSN se interceptaron comunicaciones de más de 150 personas, y señaló como responsables a Pérez y Garuz. Ambos fueron condenados a 50 meses de prisión por el Juzgado Decimosexto Penal, fallo que fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El testigo también afirmó que Rodríguez y Pittí eran los encargados del equipo Pegasus, adquirido a la empresa israelí NSO Group, instalado en las oficinas del CSN. Desde allí, se realizaban las escuchas a dirigentes políticos, gremiales e incluso magistrados de la Corte Suprema. Añadió que ambos recibieron entrenamiento especializado y redactaban los informes sobre la información obtenida. El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) también fue investigado por este caso, pero fue declarado no culpable por un tribunal de juicio. Inicialmente, su proceso fue tramitado en la Corte Suprema por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero tras renunciar al cargo, el expediente fue remitido a la justicia ordinaria. Sede del Ministerio de Obras Pública. Cortesía Rehabilitación de vía David–Boquete: 14 empresas interesadas LICITACIÓN José González Pinilla [email protected] Un total de catorce empresas se mostraron interesadas en el proyecto de rehabilitación de la carretera David–Boquete, en la provincia de Chiriquí, un destino conocido por su atractivo turístico. Las compañías participaron ayer en el acto de homologación, como parte del proceso de licitación por mejor valor. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el objetivo de la reunión, realizada de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, fue ofrecer un espacio para que los participantes pudieran formular consultas y observaciones respecto al Pliego de Cargos. El proyecto de la carretera David–Boquete tiene una longitud aproximada de 36 kilómetros. La licitación contempla trabajos de mantenimiento rutinario y periódico, así como el mantenimiento de infraestructuras complementarias, como puentes vehiculares y peatonales. La ejecución del contrato incluirá, además de los trabajos de mantenimiento vial, la elaboración de un Plan de Arborización —de obligatorio cumplimiento— para mitigar el impacto ambiental de las obras, detalló el MOP. Este plan deberá ser aprobado previamente por el Ministerio de Ambiente y evaluado por la Sección Ambiental del MOP, estableciendo como mínimo la plantación de diez árboles por cada ejemplar talado. El ministerio informó que el acto de presentación de propuestas se realizará de forma electrónica en el Sistema de Contrataciones Públicas PanamaCompra, el viernes 6 de junio de 2025. “Ese mismo día se llevará a cabo el acto de apertura de sobres, en el que se recibirán y evaluarán las propuestas técnicas, económicas y las respectivas fianzas presentadas por los proponentes”, agregó el ministerio. Una vista de la destrucción de la mezquita de Bilal después de los ataques de la India en Muzaffarabad, capital de la Cachemira administrada por Pakistán. EFE Pakistán denuncia agresión de India y dice que tiene derecho a defenderse ATAQUE EFE. ISLAMABAD, PAKISTÁN Pakistán informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los ataques con misiles de la India, calificándolos de “flagrante agresión” y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, informó este miércoles el Gobierno paquistaní. En su comunicación al Consejo de Seguridad de la ONU, Pakistán subrayó su derecho a la legítima defensa, consagrado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. “Se ha informado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que Pakistán se reserva el derecho de responder adecuadamente a esta agresión en el momento y lugar que elija, de conformidad con su derecho a la legítima defensa consagrado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, según un comunicado. El Gobierno de Pakistán enfatizó la gravedad de la situación presentada ante el máximo órgano de seguridad de la ONU, destacando la enérgica condena de Pakistán a las acciones de la India, que Islamabad considera una grave violación de su soberanía e integridad territorial. La decisión de informar al Consejo de Seguridad de la ONU se produce tras los ataques con misiles lanzados por la India contra Pakistán y la Cachemira administrada por Pakistán el miércoles por la mañana. La India declaró que estos ataques tuvieron como objetivo presuntas bases militantes en represalia por un ataque mortal contra turistas en la Cachemira administrada por India el 22 de abril. Pakistán ha negado rotundamente cualquier implicación en el ataque del 22 de abril y ha condenado enérgicamente los ataques transfronterizos de la India, reportando víctimas civiles como resultado de los ataques con misiles. La India, sin embargo, ha mantenido que su operación tuvo como objetivo únicamente infraestructura militante y que no se produjeron víctimas civiles.
7A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025
8A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025 Panorama Los ministros Dinoska Montalvo (Gobierno), Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Juan Carlos Orillac (Presidencia), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Jackeline Muñoz (Trabajo y Desarrollo Laboral) y Frank Ábrego (Seguridad Pública). Cortesía El Gabinete de Mulino ante los tres frentes que agitan al país Mario De Gracia [email protected] EJECUTIVO Seis ministros defendieron con firmeza la postura del Ejecutivo sobre la CSS, el memorándum con Estados Unidos y la mina, criticando a los manifestantes y advirtiendo consecuencias por los paros y cierres de calles. Sorpresivas fueron las disculpas que ofreció el presidente de la República, José Raúl Mulino, por el tono con el que se ha expresado y su “forma de ser”. Por un instante, pareció que el gobierno intentaría calmar los ánimos, hoy visiblemente alterados en las calles. Minutos después, seis de sus ministros confrontaron a quienes se oponen a decisiones que ha tomado el Ejecutivo. La reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) con la ley 462, la firma del Memorándum de Entendimiento en materia de seguridad con los Estados Unidos de América (EUA) y la eventual operación estatal de la mina, son temas que han provocado la chispa de las manifestaciones lideradas por grupos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs); agrupación encarada de manera frontal por el propio presidente y por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz. El llamado a las calles ha trascendido a los trabajadores de la construcción, sumando a docentes, médicos, enfermeras e incluso a agrupaciones que representan a la sociedad civil organizada, como Sal de las Redes. En medio del revuelo, la conferencia de prensa que realizaron los seis ministros el lunes 5 de mayo intentó dar respuestas desde lo que denominaron la verdad del Ejecutivo: Respuestas sobre la CSS Fue el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien dijo que era importante que el país conociera su verdad y la del Ejecutivo. “La ley 462 no afecta a ningún grupo de los que hoy están tratando de salir a mentirle a la población (...) Lo que se está tratando de hacer con la ley es oponerse por oponerse”, dijo durante su intervención. A Suntracs se suma la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), que mantienen un paro indefinido de labores desde hace 14 días, exigiendo la derogación de la ley 462, al considerar que esta contempla pensiones bajas y obliga a los trabajadores a laborar más años. Orillac señaló no hay un aumento en la edad de jubilación, como diversos grupos han manifestado. Al tiempo que ponderó el proceso de diálogo que realizó el gobierno para consensuar la propuesta final de la hoy ley. Respecto al paro de labores que mantiene Suntracs, la ministra Muñoz fue, una vez más, frontal. “Suntracs se ha dedicado día con día a impedir que el progreso llegue al país”. Al tiempo, advirtió que el gremio debe “poner sus barbas en remojo”, enfatizando que han paralizado obras públicas que afectan directamente a la ciudadanía. El Memorándum La defensa del Memorándum de Entendimiento en materia de seguridad fue igual de férrea que en la Asamblea, cuando el canciller Javier Martínez-Acha compareció ante los diputados para explicar su accionar en política exterior. Esta vez, incluso señaló que los críticos al documento responden a agendas políticas, mienten o buscan generar inestabilidad en el país. “Este memorándum permite a Panamá terminarlo en cualquier momento con solo notificarlo seis meses antes, no implica cesión de territorio ni control a una potencia extranjera como algunos desean afirmar (...). Colaborar con Estados Unidos nos ayuda a mejorar en seguridad sin afectar nuestra soberanía y leyes”, dijo Martínez-Acha en defensa del documento. El texto ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y se ha convertido en otro de los detonantes de las protestas. Por la firma de este y otros documentos con el gobierno estadounidense, ya se han presentado al menos dos denuncias penales: una contra el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y otra contra el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Ábrego, quien firmó el Memorándum con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, se remitió a las declaraciones del canciller. “Panamá no ha cedido ni base ni sitios de defensa permanentes a ninguna nación en nuestro territorio. Hemos realizado un memorándum de entendimiento acerca de entrenamientos conjuntos, que no es nada nuevo”, dijo el jefe de la cartera de Seguridad. Ambos ministros cerraron filas en la defensa del documento, a pesar del descontento popular existente y de las advertencias de expertos en relaciones internacionales. Precisamente por considerar lesivo el documento, un grupo de políticos, abogados y ciudadanos particulares firmaron una declaración en defensa de la soberanía hace algunos días. La mina El tono y la dirección del discurso del Ejecutivo no bajó de intensidad con el tema de la mina. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que “la mina es de los panameños y permanece cerrada”. Una línea que se ajusta a la mención del propio presidente Mulino, quien adelantó que buscaría el control estatal para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada por First Quantum Minerals. Para el gobierno, retomar el tema de la mina, que provocó masivas manifestaciones a finales de 2023, ha estado condicionado a la suspensión de arbitrajes internacionales que la empresa FQM inició contra el Estado panameño. A pesar de que ya se anunció dicha suspensión por parte de la empresa, Moltó aseguró que “nadie se ha reunido”, pero que analizan todas las opciones legales en este tema. El ministro también fue frontal al señalar que con este tema se está intentando “engañar a la población”. Diversos grupos, como el capítulo panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), han estado esperando el inicio del proceso de auditoría imparcial en la mina de cobre, sin que hasta ahora se haya anunciado el contratista que la ejecutará. A los manifestantes La narrativa de la conferencia evidenció un choque entre lo que el gobierno define como su verdad y lo que cataloga como mentiras o llamados al engaño por parte de quienes se manifiestan. Esta dicotomía, sumada a las disculpas del presidente Mulino, ocurre en medio de un panorama social y político convulso que continúa desarrollándose. La mañana de ayer 6 de mayo, una multitudinaria manifestación en defensa de la soberanía y la autonomía, se llevó a cabo por parte de la Universidad de Panamá, luego de que el presidente Mulino se refiriera a esta casa de estudios como una “guarida de terroristas”. “El gobierno nacional garantiza el derecho a la protesta siempre y cuando se hagan de formas pacíficas a través de marchas y piqueteos que son resguardados por la fuerza pública por seguridad”, señaló Ábrego. También advirtió que donde se han cerrado calles, los estamentos de seguridad toman “el uso de la fuerza necesaria para el despeje de las vías”. Yaritza Mojica [email protected] Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito. Archivo Alcaldesa Irma Hernández denuncia que fue agredida por los exfuncionarios SAN MIGUELITO La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, denunció que ayer fue agredida física y verbalmente por un grupo de exfuncionarios del municipio que se mantenían protestando en los predios del Concejo Municipal, donde exigían el pago de sus prestaciones laborales. Hernández confirmó, a través de sus redes sociales, que fue “agredida por un grupo de exfuncionarios de la Alcaldía de San Miguelito”. “Quiero aclarar cuáles han sido cada una de las acciones frente a esta responsabilidad que nos corresponde, pero que no provocamos como administración, ya que provienen de gestiones anteriores”. “Me siento vulnerada, mi equipo se siente amenazado y acosado. Estos exfuncionarios no solo están presentes cada martes en los concejos, cerrando las calles, sino que, además, en cada protesta han afectado a terceros”, señaló Hernández. Ante esta situación, la alcaldesa advirtió que presentará las denuncias correspondientes. “Tenemos que llevar a estas personas ante la justicia, porque no podemos permitir que se intente persuadir por la fuerza y la violencia un trabajo que ya está avanzando con el pago de las prestaciones”. “Vamos a interponer las denuncias correspondientes y las órdenes de alejamiento, porque tenemos que brindarnos la protección adecuada, tanto a mí como al equipo de la alcaldía”. Solicitó el apoyo del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades, para que se proteja la integridad de los funcionarios municipales. Según la alcaldesa, esta administración ha destinado al menos 500 mil dólares al pago de acreedores y a la Caja de Seguro Social (CSS), además de 300 mil dólares en pagos del décimo tercer mes. Asimismo, incluyeron en el presupuesto de 2025 una partida de 100 mil dólares para el pago de prestaciones a los exfuncionarios y comenzaron a saldar la totalidad de estos compromisos. Sala Penal reduce la pena de prisión a Bosco Vallarino La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo de 12 a 5 años de prisión la pena impuesta al exalcalde del distrito de Panamá, Bosco Ricardo Vallarino, por considerar que el juzgado de primera instancia calificó de forma incorrecta el tipo penal. El fallo, firmado por las magistradas María Eugenia López, Maribel Cornejo y Ariadne García, sostiene que la sentencia de primera instancia valoró de manera errónea la conducta de Vallarino al considerarla peculado doloso, cuando en realidad correspondía calificarla como culposa. Las magistradas concluyeron que la conducta de Vallarino, al suscribir un contrato para el manejo de desechos sanitarios con las empresas Consultoría y Asesoría de Panamá S.A. y Juelpa S.A., por el que se pagaron $95 mil, revela la falta de supervisión de su parte. El fallo recalca que, si bien Vallarino y los departamentos administrativos del Municipio de Panamá tenían la obligación de garantizar el cumplimiento del contrato y evitar afectaciones al Tesoro Nacional, su incumplimiento denota una acción culposa, al omitirse la debida fiscalización, sin intención de apropiación. En este sentido, el fallo concluye que la conducta de Vallarino no encaja en el delito de peculado doloso, ya que este exige una acción consciente y voluntaria para apropiarse de bienes públicos, lo que no ocurrió en este caso. La Sala Penal coincidió con la opinión de la Procuraduría General de la Nación, que describió la conducta como un incumplimiento de deberes. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Exalcalde de la capital, Bosco Vallarino. Archivo
9A La Prensa Panamá, miércoles 7 de mayo de 2025 Panorama Directores y subdirectores regionales del Ministerio de Educación (Meduca) se reunieron ayer en la capilla San Juan Pablo II, en Albrook, para pedir por la educación, la paz y la unidad del país, en medio de jornadas de manifestaciones y protestas que ya llevan casi 15 días. Docentes, obreros de la construcción, médicos, enfermeras, universitarios, entre otros, han manifestado su oposición a la apertura de la mina, a las reformas de la Caja de Seguro Social y a la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos (EUA). Durante la celebración eucarística, presidida por el presbítero Orlando Rivera, capellán del Meduca, los directores y subdirectores solicitaron que se restablezcan las clases con normalidad, debido a que los estudiantes son los más afectados. Además, mantienen su posición de que las escuelas deben tener sus puertas abiertas. Aymeth Espinosa, directora regional de San Miguelito, destacó que, a nivel nacional, han logrado mantener abiertos los centros educativos, lo cual es fundamental. Además, hizo un llamado a los padres de familia para que continúen participando en las actividades escolares. “En todo el país, seguimos comprometidos con la educación gracias al trabajo de directivos, supervisores, docentes y padres de familia, quienes creen firmemente en la importancia de avanzar en el proceso educativo y, por ello, mantienen la asistencia a los centros escolares”, dijo Espinosa. La directora regional explicó que, en todo el país, hay docentes que están asistiendo y brindando atención a los estudiantes. “Lo importante es que el proceso de enseñanza-aprendizaje se contiDirectores y subdirectores se reúnen; docentes protestan en varias provincias HUELGA INDEFINIDA núe desarrollando por parte de los educadores que siguen comprometidos con la atención a los estudiantes”, indicó. Ante la preocupación de los padres por la irregularidad en las clases, Espinosa indicó que se están implementando diversas estrategias y soluciones alternativas para garantizar la continuidad del aprendizaje. Por ejemplo, la incorporación de docentes voluntarios, como ocurre en el Centro Educativo Las Uvas de San Carlos, en Panamá Oeste. Espinosa destacó que lo esencial es que los estudiantes asistan a clases, reciban atención de los docentes, participen en actividades de reforzamiento académico y se mantengan activos en el desarrollo de sus competencias escolares. Mientras sigan asistiendo, podrán avanzar en sus procesos educativos, explicó la directora regional. Paro de docentes En tanto, los gremios magisteriales mantienen su posición de paro de labores, con acciones en diversas provincias, tomando más fuerza en Veraguas, donde los educadores y estudiantes universitarios continúan marchando en la ciudad de Santiago, exigiendo la derogación de la Ley 462. También hubo protestas en La Chorrera (Panamá Oeste), Colón y Bocas del Toro. Por su parte, en la capital, otros grupos de docentes, como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), entre otros, salieron a marchar ayer desde la Iglesia del Carmen, en Vía España, hacia La Cresta, en Bella Vista, donde se unieron con otros manifestantes, como obreros y representantes de la Universidad de Panamá. La marcha finalizó en las escalinatas del edificio de la administración del Canal de Panamá. En diversas escuelas el Estado ofrece comida a los estudiantes. Cortesía Meduca implementa estrategias para que no se pierdan los almuerzos Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] SECUELAS DEL PARO El programa “Estudiar sin Hambre” redirige alimentos escolares a centros abiertos ante el paro docente. Busca evitar pérdidas y garantizar almuerzos nutritivos a estudiantes, beneficiando también al sector agropecuario nacional. El Programa de Alimentación Escolar, conocido como “Estudiar sin Hambre”, que lleva adelante el Ministerio de Educación (Meduca), ha tenido que implementar estrategias temporales, como redirigir los alimentos de aquellas escuelas que están cerradas hacia otros centros educativos que sí están abiertos y que reúnen las condiciones adecuadas. Esta medida se toma como consecuencia del paro de labores que mantienen los docentes desde hace 10 días (semana escolar), y que ha afectado a algunos centros escolares a lo largo de las 16 regiones educativas. Alimentos como legumbres, frutas, vegetales, carnes, huevos, granos, entre otros insumos necesarios, han tenido que redirigirse con el principal objetivo de que no se pierdan y de que los estudiantes puedan beneficiarse del almuerzo escolar, a pesar de los cierres de escuelas. La directora de Nutrición y Salud Escolar, Gilda Montenegro, explicó que han tenido que reemplazar las escuelas que están cerradas —y que forman parte del programa de almuerzo escolar— por otras que sí estén abiertas y cuenten con las condiciones para aprovechar estos alimentos. El programa de almuerzo escolar beneficia a 104,723 estudiantes en aproximadamente mil centros educativos del país. Montenegro explicó que el lunes 5 de mayo se completó la quinta entrega de suministros alimentarios, de un total de ocho que incluye el contrato. En este sentido, el programa de almuerzos escolares para 2024-2025 cuenta con una inversión de unos 18.5 millones de dólares. La quinta entrega del programa se completó en varias regiones educativas. Sin embargo, en Bocas del Toro, las autoridades educativas debieron coordinar de forma extraordinaria la entrega de alimentos a 14 escuelas, a pesar de los cierres. Para lograrlo, se contó con el apoyo de docentes, personal administrativo y padres de familia, quienes colaboraron para realizar entregas durante el domingo y la madrugada del lunes, evitando así que los alimentos se desperdiciaran y garantizando su uso en la población escolar. Esta nueva distribución —explicó la directora de Nutrición— se calcula con base en la matrícula y el número de días, con el fin de evitar el desperdicio o el sobreabastecimiento. Por el momento, Meduca está registrando las modificaciones correspondientes, por lo que no se pudo precisar una cifra exacta de escuelas que han tenido que redireccionar los alimentos. Para Montenegro, “la alimentación escolar es parte del proceso educativo y no debe verse como una simple entrega de comida”. Precisamente, el programa de almuerzo escolar ofrece un plato de comida balanceado y nutritivo que incluye vegetales, frutas, almidones, granos, cereales y proteínas, presentados en un menú adaptado a la cultura local y elaborado por nutricionistas-dietistas. Dichos menús aportan entre el 25 % y el 35 % de las recomendaciones dietéticas diarias para los alumnos. Estos almuerzos, junto con la merienda escolar — que consiste en leche, galletas y cremas nutricionales— complementan el 50 % de la alimentación diaria de un estudiante. Muchos niños y jóvenes están dejando de recibir estos beneficios debido a las paralizaciones. Solo en este programa, Meduca destina unos 50 millones de dólares, con un contrato bianual que maneja la entidad desde 2024 y que se extiende hasta este año. Otra de las estrategias que se evalúa implementar para evitar la pérdida de alimentos es posponer ligeramente la sexta entrega de comida, programada para el próximo 12 de mayo. Se explicó que no se puede suspender el programa por completo debido a los compromisos contractuales vigentes. Además, hay escuelas dentro del programa de almuerzos que sí están abiertas y atendiendo a los estudiantes. Este es el caso de la Escuela Bilingüe Cirilo J. Martínez, en el corregimiento de Juan Díaz, donde 300 niños de primaria reciben diariamente su almuerzo escolar sin ningún tipo de interrupciones, debido a que continúan con clases normales. La directora del plantel, Martina Castillo de González, destacó que los almuerzos escolares se brindan “gracias al compromiso de los docentes, personal administrativo y los padres de familia”, quienes logran que el programa se desarrolle diariamente. Los alumnos reciben su alimentación, lo que permite un mayor rendimiento escolar. Montenegro hizo un llamado a los padres para que valoren la educación gratuita y el beneficio que representa el programa. Indicó que “la inasistencia escolar impide que los niños aprovechen no solo la alimentación, sino también los programas educativos, deportivos, artísticos y psicológicos”. Además, destacó que aunque el beneficio principal es para los niños, el programa también favorece al sector agropecuario, que provee los insumos para la preparación de los almuerzos escolares. Es decir, legumbres, verduras, vegetales, huevos, carnes de pollo, cerdo, res, pescados, y granos como frijoles, lentejas, porotos, arroz, entre otros. Autoridades de la Universidad de Panamá, administrativos, docentes y estudiantes realizaron la mañana de ayer una marcha en defensa de la autonomía universitaria y de la soberanía del país. La marcha, que partió desde la Facultad de Humanidades y terminó en la avenida de los Mártires, fue encabezada por el rector Eduardo Flores. La marcha se identificó con el color blanco en suéteres y camisas, y en portar la bandera de Panamá. “El movimiento universitario ha sido decisivo en las transformaciones del país. En 1964 exigimos la soberanía total del Canal y relaciones diplomáticas con todas las naciones. Hoy, se pretende cuestionar la relación con China solo porque Estados Unidos no la aprueba, pero esa exigencia de soberanía no es nueva, viene desde hace décadas”, afirmó el rector Flores. De igual forma destacó que la casa de estudios superiores es la voz del pueblo. “La Universidad de Panamá no es un enemigo del pueblo, es su voz. Somos la voz de los que no tienen voz. No somos delincuentes. Un Una marcha en defensa de la autonomía universitaria y la soberanía nacional TENSIÓN SOCIAL universitario unido jamás será vencido”. Asimismo, en el recorrido se corearon consignas para defender la autonomía de la Universidad de Panamá y por la soberanía del país. Durante la marcha, el rector Flores se refirió a las protestas que se registraron en días pasados y que tuvieron como escenario los predios del campus central de la universidad, en la vía Transístmica, en donde se dieron enfrentamientos con agentes del control de multitudes. Adelantó que se está investigando a los estudiantes que no están cumpliendo con los lineamientos de las protestas y también para identificar “a los no universitarios encapuchados”. Reiteró que hubo personas infiltradas en las manifestaciones de las semanas anteriores. Henry Cárdenas [email protected] Cientos de estudiantes participaron en la actividad. Richard Bonilla Protesta en Veraguas. Tomada de redes sociales
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